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Estados Unidos

Defensores de derechos humanos llegan al “punto de crisis”

Los defensores de derechos humanos en América Latina y el mundo han entrado en una situación de grave crisis porque los gobiernos no garantizan sus vidas

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NACIONES UNIDAS, 2 nov 2018 (IPS) – Las personas que luchan en defensa de los derechos humanos sufren cada vez más ataques, al punto de llegar a una situación “de crisis” en todo el mundo.

Más de 150 activistas se reunieron en París esta semana para concordar una estrategia de lucha durante la segunda Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos, realizada el 29, 30 y 31 de octubre en París.

Entre los participantes se destaca la intervención de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, quien subrayó el papel clave que éstos juegan en las sociedades.

“Cuando ves a alguien con cadenas, a quien se le están negando los derechos, no te das la vuelta. Le haces frente a la injusticia y defiendes los derechos de los otros”, arengó. “Cada avance en materia de equidad, dignidad y derechos logrados se alcanzó gracias a la lucha y al trabajo de defensores de derechos humanos”, destacó Bachelet.

La reunión marca el 20 aniversario de la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1998 por la comunidad internacional durante la primera cumbre para garantizar que “seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten la libertad de palabra y de creencias”. 

Pero los gobiernos no han cumplido con sus compromisos, y muchos defensores de derechos humanos han perdido la vida en distintas partes del mundo con total impunidad.

El relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, se mostró alarmado por la tendencia actual, señalando: “La declaración se convirtió en un hito en el proyecto de derechos humanos; sin embargo, estoy más preocupado que nunca”.

“Estamos frente a un panorama alarmante para los defensores de derechos humanos. Su situación se deteriora en todo el mundo a pesar de las obligaciones de los Estados de garantizar su protección”, añadió.

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, dijo que el nivel de peligro que afrontan los defensores de derechos humanos en el mundo alcanzó un "punto de crisis". Crédito: Amantha Perera/IPS

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, dijo que el nivel de peligro que afrontan los defensores de derechos humanos en el mundo alcanzó un “punto de crisis”. Crédito: Amantha Perera/IPS

El secretario general de Amnistía Internacional, Kumi Naidoo, coincidió: “el grado de peligro que afrontan los activistas alcanzó un ‘punto de crisis’. Todos los días, se amenaza, tortura, encarcela y asesina a la gente de a pie por su lucha o simplemente por quiénes son. Es hora de actuar y de hacer frente al aumento de la represión de los defensores de derechos humanos”.

En su último informe, Forst concluyó que por lo menos 3.500 activistas fueron asesinados desde la adopción de la declaración en 1998.

En 2017, más de 300 activistas de 27 países fueron asesinados, el doble de 2015, concluyó la irlandesa Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

Casi 85 por ciento de los asesinatos registrados se concentraron en cinco países de América Latina: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México.

Colombia, uno de los países más peligrosos para los activistas, registró un aumento del número de asesinatos tras el acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En 2017, más de 120 líderes sociales y ambientales fueron asesinados por paramilitares o grupos armados no identificados en áreas que abandonaron las FARC, lo que favoreció las luchas de poder y por tierras.

En mayo, Luis Alberto Torres Montoya y Duvian Andres Correa Sánchez fueron asesinados, ambos formaban parte del movimiento Ríos Vivos, que se oponía a la construcción de la central hidroeléctrica de Hidroituango por su impacto ambiental y en los derechos humanos, incluido el desplazamiento de comunidades locales.

De hecho, la fundación concluyó que 67 por ciento de las personas asesinadas en 2017 defendían derechos indígenas a la tierra, el ambiente, y casi siempre frente a megaproyectos, a la industria extractiva y a grandes corporaciones.

La Fuerza de Mujeres Wayúu, una organización ambiental de indígenas, recibe amenazas por oponerse a una mina de carbón que opera en su territorio ancestral. El grupo paramilitar Águilas Negras, repartió folletos jurando “limpiar” la región de indígenas.

“Cada caso de ataque contra un defensor de derechos humanos constituye un ataque a los derechos humanos, que son derechos de todos”, subrayó Bachelet.

Pero la impunidad sigue reinando en mucho países, como en Colombia, donde organizaciones de derechos humanos dijeron que el gobierno no investiga los delitos ni procesa a los responsables, y urgieron a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación formal. Aun cuando los casos en que los responsables son llevados ante la justicia, ésta sigue omisa.

En Guatemala, el responsable de seguridad de una mina, entonces propiedad de la canadiense Hudbay Minerals, resultó absuelto del asesinato en 2009 del indígena Adolfo Ich Chaman y del tiroteo contra el Club Alemán, a pesar de la existencia de testigos y de evidencia física.

El juicio de 2013 incluyó los casos de 11 mujeres violadas a punta de pistola por agentes de seguridad de la minera durante la expulsión forzada de 2007. Tras el dictamen, el juez solicitó que los cargos se imputaran a los participantes del proceso, incluida la esposa de Chaman por “obstruir la justicia y falsificar información”.

“La impunidad generalizada y sistemática es una muy mala señal para las familias de las víctimas y para cualquiera que defienda los derechos humanos; más allá de esos ataques y asesinatos, son nuestros derechos y nuestras democracias las que están en grave peligro”, dijo Forst frente a la Asamblea General de la ONU.

Sí se lograron avances en el reconocimiento de la importancia y de los logros alcanzados por los defensores de derechos humanos en el mundo. De hecho, el último Premio Nobel de la Paz se otorgó a la activista yazidí Nadia Murray y al ginecólogo congoleño Denis Mukwege por su papel en la lucha contra la violencia sexual como arma de guerra.

Forst y Bachelet subrayaron la necesidad de tomar medidas y de que todos los actores aprovecharan esta oportunidad para avanzar, en particular tras el 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos humanos y el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en el Palais de Chaillot, donde la cumbre realizó la ceremonia de clausura.

“La cumbre fue una oportunidad clave para los defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo, quienes deben hacer frente al vilipendio y a los crecientes ataques, para reunirse y debatir los próximos pasos en sus propios términos”, destacó Forst.

“Lo que los defensores de derechos humanos nos enseñan es que todos podemos defender nuestros derechos y los de los otros, en nuestros barrios, en nuestros países y en todo el mundo. Podemos cambiar el mundo”, alentó Bachelet.

Este año, se realizaron muchos encuentros concentrados en los defensores de derechos humanos, incluidos los tres días de la cumbre y la próxima reunión de alto nivel que se realizará a mediados de diciembre en Nueva York para analizar buenas prácticas y nuevas oportunidades en la implementación de la declaración.

Traducción: Verónica Firme

Estados Unidos

Nancy Pelosi autoriza comisión independiente para investigar a fondo insurrección incitada por Trump

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Dem0cracy Now!

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión, al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre, para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella.

Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, en la que murieron seis personas, dos de ellas por los ataques directos, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzara la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable.

El anuncio de Pelosi se hizo en momentos que aumentan los pedidos para que se inicie un proceso penal contra el expresidente Donald Trump, tras su absolución en el segundo juicio político del Senado. El corresponsal de temas judiciales de la revista The Nation, Elie Mystal, afirma que los representantes que actuaron como fiscales en el juicio político presentaron “argumentos que dan cuenta con bastante claridad de la responsabilidad penal” de Donald Trump por la insurrección del 6 de enero en el edificio del Congreso de Estados Unidos. “Creo que hay argumentos para la acusación. Al menos deberíamos intentarlo”, dice.

Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del estado de Carolina del Norte, Richard Burr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Burr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy de Luisiana y Pat Toomey de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos.

Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump.

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Estados Unidos

Fiscales de Nueva York entregan pruebas contra García Luna por operaciones de droga desde 2002, siendo titular de la AFI

Emmanuel Ameth

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Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx

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Estados Unidos

Agente retirado de la DEA desmiente al presidente López Obrador sobre proceso de Cienfuegos en EEUU

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Por Guadalupe Lizárraga

El agente retirado de la DEA, Mike Vigil desmintió al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que este organismo de combate al narcotráfico en los Estados Unidos haya fabricado delitos a Salvador Cienfuegos Zepeda, y de la supuesta debilidad de los elementos de prueba para vincularlo a proceso por conspiración y narcotráfico.

En entrevista para Los Ángeles Press, Vigil reiteró que las evidencias de Cienfuegos fueron recogidas durante diez años de seguimiento, pero que además se presentaron ante un equipo de expertos de la fiscalía de Nueva York, y después a un gran Jurado en Estados Unidos.

Dijo que en la DEA no se fabrican delitos ni evidencias como en México, porque ningún elemento de la DEA va a arriesgar su carrera de por vida por fabricar una evidencia, explicó Vigil.

“La DEA va desarrollando la evidencia, y luego el archivo completo se va a la fiscalía federal para su revisión, y entonces los fiscales federales -que son muy conservadores-, determinan si la evidencia no es sumamente fuerte, nunca, pero nunca, van a seguir adelante con una acusación formal”.

Continuó el agente, que después “el fiscal lleva el caso a un gran Jurado que consiste en 20 o 25 personas, y se presenta en un juicio para deliberar si la evidencia es fuerte o no, por lo que no nada más es la DEA la que interviene, y cuando el fiscal presentó el caso de Cienfuegos, el gran Jurado determinó que la evidencia era sólida”.

Vigil reiteró que es un proceso largo, no nada más es la DEA, como institución, la que interviene, ni es un agente o dos, es el gobierno de Estados Unidos en su conjunto, incluyendo al Departamento de Justicia, por eso nosotros no fabricamos evidencia, no fabricamos casos como en México”.

Otro de los desmentidos que hace el agente retirado de la DEA al presidente López Obrador es sobre la solicitud de este país para que el gobierno de Estados Unidos retirara los cargos a Cienfuegos. El presidente mexicano dijo en su conferencia matutina que debido a la debilidad de las evidencias en el caso de Cienfuegos, el gobierno de Estados Unidos retiró los cargos. Sin embargo, el agente retirado de la DEA, Mike Vigil enfatizó que tampoco había sido así.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard fue quien solicitó el regreso del general Cienfuegos bajo la promesa de ser investigado y juzgado en México, explicó Vigil que “si no hubiera sido así, el general Cienfuegos habría sido juzgado aquí en los Estados Unidos”, y cuestionó Vigil que “no sabía por qué tantas mentiras del gobierno mexicano”.

Así también, señaló Mike Vigil que el gobierno de los Estados Unidos no entregó a México los informes que ellos catalogan como DEA 06, que contiene todo la información sensible recabada para armar el caso que va desde testimonios, vigilancia, interrogaciones de detenidos, información de inteligencia, “todo lo que se lleva a cabo en una investigación, y eso no estaba incluido en lo que se le mandó a México, porque en el envío, siempre ha habido fuga de información, y puede poner en riesgo a agentes, a informantes, y a la misma investigación, y esto es lo que dio otra vez, con la publicación del expediente con el registro de mensajes y llamadas”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que él mismo había dado la instrucción de que se publicara el expediente enviado por el gobierno de Estados Unidos, y que todavía circulaba en las redes sociales. No obstante, para el agente retirado de la DEA esta instrucción presidencial “fue una violación al Acuerdo de Asistencia Legal entre ambos países firmado en 1991, y se sigue con la desinformación de que Estados Unidos le quitó los cargos a Cienfuegos porque no había evidencia sólida, y esto tampoco es cierto”.

Concluyó Vigil que “los comentarios del presidente López Obrador están haciendo daño a las relaciones bilaterales, y favoreciendo a los carteles, que se sienten muy confortables con su gobierno”; porque lo que se está haciendo es destruir la cooperación en información entre ambos países sobre el combate al  narcotráfico”.

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