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Justicia pendiente

Declarado inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que criminalizaba la protesta

Aprobado en 2012, la norma ha servido a las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el derecho a la protesta y la libertad de expresión.

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Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya

Actuación policial en Ciudad de México contra la marcha de maestros de la CNTE / Foto: Eneas de Troya

Los Ángeles Press

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de “ultrajes a la autoridad”, usado de forma reiterada por las autoridades de la Ciudad de México para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Durante el pleno de este lunes, seis de los once ministros se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad del delito – previsto en el artículo 287 del Código Penal de la Ciudad de México- por considerar que viola el principio de legalidad.

La Corte concluyó que la definición amplia e imprecisa de la norma hace imposible para la sociedad conocer qué conductas podrían ser delictivas y supone una amenaza para la libertad de expresión. Únicamente el ministro Pardo Rebolledo y la Ministra Luna Ramos votaron a favor de la constitucionalidad del artículo.

Este delito fue tipificado en el año 2002, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, junto con el polémico artículo 362 que establecía de 5 a 30 años de prisión por “ataques a la paz pública”. El gobierno de Mancera, en 2012, promovió una reforma que aumentó a dos años de prisión, en lugar de la pena de 90 a 180 días de semilibertad establecidas, la sanción por el delito de ultrajes a la autoridad, y redujo la fijada para el delito de ataques a la paz pública a condenas de 2 a 7 años de prisión.

Sin embargo, el gobierno perredista modificó las leyes en medio de un clima de crecientes enfrentamientos entre policías y manifestantes de la capital mexicana, y lejos de derogar los dos controvertidos artículos del Código Penal, algunos miembros del partido trataron de endurecer nuevamente las penas.

El primero de Diciembre de 2012, durante la protesta organizada por #Yosoy132 en la toma de protesta presidencial de Enrique Peña Nieto, se operó una violenta represión con decenas de detenidos que fueron procesados con el artículo 362. Entonces, 79 hombres fueron llevados al reclusorio norte y 11 mujeres al Penal Femenil de Santa Martha, después de haber sido incomunicados en la Agencia 50 del Ministerio Público conocido como “el Bunker”.

En los años siguientes, el gobierno capitalino también ha utilizado este aparato legislativo para presionar la movilización social, especialmente en eventos como el desalojo del plantón que la CNTE sostenía en el Zócalo o la represión contra las protestas de 2014 que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mediante un comunicado conjunto, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Liga de Abogados 1DMX y la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos i(dh)eas, valoraron positivamente la declaración de la inconstitucionalidad de este artículo, que «supone un claro llamamiento a las autoridades de la Ciudad de México para eliminar tanto en su legislación como en su práctica las previsiones y actos que atentan contra la libertad de expresión».

Las organizaciones firmantes estman que el uso de este tipo penal, y de otros de similar naturaleza, no sólo supone un problema jurídico, sino también responde a una lógica política que plantea responder al descontento social a través de la represión, negando el ejercicio de los derechos humanos de la población.

«La decisión de la Corte supone un avance en la defensa de las libertades, no sólo en la Ciudad de México, dónde se han registrado numerosos casos de represión, uso excesivo de la fuerza y criminalización de la protesta social, sino a nivel nacional».

Las organizaciones i(dh)eas y FLEPS consideran que esta decisión debe servir para que en las instituciones de la Ciudad de México, así como en otros estados del país, se deroguen aquellos tipos penales «que coartan el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta social, y sobre todo aquellas que favorecen el ejercicio de una política punitiva y represiva».

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Justicia pendiente

FGR abre carpeta de investigación por colapso de mina que dejó a 10 trabajadores atrapados

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La Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación por la comisión de posibles delitos federales que provocaron el colapso de la mina de carbón en el poblado de Aguijita, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados diez mineros.

De acuerdo con la FGR, se realizan labores de criminalística de campo, fotografía forense, entrevistas de testigos, identidad de propietarios ocupantes de la mina e identificación de los mineros atrapados.

La fiscalía federal recolectó información sobre el registro de los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de las inspecciones que realizó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre las condiciones laborales de los mineros previo al colapso.

Por su parte, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, informó que un total de 557 personas, seis perforadoras y 25 bombas sumergibles trabajan para rescatar a los trabajadores atrapados en la mina de carbón en Villa de Agujita que permanecen suspendidos desde el miércoles pasado.

La funcionaria federal explicó que en la zona hay un volumen de extracción de 25 mil 400 metros cúbicos, con un acumulado total de 70 mil 794 metros cúbicos, por lo que continuarán las labores de extracción por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En tanto, los familiares de diez mineros aseguraron que el nivel del agua de la mina disminuyó, por lo que esperan que al no filtrarse nuevamente el agua podrían avanzar las labores de rescate de los mineros y podrían ser recuperados en esta semana si arriban más máquinas.

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Justicia pendiente

Organizaciones internacionales alertan que 2022 podría ser el año más trágico para el periodismo en México

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Diferentes organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos advirtieron que este 2022 podría convertirse en el año más trágico para el periodismo en México, debido a que hasta el momento 13 comunicadores han sido asesinados.

La organización Reporteros Sin Fronteras enfatizó que la tendencia de asesinatos a periodistas en este año ha colocado a México como el país más riesgoso para ejercer el periodismo en el mundo, incluso con una tendencia mayor a los países que están en guerra.

De la misma manera, la organización Artículo 19 también lamentó el clima de violencia que predomina en México para el ejercicio del periodismo, ya que existe una incertidumbre sobre las condiciones en las que laboran los comunicadores en diferentes regiones del país afectadas por el crimen organizado.

Asimismo, la organización Human Right Watch también sostuvo que el Estado mexicano no ha garantizado condiciones de seguridad para el pleno ejercicio del periodismo en el país, pues predominan condiciones de abandono por parte de las autoridades municipales, estatales y federales con un mecanismo de protección que ha sido deficiente para su atención.

También la organización Amnistía Internacional (AI) mencionó que el ejercicio del periodismo es fundamental para la construcción de sociedades democráticas, por lo que los ataques a estas organizaciones inciden en derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.

En lo que va de este año, en México un total de 13 comunicadores han sido asesinados en el país, los cuales en su mayoría permanecen en la impunidad, mientras que desde el 2000 han sido ejecutados más de 165 profesionales de la información.

 

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Justicia pendiente

Colectivo Aequus pide intervención de Sheinbaum para atención de madre de desaparecida en CDMX

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El colectivo Aequus.Promoción y Defensa de los Derechos Humanos pidió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que intervenga en la atención médica que requiere Herminia Valverde Morales, madre de Maricela Vanessa Díaz Valverde, desaparecida desde el pasado 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

Por medio de un comunicado, el director del colectivo Aequus, Víctor Caballero, señaló que la situación de la madre de familia es indignante, pues desde hace seis meses su familia solicitó la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México para agilizar su atención médica.

De acuerdo con el representante del colectivo defensor de los derechos humanos, Herminia Valverde no ha recibido la atención médica integral que merece, por lo que su salud se ha deteriorado y no se trata de una concesión del organismo local, sino de un derecho humano básico que se le ha negado.

Recordó que la Ley General de Víctimas establece que el Estado mexicano debe garantizar medidas de protección a los familiares de las víctimas de desaparición para evitar una victimización secundaria.

Por ello, enfatizó que la madre de familia no puede ser víctima de la negligencias de las autoridades mexicanas, por lo que también se debe garantizar la atención integral y la reparación del daño por parte del Estado mexicano para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

El colectivo enfatizó que la mandatario capitalina debe atender directamente este caso para que la salud de la madre de familia no se deteriore más y se pueda atender como corresponde, aunado a que se tenga acceso a la carpeta de investigación que se abrió por su desaparición.

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