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CRAC reconoce legalidad de Casa de Justicia El Paraíso, Olinalá

Coordinadora de Autoridades regionales en Guerrero (CRAC) confirmó legalidad de la Casa de Justicia El Paraíso de la Policía Comunitaria de Olinalá

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Ejército credencializa armas de la Policía comunitaria en Guerrero Foto: guerrero.gob.mx

Ejército credencializa armas de la Policía comunitaria en Guerrero Foto: guerrero.gob.mx

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Tres comisiones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), “agraviados por la represión actual”, informaron en un comunicado que la Casa de Justicia de El Paraíso no fue desconocida por la CRAC ya que es la asamblea quien determina dicha cuestión no el comentario de una persona –en referencia al coordinador Eliseo Villar– quien en declaraciones afirma que dicha casa ha sido expulsada de la coordinadora, lo cual es falso.

Desde el Territorio Comunitario, a través de un documento, las comisiones de Salud, Comunicación y Desarrollo comunitario exigieron la presentación y liberación de sus compañeros Nestora Salgado y Bernardino García, además de exigir la liberación incondicional de los policías comunitarios y autoridades detenidas.

Asimismo demandan la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario. Respecto a la presunta expulsión de la Casa de Justicia de Ayutla recordaron que la admisión de comunidades de Ayutla se aprobó en Asamblea Regional en marzo de 2012 luego de un proceso de asambleas comunitarias de aquella región, se tomó protesta en noviembre a los policías comunitarios en el marco del 17 aniversario de la PC en San Luis Acatlán y para el 22 de diciembre se acordó la creación de la Casa de Justicia Comunitaria de El Paraíso, nombrándose coordinadores y comandantes.

De acuerdo al reglamento interno, la máxima autoridad del sistema comunitario es la Asamblea Regional de Autoridades que reúne a comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, consejeros y grupos de policía comunitaria; y es la instancia que podría, luego de un proceso de deliberación de la misma, revocar el cargo o nombramiento a cualquiera de las instancias del sistema comunitario.

Ninguna asamblea regional ha expulsado del sistema comunitario a El Paraíso por lo que todas las comunidades y autoridades incorporadas a esa casa de justicia que no hayan sido desconocidas en Asamblea Regional siguen siendo parte de la CRAC-PC

El interés de los gobiernos estatal y federal es desarticular dicho sistema comunitario construído por pueblos originarios y mestizos de la Costa y Montaña, afirman, para lo cual se sirve de métodos y recursos con los que cuenta, y califican de vergonzosa la prisa con que Policía Federal, Ejército y Marina han reprimido a sus compañeros tomando como pretexto una declaración de El Sur del 10 de agosto de 2013 en la cual un coordinador dijo que estaban expulsada una casa de justicia.

Dicha “expulsión” no figura entre las sanciones que aplica el sistema comunitario porque este se corrige, se revoca y/o se reeduca, por lo que las fallas, errores o deficiencias internas solo pueden ser tratados en asamblea regional, para corregirlas, revocar y/o reeducar a quien las haya cometido.

Después preguntan por qué no actuaron con esa agilidad el 7 de enero cuando la CRAC declaró que los encapuchados de la autodefensa de la UPOEG no eran de la institución comunitaria, renegando de las declaraciones de algunos ex consejeros fundadores.

Demandan la salida de militares y marinos del territorio comunitario y denuncia a la Cruzada contra el hambre como un pretexto para que el Ejército invada los territorios como estrategia para frenar el crecimiento de la institución comunitaria.

Se solidarizan y manifiestan su apoyo a los compañeros movilizados en las distintas regiones del territorio comunitario, exigen a las instancias de gobierno frenar la represión de su sistema comunitario e integrantes.

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Playa del Carmen destaca obras de remodelación con inversiones de 107 millones de pesos para reactivar economía

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PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- Todo se encuentra listo para que este miércoles 24 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, entregue las obras de modernización de la Quinta Avenida, calles perpendiculares y el Parque Fundadores, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, dando inicio a la reactivación económica de Playa de Carmen luego de más de 11 meses de pandemia por Covid-19.

Estas obras dieron inicio en junio pasado, aprovechando la parálisis económica generada por la emergencia sanitaria, permitiendo la reactivación gradual del sector de la construcción con la generación de 558 empleos directos al tiempo que comenzó la remodelación completa de esta arteria ícono de Solidaridad y del Parque Fundadores, que contempló la obra subterránea y la superficial.

El secretario de Ordenamiento Territorial Municipal y de SustentabilidadDavid Duarte Castilla informó que, por la calidad de los materiales, la obra tendrá una durabilidad de al menos 30 años; además, se logró que todos los locatarios se conectaran al drenaje sanitario evitando que las aguas negras no vayan a parar a la zona costera, que es el principal atractivo del destino.

En esta remodelación el gobierno de Solidaridad invirtió poco más de 107 millones de pesos que contemplaron: mejorar la imagen urbana y el mobiliario de esta calle peatonal, en la que se retiraron adoquines para cambiarlos por baldosas y adocreto que le darán mayor durabilidad; también está la introducción de los servicios subterráneos como el drenaje, cableado de energía eléctrica, cablevisión, Internet, cámaras del C-4, alumbrado con tecnología LED, reforestación con más de 4 mil árboles y plantas nativas; así como rampas, pozos de absorción, jardineras, bancas, entre otros.

Con estas obras, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete cumple con impulsar la reactivación económica para beneficio de los solidarenses, generando condiciones favorables para el sector turístico al recibir a los visitantes con una imagen renovada y mejores servicios.

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Justicia pendiente

Organizaciones denuncian ante CNDH negligencia de la UNAM e IMSS por muerte de estudiante

Ignacio García

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Por Ignacio García

Integrantes del colectivo Aequus-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dirigido por el abogado Víctor Rogelio Caballero, interpusieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la negligencia y violaciones a derechos humanos contra el estudiante de la Facultad de Derecho, Luis Roberto Malagón de Gaona, fallecido el pasado 18 de agosto de 2017.

Por medio de un comunicado, los defensores de derechos humanos señalaron que el caso se mantiene en la impunidad, debido a que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) resolvió que no hubo responsabilidad por el deceso del estudiante universitario, quien falleció en la clínica 8 del IMSS.

De acuerdo con los activistas, hubo responsabilidad de las autoridades institucionales por omisión en la atención adecuada del estudiante, quien se ahogaba en el interior de Ciudad Universitaria y falleció en una de las clínicas del IMSS.

Razón por la cual los inconformes señalaron que tanto el IMSS como la UNAM han violado los derechos a la vida, la justicia, protección frente a la vulnerabilidad de los riesgos, así como el derecho a la libertad de manifestación que sufrió tanto el estudiante acaecido como su madre, María Victoria de Gaona.

Asimismo, exhortaron a la comunidad estudiantil para que acompañen a la familia de la víctima para que la denuncia interpuesta ante la CNDH continúe y se dé seguimiento al caso para que no continúe la impunidad que ha persistido.

De acuerdo con el comunicado público de la organización, el caso se mantiene en la impunidad, desde luego imputable en un primer caso, a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Carpeta de Investigación CI-FAC/AC-3/UI-1 C/D/03686/08-2017), las cuales después de que la familia de Luis Roberto impugnó desde hace más de un año, la resolución emitida por dichas autoridades, en la que señalaron que no había responsabilidad sobre los hechos en los que perdió la vida, no han resuelto absolutamente nada.

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Esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán arrestada por tráfico internacional de drogas en EEUU

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De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

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