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Justicia pendiente

Declarado inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que criminalizaba la protesta

Aprobado en 2012, la norma ha servido a las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

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Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya

Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Durante el pleno de este lunes, seis de los once ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito – previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México- por considerar que viola el principio de legalidad.

La Corte concluyó que la definición amplia e imprecisa de la norma hace imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivas y supone una amenaza para la libertad de expresión. Únicamente el ministro Pardo Rebolledo y la Ministra Luna Ramos votaron a favor de la constitucionalidad del artículo.

Este delito fue tipificado en el año 2002, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, junto con el polémico artículo 362 que establecía de 5 a 30 años de prisión por “ataques a la paz pública”. El gobierno de Mancera, en 2012, promovió una reforma que aumentó a dos años de prisión, en lugar de la pena de 90 a 180 días de semilibertad establecidas, la sanción por el delito de ultrajes a la autoridad, y redujo la fijada para el delito de ataques a la paz pública a condenas de 2 a 7 años de prisión.

Sin embargo, el gobierno perredista modificó las leyes en medio de un clima de crecientes enfrentamientos entre policías y manifestantes de la capital mexicana, y lejos de derogar los dos controvertidos artículos del Código Penal, algunos miembros del partido trataron de endurecer nuevamente las penas.

El primero de Diciembre de 2012, durante la protesta organizada por #Yosoy132 en la toma de protesta presidencial de Enrique Peña Nieto, se operó una violenta represión con decenas de detenidos que fueron procesados con el artículo 362. Entonces, 79 hombres fueron llevados al reclusorio norte y 11 mujeres al Penal Femenil de Santa Martha, después de haber sido incomunicados en la Agencia 50 del Ministerio Público conocido como “el Bunker”.

En los años siguientes, el gobierno capitalino también ha utilizado este aparato legislativo para presionar la movilización social, especialmente en eventos como el desalojo del plantón que la CNTE sostenía en el Zócalo o la represión contra las protestas de 2014 que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado conjunto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Liga de Abogados 1DMX y la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, valoraron positivamente la declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, que “supone un claro llamamiento a las autoridades de la Ciudad de México para eliminar tanto en su legislación como en su práctica las previsiones y actos que atentan contra la libertad de expresión”.

Las organizaciones firmantes estman que el uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.

“La decisión de la Corte supone un avance en la defensa de las libertades, no sólo en la Ciudad de México, dónde se han registrado numerosos casos de represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta social, sino a nivel nacional”.

Las organizaciones i(dh)eas y FLEPS consideran que esta decisión debe servir para que en las instituciones de la Ciudad de México, así como en otros estados del país, se deroguen aquellos tipos penales “que coartan el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, y sobre todo aquellas que favorecen el ejercicio de una política punitiva y represiva”.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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