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Mexico Violento

Desaparecidas de Oaxaca, sin importancia para el gobierno de Murat

Oaxaca se ha convertido un estado de peligro para las mujeres, al registrarse decenas de desaparecidas a las que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no da importancia para su investigación eficaz

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Por Rocío Flores

OAXACA, Oaxaca.- Casi todas las semanas hay reportes de mujeres desaparecidas o muertas en Oaxaca. El viernes 9 de febrero desapareció Cecilia Acevedo de 35 años en el Fraccionamiento Lomas de Antequera, también Gloria Estefanía Barrios, estudiante del CBTis 26 de San Felipe del Agua, ambas en la capital del estado de Oaxaca.

El 8 de febrero desapareció Rosa Yovana Mendoza de 17 años en la terminal de autobuses de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo.

La Fiscalía del estado reportó que en la primera semana de febrero 23 mujeres desaparecidas, de las cuales 17 fueron localizadas con vida.

A finales de enero, ya había sido reportada como desaparecida también Ana Cruz de 16 años, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur, y Guadalupe Soledad Reyes, de 38 años, de San Felipe Tejalapam, Etla, en la región de los Valles Centrales.

Durante varios días, los familiares de Guadalupe compartían: “tenemos una esperanza, el deseo de ver su sonrisa, verla bailar o escucharla reír a carcajadas”. El día 6 de febrero informaron que habían tenido noticias de ella, lamentablemente no estaban felices, el dolor, la tristeza y el coraje les invadía.

Guadalupe fue localizada muerta en esa última semana. Su asesinato, informa personal de la fiscalía del estado, está siendo investigado.

Entretexto

“Tenemos un clima de absoluta impunidad e ineficiencia en la búsqueda de mujeres desaparecidas”.

Defensora Ana María Hernández Cárdenas

Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, considera que las primeras horas son cruciales para poder rescatarlas con vida, pero los protocolos de búsqueda en el estado son muy lentos.

La defensora de derechos de las mujeres en Oaxaca expone que aquí se vive prácticamente el 100 por ciento de impunidad en delitos por razones de género, que al Estado no le importa la vida de las mujeres.

Esta situación, según la activista, forma parte de la descomposición de este sistema de gobiernos, que han renunciado a su función principal de proteger la vida de las mujeres y las niñas.

“Se han vuelto más cínico que antes”, señala.

Para Hernández Cárdenas, este contexto es reflejo de una política debilitada en términos de perspectiva de género, de una crisis institucional. Este gobierno no tiene fuerza ni idea de lo que hay que hacer con un tema tan grave”, señala.

Cita como ejemplo el vaivén en la Secretaría de la Mujer, dependencia que, en un año, ha cambiado tres veces de responsable, ninguna de las funcionarias ha comprobado experiencia en la materia.

Otro caso, expone, es el hecho de haber reducido la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer, a una fiscalía local, donde ya han habido dos cambios. La fiscal anterior renunció en diciembre pasado, aunque no precisó las razones, su dimisión, podría estar relacionada con una serie de deficiencias en la institución enlistadas por ella misma durante su informe.

La defensora es directa, dice que no hay idea y tampoco hay voluntad política de las autoridades, que al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no le importa la vida de las mujeres.

Hay indignación, angustia y terror por lo que está pasando, precisa. Dice que la desatención ocurre en casi todos los niveles, por una inercia institucional que atribuye a que las cabezas o titularidades en el gobierno no funcionan. Aunque hay una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, ésta ofrece un mínimo servicio cada principio de año por falta de presupuesto.

No hay respuestas para las mujeres, no hay instituciones, no hay un reforzamiento de la procuración e impartición de justicia, y, por el contrario, hay una doble criminalización cuando se atreven a denunciar, expone.

Trata de personas

Un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) titulado Al día las cifras hablan” No. 70 , precisa que en 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 571 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales el 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento de ellas terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.

El mismo documento precisa que entre los estados donde se concentró el 76 por ciento del total de las averiguaciones (en el ámbito local) está Puebla, Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Norte y el Estado de México.

Sobre este tema, se ha concertado una entrevista con las autoridades próximamente. Por su parte la activista Ana María Hernández comenta que no tienen información, para asegurar o confirmar este dato, sin embargo, dice que tampoco lo puede descartar.

“Es evidente que el asunto de los delitos relacionados con trata y prácticas de esta naturaleza, están creciendo. México se ha convertido en un país donde se ha incrementado este tipo de delitos. Oaxaca porqué tendría que ser la excepción”.

La activista señala que para que existan, es porque hay una colusión con el estado. Sin embargo, como organismo, no le toca responder.

“A nosotras nos toca vigilar que las instituciones funcionen, pero vemos que no lo están haciendo, y de ahí  tantas chicas desaparecidas”.

Espiral de violencia

Ana María describe la situación como una espiral de violencia cada vez más grave, frente a la cual considera que debemos responder, que la sociedad no puede quedarse al margen, como viendo una película de terror.

“Nosotras no vamos a dejar de denunciar, tenemos que apelar a que los hombres pueden cambiar sus actitudes, que las escuelas deben tener función preventiva para generar otros modelos de convivencia, monitorear el ejercicio de las autoridades, exigir a los legisladores que hagan mejores leyes, estar vigilando a los jueces que no sentencien con misoginia, estamos haciéndolo, pero ciertamente tenemos que movilizarnos más, y no significa solo marchas, sino estar vigilantes y generar acciones de autoprotección”.

La activista destaca que hay una sensación de que no se puede hacer nada, y ese es uno de los efectos más profundos que estamos viviendo en nuestro país.

Esa desesperanza, dice, es una sensación de “ya nos llevó la chingada básicamente”, pero que no lo podemos permitir.

“Podemos aludir a la posible existencia de redes de delincuencia que están tomando jovencitas, muy probablemente con fines sexuales, o también el aumento de la delincuencia, o la imitación de la violencia entre jóvenes, que ahora usan prácticas violentas para resolver su situación sentimental o solo para tener el control, puede ser esto o lo otro, pero le toca a la autoridad responder”.

En tanto, en las redes sociales, o chats, entre activistas y feministas circulan mensajes de este tipo: “no entiendo qué está pasando en Oaxaca”, “por favor compartan, ayúdanos a localizarla”, “nos quieren robar la primera sonrisa de la mañana, la última” o como esta cruda reflexión: “no podemos simplemente desaparecer”.

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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