Connect with us

Mexico Violento

CRAC reconoce legalidad de Casa de Justicia El Paraíso, Olinalá

Coordinadora de Autoridades regionales en Guerrero (CRAC) confirmó legalidad de la Casa de Justicia El Paraíso de la Policía Comunitaria de Olinalá

Avatar

Published

on

Ejército credencializa armas de la Policía comunitaria en Guerrero Foto: guerrero.gob.mx

Ejército credencializa armas de la Policía comunitaria en Guerrero Foto: guerrero.gob.mx

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Tres comisiones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), “agraviados por la represión actual”, informaron en un comunicado que la Casa de Justicia de El Paraíso no fue desconocida por la CRAC ya que es la asamblea quien determina dicha cuestión no el comentario de una persona –en referencia al coordinador Eliseo Villar– quien en declaraciones afirma que dicha casa ha sido expulsada de la coordinadora, lo cual es falso.

Desde el Territorio Comunitario, a través de un documento, las comisiones de Salud, Comunicación y Desarrollo comunitario exigieron la presentación y liberación de sus compañeros Nestora Salgado y Bernardino García, además de exigir la liberación incondicional de los policías comunitarios y autoridades detenidas.

Asimismo demandan la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario. Respecto a la presunta expulsión de la Casa de Justicia de Ayutla recordaron que la admisión de comunidades de Ayutla se aprobó en Asamblea Regional en marzo de 2012 luego de un proceso de asambleas comunitarias de aquella región, se tomó protesta en noviembre a los policías comunitarios en el marco del 17 aniversario de la PC en San Luis Acatlán y para el 22 de diciembre se acordó la creación de la Casa de Justicia Comunitaria de El Paraíso, nombrándose coordinadores y comandantes.

De acuerdo al reglamento interno, la máxima autoridad del sistema comunitario es la Asamblea Regional de Autoridades que reúne a comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, consejeros y grupos de policía comunitaria; y es la instancia que podría, luego de un proceso de deliberación de la misma, revocar el cargo o nombramiento a cualquiera de las instancias del sistema comunitario.

Ninguna asamblea regional ha expulsado del sistema comunitario a El Paraíso por lo que todas las comunidades y autoridades incorporadas a esa casa de justicia que no hayan sido desconocidas en Asamblea Regional siguen siendo parte de la CRAC-PC

El interés de los gobiernos estatal y federal es desarticular dicho sistema comunitario construído por pueblos originarios y mestizos de la Costa y Montaña, afirman, para lo cual se sirve de métodos y recursos con los que cuenta, y califican de vergonzosa la prisa con que Policía Federal, Ejército y Marina han reprimido a sus compañeros tomando como pretexto una declaración de El Sur del 10 de agosto de 2013 en la cual un coordinador dijo que estaban expulsada una casa de justicia.

Dicha “expulsión” no figura entre las sanciones que aplica el sistema comunitario porque este se corrige, se revoca y/o se reeduca, por lo que las fallas, errores o deficiencias internas solo pueden ser tratados en asamblea regional, para corregirlas, revocar y/o reeducar a quien las haya cometido.

Después preguntan por qué no actuaron con esa agilidad el 7 de enero cuando la CRAC declaró que los encapuchados de la autodefensa de la UPOEG no eran de la institución comunitaria, renegando de las declaraciones de algunos ex consejeros fundadores.

Demandan la salida de militares y marinos del territorio comunitario y denuncia a la Cruzada contra el hambre como un pretexto para que el Ejército invada los territorios como estrategia para frenar el crecimiento de la institución comunitaria.

Se solidarizan y manifiestan su apoyo a los compañeros movilizados en las distintas regiones del territorio comunitario, exigen a las instancias de gobierno frenar la represión de su sistema comunitario e integrantes.

Justicia pendiente

Cabeza de Vaca trianguló recursos para adquirir propiedades

Ignacio García

Published

on

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca trianguló recursos económicos por medio de una empresa para adquirir propiedades, aunque esos recursos provenían del gobierno estatal, de acuerdo con una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas comprobaron que la familia del mandatario estatal utilizó la empresa Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava S.P.R. de R.L. para triangular recursos del gobierno estatal de Tamaulipas en la compra de distintos inmuebles.

De acuerdo con la investigación, también están implicados los hermanos del gobernador, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, así como su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca, su esposa Mariana Gómez y su suegro José Ramón Gómez.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos proporcionó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre las siete propiedades de lujo que adquirió el mandatario estatal y su familia en la Unión Americana y que cada una están valuadas entre un millón y 10 millones de dólares.

Asimismo, las autoridades mexicanas comprobaron que no se determinaron el origen de los recursos destinados para la compra de estos inmuebles, pues no corresponden a la declaración patrimonial y de ingresos de los compradores.

Ahora las autoridades estadounidenses estudian las propiedades que adquirió el gobernador, las cuales pudieron ser obtenidas por medio de recursos públicos del gobierno estatal, situación por la cual también son investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR).

Francisco García Cabeza de Vaca fue protegido por el Congreso local de Tamaulipas que determinó no iniciar el proceso de desafuero contra el mandatario estatal por haber recibido recursos de procedencia ilícita por parte del crimen organizado.

 

Continue Reading

Fabricación de culpables

Gobierno de Biden admite asilo político a defensor público acosado por caso Wallace

Avatar

Published

on

Por Joselaine Gutiérrez y Guadalupe Lizárraga

El Gobierno de los Estados Unidos de América, encabezado por el presidente demócrata Joe Biden, aceptó la solicitud de asilo político de Alejandro Garduño Real, abogado y defensor público que fue cesado del Instituto Federal de Defensoría Pública, luego de recibir amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda de Wallace.

En Los Ángeles, California, el abogado acudió al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) el pasado 10 de mayo donde narró el acoso judicial y los atentados con armas de fuego en su contra, a partir de abril de 2019 tras presentar evidencias supervenientes en favor de Jacobo Tagle Dobín, víctima del caso Wallace, quien lleva once años de prisión preventiva y tiene dos protocolos de Estambul y una valoración psiquiátrica positiva en tortura.

Durante la entrevista de Migración en el aeropuerto angelino (LAX) donde solicitó el asilo, Garduño señaló que en la búsqueda de información los agentes identificaron a Isabel Miranda Torres, como “la señora Wallace”, y la relacionaron con Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso por narcotráfico y lavado de dinero en una prisión de Nueva York.

En menos de 24 horas, y por las evidencias documentales presentadas, los agentes determinaron que el defensor público cesado Alejandro Garduño Real tenía un miedo creíble a la persecución o tortura, y que su vida corría riesgo en México, por lo que calificaba para tener una audiencia con el juez de Inmigración.

Entre los documentos que presentó como evidencia, destaca la negativa de la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, para renovarle el servicio de escoltas pese a la discapacidad física que limita su movilidad a una silla de ruedas. El documento firmado por Gabriela Quintanilla Lázaro fue expedido el 4 de marzo de 2021, días antes del cese del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Otros documentos que fortalecieron su solicitud de protección fueron diversas denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República sobre los atentados, así como la carpeta de investigación promovida en su contra por Isabel Miranda por supuesta falsedad de declaración judicial, en contraste con los protocolos de Estambul de su defendido Jacobo Tagle, que desmienten a Miranda.

Contexto

Tras 20 años de servicio en el Poder Judicial, Garduño Real también se desempeñó como defensor de Francisco García Medel, acusado falsamente en el caso Nelson Vargas, y en el de Noé Robles Hernández, del caso Martí, ambos también relacionados con Isabel Miranda Torres.

Anteriormente, denunció para Los Ángeles Press que el 13 de abril de 2021 su jefa inmediata Claudia Maribel lo citó a una reunión para revisar supuestamente la carpeta de investigación en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión le fue notificado su cese en la Defensoría Pública encabezada por Netzaí Sandoval Ballesteros, bajo el argumento que Isabel Miranda de Wallace “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”, luego de haber denunciado acoso judicial por parte de la señora tras el avance significativo en la situación jurídica de Tagle Dobin.

Incluso el defensor enfatizó que antes de ser cesado del instituto, había notificado de las amenazas y solicitado la intervención de la Defensoría pública para su protección, sin embargo, ésta también le fue negada.

Una de las amenazas de muerte, se registró al concluir una audiencia judicial el 14 de enero de 2020, en presencia de su defendido García Medel, al tener el teléfono en alta voz, por lo que su defendido pudo constatar la agresión. Un siguiente atentado se suscitó entre Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde fue interceptado por un grupo de policías locales, quienes le cortaron cartucho, apuntándole con sus armas y aprehendiendo a sus escoltas por supuestas órdenes “de arriba”.

Continue Reading

Justicia pendiente

Interpol emite ficha roja para detener a Andrés Roemer

Ignacio García

Published

on

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para localizar y detener al escritor y diplomático mexicano Andrés Roemer, acusado del delito de violación.

El organismo internacional giró la orden de búsqueda del académico, quien se encuentra en Israel, por lo que pretende realizar los trámites correspondientes para su traslado a México y que sea procesado por el delito de violación, así como las distintas denuncias existentes por abuso sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizar los trámites para la extradición del diplomático para que enfrente el proceso penal por el que lo acusan las autoridades mexicanas.

Con la ficha roja de la Interpol, se localizará a Roemer en caso de que pretenda huir del territorio israelí, por lo que deberá responder ante las ocho carpetas de investigación que conformó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por irregularidades en el delito de violación.

El grupo de Periodistas Unidas Mexicanas ha revelado que suman 61 acusaciones por delitos sexuales por parte de Andrés Roemer, de los cuales 54 son por acoso sexual, abuso sexual y violación, mientras que siete testimonios coinciden en un mismo modus operandi para acercarse a ellas.

De acuerdo con las víctimas, el escritor les ofrecía distintos puestos laborales a cambio de distintos favores sexuales, por lo que además citaba a las mujeres en espacios públicos y realizaba sugerencias sexuales, por lo que la fiscalía capitalina ha emitido una orden de aprehensión en su contra.

Continue Reading

Trending