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Justicia pendiente

Coyomeapan exige liberación de sus presos políticos y alto a la violencia del gobierno de Puebla

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Por Claudia Martínez Sánchez

Más de 12 mil habitantes indígenas de Coyomepana en la Sierra negra de Puebla se concentraron este 28 de febrero para realizar una misa por la paz en su comunidad de origen nahua mazateco ante la violencia del estado, y exigieron la liberación inmediata de los presos políticos Basilina Montaño Gutiérrez, Anastasio Sanguinez, Gonzalo Martínez Herrera y Eruviel Aguilar Gómez.

Los activistas de la Unidad por Coyomeapan exigieron al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, su intervención inmediata para liberar a los presos políticos y dar paz a la comunidad.

“Nadie está patrocinando este movimiento más que el corazón de los habitantes de Coyomeapan, están donando de sus centavos para que les digamos a las autoridades que Coyomeapan está unido. Les pedimos a nuestras autoridades que volteen hacia Coyomeapan, que Coyomeapan necesita de soluciones y que aquí los esperamos. El día de hoy pedimos libertad para nuestros presos políticos”.

Tras ocho meses de resistencia contra el cacicazgo de los hermanos Araceli y David Celestino Rosas quienes mantienen alianza con el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, el pueblo de Coyomeapan ha enfrentado detonaciones de explosivos, ataques con armas de fuego, emboscadas, amenazas de muerte y acoso cibernético por denunciar el fraude electoral del 6 de junio que impuso nuevamente a la familia Celestino Rosas en el poder, después de once años consecutivos.

La persecución judicial también ha sido parte de las agresiones al pueblo, y la fiscalía del estado participó con la fabricación de delitos a los principales defensores de la comunidad Basilisa Montaño Gutiérrez, Anastasio Sanguinez, Gonzalo Martínez Herrera, y Eruviel Aguilar Gómez, quienes fueron detenidos en una simulación de mesa de diálogo sobre el fraude electoral realizado en Ajalpan, en septiembre de 2021, donde pretendían demostrar las irregularidades del proceso y las violaciones a los derechos humanos de las familias indígenas, cuando fueron detenidos de manera arbitraria e ilegal.

La esposa del preso político Eruviel Aguilar Gómez manifestó que este 29 de febrero es cumpleaños de Eruviel:- “A nadie se le desea lo que nuestros familiares están pasando, no he visto a mi esposo desde que entró a la cárcel.  Como familia de él es una situación que no se le desea a nadie es un dolor tan grande de ver a alguien encarcelado no se le desea a nadie”.

Otro activista destacó en su intervención:

“Aquí estamos concentrados con la finalidad de exigir justicia y libertad a los presos políticos. Justicia y libertad para todas las comunidades y secciones, tenemos que unirnos para construir un nuevo municipio, un municipio con valores, un municipio con proyecto, un municipio incluyente y con transparencia; por eso que estamos aquí reunidos tenemos que hacer conciencia y trabajar con fuerza y honestidad, tenemos que alzar la voz como un solo hombre y con una sola idea: tiene que gobernar el pueblo, porque el pueblo es el que sabe las necesidades prioritarias de todas las comunidades, el pueblo trabajador y consiente es el que tiene que llevar las riendas. Es el pueblo el que tiene que cambiar un rumbo de cambios. Donde la riqueza se reparta de manera equitativa y que la riqueza no esté en manos de unas cuantas familias. Esta lucha no se ha acabado, esta lucha apenas está iniciando. Tenemos que ganar hasta que los cuatro presos sean libres y salgan de la cárcel. Que los gobiernos del estado y el gobierno federal nos atiendan. Les pedimos que voltee a ver un municipio indígena de Coyomeapan”.

Finalmente, representantes del gobierno del estado de Puebla, enviados de Julio Huerta Gómez, director general de Gobierno, se ha intentado persuadir a líderes de la comunidad para que “dejen de golpear al gobernador Barbosa, de lo contrario no habrá libertad para los presos políticos”. Otra de las condiciones del gobierno del estado es desconocer a la prensa que ha dado puntual acompañamiento a las violaciones de los derechos humanos de los indígenas de Coyomeapan y a la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha denunciado en la Cámara de Diputados el abuso de poder del gobernador.

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Justicia pendiente

Juez niega amparo a exsecretario de Seguridad Pública de Tapachula acusado de tortura y abuso contra indígenas de Pavencul

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Los indígenas de pavencul, torturados por servidores públicos, obtuvieron un amparo contra ellos, en un caso que se denominó el lunes negro

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, Chiapas. El Juzgado Tercero de Distrito de Justicia Federal negó el amparo solicitado por Pedro Enock García Palazuelos Domínguez, ex secretario de Seguridad Pública y protección ciudadana, así como a Iván Inocente Morales Barrios, ex Jefe de la Policía municipal por su participación y coautoría en la tortura, detención ilegal y abusos de autoridad infligidos contra 42 campesinos indígenas de Pavencul y Toquian y de la periodista Cinthya Alvarado Enríquez, el 27 de enero se 2020, el llamado Lunes Negro.

Con esto, se reestablece de nueva cuenta el proceso penal conducido por la FEADLE (Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión) clamado por la periodista C.E.A.E., mismo que se encuentra en su etapa intermedia pero que ha tenido varios lapsus debido a la influencia de la actual presidente municipal Rosa Urbina Castañeda, quien en el tiempo en que sucedieron los hechos fungía como titular de la Sindicatura.

Para saber más del caso: Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

Así mismo Urbina Castañeda estuvo al frente de la querella a nombre del Ayuntamiento de Tapachula donde las víctimas fueron llevados ante la FGE (Fiscalía General del Estado) mediante abuso, imputados en carpeta de investigación y fabricándoles delitos, misma que ya quedó sobreseída por no haber elementos de cargo.

Cómo el INM intentó fabricar delitos a Cinthya Alvarado Enríquez

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

No te pierdas: Alerta Temprana de Periodistas reporta presunta desaparición forzada de Cinthya Alvarado cubriendo temas de Migración

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos.

Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

 

 

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Justicia pendiente

Grupo de la ONU pide garantizar seguridad de familias buscadoras de desaparecidos

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El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias buscadoras de personas desaparecidas en el país.

El organismo internacional alertó sobre estas medidas después del asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, quien buscaba a su hija desaparecida, Betzabé Alvarado, el pasado mes de enero de 2021.

El Grupo de la ONU condenó el asesinato de la madre buscadora y pidió que se investigue y sancione a los responsables, debido a que se trata de un delito que puede permanecer en la impunidad.

Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada ayer por la mañana cuando esperaba el transporte público en la lateral de la carretera México-Puebla, cerca de la unidad habitacional Villa Frontera, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones y falleció en el lugar.

La víctima refirió que uno narcomenudista fue el responsable de la desaparición de su hija, por lo que diferentes organizaciones civiles han señalado que debe ser detenido ese individuo de forma inmediata por parte de las autoridades federales y estatales.

La ONU ha alertado sobre los elevados niveles de violencia que persisten en México, donde los familiares de las víctimas de delitos como la desaparición se encuentran en un grado mayor de vulnerabilidad, la cual no obtuvo respuesta por parte de las autoridades federales.

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Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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