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Mexico Violento

CRAC pide al gobierno de Guerrero que no corrompa a dirigentes

CRAC-PC hace un llamado enérgico al gobierno de Guerrero para que deje de financiar de manera privada a dirigentes de las comunidades para generar oposición

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Policías Comunitarios en un día de labores en la casa de justicia de Espino Blanco. Foto: Sergio Ferrer

Policías Comunitarios en un día de labores en la casa de justicia de Espino Blanco. Foto: Sergio Ferrer

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- El Comité Ejecutivo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) emitió un comunicado en el cual demanda al gobierno no abonar a la división de los pueblos, financiando de manera privada a personas que fueron desconocidas del sistema de impartición y procuración de justicia comunitario.

En el texto dirigido a comunidades incorporadas a dicho sistema de justicia, a organizaciones sociales, medios y pueblo en general, la CRAC-PC da cuenta de la situación que guarda la restructuración de la Policía Comunitaria luego de la destitución de ex coordinadores que ejecutaron acciones fuera del reglamento interno incluida la participación en un fraude como ocurrió con el excoordinador de la sede de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo.

Para la Policía Comunitaria es lamentable enterarse de las declaraciones del secretario general del gobierno y ex magistrado presidente del Tribunal de Justicia del estado, Jesús Martínez Garnelo en las que informa que el gobierno estatal reconoce y dará apoyo por un millón de pesos al “delincuente” Villar Castillo.

Al contrastar que dicho dinero debía servir para mejorar la seguridad y la impartición de justicia en los pueblos y no para seguir confrontar y dividir, a la Policía comunitaria le queda claro que al seguir financiando a Villar Castillo el gobierno abonaba a fortalecer acciones en perjuicio del sistema comunitario.

El texto notifica que la solicitud de audiencia emitida por la Casa de Justicia de San Luis Acatlán con el gobernador Ángel Aguirre ha sido negada desde el primero de abril, ignorando a las autoridades regionales legítimas electas en asamblea regional el 29 de marzo, cuando también se revocó el cargo a los entonces coordinadores; Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino.

La Policía comunitaria solicitó “con respeto, pero enérgicamente” al gobernador Ángel Aguirre Rivero que dejara de financiar a Villar Castillo, y lo invitaron a establecer una mesa de trabajo con coordinadores y consejeros regionales del sistema comunitario para determinar el tipo de relación que requieren las comunidades. Asímismo, se le solicitó que entregue formalmente el edificio nuevo de la CRAC en San Luis Acatlán a las autoridades regionales legítimas y a los comisarios de las comunidades integradas a esta Casa de Justicia.

En otro punto, la CRAC-PC indicó de manera formal la dirección y sede de las cuatro casas de Justicia Comunitaria debidamente reconocidas por pueblos y autoridades en asamblea regional; San Luis Acatlán que opera desde 2005, Espino Blanco y Zitlaltepec, fundada en 2007 y la casa de justicia de El Paraíso nacida en 2012.

La CRAC-PC notificó a las comunidades que fueron engañadas de que se integraba una supuesta Casa de justicia en Cochoapa, municipio de Ometepec, y les solicitaron comunicarse o acudir a la sede matriz para determinar la coordinación en materia de seguridad ya que comandantes y coordinadores que operan bajo órdenes de Villar Castillo no han sido reconocidos en asamblea regional.

Otro punto del texto reiteró que las acciones y declaraciones de Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Nicolás de la Cruz Manzano no son respaldadas por la asamblea regional de la CRAC, quienes ratifican que los dos primeros mantienen tomado el edificio de lo que sería la nueva casa de justicia desde el 12 de abril donde custodiada por hombres armados hay personas privadas de su libertad.

A la Coordinadora Nacional Plan de Ayala le piden dejar de presentar a Eliseo Villar como autoridad comunitaria y los conminan a deslindarse públicamente de este sujeto y a establecer una relación respetuosa con el sistema comunitario. Otra denuncia de la CRAC-PC critica el actuar del diputado federal Vicario Portillo Martínez, a quien acusan de coaligarse con Villar Castillo y de la Cruz Manzano al darles respaldo público.

La reunión microregional efectuada en Sal Luis Acatlán, recibió comisiones de Tecoanapa, Ayutla de los Libres y el núcleo comunal de Cacahuatepec así como de la región de Cochoapa que se han sumado a la unificación de la CRAC Policía Comunitaria.

Como punto final, la Policía Comunitaria continúa en la exigencia a autoridades judiciales estatales y federales, liberar a sus compañeros presos en el CERESO de Acapulco, así como los compañeros Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, detenidos y procesados contra derecho por el gobierno federal, por la traición de Eliseo Villar”

Los nuevos voceros de la casa de justicia de San Luis Acatlán, votados en asamblea son Braulio Pimentel Antunez y Sabas Aburto Espinobarros.

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Mexico Violento

Periodista Antonio de la Cruz no había sido amenazado, según SSPC

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El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que el periodista Antonio de la Cruz, asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, no había recibido amenazas ni estaba incorporado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.

El funcionario federal dijo que el comunicador fue asesinado con cinco disparos de armas de fuego y también hirieron a su hija Cintia, quien se encuentra en estado grave internada en un hospital de Tamaulipas.

Indicó que el periodista era reportero del diario Expreso y titular de Movimiento Ciudadano (MC) en Tamaulipas, pero sus notas periodísticas estaban enfocadas en el campo y el clima, aunque también identificaron contenidos relacionados con cuestionamientos a las autoridades locales.

Agregó que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) está en contacto con la familia del comunicador, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades e inició las indagatorias correspondientes.

Recordó que por los asesinatos de 11 periodistas en este año, un total de 26 personas han sido detenidas y 19 fueron vinculadas a proceso penal, por lo que especificó que Roberto Toledo no se dedicaba a actividades periodísticas, sino que era un auxiliar de despacho jurídico, mientras que Jorge Camero se dedicaba a actividades políticas.

Por su parte, el fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, informó que en el sitio del crimen fueron localizados cuatro casquillos percutidos y dos cartuchos útiles de arma de 40 mm, por lo que se encuentran analizando la posibilidad de integrar las probables causas de la agresión.

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Investigaciones

José Noriel Portillo Gil ‘El Chueco’, del cártel de Los Paredes, con dominio en Sonora desde 1990

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Por Guadalupe Lizárraga

Antiguas investigaciones periodísticas e información difundida en las redes sociales apuntan que el presunto asesino de los dos sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, al interior de una iglesia en Cerocahui, Urique, del estado de Chihuahua, está relacionado con el grupo delictivo de Los Paredes, que ha tenido relevancia en Sonora y Chihuahua, y ha operado desde 1990 con las autoridades locales.

Se trata de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, a quienes testigos refieren como el presunto asesino que perseguía a un hombre con otros pistoleros, y en un intento por salvar su vida, el hombre se refugió dentro de la iglesia donde estaban los sacerdotes y fue atacado a balazos por Portillo Gil, quien es ampliamente conocido en esa región, con el apodo ‘El Chueco’.

Esta misma persona, al ver que los sacerdotes jesuitas intentaron brindarle los primeros auxilios, disparó contra ellos. Posteriormente, el victimario movió los cuerpos a su camioneta para desaparecerlos.

En la información que ha trascendido, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, es señalado de ser el actual jefe de plaza de Los Paredes, de Agua Prieta, Sonora, y de rendir cuentas directamente a Martín Alonso Siqueiros Acuña, alias El Tin Tin, actual líder de la Gente Nueva de Agua Prieta.

El exgobernador Javier Corral, en noviembre de 2018, también señaló a José Noriel Portillo Gil, de haber perpetrado el asesinato del ciudadano estadounidense Patrick Braxton Andrews, un joven profesor radicado en Chihuahua, que había sido reportado como desaparecido. Sin dudar de su información, que además aseguraba que El Chueco había matado al joven al confundirlo con un agente de la DEA, el gobernador prometió entregar el cuerpo de Patrick y hacer justicia. El cuerpo de Patrick fue hallado, pero El Chueco siguió libre.

«…no sólo que encontraremos el cuerpo de Patrick, si no que haremos Justicia y daremos castigo ejemplar a este delincuente y su gavilla, a quienes paradójicamente, al actuar con esa cobardía ponen fin a su influencia y control de esa zona, bajo el cártel de Sinaloa».

Ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, 15 de noviembre de 2018

La familia de José Noriel Portillo Gil también ha sido parte del grupo de narcotraficantes aliado a Los Paredes. De acuerdo con la información recibida, su padre fue ejecutado en Cerocahui, en un enfrentamiento armado contra integrantes del Cártel de La Línea, (de Ciudad Juárez), grupo rival de Los Paredes. El Chueco era primo de los narcotraficantes Bernardo y Benito Portillo Torres. El primero abatido en una balacera en la sierra de Chihuahua, límite con Choix, Sinaloa, el 4 de marzo de 2015. El segundo, el 28 de mayo del mismo año en Culiacán.

Benito Portillo Torres era socio y compadre de Marcos Paredes Machado, alias El M-100, y se le señalaba de haber encabezado la masacre en la cual murieron ocho personas en 2010, en el municipio de Creel, Chihuahua, por lo que fue detenido Enrique López Acosta, El Cumbias, del grupo Gente Nueva.

Los Portillo se dedicaban a sembrar y cosechar narcóticos en la zona serrana de Cerocahui, La Cieneguita y Urique, droga que transportaban a la ciudad fronteriza de Agua Prieta, para su entrega al grupo delictivo Los Paredes, quienes se encargaban de cruzarla a los Estados Unidos.

José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, mantiene una férrea disputa por el control de esa zona con los líderes del Cártel de La Línea, que operan en San Juanito y Maguarichi, identificados con los nombres de Juan Márquez, César Manjarrez alias El H2 y los hermanos Ever José González Bournes, alias El Águila, y Víctor Noé González Bournes, alias El 500.

De acuerdo con el portal Bordeland Beat, el cártel de Los Paredes, en 2020, estaría integrado con estas personas.

Los Paredes

En Sonora, Los Paredes es el nombre con el que se identifica una familia mexicoamericana que ha destacado en el narcotráfico desde la década de 1990, según información de la prensa local. Leonel Paredes-Perú fue el fundador de esta organización criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas.

El 3 de mayo de 2004, fue asesinado Leonel Paredes Perú, así como Leobardo Paredes Machado y María del Refugio Paredes Machado, en un restaurante de Agua Prieta. Fue cuando Marco Antonio Paredes Machado asumiría el mando.

Desde la ciudad fronteriza de Agua Prieta, Los Paredes han monitoreado y coordinado el paso de drogas por Arizona. “Lo trasladan en camiones, a través de inmigrantes indocumentados, con animales de carga (caballos y mulas) y esporádicamente en aviones ultraligeros”, indicó un agente mexicano que fue entrevistado y no quiso ser identificado por razones de seguridad. «Por los 388 kilómetros de frontera que comparte Arizona con esta árida tierra del territorio mexicano, casi toda la marihuana, cocaína, heroína y metanfetamina que ingresa por aquí es movida por el cártel de Los Paredes».

El Junior

Después de la detención de Marco Antonio Paredes Machado en 2011, en Huixquilucan, Estado de México, y extraditado a Estados Unidos en 2015, bajo sentencia de 22 años de prisión, su hijo Marco Antonio Paredes Ponce, alias Junior, asumió el liderazgo del cártel. Nacido en Estados Unidos y radicado en Phoenix, Arizona, Paredes Ponce, a quien también le dicen «Marquitos», junto con Martín Siqueiros Acuña, El El Tin Tin, controla los municipios de Agua Prieta, Cananea, Bavispe, Bacerac, Moctezuma, Huasabas, Sahuaripa y sus corregimientos aledaños según un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que éstos, a su vez operan para Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Sin embargo, pese a la información difundida por el gobierno federal mexicano, siguen en impunidad.

Infografía del cártel de Los Paredes, publicada el diario sonorense El Imparcial, el 20 de marzo de 2005, por el periodista asesinado el 2 de abril de 2005.

Lo que reveló el periodista asesinado Alfredo Jiménez Mota

Uno de los últimos reportajes del periodista Alfredo Jiménez Mota, asesinado en 2005, fue sobre el dominio del cártel de Los Paredes en Agua Prieta, Sonora. En su trabajo, señalaba directamente a Marco Antonio Paredes Machado, líder del cártel, como «dueño de más del 50 por ciento de las propiedades de este municipio», con información que había dado a conocer la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), en ese entonces.

Marco Antonio sustituyó a Manuel Leobardo Paredes «El Leo», ejecutado el 3 de mayo de 2004, quien tenía una orden de aprehensión desde 1999 en la Corte de Tucson por cruzar de Naco Sonora a Naco Arizona, a través de un túnel, 40 mil libras de cocaína, unas 18 toneladas, escribió Jiménez Mota en su reportaje.

En ese mismo trabajo, destacó información de Nahum Acosta Lugo, el exfuncionario que fue acusado por la PGR de filtrar información a un cártel de las giras de trabajo del entonces presidente Vicente Fox. El periodista escribió que el subprocurador de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, quien fallecería en un supuesto accidente aéreo en 2008, relacionaba directamente a Acosta Lugo con la familia de Marco Antonio Paredes.

«Las conversaciones telefónicas entre Nahum Acosta y Marcos Paredes, hermano del Leo Paredes, operador del Cártel de Juárez, ejecutado el 3 de mayo de 2004, es un indicio de la PGR sobre sus relaciones peligrosas», fue la afirmación recogida por el reportero. Y abundó en que eran ocho conversaciones telefónicas recogidas por espionaje en las que abordaban la política de Agua Prieta, el control que Nahum Acosta ejercía sobre algunos medios locales y su apoyo a Marco Antonio Paredes para «calmar» a un periodista -dice la nota- que quiere publicar un reportaje sobre Los Paredes.

Portada de El Imparcial, 20 de marzo de 2005, con el reportaje de Alfredo Jiménez Mota.

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Mexico Violento

Asesinan al periodista Antonio de la Cruz en Tamaulipas; suman 11 comunicadores ejecutados este año

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Esta mañana sujetos armados asesinaron al periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso, al salir de su domicilio en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por lo que suman 11 comunicadores asesinados en lo que va del año.

De acuerdo con el diario donde el reportero prestaba sus servicios, los hechos ocurrieron en la calle Puerta de la Luna, en el fraccionamiento Puerta de Tamatán, por lo que en el sitio también fue asesinada su hija y su esposa resultó herida.

La prensa local refirió que Antonio de la Cruz fue reportero en varios medios de comunicación de la capital de Tamaulipas y se desarrolló por más de 15 años en el periódico Expreso, aunado a que cubría temas agropecuarios y de medio ambiente y mantenía una crítica al gobierno en sus redes sociales.

El grupo editorial Expreso-La Razón exigió a las autoridades de todos los niveles que se haga justicia por el asesinato del periodista, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió la carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Al respecto, diferentes organizaciones internacionales como Artículo 19 han reclamado el clima de violencia que persiste en México para ejercer el periodismo, pues en lo que va del año un total de 11 comunicadores han sido asesinados, los cuales permanecen en la impunidad.

También Amnistía Internacional (AI) alertó sobre las condiciones de riesgo que existen en el país para ejercer el periodismo, principalmente en las entidades federativas, donde los comunicadores han sido víctimas de agresiones y en ejecuciones que no han sido esclarecidas.

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