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Fabricación de culpables

Claudia Ivonne Sánchez Mayorga, culpable fabricada, pide intervención de López Obrador

El caso de Claudia Sánchez Mayorga, inculpada falsamente por trata sexual en CDMX

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue recluida en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de Ciudad de México, desde el 5 de septiembre de 2013, víctima de fabricación de culpables, fue golpeada en su detención con cinco meses de embarazo y le retiraron sin consentimiento la matriz y su proceso ha tenido irregularidades violatorias de derechos humanos, por lo que pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de una carta dirigida al mandatario federal, Sánchez Mayorga relató cómo fue detenida en un cateo ilegal a su domicilio, sin que se cumplieran las formalidades del Código Federal de Procedimientos Penales. Durante el cateo de ocho horas fue agredida física y verbalmente por los agentes, estando embarazada de cinco meses.

De acuerdo con la acusada, a su vivienda ingresaron elementos de la Policía Federal y peritos del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y le impidieron comunicarse con su defensa legal. Expuso que fue trasladada a la SEIDO, sin contar con una orden de aprehensión o de presentación y durante otras ocho horas estuvo aprehendida en dichas instalaciones, ya que los agentes del Ministerio Público dijeron que se trataba de un “caso urgente”.

Agregó que no le permitieron la participación de sus familiares como testigos, ni tampoco le informaron sobre los bienes que extrajeron de su domicilio durante el cateo. Recordó que fue arraigada durante 50 días por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y beneficio de la explotación sexual ajena, aunado a que la orden de aprehensión que le giraron después fue hecha en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, aunque los hechos por los que se le acusan ocurrieron en la Ciudad de México.

Afirmó que ante las irregularidades cometidas en su caso, debe concederse el auto de libertad absolutoria, aunado a que tampoco presentaron pruebas de su supuesta responsabilidad en la comisión de los delitos de fuero federal y ninguno de los acusantes la señala como responsable de esos ilícitos. Incluso, Sánchez Mayorga cuestiona por qué después de estar detenida, una jueza del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, fue quien giró su orden de aprehensión, si lo supuestos hechos que le imputan fueron en la Ciudad de México y ella es originaria y radicaba en esta ciudad.

También enfatizó que ninguna de las supuestas víctimas precisa que fuera ella, no dan su media filiación, ni proporciona datos que acrediten su responsabilidad. Además hubo inclusión de averiguaciones previas que no correspondían al caso por el que se le acusa y no ha sido sometida a ningún juicio conforme a Derecho, y durante su traslado al penal de Nayarit sufrió torturas y distintas agresiones cometidas en su contra y su bebé, a quien además le ponían el número de presidiaria en su ropita.

En 2016, fue trasladada al penal de Morelos con más agresiones, por lo que pidió la intervención del presidente de México para que fuera juzgada conforme a Derecho con las debidas pruebas, pero fue ignorada durante la administración de Enrique Peña Nieto. Dos asociaciones civiles, una bajo la dirección de Rosi Orozco y otra dirigida por Teresa Ulloa, las cuales recibían presupuesto público, les pagaban a las supuestas víctimas de trata 50 mil pesos para que declararan en contra de los acusados, además de las visas humanitarias para internarse en Estados Unidos tramitadas por la SEIDO.

Sánchez Mayorga señaló también que una de las supuestas activistas de acompañamiento a víctimas, Teresa Ulloa, le pidió la cantidad de $4 millones de pesos, para que declarara en su favor, y 418 mil pesos para la representación de Asociación civil Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dirigida por Teresa Ulloa. 

Carta al presidente López Obrador de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga:

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Fabricación de culpables

Quiénes torturaron a Israel Vallarta Cisneros

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Agentes de la AFI y hasta el reportero Pablo Reinah están entre los torturadores de Israel Vallarta

Los Ángeles Press

El caso de Israel Vallarta volvió a destacar en los medios y redes sociales luego de que el documental de Netflix, ‘El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal’, exhibiera el montaje y la fabricación de delitos que le hicieron a ambos personajes por parte del sistema de procuración de justicia mexicano.

Además de la fabricación de delitos y la exhibición mediática como secuestrador, Israel Vallarta Cisneros, quien se encuentra en prisión preventiva por más de 17 años, fue torturado y violado sexualmente en su detención, de acuerdo con los resultados del protocolo de Estambul publicado en Los Ángeles Press y las entrevistas a los peritos médicos hechas por la periodista Guadalupe Lizárraga.

Sin embargo, el caso se ha empantanado en el debate mediático debido a la perspectiva difundida por el corporativo de entretenimiento, y han quedado en el rezago judicial las denuncias contra los perpetradores de las torturas mencionados en el protocolo de Estambul.

Para saber más del tema: Netflix viola derecho de presunción de inocencia a Jacobo Tagle y protege a victimario de Israel Vallarta

Aquí la lista de los perpetradores:

Luis Cárdenas Palomino

Ex agente de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones y mano derecha de Genaro García Luna. Fue mencionado en 59 ocasiones por Israel Vallarta en su protocolo de Estambul identificándolo como su principal torturador. Cárdenas Palomino fue titular de Seguridad Regional y coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública Federal e incluso torturó a Vallarta frente a las cámaras de Televisa cuando se transmitió el montaje de su captura junto con Florence Cassez.

 

Pablo Reinah

El ex reportero de Televisa fue acusado por Israel Vallarta, mediante un testimonio que ventiló la periodista Emmanuelle Steels, de haberlo golpeado. Pablo Reinah también fue mencionado en el protocolo de Estambul como una de las personas que fue incitada por el propio Cárdenas Palomino para golpearlo, y previo al montaje televisivo propinó bofetadas a Vallarta.

Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol

Empresario de Tecnología de Inteligencia y seguridad privada fue mencionado 22 veces en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta, por haber intervenido directamente en las torturas a Israel propinándole patadas «una tras otra» y “con intensidad”. Según este documento oficial ordenado por el Consejo Federal de la Judicatura, «probablemente propinó (estas) patadas (que fueron) muy distintas a las que le realizaron los (integrantes de la) AFI«. Margolis ha sido denunciado también de ordenar las detenciones arbitrarias y tortura a George Khoury Layón por vía del expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, del mismo grupo de Cárdenas Palomino.

La editora recomienda: Tortura, secuestro y espionaje, vínculo Margolis con casos Israel Vallarta, George Khoury y Wallace

 

María Isabel Hernández Arzate, alias «Comandante Libra»

La ex comandante del área de secuestros de la AFI es acusada de violar sexualmente a Israel Vallarta con un tolete, además de darle golpes con un palo de escoba en la planta de los pies, torturarlo por aplastamiento, y de violencia verbal para su humillación. «Le introduce un palo por el ano, mientras le aplican corriente eléctrica en los testículos», se lee en una parte del protocolo de Estambul. Sin embargo, hasta este momento se desconoce alguna acción penal en su contra.

Israel Zaragoza Rico

Maestro de Derecho penal, con cédula Número: 9024565, obtenida en 2015. Intervino en la tortura de Israel Vallarta, bajo órdenes de Francisco Javier Garza Palacios, y presenció con burlas la violación sexual. En 2006, Zaragoza Rico fue nombrado director del área de Secuestros de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo la dependencia de la Procuraduría General de la República al mando de Eduardo Medina Mora. En 2011, fue nombrado coordinador regional de la Policía Federal en el estado de México.

Recibió órdenes de uno de los agentes de la AFI de golpear, amenazar e intimidar a Vallarta. Después de intervenir en la golpiza, «(Realizó) burlas al presenciar la violación», se añade en otra parte del informe.

Francisco Javier Garza Palacios

Licenciado en Derecho por la UNAM, con cédula cédula número 4109671, era director de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2005 cuando intervino en la tortura de Israel Vallarta. Luego ocupó el cargo de coordinador regional de la Policía Federal en Sonora y fue separado del cargo en 2007 tras permitir el paso de un convoy de sicarios del Cártel de Sinaloa con el que se le relacionó. Tras el enfrentamiento, García Luna lo incorporó a la Secretaría de Seguridad Pública en Colombia. En 2008 regresó a México para responder a investigaciones de la SIEDO por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fue quien ordenó a Israel Zaragoza Rico intensificar la tortura a Vallarta.

Lee más: Eduardo Margolis, de empresario de Seguridad a redentor justiciero y vengativo

José Aburto Pazos

Con cargo de suboficial, fue uno de los cuatro agentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que ingresaron al domicilio donde se realizó el montaje televisivo para la captura de Israel Vallarta y Florence Cassez. Ha sido comisario de la Policía Federal en San Luis Potosí, a partir de 2005.

Germán Ovidio Zabaleta Abad

Este hombre identificado como agente de la AFI es mencionado en el protocolo de Estambul de Israel Vallarta de haberlo torturado por «aplastamiento al sentársele encima” y de «burlarse al presenciar (su) violación». Enfrenta demandas por la empresa Transportes Unidos Castañeda en su cargo de subinspector, en 2018.

José Luis Escalona Aldama

Licenciado en Derecho, con Cédula Número: 9219813, por la UAEM, intervino directamente en la tortura de Israel Vallarta. En el protocolo de Estambul se menciona como responsable de haberle propinado una «golpiza con un objeto contundente, (le hizo) aplicación de corriente eléctrica y provocación de asfixia».

Además, dicho informe señala que hay otros siete perpetradores de tortura a Israel Vallarta observados que no han sido identificados con sus nombres.

 

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Con voz propia

El precio de la mentira: el caso Cassez-Vallarta

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¿Cuánto puede dañar una mentira?, se pregunta Xavier Sánchez sobre el caso Cassez-Vallarta

Uno no puede ponerse del lado
de quienes hacen la historia,
sino al servicio de quienes la padecen

Albert Camus

Por Xavier Sánchez

¿Cuánto nos cuesta, como individuos y sociedad, la mentira? ¿Cuánto nos cuesta, como país, un gobierno que miente, un gobierno que viola los derechos humanos de unos, fingiendo proteger los de otros?

¿Beneficia a alguien la farsa, que no sea a sus creadores? ¿Conviene el montaje considerando la inversión de recursos económicos, intelectuales y humanos que requiere sostenerlo? ¿Por qué hemos normalizado la mentira como únicos modus vivendi operandi posibles de nuestra clase política y del Poder Judicial mexicano, como si no hubiera otra opción?

Es inevitable cuestionar y cuestionarse al terminar de leer El teatro del engaño(Grijalbo, 2015), de la periodista belga Emmanuelle Steels, quien decidió descorrer y desgarrar el negro velo frío de una de las «verdades históricas» más infames del docenio panista.

Noveleta negra que inició en el sexenio de Vicente Fox y que enarboló con gran orgullo Felipe Calderón, la administración que vestía azul y terminó empapada de rojo sangre, con más de 120 mil muertos, aunque hay quienes calcularon 150 mil.

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Ese mismo gobierno que convirtió el cuerno de la abundancia en el cuerno del diablo, en la tierra de las narcofosas, las desapariciones forzadas, los desplazados, las narcomantas, las ejecuciones extrajudiciales, y en el que los carteles del narcotráfico arrasaron municipios enteros. Violencia extrema que no ha dejado de aumentar –en números y en saña– desde entonces.

Recuerdo vagamente el inicio del caso Cassez-Vallarta, que este libro desmitifica de cabo a rabo. No recuerdo porque, aquel viernes 9 de diciembre de 2005, estaba viendo la televisión cuando el matutino de Carlos Loret de Mola (Primero noticias, se llamaba entonces) transmitió en vivo la «detención» de la francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, de quienes entonces los mexicanos no teníamos idea y que no imaginábamos que se convertirían en los protagonistas de un linchamiento mediático, que duraría más de seis años. Mientras vi esa detención no noté nada extraño. Creía, como la mayoría de los mexicanos, en las historietas que Noticieros Televisa nos presentaba como verdad.

Prácticamente ningún medio de comunicación se quedó fuera de ese gran teatro del engaño. En los periódicos, reportajes, columnas, artículos de opinión, entrevistas, crónicas, primeras planas. En la televisión, notas, reportajes.

Una y otra vez la misma narrativa, la versión oficial que la mayoría creímos. Un guion con el que medios y autoridades se engolosinaron, añadiéndole detalles, adjetivos, escenas, diálogos.

Era como un fresco, un mural al que no se cansaron de agregarle colores, para convertirlo en un thriller dantesco, melodramático, que enturbió las aguas de la verdad y la justicia. Lo suficientemente impactante para indignar, lo suficientemente repetido y publicitado para creerlo al pie de la letra, al mejor estilo goebbeliano: «Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Una «malvada» pareja de secuestradores (Florence Cassez e Israel Vallarta), líderes de una nebulosa banda llamada «Los Zodiaco» habían sido detenidos, en un operativo emitido en vivo por el duopolio televisivo.

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Sádicos, codiciosos, torturadores. Villanos dignos de las páginas más negras de la prensa roja. Las presuntas víctimas del supuesto secuestro, principalmente un joven llamado Ezequiel, contando en televisión una y otra vez su secuestro, siempre acompañado por Isabel Miranda de Wallace, ya entonces convertida en la «activista» favorita del calderonismo.

¡Oh, truhanes! ¿Cómo han podido hacer tanto daño? ¡Sí, que paguen sus crímenes! ¡Castigo, castigo, que nunca salgan de la cárcel! ¡Hoguera para estos monstruos! El público gritaba ávido de una justicia que casi nunca llega a los mexicanos, absortos en una especie de catarsis como en las condenas de la Edad Media.

Se señaló a Cassez y Vallarta como torturadores, pero poco o nada dijeron los medios de esa época, de las torturas que sufrieron los supuestos victimarios, incluidos familiares de Israel que fueron igualmente arrestados y violentados para intentar darle verosimilitud a la historia.

Años después, tímidamente, se acepta parte de la mentira. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y Televisa se culpan mutuamente de haber sido los autores intelectuales de la detención televisiva de Florence Cassez e Israel Vallarta. Empero, esa escenificación no significaba que no fueran culpables, ni que el delito fuera falso, repitieron hasta el cansancio. Era necesario que todo México los creyera culpables, mientras no se exhibiera mediáticamente lo contrario.

Por eso cuando Florence Cassez fue liberada en 2013 por violaciones al debido proceso, la noticia cayó como bomba y aún en pleno 2019, miles de usuarios de redes sociales muestran enojo por su liberación; reflejo no solo de lo poderosa que es la manipulación mediática, sino de la falta de lectura en nuestro país, pues ya existen dos investigaciones periodísticas, una novela y tesis de Derecho que desmienten el thrillerde Genaro García Luna.

Lastimosamente no han faltado personajes identificados con la Cuarta Transformación que se pronuncian contra los periodistas que desmienten el caso, como hizo el año pasado la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, lanzándose contra Jorge Volpi y Emmanuelle Steels en sus redes sociales.

Pero, ¿a quién le importó Israel Vallarta y su familia? Eclipsados por el linchamiento público que vivió Cassez en la lucha por su libertad, permanecieron en la sombra hasta que la corresponsal en México de Radio France, Emmanuelle Steels, empezó a jalar del hilo que dejó flotando Florence. ¿Y si no solo Florence merecía la libertad? ¿Y si eran inocentes? ¿Y si fueron víctimas de una fabricación para ocultar algo aún más oscuro?

El teatro del engaño es el espejo de la decadencia humana de las autoridades, en el sexenio de Felipe Calderón. Una investigación crítica sobre los abusos y simulaciones del Poder Judicial y jurídico.

Una muestra de cómo una venganza se puede salir de control hasta involucrar a las más altas autoridades y poner en riesgo relaciones diplomáticas. Una historia de terror sin ficciones, como las cientos de miles que al periodismo le han faltado manos, voces y plumas para reportar.

Un libro que recuerda a El falso caso Wallace porque se repiten algunos de sus siniestros personajes, aterradoramente reales y aún poderosos. Investigación que sirvió como base e inspiración para Una novela criminal de Jorge Volpi, el cual ganó el premio Alfaguara y ha servido para que se conozca la verdad de este caso a nivel internacional.

¿Cómo es que no percibí nada raro en la «detención», si en el video que aún circula en YouTube es claro que algo no estaba bien?

¿Cuánto le cuesta la mentira a un país en que la impunidad roza el 100 por ciento, de acuerdo a diferentes estudios? ¿Cuál es el precio de que tengamos cárceles con un alto porcentaje de inocentes, y calles donde los delincuentes se pasean y operan con tranquilidad? ¿Cuál es el precio de nuestra ignorancia, inconsciencia e indolencia como sociedad, en un tema tan común en los hechos pero tan poco explorado en los medios de comunicación como lo es la fabricación de culpables?

¿El endurecimiento en las políticas punitivas llevaría a una reducción de la criminalidad, o estaríamos mandando un buen porcentaje de inocentes a la horca? ¿Cómo acabar con esas inercias que alientan la corrupción y la falsedad?

¿Cuál es el precio que pagamos cada vez que damos por hecho la culpabilidad de un presunto responsable, estigmatizado por los medios de comunicación? ¿Cuál es el precio –moral, social, económico, emocional– que pagan las familias de las víctimas de un montaje? ¿Cómo se les puede reparar un daño, que es incalculable? ¿Ha pensado este gobierno en políticas que ayuden a una verdadera e integral reparación del daño para estos casos?

Como escribió el año pasado la estupenda escritora española Almudena Grandes, sobre el libro de Jorge Volpi, en su columna del diario El País, yo tampoco puedo quitarme de la cabeza a Israel Vallarta, quien continúa preso, como los inculpados del caso Wallace.

Lee más: Jueza Hermelinda Silva, de CDMX, en la red de fabricación de culpables Margolis-Wallace

 

Y cada vez que veo una detención en un noticiero y la facilidad con la que se presentan culpables en la televisión, me pregunto cuántas veces nos habrán engañado medios y autoridades.

¿Cuántos de esos periodistas estarán conscientes de lo grave que puede resultar violar la presunción de inocencia? ¿Cuántos estarán conscientes de su papel en los linchamientos mediáticos, y cuántos lo realizarán sin saberlo? ¿Qué debemos hacer los periodistas y que debemos dejar de hacer?

No hay mejor momento que éste para leer El teatro del engaño, en que pequeñas rendijas de libertad de expresión empiezan a abrirse para tocar estos temas en medios de alcance masivo, como el pasado jueves 22 de agosto en que el periodista Julio Hernández López «Astillero» abordó el tema con amplitud, en su programa de Grupo Radio Centro, entrevistando a la familia Vallarta.

¿Cuántos libros como El teatro del engañoUna novela criminal El falso caso Wallace necesitamos para sacudirnos y entender que el precio de la mentira lo pagamos todos, y es demasiado caro –en tiempo, dinero, tranquilidad y vidas humanas– como para seguirlo pagando?

***

Este artículo se publicó originalmente en reversos.mx con la autorización de su autor.

 

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El Caso Wallace

El caso Wallace y el cerco mediático

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La periodista Guadalupe Lizárraga exhibe el cerco mediático que protege el falso caso Wallace

Entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, autora de ‘El Falso Caso Wallace’

Por Antonio Rosales

María Isabel Miranda de Wallace saltó a la escena pública tras el presunto secuestro y asesinato de su hijo, el 11 de julio de 2005. Este hecho no solo marcó el inicio de su organización Alto al secuestro, sino también de su candidatura al Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 y del Premio Nacional de Derechos Humanos, en 2010, que recibió de manos de Felipe Calderón, así como de una cuasi omnipresencia mediática y política en todos los asuntos relacionados con seguridad pública.

Su voz se volvió autoridad incuestionable en medios como Televisa, TV Azteca, Imagen y El Universal. Sin embargo, su imagen comenzó a derrumbarse tras su papel en casos como los de Florence Cassez, Fernando Martí, Nestora Salgado, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y los primeros cuestionamientos de la organización canadiense En Vero sobre el caso de su hijo.

El 7 de febrero de 2019, familiares de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato del hijo de la empresaria, Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace, se manifestaron en el centro de la Ciudad de México, afuera de Palacio Nacional, para pedir la revisión de la posible falsedad del caso.

Para saber más del tema: Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

 

No es la primera vez que se señala la posible fabricación del caso. En 2014, la periodista Anabel Hernández publicó un artículo al respecto en la revista Proceso, tras el cual Miranda amagó con demandarla. Guadalupe Lizárraga, fundadora de Los Ángeles Press, también investigó y publicó sobre el tema, y ha profundizado en ello desde hace cinco años. Como resultado, en diciembre del año pasado, en el Centro Cultural Donceles 66 de la capital del país, presentó su libro, El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018).

De acuerdo con lo declarado por los familiares y las investigaciones periodísticas de Lizárraga, las irregularidades en el proceso irían desde la fabricación de pruebas, falsedad de declaraciones, violación a la presunción de inocencia, y tráfico de influencias por parte de la PGR (durante el gobierno de Felipe Calderón) y de la presidenta de Alto al secuestro hasta el uso de la tortura (física y psicológica) para lograr confesiones que legitimen la versión de Isabel Miranda.

La única prueba científica que sostiene el caso, apuntan ambas periodistas y rememora el articulista Ricardo Raphael en una columna que mereció una respuesta airada de Wallace, es una gota de sangre que, en un inicio, la perito declaró que pertenecía a una mujer.  El resto del caso estaría construido con declaraciones bajo tortura.

Presentación del libro El falso caso Wallace, de Guadalupe Lizárraga. Foto: Reversos.mx

Wallace contra la libertad de prensa

La periodista Guadalupe Lizárraga, quien acompañó a los manifestantes y ha investigado el caso a fondo desde 2014, denunció que ha sufrido amenazas, dos intentos de secuestro y acoso por parte de la diputada de Morena, María de los Ángeles Huerta, para intentar acallarla.

“¿Por qué Isabel Miranda está en reuniones de Seguridad Pública, mientras sus víctimas son agredidas en cautiverio? Ese es nuestro mensaje a López Obrador, desde Palacio Nacional”, declaró en entrevista para el programa Sin censura.

En entrevista con el autor de esta nota, en diciembre pasado por la presentación de su libro, Lizárraga comentó:

-Todos los detenidos fueron torturados dentro de los penales, con violencia sexual. Es muy grave y en el caso de Jacobo (Tagle Dobin) ya hay consecuencias muy serias por su estado de salud.

“Todos los protocolos (para comprobar tortura) han salido positivos excepto el último, que es el de Juana Hilda González Lomelí y que es donde todavía Isabel Miranda da los últimos coletazos de corrupción para que no se lleven a cabalidad esos protocolos”.

Para saber más: Periodistas que colaboraron con Isabel Miranda en la incriminación de víctimas del falso caso Wallace

 

–De acuerdo con las investigaciones que has podido realizar, ¿por qué Isabel Miranda tiene este poder tan grande, por el cual, por ejemplo, ningún medio corporativo quiso cubrir este evento?… ¿Por qué parece que está prohibido en los grandes medios?

–Isabel Miranda es una creación de Genaro García Luna (titular de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el gobierno de Felipe Calderón). ¿Cuál es la diferencia entre Miranda y otros falsos activistas que han participado en la fabricación de culpables? El dinero.

“Isabel Miranda es una empresaria que ha traficado influencias (…) Se ha dedicado a corromper periodistas para legitimar su mentira del falso secuestro Wallace y acallar cualquier indicio de verdad que se ha asomado durante los últimos trece años, de los cuales doce han sido de torturas sistemáticas a las víctimas… Años de mentiras, falsificación de documentos, usurpación de funciones; yo misma he sido agredida por ella”.

Durante la presentación de su libro, Lizárraga señaló que el cerco mediático no sólo ha abarcado a los medios tradicionalmente reconocidos por ser afines a los poderes político y económico, sino también a los medios críticos como el de Carmen Aristegui.

 

Citando un fragmento de su libro, la autora de El falso caso Wallace recordó que Aristegui, en su programa de CNN en 2011, presentó a Wallace como “una mujer muy querida y reconocida, con una historia estrujante pero también muy estimulante por lo que Isabel ha podido hacer en términos de justicia.”

Ello a pesar de que ya existían evidencias de la falsedad del caso, comentó Lizárraga.

wallace en la carcel

Durante aquella emisión de Aristegui, se proyectaron los anuncios espectaculares donde Miranda exhibía a los presuntos culpables, violando el derecho a la presunción de inocencia. Hasta la fecha, según Guadalupe Lizárraga, la titular de Aristegui Noticias no ha respondido una sola llamada para entrevistar a los familiares de los detenidos.

Hasta el momento, ningún funcionario del actual gobierno (local, ni federal) se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ningún medio corporativo ha cuestionado al presidente sobre el tema. Esto, a pesar de que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) dio instrucciones para que se abriera una investigación penal sobre la presunta falsedad del caso, tras la denuncia en diciembre pasado de Guadalupe Lizárraga ante el hoy fiscal Alejandro Gertz Manero.

–Isabel Miranda no debería estar en libertad– concluyó la periodista en entrevista.

***

Esta entrevista se publicó originalmente en Reversos.mx

 

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