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¿Corrupción o gobernabilidad?

Los partidos políticos han sido la cuna de corrupción del Estado mexicano y su principal sostén, la impunidad

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Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red

Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red

Francisco Bedolla Cancino*

Más allá de colores y filiaciones partidistas, la regla dorada con la que se manejan las elites políticas y burocráticas del Estado mexicano es simple de enunciar: los escaños de representación y los altos cargos públicos, además del presupuesto fiscal, son botín de su propiedad. Tan cruda y natural es la vigencia de dicha regla que hasta parece una necedad traer a cuento el concepto de corrupción. Y sí, ciertamente, existe una feroz competencia entre dichas elites por hacerse del mayor trozo del pastel de los recursos públicos, siempre y cuando se respete la contraparte de esa regla dorada: que jamás ninguno de los depredadores ponga en entredicho su derecho compartido a depredar la riqueza nacional y a lastrar el futuro de las generaciones presentes y venideras. El nombre de esta regla sólo ocupa una palabra: impunidad.

Las noticias de actualidad ofrecen pruebas fehacientes del extraordinario oficio mostrado por la partidocracia para conservar bajo su control colegiado el jugoso negocio denominado Estado mexicano, cuyo secreto oculto es la férrea disciplina a  las reglas de la competencia interna por el botín y a las reglas de la cooperación para preservar a la sociedad excluida del goce y el disfrute de los recursos que sólo en la letra muerta de la Constitución y las leyes son públicos. Un recuento breve de lo más sonado viene a cuento.

En el seno del color azul, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, se lleva las palmas. En la balanza de la lucha por la presidencia de dicho partido, Pablo Emilio Madero privilegió el apoyo de dicho personaje por sobre los fuertes indicios de los “moches” que cobraba a los presidentes municipales por canalizarles recursos del presupuesto público, más los indicios de otros actos de corrupción que se siguen acumulando. Tan delicado es el tema que Madero vetó abiertamente la iniciativa interna de su partido de abrir una investigación sobre Villarreal y, yendo en sentido contrario, tan luego se confirmó su victoria sobre Cordero, ratificó al diputado como coordinador.

Hasta ahora, la lógica estratégica exhibida por el PRI y el PRD, los socios comerciales del PAN en el negocio llamado México, estriba en dar por entendido que “la ropa sucia se lava en casa”. Dicho en otras palabras: la corrupción en las altas esferas es un asunto que invoca la aplicación de las reglas no escritas de cooperación entre las elites, no las reglas de la competencia.

Del lado del PRI, se cuecen también sus habas. Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI capitalino con licencia, ha sido exhibido públicamente en sus prácticas de comercio sexual, mediando el uso de los recursos materiales, humanos y financieros de su partido, que por disposición constitucional es un órgano de interés público que se beneficia del financiamiento público.

Frente a tamaño escándalo, el mejor argumento de César Camacho, actual presidente del PRI, ha sido deslindarse de su dirigente y señalar que se trata de un situación estrictamente personal, a la cual el dirigente habrá de responder en su calidad de ciudadano. Se trata de un razonamiento curioso, por decir lo menos, en el que el PRI se des-responsabiliza por los actos de un alto dirigente suyo, investido como tal en los términos de la normatividad partidista. Bajo este entendido, la conclusión falaz está a la vista: la organización no tiene por qué hacerse cargo de las malas prácticas de sus dirigentes.

Tan curioso como lo anterior, o más, resulta el hecho de que, más allá de las demandas tardías presentadas en secuela a la información exhibida por Multivisión, el PAN y el PRD le han prestado mucho menos de la atención debida al tráfico sexual del líder priista. Peor aún, en el caso del PRD capitalino, pese a contar con los elementos suficientes, ha sido evidente la poca disposición de la Procuraduría a impulsar una averiguación a fondo.

El trasfondo de estas historias que involucran a las elites políticas y burocráticas sin distingo de partidos es a todas luces evidente: como no hay quien se encuentre libre de pecado, el acuerdo tácito o explícito entre los líderes de los partidos políticos es que nadie tira pedradas en contra de la corrupción. En lenguaje coloquial, esto significa que “entre gitanos no se leen las cartas”; o, mejor aún, que “perro no come perro”.

En una situación como la descrita, los escenarios posibles y probables resultan poco edificantes. El combate a la corrupción carece de la palanca y el punto de apoyo necesarios para rendir buenos resultados. Más probable resulta que la señal de impunidad emanada de las elites, como ha venido sucediendo, opere en las cadenas de mando como una invitación abierta a beneficiarse del uso y el manejo de los recursos públicos.

De entre las consecuencias esperables más perniciosas de la corrupción pueden señalarse la pérdida de oportunidades de desarrollo, la agudización de la pobreza y la polarización política. En tal virtud, frente a la indiferencia y la insensibilidad de los responsables de la política nacional, las preguntas sobre el futuro del país se tornan angustiantes y dramáticas. Y, dentro de ellas, señaladamente una: ¿cuáles son los límites dentro de los cuales la corrupción puede seguir funcionando sin vaciar de sentido y provocar la quiebra irreversible de la institucionalidad democrática?

Por lo visto hasta ahora, enfáticamente con la integración por cuotas partidistas  de las instituciones estatales clave (IFAI, COFETEL, INE, etc.), puede darse por descontado que las elites proceden en el entendido de que su doble arreglo para competir por el botín y para cooperar para evitar intrusiones es funcional para preservar la gallina de los huevos de oro y preservar su posición de privilegio.

Una mirada ajena, y nada complaciente, apunta a descubrir los barruntos de una situación amenazante. A la par del crecimiento de la pobreza y el hartazgo por los excesos de la corrupción y la impunidad, nuestra economía muestra señales de crecimiento poco satisfactorias, que hacen dudar de la pertinencia y la eficacia de las festinadas reformas estructurales.

Una hipótesis cada vez más fuerte es que la economía mexicana está al borde de no generar lo suficiente para alimentar los afanes depredatorios de las elites y contener los efectos de la pauperización. Quizás en breve las elites señaladas se encuentren insertas en el dilema de elegir entre preservar la corrupción o la gobernabilidad.

*Analista político

@franbedolla

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Mexico Violento

Nuevas detenciones en Puebla contra asistentes a mesas de diálogo y protestas en Palacio de Gobierno

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Por Claudia Martínez Sánchez

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta ordenó nuevamente detenciones contra quienes protestaran de las comunidades. Ahora fueron habitantes del municipio de Quecholac, uno de los 217 que integran el estado.

Yolanda Beristain, de 70 años, fue detenida de manera arbitraria por protestar frente a Casa Aguayo, actual sede de Palacio de Gobierno del Ejecutivo del estado, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. La mujer de la tercera edad, entró acompañada con una comisión de cinco habitantes procedentes del municipio de Quecholac bajo el engaño gubernamental de que se iba a realizar una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación.

En esta mesa de diálogo se trataría el caso del  alcalde de Quecholac, José Alejandro Martínez Fuentes, detenido el 28 de septiembre por los supuestos delitos de peculado y abuso de autoridad.

Luego de estas detenciones, un grupo de habitantes viajaron hasta Casa Aguayo para manifestar su inconformidad por la aprehensión de su gobernante municipal. Ya dentro de las oficinas de Gobernación, la mujer de la tercera edad Yolanda Andrade fue detenida por elementos de la policía estatal y ministerial con una supuesta orden de aprehensión.

En reiteradas ocasiones se ha señalado a Viliulfo Ramos González como unos de los principales actores represores de los movimientos sociales, quien opera con supuestos periodistas que no escriben en ningún medio de comunicación y se acreditan con identificación de Prensa para infiltrarse en las marchas y protestas, y en las mesas de diálogo.

Viliulfo Ramos González, funcionario de gobierno que infiltra a periodistas en las protestas de las comunidades poblanas. Foto: perfil de FB.

Cabe recordar que las últimas violaciones a los derechos humanos en contra de defensores en Puebla fue en el Ajalpan, cuando Gobernación del estado, simuló una mesa de diálogo para resolver la persecución política, amenazas de muerte  y despojo de tierras en Coyomepan, por parte de Araceli Celestino Rosas y su hermano David Celestino. En dicha mesa de Gobernación fueron arrestados de manera violenta Basiliza Montaño, Eruviel Aguilar Gómez, Anastacio González Sanguinez y, días después, Gonzalo Martínez en su domicilio.

En la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos ha denunciado recientemente la criminalización de las protestas, las fabricaciones de delitos y detenciones arbitrarias en contra de indígenas defensores en Coyomepan.

Miembros del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas denunciaron en diferentes foros públicos al gobernador Miguel Barbosa de los agravios a periodistas, además de espionaje y señalamientos en los que públicamente el funcionario evidencia a reporteros que son críticos con este gobierno.

Lista de detenciones y persecución por parte del gobierno de Puebla

  1. a) Detención y persecución judicial del ambientalista Miguel López Vega, el 23 de enero del 2020.
  2. b) Detención de 14 integrantes del movimiento social “Amozoc Seguro” y persecución judicial, el 23 de junio de 2020.
  3. c) Criminalización y desestimación en la toma del Congreso del Estado de Puebla por parte de feministas, el 28 de noviembre de 2020.
  4. d) Criminalización, persecución judicial y denuncias contra feministas en la marcha del 8M, 9 de marzo de 2021.
  5. e) Criminalización, persecución judicial y detención de 43 normalistas de Teteles, Tiripetío, Ayotzinapan (Puebla) y otras Normales Rurales, el 1 de junio de 2021.
  6. f) Criminalización, persecución judicial y detención de pobladores de Coyomeapan, septiembre de 2021.
  7. g) Criminalización y persecución judicial contra 50 integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental.
  8. h) Criminalización de maestros el 14 de septiembre en la Secretaría de Educación Pública con lujo de violencia y con presencia de granaderos.
  9. i) Criminalización, persecución judicial y detención de 4 defensores indígenas  de Coyomeapan, el 1 de septiembre 2021.
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México de conciencia

Formación política en MORENA, necesaria para ejercer gobierno con dignidad: Diputada Luz Ma Hernández

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Por Zavianny Torres Baltazar

En el marco del  taller interactivo de “El derecho humano a la salud” promovido por el Instituto de Formación Política de MORENA, la diputada Luz Ma Hernández consideró que la formación de cuadros con profesionales expertos es necesaria para entender los nuevos tiempos y conceptos de la vida política en el ejercicio de un gobierno con dignidad, tanto en el Estado de México como en el país.

“Desde la 4T estamos procurando una nueva forma de ejercer el gobierno, empezando por dignificar la misma política en la vida pública. Para nuestra militancia es necesario contar con conocimientos en el quehacer político y la forma de asumir los liderazgos regionales, y transmitirlos de forma asertiva», señaló.

En los últimos años, como secretaria general de MORENA en el Estado de México, ha recorrido al menos dos veces los 125 municipios que componen la entidad, en éstos, las experiencias adquiridas -dijo- le han mostrado la riqueza pluricultural y la de su gente, que en la mayoría de casos está en el ánimo de construir una nueva forma de vida, ese sentir y las emociones expresadas con su recibimiento y actos simbólicos. Proyectan una energía y actitud de querer cambiar la condición actual de las cosas. Una vida digna, enfatizó.

En el caso de las capacitaciones hay uno que le sorprendió gratamente, dijo. «Fue el de Amanalco, en un sitio totalmente al aire libre, y personas de origen indígena y muy participativo. Nos dieron una exhibición de riqueza cultural, lingüística, de cosmovisión y su forma de organizarse en lo económico. En este contexto, son muchas las lecciones de vida que he recibido».

La diputada abundó que la enseñanza más importante que le ha dejado la actividad política, es conocer que las comunidades indígenas y aisladas del espectro urbano, no tienen nada de vulnerables, son grupos con mucho potencial y que en el mejor de los casos tenemos mucho que aprenderles. Me parece que verlos o nombrarlos como grupos vulnerables es lacerante y una ofensa. Son segmentos con mucho potencial, cosa de estar abiertos para generarles nuevas oportunidades.

Entre los retos que actualmente enfrenta como representante popular mexiquense, la diputada local Luz Ma Hernández, reconoce “Debemos armonizar la agenda nacional con la de la entidad. Entre éstas, los ejes son la austeridad, promover la paz. Lo que nos marca nuestro partido -en lo local- es llevar a primer plano el tema de los derechos humanos, encontrar la vía para garantizarlos.

Parte medular de la agenda es posicionar el tema de la administración de los recursos hidráulicos, desde luego, trabajar en el diseño de una Iniciativa de Ley en el tema, que nos lleve a exigir al ejecutivo del estado, cuentas claras y resultados cuantificables. Corregir lo hecho hasta ahora en este tema.

Otra prioridad de la agenda legislativa, será promover la iniciativa de la Ley de participación ciudadana, porque de manera sorprenderte no existe en nuestra entidad este instrumento que permita a la ciudadanía incidir en las decisiones de sus comunidades, sus colonias, sus pueblos. Necesitamos urgentemente sacar adelante esta iniciativa que impacte directamente en el bienestar de las comunidades. Ya iniciamos los trabajos de cabildeo y asesoramiento de expertos en el tema, estamos en el proceso. En breve haremos pública nuestra hoja de ruta de la agenda legislativa. Que coadyube para llevarlas a buen puerto”.

Por su parte, el coordinador del evento, Guillermo Rojas, dejó constancia que en estas capacitaciones, se analiza de forma acuciosa los perfiles profesionales de los ponentes “… además estudiamos que tipo de necesidades tiene cada Estado de la República -incluso en carácter- en este sentido buscamos generar empatía y sinergias de grupo. Es decir, dignificar la capacitación.

La inversión en capacitación que está haciendo actualmente el Instituto de Formación Política de morena ha rendido sus primeros frutos, pues se trata de no sólo brindar un conocimiento o información de carácter político o doctrinario, sino que los talleres que se imparten tengan un impacto en la planificación y ejecución de proyectos sociales viables. Esos trabajos de liderazgo social e iniciativa participativa no tienen sentido sino generan un producto de impacto social”.

En 2019 se impartió un taller de ciudadanía activa, participativa y representativa, fue en una comunidad indígena, en Malinalco, donde al concluir el curso-taller, llegaron las personas de la comunidad con muchas plantitas endémicas “de principio no sabíamos si era para venderlas, exposición o conque motivo. Al término de la última sesión se pusieron a regalarlas. En agradecimiento -nos decían- a que gracias a las herramientas que se les dotó esta escuela de formación, ellas y ellos habían emprendido un negocio relacionado con las plantas, y les iba muy bien. Es decir, partimos del concepto de que la capacitación no es un gasto, es una inversión. Finalizó.

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Últimas noticias y en vivo

Joven torturado, violado y asesinado por autoridades policíacas en Mérida, Yucatán

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Por Alberto Farfán

“Aplicaremos la ley hasta sus últimas consecuencias”, “se hará justicia caiga quien caiga”, “nadie quedará impune”, “se llegará hasta donde se tenga que llegar”, “le duela a quien le duela”, frases como estas en México suelen aparecer cuando las autoridades se enfrentan a un hecho delictivo y no tienen, generalmente, el más mínimo interés en resolver. Son expresiones huecas para la opinión pública con el objetivo de salvaguardar su imagen.

El caso es que un joven de 23 años de edad oriundo de Veracruz viajó a Mérida, Yucatán, al parecer en busca de trabajo. Pero fue detenido el 21 de julio, supuestamente por denuncias ciudadanas en las cuales se le acusa de agresión y por comportamiento violento, por cuatro elementos de la policía municipal, quienes lo detienen y lo recluyen ese mismo día en su comandancia.

Lamentablemente, José Eduardo Ravelo ─tras salir de la jefatura─ estuvo cuatro días en el área de cuidados intensivos, pero como resultado del síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, se le presentó una falla orgánica perdiendo la vida. Con fundamento en que fue golpeado, torturado y violado aparentemente por miembros policíacos cuando fue asegurado.

Debido a lo anterior, el 7 de agosto los cuatro servidores públicos que lo aprehendieron fueron detenidos por ser los presuntos responsables del asesinato de José Eduardo, con la finalidad de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán iniciara la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Ante ello, el gobernador del estado Mauricio Vila Dosal informó a través de sus redes sociales de la detención de los sujetos en cuestión: «les informo que los policías municipales, presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias».

Por su parte, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, indicó que él cuenta con videos donde la tortura o violación perpetrada por sus oficiales en la persona de José Eduardo son acciones inexistentes y por lo tanto no comprobables, por lo menos en el traslado, ingreso a la celda o a la salida de José Eduardo.

Por consiguiente, no era de extrañar que el viernes 13 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida el juez de Control del Primer Distrito Judicial, Rómulo Antonio Bonilla Castañeda, resolviera la no vinculación a proceso de los cuatro acusados que fueron imputados por los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, tortura y violación agravadas. Pues si bien los delitos sí estaban acreditados, la comisión de los mismos en los sujetos señalados no.

Y es aquí donde empieza el verdadero problema. En primer lugar, porque el video que tiene en su poder Renán Barrera Concha exime absurdamente a sus policías a su estrecho entender, pero no explica las razones por las cuales en otros videos filtrados en redes sociales se observa no a cuatro sino a más efectivos policíacos al introducir a José Eduardo en la comandancia.

En segundo lugar, tampoco sustenta el hecho de que hay una pérdida en términos de tiempo, en cuanto detienen al joven y es recluido, ya que no hay imágenes por alrededor de 40 minutos. En otros videos de redes se aprecia al detenido con moretones y ya sin pantalones, sólo con un short. Y lastimado, sin poder levantarse o sostenerse en pie. Pero todo esto no lo considera el alcalde Renán Barrera Concha ni por equivocación.

En definitiva, hay un gran desaseo en todo esto, dado que es evidente la manipulación de videos oficiales, por no hablar de ciertos componentes de análisis contradictorios, de una extraña celeridad en la actuación de las autoridades y del nulo interés genuino en resolver este crimen conforme a derecho.

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