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México de conciencia

Coyomeapan aceptará diálogo con gobernador de Puebla, solo tras liberación de presos políticos

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El pueblo de Coyomeapan, Puebla, emitió un comunicado público en respuesta a los citatorios del gobierno del estado, con fecha del 18 de diciembre del año en curso, a ciudadanos que han sido amenazados por participar en la defensa de los presos políticos Basilisa Montaño Gutierrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez Herrera, y Anastacio González Sanginez, todos ellos defensores de los derechos indígenas.

En el comunicado, se condiciona a las autoridades que para reanudar el diálogo, será solo tras la liberación de los presos políticos detenidos arbitrariamente y con delitos fabricados, el 1 de septiembre de 2021. Se enuncia también como actos de terror de Estado, la detonación de granadas dentro del pueblo para amedrentar y responsabiliza de estos actos a los caciques David y Araceli Celestino Rosas, quienes colaboran con el gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

Comunicado público

 

Coyomeapan, Puebla, a 18 de diciembre de 2021

C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla

C. Rosario Piedra Ibarra
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

C. Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la SEGOB

C. Guillermo Fernández-Maldonado Castro.
Representante Adjunto del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

Al Digno Pueblo de México
A la Opinión Pública

El 1 de septiembre de 2021, autoridades en representación de Usted, gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa, con una vocación profundamente autoritaria, cometieron una grave violación de derechos humanos al encarcelar a defensores indígenas de Coyomeapan, Puebla, y fabricarles delitos, torturándolos psicológicamente y amenazando a sus familias. Sin embargo, las agresiones de su gobierno y aparato represor, no se detuvieron allí. Han cobrado diferentes intensidades poniendo en riesgo la vida de cada uno de los 14 mil habitantes que integran nuestro pueblo.

Por ello y en respuesta a sus citatorios emitidos  en nombre del gobierno del estado de Puebla a habitantes indígenas originarios de Coyomeapan, entre éstos a la defensora  Blanca Martínez Montalvo, amenazada de muerte, por defender a su padre Gonzalo Martínez Herrera, preso político, señalamos lo siguiente:

1. Usted, gobernador Barbosa, no desconoce la geografía de nuestra comunidad. Por lo tanto, pedirnos que nos presentemos con fecha del 18 de diciembre del año en curso a las 8:00 horas, en Casa Aguayo, comunicándonos tan solo unas horas antes de la cita, es imposible, usted bien sabe que geográficamente y en tiempo no es posible. Por lo que consideramos un pretexto para ejercer más violencia contra nuestros habitantes ante la imposibilidad de cumplir.

2. La represión y la injusticia protagonizada por su gobierno contra el pueblo de Coyomeapan lo ubican en una posición muy desfavorable para ser reconocido como autoridad legítima. Sus actos de terror, como la detonación del arma de fuego por parte de uno de los elementos de la Policía del estado en contra de los habitantes en medio del exhorto emitido por la CNDH y el permiso de uso de explosivos por parte de los sicarios de David Celestino y Araceli Celestino Rosas dentro de la comunidad, nos han concitado a romper el diálogo que pudiera existir entre gobierno y gobernados para resolver un conflicto originado en la falta de legalidad y legitimidad electoral, en la que han intervenido contra derecho, los caciques David y Araceli Celestino Rosas.

3. La única oportunidad de diálogo, tras la liberación de nuestros presos políticos que el pueblo de Coyomeapan pudiera considerar es con la presencia del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, de la Segob, y con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de otros organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Durante once años hemos padecido el cacicazgo y la represión del gobierno estatal y municipal. Pero actualmente padecemos el terrorismo de Estado en su nombre, gobernador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.
Ante sus irracionales palabras y acciones públicas, hemos demostrado con pruebas videográficas y judiciales que no somos nosotros quienes hemos violentado el Estado de Derecho y, sin embargo, hemos sido severamente reprimidos con cárcel, con agresiones físicas, con explosivos, con amenazas, con calumnias y con espionaje, todo ello sintetizado en terrorismo de Estado.

Somos un pueblo que escucha, pero que también ejerce su libertad a expresarse. Somos un pueblo que ama su cosmogonía, y cree en la justicia y la democracia como las formas más armónicas de convivencia colectiva, las mismas a las que usted le ha dado la espalda.

Sabemos que el diálogo es el camino para la verdad y el entendimiento; pero solo cuando ambas partes tienen voluntad y honestidad para emprenderlo. El gobierno del estado de Puebla no es un representante legítimo ni confiable para emprender este camino. No por ahora como lo ha demostrado con su violencia.

La voluntad al diálogo se demuestra con la libertad de nuestros compañeros Basilisa Montaño Gutierrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez Herrera, Anastacio González Sanginez. Todos ellos, emboscados y engañados con una cita de gobierno del estado. No más.

Por ello, condicionamos al gobernante que nos ha fallado, a restablecer el Estado de Derecho con la libertad de nuestros compañeros, y posteriormente con una reunión en presencia de las autoridades federales, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, y del Alto Comisionado de la Naciones Unidas, entre otros organismos independientes de derechos humanos.

La libertad, la justicia y la paz de nuestro pueblo, no es asunto menor, porque la legitimidad de un gobierno siempre depende de sus propias acciones. Y Usted, reiteramos, nos ha fallado.

Atentamente
Los 14 mil habitantes de Coyomeapan, Puebla.

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Asociación de Transporte Aéreo Internacional rechaza que AIFA tenga capacidad para servicio de carga

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La asociación de transporte Aéreo sostuvo que el AIFA no cumple con los requisitos para cumplir con el decreto presidencial de trasnporte de carga

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) refirió que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no cuenta con las condiciones técnicas, normativas e infraestructura para que se desarrollen los vuelos exclusivos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El organismo internacional señaló que el gobierno mexicano necesita cumplir con una serie de requisitos críticos e independientes en materia de infraestructura de carga que aún están pendientes para que puedan realizarse esas modificaciones en la terminal aérea.

Para saber más del tema: Decreto presidencial para que aviones de carga utilicen solo el Aeropuerto Felipe Ángeles

De acuerdo con la IATA, se requieren certificaciones de terceros por los operadores de terminales como carga que se transporta para Europa, así como equipamiento adecuado de los almacenes de carga autorizados por la Autoridad de Aviación Civil de México.

De la misma manera, se necesita el cumplimiento del sistema aduanero operativo, contar con los agentes aduanales suficientes para atender la carga importada y un registro de agentes de especialidad para el AIFA.

También la IATA sostuvo que el plazo de 90 días contemplado por el gobierno federal para cumplir con estos requisitos es insuficiente para que los vuelos exclusivos de carga que migren a otros aeropuertos.

Lee también: ASF detecta observaciones por más de 20 mmdp a Sedena por construcción de nuevo aeropuerto

Asimismo, el organismo internacional enfatizó que se necesitan completar la infraestructura de transporte aéreo y terrestre hacia y desde el AIFA, la cual en la actualidad es completamente inadecuada para que comience el movimiento de carga y pasajeros.

Lo anterior se da, luego de que el 19 de enero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en su conferencia matutina que busca un consenso con las empresas de aviones de carga para que utilicen solamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo cual quedará plasmado en un decreto presidencial, pero negó que se tratara de una imposición.

 

“Hay un trabajo de convencimiento, aplicamos la máxima del presidente Juárez, de nada por la fuerza, y se está buscando que los aviones de carga puedan utilizar el Aeropuerto Felipe Ángeles, se está llegando a este acuerdo con agencias aduanales, con quienes se dedican al transporte de carga en aviones», dijo. Y abundó que los avances se están dado sin conflicto, y que se informará en cuanto haya resultados.

 

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Legisladora exhorta a que se asigne presupuesto para garantizar cobertura universal a pacientes con cáncer

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La diputada del PRI lanzó un llamado para que se atienda el problema de las personas enfermas de cáncer en México

• El programa federal para prevención y control de cáncer sin recursos presupuestales suficientes en México: diputada Marcela Guerra

«Se han dado grandes avances en el combate del cáncer, sin embargo, en esta administración no hay una política pública integral que permita optimizar los recursos humanos y materiales para el beneficio de los pacientes», afirmó la diputada federal Marcela Guerra, quien presentó un punto de acuerdo para que se asigne presupuesto del erario a la cobertura universal para quienes tienen este padecimiento.

El Punto de Acuerdo presentado por la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) exhorta a la Secretaría de Salud (Ssa) a desarrollar e implementar un programa nacional de control de cáncer, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que asigne los recursos presupuestales para la prevención, detección temprana y atención del mismo en México.

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Lo anterior, a fin de garantizar la prevención y detección temprana, atención y tratamiento oportuno, así como la reducción de la incidencia y mortalidad, causadas por esta enfermedad no transmisible en la población.

En México, puntualizó la legisladora priista, el cáncer es una de las enfermedades que ha cobrado mayor relevancia debido a sus elevados grados de incidencia y mortalidad, ya que anualmente cobra la vida de más de 80 mil mexicanos, siendo ésta la tercera causa de muerte, antes del Covid-19.

Además, advirtió que, en los últimos 30 años, el número de muertes a causa de este padecimiento en el país se ha incrementado 2.3 veces y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera que para 2030, los casos aumenten 44 por ciento.

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Tras destacar que de los 20 países que integran la región de América Latina, únicamente 7 cuentan con una legislación vigente en materia de control del cáncer, mientras que 11 de ellos han implementado un plan o programa nacional de atención para este padecimiento, lamentó que México no se encuentre en ninguno de estos dos casos.

La Secretaría de Salud, expuso la representante popular neoleonesa, dio a conocer el Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer 2021-2024, pero no fueron contemplados recursos presupuestales específicos para la instrumentación de dicho programa a lo que se suma la falta de vigilancia en los programas de acción específica, lo que reduce la instrumentación y operación de las acciones a largo plazo.

Con esos argumentos, Marcela Guerra manifestó su interés para que el Poder Legislativo contribuya, en el cumplimiento de las metas y los compromisos internacionales, para un ejercicio pleno de los derechos humanos de la población; así como para promover el diagnóstico temprano como estrategia fundamental para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer en México, con el presupuesto necesario.

 

 

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INAI instruye a FGR informar denuncias de tomas clandestinas de agua potable en todo el país

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El INAI ordenó a la FGR que informé sobre las tomes clandestinas de agua en el país

En 2021, en el marco de la sequía extrema, las tomas clandestinas de agua potable aumentaron hasta 110 por ciento

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer el número de denuncias presentadas por la apertura y uso de tomas clandestinas en ductos de la red de agua potable del país, entre los años 2000 y 2022, desagregando por mes y por año el número de denuncias presentadas, carpetas de investigación y sentencias emitidas.

“La transparencia de la gestión pública es fundamental, porque abona en la legitimidad de las instituciones y desde luego en la búsqueda de recuperar la confianza ciudadana, ya que permite que las personas den seguimiento, naturalmente, de las y los servidores públicos, y que evalúen también su eficiencia y eficacia. Y en ese sentido, este Pleno, con las determinaciones que ha emitido de manera cotidiana, en las que ordena la apertura de información, coadyuva en esta labor de fortalecimiento de las instituciones de nuestra nación”, comentó la comisionada presidente, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al exponer el caso durante la sesión del Pleno.

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Resaltó que la escasez de agua en México se ha agravado por la sustracción ilegal del líquido vital; tan solo entre 2012 y 2018, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detectó dos mil 280 usuarios de aguas nacionales sin título, a lo que se suma que se desconoce cuánta agua se extrae de pozos clandestinos.

Asimismo, Ibarra Cadena refirió que, en 2021, cuando más de la mitad del territorio nacional fue declarado en situación de sequía extrema, las tomas clandestinas del líquido aumentaron entre 70 y 110 por ciento.

Un particular solicitó a la FGR información desagregada por mes y por año, de 2000 a 2022, del número de denuncias presentadas por sustracción ilegal de agua en la red de agua potable; de carpetas de investigación y/o averiguaciones previas abiertas; de casos judicializados; de casos desestimados; de personas procesadas, y de sentencias divididas en condenatorias y absolutorias.

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El sujeto obligado rechazó entregar lo solicitado, argumentando no contar con el nivel de desglose requerido, por lo que no podía proporcionar la información de los registros e investigaciones de las tomas clandestinas de agua.

La persona solicitante se inconformó con la respuesta y presentó un recurso de revisión ante el INAI, el cual fue turnado a la ponencia de la Comisionada, Presidenta Blanca Lilia Ibarra, misma que buscó información pública y constató que el sujeto obligado cuenta con diversos sistemas que concentran información de tipo estadístico, como el Sistema Institucional de Información Estadística, en el que es posible conocer detalles de las averiguaciones previas, y el programa Justici@net, donde se pueden localizar los expedientes por número de caso.

Así, por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la FGR y le instruyó realizar una búsqueda razonable y exhaustiva en todas las unidades administrativas competentes y en los sistemas referidos, para localizar la información con el desglose solicitado.

 

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