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Mexico Violento

Desaparecidas de Oaxaca, sin importancia para el gobierno de Murat

Oaxaca se ha convertido un estado de peligro para las mujeres, al registrarse decenas de desaparecidas a las que el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no da importancia para su investigación eficaz

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Por Rocío Flores

OAXACA, Oaxaca.- Casi todas las semanas hay reportes de mujeres desaparecidas o muertas en Oaxaca. El viernes 9 de febrero desapareció Cecilia Acevedo de 35 años en el Fraccionamiento Lomas de Antequera, también Gloria Estefanía Barrios, estudiante del CBTis 26 de San Felipe del Agua, ambas en la capital del estado de Oaxaca.

El 8 de febrero desapareció Rosa Yovana Mendoza de 17 años en la terminal de autobuses de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo.

La Fiscalía del estado reportó que en la primera semana de febrero 23 mujeres desaparecidas, de las cuales 17 fueron localizadas con vida.

A finales de enero, ya había sido reportada como desaparecida también Ana Cruz de 16 años, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur, y Guadalupe Soledad Reyes, de 38 años, de San Felipe Tejalapam, Etla, en la región de los Valles Centrales.

Durante varios días, los familiares de Guadalupe compartían: “tenemos una esperanza, el deseo de ver su sonrisa, verla bailar o escucharla reír a carcajadas”. El día 6 de febrero informaron que habían tenido noticias de ella, lamentablemente no estaban felices, el dolor, la tristeza y el coraje les invadía.

Guadalupe fue localizada muerta en esa última semana. Su asesinato, informa personal de la fiscalía del estado, está siendo investigado.

Entretexto

“Tenemos un clima de absoluta impunidad e ineficiencia en la búsqueda de mujeres desaparecidas”.

Defensora Ana María Hernández Cárdenas

Ana María Hernández Cárdenas, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, considera que las primeras horas son cruciales para poder rescatarlas con vida, pero los protocolos de búsqueda en el estado son muy lentos.

La defensora de derechos de las mujeres en Oaxaca expone que aquí se vive prácticamente el 100 por ciento de impunidad en delitos por razones de género, que al Estado no le importa la vida de las mujeres.

Esta situación, según la activista, forma parte de la descomposición de este sistema de gobiernos, que han renunciado a su función principal de proteger la vida de las mujeres y las niñas.

“Se han vuelto más cínico que antes”, señala.

Para Hernández Cárdenas, este contexto es reflejo de una política debilitada en términos de perspectiva de género, de una crisis institucional. Este gobierno no tiene fuerza ni idea de lo que hay que hacer con un tema tan grave”, señala.

Cita como ejemplo el vaivén en la Secretaría de la Mujer, dependencia que, en un año, ha cambiado tres veces de responsable, ninguna de las funcionarias ha comprobado experiencia en la materia.

Otro caso, expone, es el hecho de haber reducido la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer, a una fiscalía local, donde ya han habido dos cambios. La fiscal anterior renunció en diciembre pasado, aunque no precisó las razones, su dimisión, podría estar relacionada con una serie de deficiencias en la institución enlistadas por ella misma durante su informe.

La defensora es directa, dice que no hay idea y tampoco hay voluntad política de las autoridades, que al gobierno de Alejandro Murat Hinojosa no le importa la vida de las mujeres.

Hay indignación, angustia y terror por lo que está pasando, precisa. Dice que la desatención ocurre en casi todos los niveles, por una inercia institucional que atribuye a que las cabezas o titularidades en el gobierno no funcionan. Aunque hay una Unidad de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, ésta ofrece un mínimo servicio cada principio de año por falta de presupuesto.

No hay respuestas para las mujeres, no hay instituciones, no hay un reforzamiento de la procuración e impartición de justicia, y, por el contrario, hay una doble criminalización cuando se atreven a denunciar, expone.

Trata de personas

Un análisis elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) titulado Al día las cifras hablan” No. 70 , precisa que en 2016, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 571 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales el 15.9 por ciento fueron consignadas y únicamente 1.9 por ciento de ellas terminó en sentencias condenatorias, con un total de 12 individuos castigados.

El mismo documento precisa que entre los estados donde se concentró el 76 por ciento del total de las averiguaciones (en el ámbito local) está Puebla, Chiapas, la Ciudad de México, Oaxaca, Baja California Norte y el Estado de México.

Sobre este tema, se ha concertado una entrevista con las autoridades próximamente. Por su parte la activista Ana María Hernández comenta que no tienen información, para asegurar o confirmar este dato, sin embargo, dice que tampoco lo puede descartar.

“Es evidente que el asunto de los delitos relacionados con trata y prácticas de esta naturaleza, están creciendo. México se ha convertido en un país donde se ha incrementado este tipo de delitos. Oaxaca porqué tendría que ser la excepción”.

La activista señala que para que existan, es porque hay una colusión con el estado. Sin embargo, como organismo, no le toca responder.

“A nosotras nos toca vigilar que las instituciones funcionen, pero vemos que no lo están haciendo, y de ahí  tantas chicas desaparecidas”.

Espiral de violencia

Ana María describe la situación como una espiral de violencia cada vez más grave, frente a la cual considera que debemos responder, que la sociedad no puede quedarse al margen, como viendo una película de terror.

“Nosotras no vamos a dejar de denunciar, tenemos que apelar a que los hombres pueden cambiar sus actitudes, que las escuelas deben tener función preventiva para generar otros modelos de convivencia, monitorear el ejercicio de las autoridades, exigir a los legisladores que hagan mejores leyes, estar vigilando a los jueces que no sentencien con misoginia, estamos haciéndolo, pero ciertamente tenemos que movilizarnos más, y no significa solo marchas, sino estar vigilantes y generar acciones de autoprotección”.

La activista destaca que hay una sensación de que no se puede hacer nada, y ese es uno de los efectos más profundos que estamos viviendo en nuestro país.

Esa desesperanza, dice, es una sensación de “ya nos llevó la chingada básicamente”, pero que no lo podemos permitir.

“Podemos aludir a la posible existencia de redes de delincuencia que están tomando jovencitas, muy probablemente con fines sexuales, o también el aumento de la delincuencia, o la imitación de la violencia entre jóvenes, que ahora usan prácticas violentas para resolver su situación sentimental o solo para tener el control, puede ser esto o lo otro, pero le toca a la autoridad responder”.

En tanto, en las redes sociales, o chats, entre activistas y feministas circulan mensajes de este tipo: “no entiendo qué está pasando en Oaxaca”, “por favor compartan, ayúdanos a localizarla”, “nos quieren robar la primera sonrisa de la mañana, la última” o como esta cruda reflexión: “no podemos simplemente desaparecer”.

Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso #17 desacata Ley de Amparo y vuelve a torturar a George Khoury, falso culpable

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Por Guadalupe Lizárraga

George Khoury Layón, víctima de fabricación de culpables, volvió a ser torturado dentro del Cefereso #17, el 29 de marzo, por custodios bajo las órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez, para que se desistiera de los amparos concedidos en contra de los tratos crueles e inhumanos y confinamiento injustificado de las autoridades carcelarias.

“Todavía son visibles las lesiones en la cara, frente y ojos, y apenas puede caminar porque le patearon la columna”, denunció su abogada a Los Ángeles Press, quien tenía un mes sin verlo, y estaba en espera de entrar a locutorios. En la notificación de queja al Poder Judicial del estado de Michoacán, interpuesto el 9 de abril de 2021, se describe que “presenta una hematoma pronunciado en la frente y otro en el pómulo derecho… diversos golpes en la espalda los cuales se ven inflamados y bastante marcados al igual que un hematoma en el costado izquierdo y una abertura en la cabeza…”

Abundó la abogada, de quien nos reservamos su identidad por seguridad, que habían ya interpuesto las denuncias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se están haciendo a la Secretaría de Gobernación, sin embargo, en la anterior vez que lo golpearon, el 18 de julio de 2020, las autoridades no dieron seguimiento a sus denuncias contra el director del Cefereso, quien le pedía 500 mil pesos para dejarlo de golpear.

George Khoury señaló que el titular de Seguridad penitenciaria y el director del penal no acataron la suspensión de malos tratos y ordenaron que lo golpearan. Lo tuvieron ocho días sin atención médica, desangrándose en el área del comedor donde fue golpeado y obligado a dormir durante esos días.

George Khoury ha liderado un amparo colectivo de 400 internos para la destitución del director del Cefereso, quien en un franco desacato a la Ley de Amparo, artículo 262, al ordenar de nueva cuenta la tortura contra Khoury viola el amparo 107/2021 del Juez Quinto por el Juez Quinto de Distrito en el estado de Michoacán y 134/2021 y 185/2021 del Juez Sexto de Distrito en el estado de Sinaloa.

El caso de Khoury Layón se ha presentado ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina el 7 de diciembre de 2020, y en otras ocasiones en 2019 por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Tiene una opinión de libertad inmediata desde el 18 de septiembre de 2017 por el Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y el reconocimiento de inocencia en 2019 por la Secretaría de Gobernación. No obstante, sigue retenido ilegalmente por el Estado mexicano.

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Justicia pendiente

México aceptó enviar más de 10 mil tropas en la frontera sur para evitar paso de migrantes

Ignacio García

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La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, informó que México acordó con Estados Unidos enviar más de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para evitar el paso de migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a la Unión Americana.

La funcionaria norteamericana dijo que con esta medida se logrará contener el paso de los migrantes centroamericanos que buscan arribar a Estados Unidos, medida que ya se había implementado desde el gobierno de Donald Trump para impedir una mayor cantidad de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

De acuerdo con la representante del gobierno de Estados Unidos, con estas medidas han detenido a más del doble de las personas que intentaban cruzar México para arribar a esa nación, por lo que manifestó que también Guatemala accedió a reforzar su seguridad con más de 15 mil elementos.

En el caso de Honduras se desplegarán más de 70 mil efectivos de seguridad para evitar la salida de los migrantes que buscan radicar en Estados Unidos, por lo que buscan evitar que ingresen más personas de forma ilegal a la Unión Americana, continuando con una política de deportaciones masivas implementada desde el gobierno de Barack Obama.

En mayo de 2019 el entonces presidente de Donald Trump amenazó a México con incrementar las tarifas de los aranceles, por lo cual el gobierno federal aceptó aumentar la seguridad en la frontera sur para evitar el ingreso de migrantes centroamericanos al país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) refirió que existe una crisis humanitaria implementada por el gobierno de Estados Unidos para marginar a las personas de escasos recursos económicos que radican en Centroamérica y que buscan nuevas oportunidades de desarrollo económico.

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