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Justicia pendiente

Jose Humbertus Pérez Espinoza, defensor de falsos culpables, denuncia amenazas del fiscal de Edomex

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Por Ignacio García

El defensor de derechos humanos y falsos culpables, José Humbertus Pérez, denunció que ha recibido diferentes amenazas de muerte y represalias a sus defendidos en prisión por parte del fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por su labor en la defensa de falsos culpables en esa entidad.

El defensor de derechos humanos dijo que buscará una audiencia con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, debido a la persecución que han realizado las autoridades judiciales del estado en contra del movimiento de Presunción de Inocencia, que encabeza a favor de los falsos culpables y sobrevivientes de tortura en las cárceles del Estado de México.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, los jueces de ejecución actuaron de forma ilegal al realizar traslados de internos de los penales mexiquenses sin obtener la sentencia de los jueces de control, por lo que también acudieron al penal de Otumba por las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, acudieron al penal de Chiconautla por los traslados ilegales de los presos que fueron acusados de delitos que no cometieron, por lo que enfatizó la existencia de la fabricación de carpetas de investigación por parte de la fiscalía del Estado de México.

De la misma manera, han atendido casos de otros presos que podrían ser trasladados de forma ilegal a otros centros de reclusión en el Estado de México, lo cual implica también riesgos por la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad que están siendo defendidas por Presunción de Inocencia.

José Humbertus se ha destacado por estudio y la propuesta de una ley de amnistía para delitos de alto impacto en el Congreso del Estado de México y ha sustentado jurídicamente la propuesta de ley que podría poner en libertad a más de 15 mil personas que sufrido irregularidades en sus procesos, desde estar sin sentencia por más de dos años hasta la tortura para incriminarse o incriminar a otros.

Debido a las amenazas recibidas, Humbertus señaló que buscará la protección del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que junto con las amenazas también se han desplegado campañas mediáticas en su contra por parte de las autoridades estatales para afectar su imagen como defensor de derechos humanos.

Señaló que han sido periodistas que lo han alertado de estas campañas de desprestigio y de un posible atentado en su contra por su movimiento de Presunción de Inocencia que tendrá su próxima marcha sobre la Avenida Reforma, de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Senado de la república.

En esta marcha se exigirá que la Comisión especial de investigación del Senado para el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico y amigo del senador Ricardo Monreal, quien enfrenta un proceso por cargos de homicidio en Veracruz, sea una comisión ordinaria, con facultades de investigación para todos los casos de falsos culpables y tortura en México.

 

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Justicia pendiente

OMS mantiene alerta máxima contra pandemia de Covid-19 a 3 años de inicio de contingencia

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A tres años de haber declarado el inicio de la pandemia de Covid-19 en el mundo, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que mantienen la alerta máxima por la contingencia sanitaria por el Covid-19.

El responsable de la OMS sostuvo que siguen las recomendaciones sobre las medidas de bioseguridad en el mundo, debido a que continúa como una enfermedad con una elevada presencia entre la población.

De acuerdo con el titular de la OMS, se han presentado casos al alza en el planeta, principalmente en aquellas regiones donde se han relajado las medidas de bioseguridad como el uso de cubrebocas en espacios públicos, así como concentración elevada de la población.

Recordó que en los últimos dos meses esta enfermedad ha causado más de 174 mil muertes en el mundo, y desde que se contabilizó el primer padecimiento en diciembre de 2019 se han reportado un total de seis millones 804 mil 491 decesos por esta enfermedad.

Asimismo, llamó a las autoridades de los diferentes países continuar con las campañas de vacunación en la población, principalmente para los sectores más vulnerables que padecen factores de comorbilidad como la hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo y diabetes.

La OMS señaló el 30 de enero de 2020 el inicio de la emergencia sanitaria ocasionada por el incremento de casos de Covid-19 en China y que se podrían propagar por el resto del mundo causando una contingencia sanitaria global.

 

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Justicia pendiente

Familiares de activistas desaparecidos en Colima exigen justicia a gobierno federal

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Familiares y amigos de los activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos el pasado 15 de enero en los límites de Colima y Michoacán, exigieron justicia al gobierno federal para localizarlos con vida.

Los parientes del abogado y del líder comunal reclamaron en las instalaciones de la Procuraduría Agraria federal en la Ciudad de México para localizarlos, después de casi 15 días después de su desaparición y cuyo paradero desconocen.

De acuerdo con los familiares de los activistas, su desaparición ocurre en un contexto de injusticia agraria y la forma de no respetar y cuidar los procesos de los pueblos para elegir a sus autoridades.

Asimismo, consideraron que los activistas fueron desaparecidos por un grupo cercano a la empresa minera Ternium, la cual ha utilizado diferentes estrategias para evitar que haya una representación comunal elegida democráticamente.

También demandaron impulsar una reforma agraria avanzada que complemente a la actual Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, pues actualmente no garantizan la protección de los derechos colectivos frente a intereses privados, lo que origina conflictos.

Desde el pasado 15 de enero grupos de activistas defensores de derechos humanos denunciaron la desaparición de Lagunes y Díaz, quienes habían realizado una defensa de las comunidades para la protección del medio ambiente, por lo cual habían recibido diferentes amenazas de grupos criminales

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Justicia pendiente

México, responsable por violar libertad y presunción de inocencia en caso Tzompaxtle Tecpile

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cidh

Las violaciones se dieron al aplicar el arraigo y la prisión preventiva en 2006

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de enero de 2023.- En la Sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de México es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial cometidas en contra de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en el marco de su detención y privación a la libertad, como parte del proceso penal del que eran objeto.

México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la violación de los derechos que la Comisión Interamericana identificó como violados en su Informe de Fondo y firmó un Acta de Entendimiento con los representantes de las víctimas del caso.
El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí. Las víctimas fueron detenidas el 12 de enero de 2006 en la carretera México-Veracruz cuando su automóvil se descompuso y luego de que una patrulla de la policía que se había acercado realizara una requisa del vehículo, habiendo encontrado elementos que consideraron incriminantes y eventualmente relacionados con la delincuencia organizada.

Durante dos días fueron interrogados y mantenidos incomunicados. Con posterioridad fue decretada una medida de arraigo que implicó su confinamiento por más de tres meses hasta que fue decretada la apertura del proceso penal por el juez de la causa y las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por un período de 2 años y medio aproximadamente. El 16 de octubre de 2008 fue pronunciada la Sentencia en firme que absolvió a las víctimas del delito de violación a la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo, y el mismo día, fueron liberadas.

El caso abordó el análisis de dos figuras que se encuentran establecidas en la normatividad mexicana: el arraigo y la prisión preventiva. Con respecto al arraigo, establecido en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia de 1996 así como en el artículo 133 bis al Código Federal Procesal Penal de 1999, la Corte consideró que, por tratarse de una medida restrictiva a la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, resultaba contraria al contenido de la Convención, en particular vulneraba per se los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada.

Asimismo, concluyó que el Estado vulneró su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído, a la presunción de inocencia y a no declarar contra sí mismo, en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López por la aplicación de esa figura en el caso concreto.

Comunicado
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Corte IDH_CP-08/2023 Español

En cuanto a la prisión preventiva, que fue aplicada en el caso, y que era contemplada en el artículo 161 del Código Federal Procesal Penal de 1999, la misma resultaba per se contraria a la Convención Americana porque no hacía mención a las finalidades de la prisión preventiva, ni a
los peligros procesales que buscaría precaver, ni tampoco a la exigencia de hacer un análisis de la necesidad de la medida frente a otras menos lesivas para los derechos de la persona procesada, como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad. Además, el referido artículo establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales, sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.

En esa medida, la Corte concluyó que el Estado vulneró el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, y a la presunción de inocencia en perjuicio de las víctimas.

El Tribunal también indicó que las condiciones de incomunicación y aislamiento en las que las víctimas estuvieron privadas de su libertad bajo la figura del arraigo violaron su derecho a la integridad personal, y que la requisa del vehículo en el que se encontraban vulneró su derecho a la vida privada. Por último, la Corte expresó que el Estado era responsable por una vulneración al derecho a la vida privada en perjuicio de Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile por los cateos llevados a cabo en la casa de su madre, así como en una tienda que era el negocio de la familia.

En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación: a) dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal; b) adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva; c) realizar las publicaciones y difusiones de la Sentencia y su resumen oficial; d) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; e) brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten, y f) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de costas y gastos.
***
La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Ricardo C. Pérez Manrique, Presidente (Uruguay); Humberto Antonio Sierra Porto, Vicepresidente (Colombia); Nancy Hernández López, Jueza (Costa Rica); Verónica Gómez, Jueza (Argentina); Patricia Pérez Goldberg, Jueza (Chile), y Rodrigo Mudrovitsch, Juez (Brasil).

El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot de nacionalidad mexicana, no participó en la tramitación del presente caso ni en la deliberación y firma de esta Sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 y 19.2 del Reglamento de la Corte.
***
El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

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