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Justicia pendiente

Defensoras de Honduras se suman a exigir liberación de Nestora

Defensoras de Honduras se suman a las campañas internacionales para exigir al gobierno mexicano la liberación de Nestora Salgado

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Dolores Jiménez Hernández,  Embajadora de México en Honduras recibe carta de la Coordinación de la Red. Foto: red

Dolores Jiménez Hernández, Embajadora de México en Honduras recibe carta de la Coordinación de la Red. Foto: red

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de la siguiente comunicación quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras nos ponemos en contacto con Usted para manifestar nuestra preocupación por la defensora comunitaria Nestora Salgado, originaria de la comunidad de Olinalá en el estado de Guerrero, México, quien se encuentra privada de su libertad desde el 21 de agosto de 2013.

Es de nuestro conocimiento que la defensora comunitaria fue detenida arbitrariamente cuando se desempeñaba como Comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, y que su detención se realizó luego de un aparatoso operativo integrado por miembros del Ejército Mexicano, la Marina, la Policía Estatal y Policía Municipal de Olinalá.

Asimismo, hemos sido informadas que en su detención estuvo plagada de irregularidades que evidenciaron la falta al debido proceso legal y otras violaciones a sus derechos humanos. Ejemplo de ello, es que al haber sido trasladada a la ciudad de Chilpancingo, Nestora Salgado fue enviada discrecionalmente al Penal de Máxima seguridad de Tepic, Nayarit en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, lo que además de ser una decisión extrema, dificultó la comunicación de la defensora con sus familiares y defensa.

Cabe mencionar que el 15 de noviembre de 2012, el entonces gobernador del estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero reconoció y respaldó la labor de la Policía Comunitaria de Olinalá y de la defensora Nestora Salgado. En esa fecha el gobernador acudió al poblado de Olinalá en donde se reunió con la defensora y demás integrantes de la CRAC-PC de Olinalá; sin embargo a menos de un año después, la defensora fue detenida y catalogada por autoridades estatales y federales como una persona de alta peligrosidad.1

Si bien el 30 de marzo de 2014 Nestora Salgado fue exonerada por el Poder Judicial federal, el cual a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión por delincuencia organizada, en modalidad de secuestro, y ordenó su libertad inmediata -respecto de ese delito- esto no redundó en su liberación.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Honduras conocemos también que en enero de 2015, el entonces Gobernador Interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, hizo pública la solicitud al titular de la Fiscalía General de Guerrero, Miguel Ángel Godínez Muñoz, del desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria, pese a ello y a las pruebas insuficientes y contradictorias la defensora continúa en prisión.2

Si bien Nestora Salgado fue trasladada del Estado de Nayarita a la Ciudad de México al Centro de Readaptación de Tepepan en la Ciudad de México para garantizar la atención a su salud, su traslado visibilizó la falta de voluntad política para la liberación de la defensora, a pesar de que no se cuentan con las pruebas necesarias para sostener las acusaciones que se le imputan.

Cabe mencionar que el 28 de enero de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la defensora Nestora Salgado, sin embargo, dichas medidas no ha sido ejecutada plenamente por el Estado Mexicano, por lo que como defensoras de derechos humanos queremos conocer cuál es la situación que obstaculiza la liberación de la defensora mexicana.

Desde Honduras nos preocuparía conocer que la detención de la defensora comunitaria Nestora Salgado se trate de un caso de criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México en represalia a la labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.

Es por ello que pedimos a las Embajada que Usted representa, pueda allegarnos información sobre la situación actual de la defensora y las acciones que el Gobierno mexicano realiza para garantizar la liberación de la defensora.

Quienes integramos la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras estaremos al tanto de lo que suceda y nos unimos a la exigencia internacional que demanda la inmediata e incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado; así como la reparación integral del daño para la defensora y su familia.

Sin más por el momento quedamos atentas de cualquier información.

Atentamente,

Yessica Trinidad,(Red Nacional de Defensoras), Roxana Corrales (Asociación por el Desarrollo de la Peninsula de Zacate Grande), Karla Maria Lara(Red Nacional de Defensoras) , Denia Chinchilla ([INESCOH), Katherin Cruz (Secretaria de la Mujer del Partido Socialista de los Trabajadores), Suyapa Martinez (Centro de Estudios de la Mujer- Honduras), Miriam Suazo Elvir (Centro de Estudios de la Mujer- Honduras), Gilda Maria Rivera (Centro de Derechos de la Mujer, CDM) Hogla Teruel (Centro de Derechos de la Mujer, CDM), Griselda Lupi (Red de Mujeres Contra la Violencia de Choluteca), Consuelo Castillo (Observatorio Permanente de Derechos Humanos en el Aguán) , Karen Lara (Red Nacional de Defensoras), Lorena Alfaro (Red de Mujeres Contra la Violencia de Choluteca), Lorena Zelaya (Red Nacional de Defensoras), Dilcia Zavala (Asociadas por lo Justo, JASS), Zulema Cruz (Red de Mujeres Contra la Violencia de Santa Ana), Dilcia Dinora Cruz (Red de Mujeres Contra la Violencia de Santa Ana), Silvina Murillo (Red de Mujeres Contra la Violencia de Santa Ana), Nubia Casco (Red de Mujeres Contra la Violencia de Ojojona), Noemí Dubón (Foro de Mujeres Por la Vida), Marta Velasquez (Foro de Mujeres Por la Vida), Lucidalia Mercado (CESADEH), Maria Tomasa Morales(PEN Internacional), Daysi Flores (Asociadas por lo Justo, JASS), Betty Vasquez (Movimiento Ambientalista Santabarbarence), Etelbina Calix (Red de Mujeres Contra la Violencia de Santa Maria de la Paz), Bertha Cáceres (Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH), Bertha Zúniga (Coordinadora de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH), Andrea Paz (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ), Mercedes Lainez (Red de Mujeres de la Divina Providencia), Ana Lucia Armijo (Circulo de Estudios Feministas), Merary Avila ([Feministas Universitarias), Kely Nuñez (Secretaria de la Mujer del Partido Socialista de los Trabajadores).

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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