Religión y vida pública

Por Rodolfo Soriano Núñez

En 2023 se cumplen 810 años desde que el papa Inocencio III promulgó, en 1213, la bula Quia Maior, en la que llamaba a la cristiandad a iniciar una Quinta Cruzada. La Quinta Cruzada como tal inició en 1217 y concluiría, con más pena que gloria cuatro años después. No recuperó el control de la Tierra Santa. El único que puede considerarse que logró algo, fue san Francisco de Asís, quien obtuvo del sultán Al-Kamil, permiso para establecer un pequeño monasterio (priorato) que los franciscanos conservan hasta ahora. Como las cuatro anteriores y muchos otros intentos previos del occidente europeo para controlar las rutas de tráfico de mercancías que pasaban por Jerusalén, la Quinta Cruzada fracasó estrepitosamente.

No es que a los ejércitos europeos les hubiera faltado creatividad, recursos o ambición. Ensayaron todos los trucos tácticos y militares de la época; arriesgaron y perdieron fortunas equivalentes a los ingresos totales a la Inglaterra de Ricardo Corazón de León, pero había en la idea misma de la recuperación por medios militares de la Tierra Santa un conflicto insalvable entre los fines (salvar personas, salvar almas) y los medios (la ocupación militar, la violencia y la muerte). Es algo fundamentalmente incompatible, a lo que debía agregarse que, la conversión de vastas regiones de África y Asia al Islam había sido, desde el siglo VIII de la era común, tan sólida como para evitar que las poblaciones locales fueran leales a los europeos que trataban de recuperar la Tierra Santa, creando reinos, principados, protectorados.

Esa incompatibilidad entre los medios y los fines es algo que todavía ahora afecta a quienes, en el occidente cristiano y, más específicamente, católico, insisten en lanzar, cada que pueden, cruzadas. El objetivo ya no es el de recuperar Tierra Santa, pues es claro que eso no se va a lograr. El objetivo ahora, parece ser el de establecer sociedades o países “cristianos”, en los que se respeten ciertos ideales con los que el cristianismo católico de derechas se identifica, aunque menosprecien e incluso de manera activa vayan en contra de la doctrina de la Iglesia católica o, de manera más general, de la filosofía del cristianismo.

Esa manera de entender la política, como una herramienta en la construcción de gobiernos o de países “cristianos” no es exclusiva ya de Europa. De hecho, si uno observa a la mayoría de los países de Europa occidental, lo que encuentra en un activo esfuerzo para tomar distancia de esa manera de entender las relaciones entre religión y política. En algunos países de Europa oriental es posible ver todavía ese tipo de prácticas. De manera notable en Polonia y Hungría, donde gobiernos de la derecha populista identitaria apuestan todo su capital político a un acuerdo con las jerarquías de distintas iglesias cristianas.

Otra región donde fue posible ver ese tipo de práctica de la política fue América Latina que, desde mediados de los noventa y, por lo menos, hasta mediados de la década pasada, impuso una serie de restricciones al aborto. En esa ola de reformas participaron distintos gobiernos de América Latina. En México, durante las presidencias de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las reformas ocurrieron a escala estatal y no nacional. Fue el caso también en Honduras, El Salvador, Guatemala y, de manera notable, con Daniel Ortega en Nicaragua. Además, en ese periodo se promovieron, incluso en los sistemas de salud pública, las así llamadas “terapias de conversión” de la preferencia sexual, que supuestamente servirían para “curar” a las personas homosexuales de los “males” que les hacen actuar como lo hacen en su vida

En el caso de las leyes en materia de aborto, es notable que ahora vivimos la reacción contra los excesos de décadas pasadas, de modo que, en los últimos cinco años muchas de esas leyes han sido derogadas, sea por decretos del Ejecutivo (como en el caso de Honduras), sea por reformas del Legislativo (como en Argentina y Chile) o por medio de declaratorias de inconstitucionalidad por parte del poder Judicial (como en México). Fue, en más de un sentido, una moderna cruzada.

A pesar de la manera en que esta cruzada fracasó en América Latina, estas ideas están lejos de haber perdido su atractivo. De hecho, en El Salvador y Guatemala, sostienen este tipo de leyes y no hay signos de que pudiera ocurrir algún cambio. En Guatemala, el gobierno actual intentó aprobar en 2022 una ley que, además de elevar todavía más las penas contra el aborto, pretendía impedir por todos los medios dar cualquier tipo de reconocimiento a los matrimonios civiles de personas homosexuales. Al final la iniciativa fracasó, pero el intento existió.

Pero la influencia de esta manera de entender el mundo, el papel de la Iglesia y su doctrina y sus relaciones con el mundo de la política no se agotan ahí. Por una parte, está la influencia de estas ideas en Estados Unidos, que amerita una reflexión por separado. Por otra parte, están los cambios que recién han ocurrido o ocurrirán en el futuro inmediato en África. El más reciente de esos cambios ocurrió en Uganda, el 22 de marzo, cuando el parlamento de ese país de África central, decidió que es ilegal que una persona se identifique a sí misma como homosexual o lesbiana. Lo que es peor, quien se identifique de esa manera enfrenta penas de hasta diez años de cárcel. Por si eso no fuera suficiente, una persona que participe en un acto o relación homosexual podría recibir una pena de cadena perpetua.

Esta nueva ley, aprobada en lo que parecía ser una sesión festiva del parlamento de ese país, se suma a otras que ya penalizan, incluso con cárcel, a las personas que realicen o participen en ese país en “actos homosexuales”. Y no es sólo Uganda. Otros países de África han seguido rutas similares. En total, 30 países de África han aprobado distintas leyes, sea en los ámbitos nacionales o subnacionales, en las que se penalizan los actos, las relaciones o el identificarse como homosexual.

En su viaje a Sudán del Sur, en enero y febrero de este año, el papa Francisco se pronunció públicamente en contra de este tipo de leyes que criminalizan a las personas o los actos de las personas homosexuales. A bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma, el papa expresó su dolor por la incapacidad para distinguir entre las nociones de pecado y de crimen:

Y hace poco dije algo, no lo recuerdo muy bien, en la entrevista de Associated Press. La criminalización de la homosexualidad es una cuestión que no debe dejarse pasar. Se calcula que, más o menos, cincuenta países, de una manera u otra, llevan a cabo esta criminalización. Algunos dicen más, digamos al menos cincuenta. Y algunos de estos —creo que serán diez—, tienen también la pena de muerte. De forma abierta o encubierta, pero pena de muerte. Esto no está bien. Las personas con tendencias homosexuales son hijos de Dios, Dios las ama, Dios las acompaña.

Papa Francisco, conferencia de prensa en el vuelo a Roma, 5 de febrero de 2023.

El papa tiene claro lo peligrosa que es esa confusión. No así el arzobispo de Kampala, la capital de Uganda, Paul Ssemogerere, quien ha permanecido en el más hermético silencio luego de que el parlamento aprobara la nueva ley, que hace más difícil la vida de las personas homosexuales ahí, como se puede ver en la página de Internet de la arquidiócesis.

El silencio de Paul Ssemogerere (izq.) arz. de Kampala, Uganda, sobre la criminalización de la homosexualidad contrasta con lo dicho por el papa Francisco. De la cronología en Twitter de @MagalaJames4.

Y si hubiera alguna evidencia de que penalizar la homosexualidad sirviera de algo, cualquiera estaría dispuesto a considerar si valen la pena o no este tipo de leyes. Pero la realidad es que los países donde se penalizan la homosexualidad, los actos homosexuales y, como ahora en el caso de Uganda, el identificarse como homosexual, acusan problemas de productividad, de desarrollo profesional, de emprendurismo, confianza interpersonal y en las instituciones, lo que se traduce en bajos niveles de desarrollo del así llamado capital social y califican mal en prácticamente cualquier índice que mida la vigencia del Estado de derecho y del respeto a los derechos humanos.

Al final del día, las conductas homosexuales pertenecen al ámbito más privado de la vida de las personas. Incluso países con muy robustos sistemas de justicia, como el Reino Unido, han debido abrogar las legislaciones que prohibían o penalizaban la práctica de la homosexualidad. En el Reino Unido esas leyes estuvieron vigentes desde 1533 y hasta 2009.

Ese tipo de legislación imponía cargas excesivas sobre las personas, que estaban obligadas a vivir sus vidas con el miedo de ser denunciadas. Además, para obligar la observancia de esas leyes, las autoridades debían contar con amplios márgenes de discreción para espiar la vida privada de las personas, de los ciudadanos. Es decir, podían espiarles para demostrar que eran homosexuales.

En lo personal dudo mucho que Uganda, Kenya o, para propósitos prácticos, cualquier país de África o América Latina tengan la capacidad para efectivamente vigilar que las personas no participen en actos homosexuales o se identifiquen como homosexuales. Son leyes pensadas más como instrumentos de propaganda política que, al final del día, logran poco, pero tienen la capacidad para destruir las vidas de miles de personas.

Lo peor de todo, es que más allá de que pudieran existir grupos que en América Latina o África promueven por sus propios medios este tipo de políticas, también es claro que existen grupos mucho más poderosos que impulsan estas políticas desde Estados Unidos. Uno de esos grupos es el llamado en algunos casos La Familia (The Family) y en otros La Hermandad (The Fellowship) que, originado en EU en los setenta, promueve desde hace varios años los así llamados Desayunos de Oración que en países como Guatemala tienen incluso una condición de celebración nacional cada 18 de agosto. La Familia, gracias a los Desayunos de Oración, promueve activamente este tipo de medidas en nombre de Jesús, quien en ninguna porción de los Evangelios habla de la homosexualidad.

Quien desee comprender mejor el papel de la así llamada The Family, puede consultar el documental homónimo que Netflix produjo en 2019, cuya cuarta parte, atinadamente titulada Dictadores, Asesinos y Ladrones, narra la manera en que esta organización promueve este tipo de cambios en las leyes de América Latina y África. En el caso de Uganda, donde The Family opera desde los setenta, durante el régimen de Idi Amín Dadá, como se puede ver en este documental de la Universidad de Michigan, así como en distintos reportajes y análisis de lo que fue ese régimen, al que se considera responsable de la muerte de entre 100 mil y hasta 300 mil disidentes y opositores. En la más reciente reforma en Uganda también participó el grupo llamado Family Life Network, como lo describe este artículo de Foreign Policy.

Esas organizaciones, lo mismo que el arzobispo Ssemogerere parecen no tener claro la distinción que hace el papa Francisco entre pecado y delito. Parecen, igualmente, incapaces de entender qué tan contraproducente es para el cristianismo embarcarse en este tipo de proyectos que recuerdan en todo a las cruzadas de la Edad Media.

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Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo para crear un tribunal regional sobre la emergencia climática

Por Thalia Viveros y Juan Auz

BOSTON, Estados Unidos – La Corte Interamericana será probablemente el primer tribunal regional de derechos humanos que elabore una opinión consultiva acerca de la emergencia climática, lo que provocará efectos normativos para la justicia climática más allá del ámbito jurídico.

Cada vez es más frecuente que las personas defensoras de derechos humanos recurran a las cortes como parte de su repertorio de esfuerzos para responder a la amenaza existencial que supone el calentamiento global.

El 9 de enero de 2023, Chile y Colombia iniciaron el primer proceso consultivo ante un tribunal regional de derechos humanos. Solicitaron conjuntamente una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para «aclarar el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática».

En particular, los Estados solicitantes instaron especificar el significado de dichas obligaciones en seis cuestiones: (1) el deber de prevenir una mayor degradación y (2) los deberes inherentes al derecho a la vida, (3) los derechos de la niñez y las nuevas generaciones, (4) la consulta y los procedimientos judiciales, (5) la protección de las personas defensoras del ambiente, y (6) las responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Cada tema refleja la preocupación de Chile y Colombia por la justicia y la equidad. Hicieron énfasis en cómo la emergencia climática ya está afectando de manera desproporcionada a los derechos de poblaciones históricamente vulnerables. Además, llamaron la atención acerca de la naturaleza interseccional del cambio climático, algo hasta ahora ajeno a la labor interpretativa de la Corte.

Además, la petición incluye preguntas acerca de la adaptación al clima y la protección de los defensores del ambiente, dos conjuntos de obligaciones que fueron pasadas por alto por la OC-23/17 —la opinión consultiva de la corte, que incluye referencias al cambio climático— sobre el ambiente y los derechos humanos.

La solicitud a la Corte Interamericana representa una oportunidad histórica para llenar vacíos jurídicos que podrían contribuir a la justicia climática. Aunque las opiniones consultivas no son vinculantes para los Estados miembros, la interpretación de las obligaciones en el contexto de la región más desigual del mundo podría ayudar al derecho de los derechos humanos a abordar los factores sistémicos que determinan la vulnerabilidad climática de América Latina.

Leer más: Cambio climático: ‘Debería ser ilegal revertir decisiones políticas que nos protegen a todos’ (losangelespress.org)

Uno de los efectos jurídicos que podría tener una nueva opinión consultiva es la mejora de las herramientas normativas para el creciente número de demandas relacionadas con el clima en la región, al igual que hizo la OC-23/17.

Sin embargo, aunque los efectos jurídicos de una opinión consultiva son cruciales, los derechos humanos en la región constituyen un lenguaje que moviliza a actores más allá del ámbito jurídico.

En ese sentido, una opinión consultiva sobre la emergencia climática podría poner en marcha la tan necesaria formulación integrada de políticas, suscitar la cooperación de diferentes comunidades de práctica y estimular el impulso político.

Normas climáticas para una política integrada

En su solicitud, Chile y Colombia subrayaron la importancia de la interpretación de la corte para mantener cierta cohesión normativa entre los regímenes internacionales en un ordenamiento jurídico fragmentado. Incluso cuando la emergencia climática pone en peligro varios derechos humanos —como sostienen los Estados solicitantes— al aumentar la transmisión de enfermedades, los desplazamientos, la inseguridad alimentaria y la escasez de agua, los ámbitos jurídicos encargados de responder a esos desafíos específicos rara vez se juntan.

A nivel nacional, las leyes y políticas también reflejan fracturas temáticas que socavan una respuesta holística a los efectos nocivos de la emergencia climática. Por ejemplo, es esencial garantizar el derecho a la salud para la adaptación climática.

Sin embargo, las leyes nacionales sobre el clima y los planes de adaptación de Brasil y Colombia no integran suficientemente el derecho a la salud. Abordan solo de forma parcial las cuestiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los sistemas sanitarios.

Esta fragmentación es una oportunidad perdida para la justicia climática, ya que garantizar instalaciones médicas resilientes para las poblaciones más vulnerables es crucial para que puedan soportar las enfermedades relacionadas con el clima.

Al interpretar de forma integrada las obligaciones que emanan de varios campos del derecho, una opinión consultiva puede proporcionar a las y los legisladores y encargados de formular políticas públicas directrices esenciales para aunar respuestas políticas que parecen no estar relacionadas con la emergencia climática.

Revista Nature.

Cohesionar diferentes comunidades de prácticas

Al igual que el derecho internacional y la formulación de políticas, la sociedad civil —y las comunidades de práctica de las que forman parte— no han eludido la fragmentación.

El trabajo de las oenegés y los movimientos de derechos humanos suele desarrollarse en campos cerrados y en aislamiento geográfico. Por ejemplo, las organizaciones que se ocupan de la salud, los desplazamientos o la migración rara vez incorporan a sus programas los asuntos relacionados con el cambio climático.

Ante la complejidad de la emergencia climática, los actores de la sociedad civil deben aunar esfuerzos en torno a un entendimiento común de cómo la emergencia climática afecta a todos los aspectos de la dignidad humana. 

No se trata de un llamado novedoso. Sin embargo, una opinión consultiva puede aclarar aún más cómo el cambio climático interfiere en cuestiones hasta ahora no relacionadas —como la protección de las personas defensoras del ambiente—, proporcionando así coyunturas de unión para diversas comunidades de práctica.

Galvanizar el impulso político

Una opinión consultiva sobre la emergencia climática también podría dar prioridad a la justicia climática en la agenda política de América Latina.

De este modo, a los grupos de presión de los combustibles fósiles, por ejemplo, les resultará más difícil arrinconar a los funcionarios públicos en el espejismo de que sólo garantizarán un desarrollo compatible con el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables si aumentan la extracción de petróleo los Estados.

Más de tu interés: Cobertura periodística, clave para que la biodiversidad de forma a la vida y a las políticas de protección (losangelespress.org)

Si los derechos de la niñez y de las generaciones futuras se discuten de forma significativa en la opinión consultiva, se refuerza el arsenal normativo contra la narrativa extractivista.

Igual de significativo es el hecho de que esta señal política puede reforzar el progreso de otras iniciativas importantes fuera de la región, como la petición de Vanuatu ante el Tribunal Internacional de Justicia.

El camino a seguir

Aunque la corte aún tiene que admitir y desarrollar la opinión consultiva solicitada sobre la emergencia climática, las preguntas planteadas por Chile y Colombia llamarán la atención sobre los aspectos inexplorados de la naturaleza interseccional del cambio climático.

Si, al elaborar la opinión consultiva, la corte acoge los aportes de las poblaciones históricamente excluidas, podría comprender mejor sus realidades y, de este modo, sacar a la luz nuevas perspectivas sobre cómo abordar los factores sistémicos que subyacen a su vulnerabilidad al cambio climático.

En América Latina, este progreso normativo podría tener efectos prometedores más allá del ámbito jurídico, lo cual haría de la opinión consultiva un instrumento esencial para iluminar el camino común de los Estados hacia la justicia climática.

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Los autores: Thalia Viveros, investigadora asistente en la Comisión de Derechos Humanos de Boston, y Juan Auz, investigador en el Centro de Derechos Fundamentales de la Escuela Hertie de Berlín.

Este artículo se publicó originalmente en OpenGlobalRights.