Derechos humanos en México, sin voluntad para respetarlos

Los jornaleros agrícolas de San Quintín en protesta en Tijuana en marzo 2015. Foto: José Martínez/Los Ángeles Press

Raúl Ramírez Baena*

El 10 de diciembre de 1948, en el seno de las Naciones Unidas, 48 de los 58 países entonces miembros de la ONU, entre ellos México, firmaron la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (DUDH), el documento más universal que existe hasta hoy, ratificado a través de los años por el resto de los países que se han sumado como miembros de la ONU (hoy, 193), Declaración que contiene treinta derechos fundamentales que constituyen la base para construir sociedades más justas y democráticas.

La DUDH nació al término de la II Guerra Mundial, la conflagración más violenta y trágica que la humanidad recuerde, que arrojó entre 50 y 70 millones de personas muertas (entre ellas 7 millones de judíos, 20 millones de soviéticos y 250 mil japoneses víctimas de las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki al momento de la detonación). Además, el Holocausto Judío, los millones de heridos, desterrados y desplazados y de ciudades enteras e infraestructura productiva, de transporte y de servicios, destruidas, que se calculó en ese entonces en 500 mil millones de dólares en pérdidas materiales.

Ante esta grave tragedia, la humanidad observó consternada su obra destructiva y declaró un “¡nunca más!” ante esa grave tragedia mundial, sentando las bases de un Estado de Derecho Universal que protegiera los derechos fundamentales.

Sin embargo, ante el carácter no vinculatorio de la DUDH (como su nombre lo indica, es un instrumento “declarativo”), la ONU se vio obligada a fortalecer el cumplimiento de los derechos humanos a través del Derecho Humanitario Internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, mediante los llamados tratados internacionales (Declaraciones, Pactos, Convenciones, Protocolos, Principios y otros) que contienen principios éticos que los Estados-Nación tienen el deber de cumplir.

Pero como la ONU es un organismo intergubernamental formado por Estados miembros considerados “iguales”, no está en su mandato gobernar por encima de la Soberanía de los Estados. El acuerdo es que éstos deben asumir en vía de buena voluntad la obediencia a las normas que se votan en el organismo mundial, y el papel de los órganos de tratados de la ONU y de sus mecanismos, constituyéndose en visores y asistentes de los Estados, con facultades para emitir Recomendaciones que invitan al cumplimiento de las normas internacionales y que son exhibidos en caso de incumplimiento.

Los tratados internacionales y las resoluciones que de ellos emanan son considerados mecanismos universales que deben ser cumplidos de buena fe por los Estados que los ratifiquen, sin embargo, es el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional de La Haya el que, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de protección, emite sentencias, no recomendaciones, que deben ser cumplidas de manera obligatoria. México ratificó el Estatuto de Roma en el año 2005, con una muy desafortunada reserva impuesta ese mismo año en el octavo párrafo del Artículo 21 Constitucional (“El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”), por lo cual no hay recurso legal interno que valga para combatir dicha reserva.

Los derechos humanos en México

México es un Estado que tradicionalmente ratifica casi todos los tratados internacionales de derechos humanos, tanto del Sistema Universal (ONU) como del Sistema Interamericano de Protección (OEA), y ha creado el Sistema Ombudsman Nacional más grande del mundo con 33 organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos.

Además, el 10 de junio de 2011 se firmó por el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el Decreto mediante el cual se adopta la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, que es la reforma más importante tras la promulgación de la Constitución que nos rige desde el 5 de febrero de 1917, que coloca a México a la vanguardia en cuanto a su sistema jurídico de protección de los derechos fundamentales, reforma con alto grado de reconocimiento por los propios organismos intergubernamentales (ONU y OEA).

Pero, contradictoriamente, el mismo Presidente que firmó el Decreto que plasma el mayor avance jurídico en México en materia de derechos humanos, fue el que, a 58 años de la firma de la DUDH, el 11 de diciembre de 2006, dio inicio en Michoacán a la que llamó la “Guerra al narco” que, 10 años después, con la administración de Enrique Peña Nieto, sin contar a las personas torturadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno, militares y miembros del crimen organizado incluidos, ha arrojado un saldo de casi 200 mil personas víctimas de crímenes violentos, 28 mil personas desaparecidas, registradas oficialmente, y más de 250 mil desplazados por la violencia en sus lugares de origen, víctimas de extorsiones, secuestros, desaparición, asesinatos, violaciones, cobro de derecho de piso, etc.

Las autoridades en México no tienen la voluntad política ni la capacidad para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, ni de replantear la solución de la inseguridad, el crimen y la pobreza desde su estructura y origen.

Así, es difícil conmemorar un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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