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México de conciencia

Desaparición forzada en México, una tecnología política: González Villarreal

La desaparición forzada en México se ha convertido en una tecnología política para control de la población y no sólo como medida represiva del gobierno

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Familiares de víctimas de desaparición forzada informan en California del caso Ayotzinapa. Foto: Guadalupe Lizárraga

Por Arturo León Hidalgo

CUERNAVACA, Morelos.- La práctica de la desaparición forzada en México inició en 1969 con el profesor Epifanio Avilés Ocampo, quien fue desaparecido por el ejército mexicano en el estado de Guerrero al relacionarlo con la guerrilla. “Lo último que se supo de él fue que lo trasladaron al Campo Militar Número Uno, ubicado en la Ciudad de México”, dijo en entrevista para Los Ángeles Press el investigador y autor del libro La historia de la desaparición en México, Roberto González Villareal.

La segunda desaparición fue colectiva en 1971 en Acapulco Guerrero, donde desaparecieron al padre, a la madre y al hijo, puntualizó el investigador. Explicó Roberto González que para el año de 1974 ya se tenía un registro de más de 500 desaparecidos y la mayoría fueron miembros de la guerrilla de Lucio Cabañas. Las desapariciones las realizaba el ejército mexicano en la Montaña de Guerrero.

“Desde el año 1976 en adelante, las desapariciones se convirtieron en una forma represiva que estaba disponible para cualquier adversario político del gobierno, y en 1994 comenzaron a desaparecer a los guardias de los gobernadores y a militantes”, aseguró el escritor. “Ya en tiempos recientes, a partir de la supuesta guerra contra las drogas de Felipe Calderón las desapariciones se incrementaron de manera acelerada”, refiere el autor y enfatiza: “¿A quiénes desaparecen? Pues desaparecen a jovencitos, niños, extranjeros, por ejemplo, en el estado de Guerrero hay varios extranjeros desaparecidos, migrantes, trabajadoras de maquila como en Ciudad Juárez, travestis como en Tuxtla Gutiérrez, estudiantes del Estado de México”.

El autor Roberto González Villarreal. Foto: Arturo León Hidalgo

El autor Roberto González Villarreal. Foto: Arturo León Hidalgo

Roberto González Villarreal considera que a partir del conflicto contra las drogas en el sexenio de Calderón, las desapariciones ya no son una medida represiva nada más, si no ya es una tecnología “que se utiliza para controlar los desplazamiento en un territorio determinado, controlar las poblaciones y los movimientos de la población como Ciudad Juárez o en el caso de los migrantes”.

“La tecnología de la desaparición ya no es nada más una tecnología represiva, si no que ya es una tecnología política para controlar a la población”. El autor detalló que esta tecnología, como conjunto de saberes, conocimientos, habilidades y destrezas sobre cómo desaparecer a las personas, no nada más la utiliza el ejército y la policía, sino también la industria criminal, “yo le llamo industria criminal para no llamarle crimen organizado, porque en realidad es una industria que tienen sus reglas, se persiguen objetivos y se produce mercancías o servicios”.

De acuerdo a la definición de Naciones Unidas, la desaparición forzada es

“que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad o de alguna u otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley, […] su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad […].

La cifra que da el autor Roberto González Villarreal respecto a las desapariciones forzadas coincide con el informe publicado por el Comité Cerezo, organización de derechos humanos enfocada en el registro y documentación de las desapariciones en México. Desde 2006 a la fecha, la cifra es de 30 mil desaparecidos y se han registrado hasta 100 mil ejecuciones.

México de conciencia

OPS advierte sobre incrementos de Covid-19 en CDMX, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que en los siguientes días se registrará un nuevo incremento de casos de Covid-19 en la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo y Yucatán, principalmente por la nueva variante Delta.

Sylvain Aldighieri, gerente de incidencia de la OPS, señaló que los casos de Covid-19 han mantenido una tendencia ascendente de la variante Delta en la Ciudad de México, así como en otras tres entidades del país, donde se han acelerado los contagios.

El representante de la OPS refirió que en las últimas semanas se ha registrado una tendencia al alza de contagios de Covid-19, por lo que enfatizó que se deben implementar diferentes mecanismos de protección a la ciudadanía y prevenir los nuevos padecimientos que han afectado a la población infantil y joven.

Agregó que el gobierno federal determinó una nueva metodología para establecer los colores del semáforo epidemiológico, por lo que confió que se logre una mayor precisión, representatividad y especificidad de los indicadores que estableció la Secretaría de Salud federal (SSa).

Asimismo, mencionó que se deben mantener medidas preventivas sanitarias para reducir los contagios derivados de la nueva variante Delta, por lo que consideró que se deben impulsar espacios de atención para la población sin que se afecte a la recuperación económica.

La OPS alertó que la nueva variante Delta amenaza a la mayor parte del mundo, debido a que se trata de una enfermedad 20 veces más contagiosa que la cepa original descubierta en Wuhan, China, por lo que debe mantenerse el uso de cubrebocas, así como el lavado de manos y distanciamiento social.

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México de conciencia

Gobierno de Peña Nieto gastó más de 32 mdd en spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores

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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto destinó más de 32 millones de dólares en la compra del spyware Pegasus para espiar a periodistas y opositores a la administración federal.

El funcionario federal dijo que este software fue comprado a la empresa israelí NOS en 2014 por Tomás Zerón, quien se desempeñaba como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con el representante de la UIF, el primer caso de espionaje telefónico comenzó en el gobierno de Felipe Calderón, en el cual el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna, para contratar el software de Nice Track, por lo cual esa información la tienen tanto las autoridades norteamericanas como las mexicanas.

Nieto Castillo dijo que se investiga la vigencia del contrato adquirido por el gobierno federal en las anteriores administraciones en las que aparecen más de 15 mil personas como periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, así como el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador y su círculo cercano.

Por su parte, el mandatario federal recalcó que las prácticas de espionaje hacia los periodistas y opositores han finalizado en la actual administración, por lo que manifestó que se buscará la justicia por todos los procedimientos correspondientes.

Esta semana distintos medios internacionales documentaron que el gobierno de México durante la administración de Peña Nieto utilizó un spyware empleado para vigilar a los periodistas y representantes de la oposición durante el sexenio pasado.

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Con voz propia

Foro Público: Pegasus, el espionaje global contra periodistas que revive al Big Brother

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Foro Público

Esta semana el diario británico The Guardian revivió uno de los temas que en 2017 generó mayores críticas a la administración de Enrique Peña Nieto, como lo fue el espionaje a periodistas críticos a través del spyware de la empresa israelí NSO, pero en esta ocasión a gran escala, pues no sólo involucra a periodistas mexicanos, sino abogados y defensores de derechos humanos a nivel mundial, un problema que recuerda al “Big Brother” de la novela de George Orwell 1984.

El nivel de espionaje global alcanzado por Pegasus que, hasta el momento, suman más de 50 mil personas vigiladas por medio de este software, de las cuales 15 mil se concentran en México, demuestran que los periodistas son observados por sus actividades profesionales que resultan incómodas para los gobiernos y que la supuesta libertad de expresión que tanto pregonan está acotada por un espionaje que recuerda que el Estado todo lo observa.

Esta situación no sólo atenta contra el derecho a la intimidad de cualquier persona, sino también al derecho a la información que está establecido en la Constitución, así como en diferentes tratados internacionales que México ha signado, por lo cual estas visibles agresiones a los periodistas y defensores de derechos humanos es un atentado directo a la democracia tan imperfecta como la mexicana, pero que también se reproduce en otros países considerados como naciones democráticas y plurales como en Estados Unidos y Reino Unido.

En el caso mexicano apareció el número del periodista asesinado en 2017, Cecilio Pineda Birto, por lo cual esta situación deja más dudas que certezas sobre la actuación de los gobiernos de diferentes naciones para vigilar y espiar a los periodistas, activistas y abogados, que son parte fundamental de la construcción de las democracias y el fortalecimiento de la opinión pública diversa, heterogénea e intrincada.

Un gobierno que se dice demócrata no puede incurrir en este tipo de prácticas que laceran la libertad de expresión y de información, por lo cual se disfrazan las acciones de la guerra sucia que se vivió en la década de los setenta y ochenta, así como en el escenario de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el oriental y en el que los periodistas fueron actores investigados en todo momento.

Si bien el autor británico George Wells advertía sobre un “gran hermano” que en todo momento observa los movimientos de sus ciudadanos, en México tuvimos lamentables casos de espionaje encabezados por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) conocida como la policía política que desde el gobierno de Miguel Alemán operó como un brazo armado externo del gobierno federal para espiar y amedrentar a los opositores al régimen, entre ellos los periodistas, y cuyas prácticas replicaría el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen).

También existen distintos casos documentados que dan cuenta cómo el gobierno federal investigaba los movimientos de los periodistas, activistas que pudieran ser considerados como enemigos del régimen, y estas prácticas fueron aún más visibles y conocidas en países donde la democracia era un mito.

Anteriormente se intervenían los teléfonos, además de que se colocaban micrófonos en los sitios de trabajo y viviendas de los periodistas, aunado a que eran seguidos por elementos del Estado, pero ahora ese espionaje se ha transformado en estos software más sofisticados que son más efectivos para obtener información más valiosa como los contactos de las fuentes de los periodistas, los mensajes que envía y recibe en las distintas redes sociales, así como el contenido de sus correos electrónicos, situación preocupante en un contexto donde se discute la viabilidad de los datos biométricos para combatir la inseguridad en el país.

La visibilización de estas condiciones que vulneran a las democracias deben ser atendidas por el Estado—mismo que negará todo tipo de espionaje—mientras cada vez se sofistican las maneras de vigilar y observar todos los movimientos de aquellas personas que sean consideradas como incómodas a un régimen político.

La retórica política tan empleada por quienes ostentan cargos en la administración pública prometerá cambios e investigaciones vacías contra los responsables, pero lo cierto es que las agresiones a los periodistas continúan y continuarán en México, un país tan lastimado por la precariedad laboral en que la que viven miles de reporteros en el país con sueldos de miseria, mientras los poderes fácticos cada vez toman más control de la prensa y el Estado censura a través de la publicidad oficial constantemente vulnerando la importancia del quehacer periodístico.

Nota aparte: El espionaje no debe ser un factor que inhiba la actividad informativa que desarrollan los periodistas y la defensa de los derechos humanos de cientos de personas que están preocupadas por atender y resolver las principales problemáticas del país, pues ha sido gracias a estos esfuerzos que la sociedad civil ha logrado cambios significativos en esquemas de transparencia y rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción, pero aún falta un largo camino por recorrer para alcanzar la democracia plural que tanto pregonan los gobernantes.

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