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Mexico Violento

Decenas de familias huyen de la violencia en Apaxtla Guerrero

Apaxtla Guerrero es el nuevo escenario del éxodo de familias a causa de la violencia en México sin que las autoridades puedan evitarla

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En Apaxtla jornada de violencia. Foto: prensalibre.com

En Apaxtla jornada de violencia. Foto: prensalibre.com

*El ejército llega tarde y la Policía federal ausente por amenazas

Por Flor Miranda

IGUALA, Guerrero.- Decenas de familias de la cabecera municipal y diversas comunidades de Apaxtla iniciaron un éxodo, desde el 21 de mayo pasado, al sentirse asechados por los grupos de crimen organizado que dominan la región norte del estado de Guerrero.

Tras los últimos hechos violentos, al menos 15 familias han dejado sus lugares de origen tan sólo entre el domingo y lunes, aunque la cifra podría ser mucho mayor, pues no hay un registro oficial.

Cabe recordar que el pasado domingo, una organización criminal que se movió en grupos y tomó la cabecera municipal durante más de 3 horas, asesinó a 6 personas, agredió varios domicilios y quemó automóviles. Según las versiones que han corrido de los hechos, se apoderaron de los accesos y salidas del pueblo y se apoderaron del servicio público.

Además, habrían ingresado a varios domicilios en busca de personas de las cuales, no a todas encontraron. Sin embargo, según denuncias de los pobladores, en la irrupción que realizaron a los domicilios, golpearon y humillaron a varios “inocentes”, además de que “se llevaron a gente que nada tenía que ver con ellos”.

Tras estos hechos, decenas de familias han decidido abandonar la región en busca de mejores condiciones de vida, principalmente por la cuestión de la inseguridad y violencia que viene presentándose desde hace algunos años en Apaxtla.

Según algunas de las personas, decidieron salir porque en el pueblo están pagando “justos por pecadores”, ya que los grupos criminales, al no encontrar a las personas que buscan, se llevan a otras inocentes.

Por ello, ante el temor de ser víctimas de algún hecho violento, decidieron salir del municipio y de la región, para refugiarse en otras ciudades del estado, o incluso fuera de esta entidad guerrerense.

Los temerosos ciudadanos de Apaxtla, han dejado su vida y la mayor parte de sus bienes y pertenencias. Otros han decidido dejar sus trabajos e ir en busca de una nueva vida y otras fuentes de dinero en otros lugares, aunque han salido a la aventura, sin conocer sus destinos, o sin saber cuándo regresarán a su tierra natal.

En las terminales de autobuses de la Región Norte, principalmente en Iguala y Taxco, se pudieron ver a varias personas oriundas de Apaxtla, definiendo apenas el destino a donde se irían en busca de su futuro.

Uno de los inconformes que por obvias razones se negó a proporcionar sus generales, explicó que la situación es más complicada de lo que se ha difundido en los medios de comunicación. Dijo que ni siquiera el gobierno (al parecer) están al tanto de lo que han tenido que pasar los pobladores.

“Allá es complicado estar, los delincuentes actúan a su antojo y nadie hay que les pueda decir algo. Los trabajadores han decidido sin avisar, irse a otras ciudades. Muchas familias decidieron quedarse a sabiendas de que en cualquier momento los pueden matar, pero nosotros y muchas familias más decidimos salirnos”; denunció.

Dijo que tanto la cabecera como las comunidades sufren la misma situación.

Una mujer, reconoció que está la presencia del Ejército Mexicano en Apaxtla, sin embargo, reprochó: “Pero no sé de qué sirve porque siempre los militares llegan después de la balacera, cuando ya están los muertos; así pasó en esta última balacera”.

Dijo que los delincuentes ingresan a los hogares y “hacen lo que quieren”, luego, “salen con toda la calma y luego de un rato llegan los militares, cuando ya no hay nada”.

Además, afirmó que “desde hace un tiempo no se le ve a la Policía Federal en la zona, porque fueron amenazados por los delincuentes, por eso ya no van”.

 

Principal I

Fernández Noroña cometió violencia de género, determina TEPJF

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Por Ignacio García

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, incurrió en violencia política de género contra la legisladora federal del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila, por lo que ordenó que le ofrezca una disculpa pública.

La máxima autoridad electoral del país determinó que el legislador petista incurrió en violencia política de género contra la legisladora panista al realizar declaraciones ofensivas en un acto público en el Patio Vitral del Congreso de Tlaxcala en 2019, por lo que deberá ofrecerle una disculpa pública.

En primera instancia el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el legislador petista incurrió en agresiones política contra Adriana Dávila, por lo que dio vista a la Cámara de Diputados federal para que aplique una sanción correspondiente contra Fernández Noroña.

El TEPJF determinó que el legislador del partido de la estrella tome cursos en línea sobre perspectiva de género para que no vuelva a cometer otras agresiones, por lo que en caso de que incumpla con estas medidas el organismo electoral tomará medidas de apremio como inscribirlo en el Registro de Infractores de Violencia Política contra las mujeres.

Los magistrados del tribunal federal señalaron que no pueden permitir la violencia política de género contra ninguna mujer y por ello aplicaron esa sentencia contra Fernández Noroña, a quien el INE ordenó que ofreciera la disculpa pública, pero se negó a hacerlo.

Según el legislador federal, el INE se “cree la Santa Inquisición”, ya que supuestamente están violando el artículo 61 constitucional, aunque en el evento público en cuestión, aseguró que Dávila estaba relacionada en el delito de trata de personas en Tlaxcala y que era “una bocona”, por lo que la fracción panista interpuso la denuncia en contra de Fernández Noroña.

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Investigaciones

Las oscuridades de la familia Lebaron, entre masacres, sectas sexuales y juicios mediáticos

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Por Guadalupe Lizárraga

Asesinatos, secuestros, extorsiones y violencia sexual han sido parte de la vida familiar de los Lebaron por décadas en el norte de México. Incluso, los asesinatos entre hermanos y sus mujeres poligámicas los ha llevado a prisión y a suicidios, en ambos lados de la frontera, desde los años setenta. Además de profesar sus cultos religiosos basados en el Libro de Mormón, algunos de sus destacados miembros participaron en la secta sexual Nxivm, dirigida por Keith Raniere en Albany, Nueva York, y por Emiliano Salinas de Gortari, en México. No obstante, desde la guerra declarada contra el narcotráfico por Felipe Calderón, la violencia de los cárteles de la droga también ha alcanzado a la familia Lebaron.

La masacre

El hecho más reciente y dramático se perpetró el 4 de noviembre de 2019, con el asesinato de tres mujeres y seis menores, más otros seis menores lesionados, cuando viajaban en dos camionetas por un camino de terracería que conduce de Bavispe, Sonora, a Chihuahua. La familia Lebaron fue interceptada por un comando armado que les encendió fuego. Al día siguiente, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, daba un reporte sobre los hechos, lanzando la hipótesis de que grupos delictivos de ambas entidades “se disputaban el control de la zona” y la familia Lebaron había sido confundida con uno de los grupos.

Enseguida, Durazo dio la palabra al reportero Luis Cardona, exjefe de prensa de la alcaldía de Ciudad Juárez, durante el gobierno de Javier Corral, quien dijo que los responsables eran “Los Salazar” (en referencia al grupo de Adán Salazar Zamorano y Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quienes pagan condena sin sentencia desde 2011 y 2012, respectivamente, por el delito de delincuencia organizada, acusados con falsos testigos protegidos), y señaló que él había sido secuestrado en esa zona en 2012. El secretario de Estado asintió sin mayor evidencia que las palabras del reportero, por lo que el presidente López Obrador, de inmediato, paró la calumnia, tanto al reportero como a su subordinado, y posteriormente éste tuvo que disculparse frente a los medios.

Poco tiempo después, trascendió que el crimen lo había ordenado uno de los líderes de La Línea, de nombre Jesús Venzor Salas Aguayo, “El Chuyín”, y lo habían perpetrado Rodolfo González Montes “El 32”, Fredy Calles Romero “El Tolteca”, Gildardo Palomino Nieblas “El G3”, y los hermanos Ever José González Bournes “El Águila” y Víctor Noé González Bournes “El 500”, éstos últimos especialistas en el robo de minas.

Salas Aguayo había sido detenido en 2015, y sentenciado a 11 años de prisión con cargos de delitos contra la salud, portación de armas de fuego y cartuchos exclusivos del Ejército. Pero su apelación fue aceptada y se redujo su pena a ocho años, por lo que fue puesto en libertad condicional el 19 de diciembre de 2019, con un rastreador que se retiró el 6 de enero de 2020, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la República, que dijo haber perdido contacto con él. Salas Aguayo es el fugitivo número W032681616 de la Administración para el Control de Drogas (DEA), y la ficha roja en la Interpol está vigente. Sin embargo, el Diario.mx de Chihuahua, publicó los datos de sus propiedades en Villa Ahumada.

De acuerdo con la información del blog Borderland Beat sobre los narco banners que señalan a los responsables de la masacre Lebaron, en la imagen aparece:

-Jesús Salas Aguayo “El Chuyín”, líder de La Línea (Nuevo Cártel de Juárez).

-Miguel Ángel Gaxiola “El Ruso”, jefe de seguridad de “Mayo Zambada”.

-Miguel Ángel Munguía Villarreal y su hermano Ramón Munguía Villarreal “El Mon”, quienes son narcotraficantes en Hermosillo, y se hacen pasar por agricultores.

En la parte inferior del banner se encuentran los siguientes nombres y fotografías:

-Oscar Pascual de la Rocha “El Chapón”.

-Jesús Darío Murrieta Navarro “El Cara de Cochi”, sicario jefe de Rodrigo Páez Quintero.

-Rodrigo Páez Quintero, líder de “El Cartel de Caborca”.

-Víctor Noe González Bournes “El 500”, socio de su hermano “El Águila”. ambos escondidos en Moris, Chihuahua.

-Francisco Javier Espinoza Camacho “El Fino” o “Picipi”, quien es el principal operador del narcotraficante Juan Pablo Quintero Navidad en la ciudad de Guaymas y Empalme.

-Ever José González Bournes “El Águila” o “Pepe”, líder sicario de “La Línea”, acusado de participar en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Fredy Calles Romero “El Tolteca” también dijo ser jefe de sicarios de “La Línea” identificado como participante en el asesinato de la familia “LeBaron”.

-Felipe de Jesús Sosa Canizalez “El Yiyo”, capo de plaza en Nogales, Magdalena, Santa Ana, Cucurpe, Ures, San Pedro de la Cueva, y fue quien acusó junto a su cómplice Leonardo López el “20” o “Nayo” de haber ejecutado a Daniel Hernández, Comandante del PESP.

-Alfredo Olivas Valenzuela “Chapo Alfredo” o el “Alfa”, dirige operaciones en Obregón, Bacum y el Valle del Yaqui para Juan Pablo Quintero Navidad, es el padre del reconocido cantante de narco corridos Alfredito Olivas.

-Héctor Bernal Mercado “Chino Bitachi”, recién asesinado, era el jefe de sicarios del cartel de los hermanos “Munguía Villarreal”, operaba principalmente en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La violencia de La Línea, pasada por alto

El 8 de noviembre de 2019, de acuerdo con datos oficiales, en la Carretera Internacional Caborca-Sonoyta, a la altura del kilómetro 157, los hermanos González Bournes con el apoyo de Rodrigo Páez Quintero, entre otros, asaltaron un camión de valores de la empresa SVD que transportaba 47 lingotes de oro, propiedad de la minera Noche Buena, filial del consorcio Fresnillo PLC, con un valor superior a los 500 millones de pesos.

El 23 de marzo del 2020, en Caborca, según el reporte policiaco de la fiscalía estatal, las mismas personas, en caravana de diez vehículos, interceptaron a dos unidades de la empresa transportadora de valores SEPSA. Con un camión de volteo bloquearon el camino, que conduce a la mina de la carretera federal Nº 2, a la altura del ejido El Diamante, y rociaron gasolina, obligándolos a detener su marcha. En esa ocasión se apoderaron de barras de oro y plata, valorados en 180 millones de pesos.

Para el 8 de abril, lo hicieron de nuevo, ahora en Sahuaripa, en la mina Mulatos, la cual pertenece a la empresa Canadiense Álamos Gold.

Estos golpes de robos millonarios han sido vinculados al mismo grupo identificado como parte de los responsables de la masacre Lebaron, y pese a que hay detenidos, desde noviembre de 2019, según lo anunciado por el secretario de Seguridad Pública federal y el propio presidente López Obrador, el grupo delictivo sigue operando en la zona.

Los Lebaron y su conflicto con el Cártel de Juárez

Erick Preston Lebaron Ray, de 16 años, fue secuestrado el 2 de mayo de 2009, presuntamente por el Cártel de Juárez. El conflicto entre los dos bandos habría iniciado por un tráfico de cocaína vinculado a Erick. Sin embargo, a la semana fue liberado después de haber pagado el rescate.

En declaración ante el Ministerio Público, Carlos Butchereit, detenido como sospechoso de colaborar en el secuestro del joven, dijo que la familia Lebaron había pagado un rescate de 16,400 dólares por la liberación del hermano menor. La prensa local, por su parte, manejó un monto de 200 mil pesos mexicanos. Pero en el juicio de Keith Raniere, director de la secta sexual Nxivm, de quien recibían apoyo los Lebaron, se afirmó que el monto del rescate había sido por un millón de dólares. También trascendió que Jaime González-Pinón tenía órdenes de un superior del Cártel de Juárez, identificado como Óscar Carrasco Celis, de secuestrar a los Lebaron.

Dos meses después, Benjamín Lebaron Ray y su cuñado Luis Carlos Widmar Sttubs fueron secuestrados el 6 de julio de 2009. De acuerdo con los reportes de prensa, Luis y Benjamín fueron atados de pies y manos, y ejecutados horas después en un camino que va de la cabecera municipal de Galeana a Flores Magón, ubicado a 50 kilómetros de su vivienda. En el lugar de la ejecución dejaron un mensaje:

“Para los líderes de Lebaron que no creyeron y que no creen, esto pasó por los 25 que capturaron en Nicolás Bravo. Atte El Gral”.

El mensaje se refería a la denuncia de Benjamín Lebaron contra un grupo de 25 hombres vinculados al grupo delictivo La Línea, que perpetraba secuestros y ejecuciones en la región para el Cártel de Juárez, y que habían sido detenidos en un operativo del Ejército, en coordinación con las fiscalías estatal y federal.

Uno de los detenidos fue Ubaldo Iván Rohan Núñez, quien se identificó como miembro del Cártel de Juárez, confesó haber participado en el secuestro de Erick Lebaron y en los homicidios de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar.  No obstante, a los tres años de prisión, por medio de un tribunal de juicio oral obtuvo su libertad.

En sus declaraciones, Núñez destacó que vendía cocaína para el Cártel de Juárez, en el pueblo de San Buenaventura, y que él y su tío Jaime González Piñón, del mismo cártel, habían planeado los secuestros por disputas con uno de los hermanos Lebaron.

El tráfico de armas ilegales dentro de la Colonia Lebaron ha sido tolerado por los gobiernos locales de Chihuahua.

Raniere detrás del activismo de Julian Lebaron

Después de los asesinatos de Benjamín Lebaron y Luis Carlos Widmar, Julián Lebaron asumió el liderazgo del activismo en dos frentes, por una parte el del conflicto del agua en la región, y por otra el de la seguridad. Con respecto al agua, pese a que se presenta como defensor, ha sido acusado por agricultores y otros activistas de acaparar el recurso sobre todo en el Ejido Constitución, lo que ha intensificado el conflicto con otros grupos. Con respecto a la seguridad, el conflicto involucra al Cártel de Juárez y su brazo armado La Línea, pero también es un desafío abierto al hacer justicia por su propia mano.

Julian Lebaron en 2008, con Keith Raniere (el de las manos) en Albany, Nueva York. Foto: cortesía.

Durante el juicio de Keith Raniere se reveló que el apoyo que Nxivm daba a la familia Lebaron, incluía un entrenamiento para enfrentar a los cárteles con activismo político. Después de que la Corte de Distrito de Nueva York, encontrara culpable a Raniere de siete delitos, entre éstos, explotación sexual, crimen organizado y esclavitud laboral. En el memorándum de sentencia de Raniere, sus abogados destacaron en un apartado con el título “The Mexican Peace Project”, una narrativa con los testimonios de apoyo de Nxivm a los Lebaron. En el documento se destaca:

“Raniere y la comunidad NXIVM brindaron apoyo y aliento a la familia LeBaron, asegurándoles que la única forma en que la gente en México podría detener la violencia de los cárteles de la droga y las bandas armadas era a través de protestas pacíficas. Esto se debe, en parte, a que sectores del gobierno mexicano, especialmente a nivel local, fueron corrompidos por los cárteles poderosos, de modo que la gente no tenía a dónde acudir”.

Otro miembro de la familia, Wayne Lebaron narró cómo habían sido entrenados para enfrentar el crimen y dijo que Raniere había aconsejado a la familia sobre cómo abordar los secuestros en México, por lo que Benjamín formó una organización llamada Sociedad Organizada Segura (S.O.S Chihuahua):

“Keith y su equipo nos acogieron, y pasaron muchos días, mucho trabajo y esfuerzo para enseñarnos durante 4-5 semanas lo que él creía que nos ayudaría a lidiar los problemas de seguridad, en un área de de México que es superado por delincuentes, y lo hace de manera no violenta pero firme”.

Las cuatro opciones que sostenía Raniere a los Lebaron era 1) la negación de que el pueblo mexicano estaba siendo aterrorizado; 2) decía abrazar al miedo, ceder; 3) la opción de luchar de frente, pero ello atraería más violencia, les dijo, y 4) el activismo, y no pagar dinero por rescates exigidos. “Si la gente dejara de pagar el rescate, los secuestros cesarían”, señala el documento.

El periodista y escritor Juan Alberto Vázquez, de Brooklyn, Nueva York, dio cobertura completa al juicio de Keith Raniere, y es autor de Nxivm, la secta que sedujo al poder en México. En su investigación, destaca también la participación de Samantha y Julian Lebaron en la secta sexual, y refiere que la asistente fiscal Moira Kim Penza, afirmó a la prensa que Raniere creó una escuela de niñas en las que enroló a adolescentes mexicanas, “muchas de las cuales fueron reclutadas dentro de la comunidad de la familia de los Lebaron”, de Chihuahua. E incluso alude que tenían una “esclava de primera línea” que había llevado a las adolescentes a Albany, en referencia a Rosa Laura Junco, hija del empresario del Grupo Reforma.

El autor también menciona a Samantha Lebaron entre los miembros financiados bajo el esquema piramidal que hacían funcionar a Nxivm, y de haber sido una de las principales coach de la ideología Raniere.

La violencia sexual contra niñas

La periodista Lidya Cacho publicó, en febrero de 2013, el testimonio de varias mujeres de la comunidad de los Lebaron de Chihuahua, que daban cuenta del sometimiento sexual a la “doctrina del compromiso total” que consiste en derechos sexuales del patriarca sobre mujeres y niñas. Además de la poligamia, la periodista señala que el incesto es parte de las prácticas vigentes de la comunidad.

Otro de los señalamientos de Lidya Cacho, basados en las declaraciones de Alex Lebaron, siendo diputado federal por el PRI, en 2018, fue el uso de armas ilegales que poseen como comunidad, y de cómo se entrena incluso a las mujeres para que disparen contra quienes se acerquen a su territorio. Así fue como asesinaron a un militar que entró sin autorización, de acuerdo con lo admitido por el mismo exdiputado en entrevistas de medios.

El privilegio de la justicia

La familia Lebaron ha sido, de una u otra forma, privilegiada en atención por los gobiernos local y federal, en temas de justicia y seguridad por su fuerte presencia en los medios. Al día siguiente de la masacre, por ejemplo, el secretario Alfonso Durazo le ofreció toda la seguridad posible, pese a que Julián Lebaron dijo esa violencia no estaba vinculada directamente con su familia. Pero el secretario de Estado no fue así con la familia de Empalme, Sonora, que masacraron de la misma manera un mes antes, y que también se expuso en la conferencia matutina del presidente. Dos menores y dos adultos fueron calcinados dentro de su casa por miembros del CJNG para sembrar terror en Empalme y obligar a la comunidad a trabajar con ellos.

Sin embargo, Julián Lebaron ha denostado la ayuda del gobierno de López Obrador, y ha unido su liderazgo a movimientos de oposición política como el de Javier Sicilia y Gilberto de Jesús Lozano, dirigente de FRENA.

Javier Sicilia, Julián Lebaron y Gilberto Lozano, en alianza contra López Obrador.

Pese al uso de las armas ilegales, la violencia sexual contra mujeres y niñas y su influencia para que las adolescentes mormonas participaran en la secta de Nxivm, no ha habido una denuncia formal contra la familia Lebaron. No obstante, Julián, en su activismo mediático, ha pagado entrevistas en televisión para señalar falsamente a otras personas de la violencia en la que está inmersa la familia.

Mientras, los verdaderos responsables de la violencia en la comunidad mormona han sido identificados y algunos detenidos, la oscuridad sigue rondando a los Lebaron en Chihuahua.

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Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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