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Justicia pendiente

Jose Humbertus Pérez Espinoza, defensor de falsos culpables, denuncia amenazas del fiscal de Edomex

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Por Ignacio García

El defensor de derechos humanos y falsos culpables, José Humbertus Pérez, denunció que ha recibido diferentes amenazas de muerte y represalias a sus defendidos en prisión por parte del fiscal General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, por su labor en la defensa de falsos culpables en esa entidad.

El defensor de derechos humanos dijo que buscará una audiencia con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, debido a la persecución que han realizado las autoridades judiciales del estado en contra del movimiento de Presunción de Inocencia, que encabeza a favor de los falsos culpables y sobrevivientes de tortura en las cárceles del Estado de México.

De acuerdo con el defensor de derechos humanos, los jueces de ejecución actuaron de forma ilegal al realizar traslados de internos de los penales mexiquenses sin obtener la sentencia de los jueces de control, por lo que también acudieron al penal de Otumba por las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, acudieron al penal de Chiconautla por los traslados ilegales de los presos que fueron acusados de delitos que no cometieron, por lo que enfatizó la existencia de la fabricación de carpetas de investigación por parte de la fiscalía del Estado de México.

De la misma manera, han atendido casos de otros presos que podrían ser trasladados de forma ilegal a otros centros de reclusión en el Estado de México, lo cual implica también riesgos por la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad que están siendo defendidas por Presunción de Inocencia.

José Humbertus se ha destacado por estudio y la propuesta de una ley de amnistía para delitos de alto impacto en el Congreso del Estado de México y ha sustentado jurídicamente la propuesta de ley que podría poner en libertad a más de 15 mil personas que sufrido irregularidades en sus procesos, desde estar sin sentencia por más de dos años hasta la tortura para incriminarse o incriminar a otros.

Debido a las amenazas recibidas, Humbertus señaló que buscará la protección del Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, que junto con las amenazas también se han desplegado campañas mediáticas en su contra por parte de las autoridades estatales para afectar su imagen como defensor de derechos humanos.

Señaló que han sido periodistas que lo han alertado de estas campañas de desprestigio y de un posible atentado en su contra por su movimiento de Presunción de Inocencia que tendrá su próxima marcha sobre la Avenida Reforma, de la Ciudad de México, del Ángel de la Independencia al Senado de la república.

En esta marcha se exigirá que la Comisión especial de investigación del Senado para el caso de José Manuel del Río Virgen, exsecretario técnico y amigo del senador Ricardo Monreal, quien enfrenta un proceso por cargos de homicidio en Veracruz, sea una comisión ordinaria, con facultades de investigación para todos los casos de falsos culpables y tortura en México.

 

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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Justicia pendiente

Presos en Atlacholoaya denuncian hacinamiento por traslado debido a presunto brote de hepatitis

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Por Ignacio García

Presos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, Morelos, denunciaron que más de 60 internos fueron trasladados en condiciones insalubres a 11 celdas por un supuesto brote de hepatitis C, en donde se encuentran en riesgo de contraer otras enfermedades por la falta de higiene y hacinamiento.

De acuerdo con los internos, desde el sábado pasado fueron trasladados a celdas que tienen la capacidad para una persona, en donde están albergando a más de 60 presos, sin el uso de cubrebocas, con poco acceso al agua y con problemas de contagios de piojos, así como de tuberculosis, por lo que temen de padecer otras enfermedades.

Los presos señalaron que estas acciones comenzaron tras una campaña de la Secretaría de Salud de Morelos contra la hepatitis tipo C, por lo que todos los reos tenían que realizarse las pruebas de forma obligatoria, pues de lo contrario serían considerados como casos positivos; sin embargo, una semana después les volvieron a realizar pruebas sin entregarles los resultados.

Posteriormente, las autoridades penitenciarias les informaron que la mayoría de los internos resultaron positivos de la enfermedad, pero no recibieron tratamiento médico, aunque fueron trasladados a una zona de aislamiento para no contagiar a los demás presos, donde se encuentran sin acceso a los servicios básicos.

Los presos han reclamado la violación de derechos humanos cometidas por las autoridades penitenciarias, pues la mayoría de las personas que fueron enviadas a las celdas especiales no presentaron ningún síntoma asociado a la hepatitis, pero se encuentran vulnerables a otras enfermedades.

El Cereso de Atlacholoaya, Morelos, se ha caracterizado por las constantes violaciones a los derechos humanos de los internos que recurrentemente han denunciado los agravios que han cometido las autoridades penitenciarias como el hacinamiento, falta de higiene, así como agresiones físicas por parte de los custodios.

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