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¿Corrupción o gobernabilidad?

Los partidos políticos han sido la cuna de corrupción del Estado mexicano y su principal sostén, la impunidad

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Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red

Representantes de partidos y gobierno en México. Foto: archivo/red

Francisco Bedolla Cancino*

Más allá de colores y filiaciones partidistas, la regla dorada con la que se manejan las elites políticas y burocráticas del Estado mexicano es simple de enunciar: los escaños de representación y los altos cargos públicos, además del presupuesto fiscal, son botín de su propiedad. Tan cruda y natural es la vigencia de dicha regla que hasta parece una necedad traer a cuento el concepto de corrupción. Y sí, ciertamente, existe una feroz competencia entre dichas elites por hacerse del mayor trozo del pastel de los recursos públicos, siempre y cuando se respete la contraparte de esa regla dorada: que jamás ninguno de los depredadores ponga en entredicho su derecho compartido a depredar la riqueza nacional y a lastrar el futuro de las generaciones presentes y venideras. El nombre de esta regla sólo ocupa una palabra: impunidad.

Las noticias de actualidad ofrecen pruebas fehacientes del extraordinario oficio mostrado por la partidocracia para conservar bajo su control colegiado el jugoso negocio denominado Estado mexicano, cuyo secreto oculto es la férrea disciplina a  las reglas de la competencia interna por el botín y a las reglas de la cooperación para preservar a la sociedad excluida del goce y el disfrute de los recursos que sólo en la letra muerta de la Constitución y las leyes son públicos. Un recuento breve de lo más sonado viene a cuento.

En el seno del color azul, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados del PAN, se lleva las palmas. En la balanza de la lucha por la presidencia de dicho partido, Pablo Emilio Madero privilegió el apoyo de dicho personaje por sobre los fuertes indicios de los “moches” que cobraba a los presidentes municipales por canalizarles recursos del presupuesto público, más los indicios de otros actos de corrupción que se siguen acumulando. Tan delicado es el tema que Madero vetó abiertamente la iniciativa interna de su partido de abrir una investigación sobre Villarreal y, yendo en sentido contrario, tan luego se confirmó su victoria sobre Cordero, ratificó al diputado como coordinador.

Hasta ahora, la lógica estratégica exhibida por el PRI y el PRD, los socios comerciales del PAN en el negocio llamado México, estriba en dar por entendido que “la ropa sucia se lava en casa”. Dicho en otras palabras: la corrupción en las altas esferas es un asunto que invoca la aplicación de las reglas no escritas de cooperación entre las elites, no las reglas de la competencia.

Del lado del PRI, se cuecen también sus habas. Cuauhtémoc Gutiérrez, líder del PRI capitalino con licencia, ha sido exhibido públicamente en sus prácticas de comercio sexual, mediando el uso de los recursos materiales, humanos y financieros de su partido, que por disposición constitucional es un órgano de interés público que se beneficia del financiamiento público.

Frente a tamaño escándalo, el mejor argumento de César Camacho, actual presidente del PRI, ha sido deslindarse de su dirigente y señalar que se trata de un situación estrictamente personal, a la cual el dirigente habrá de responder en su calidad de ciudadano. Se trata de un razonamiento curioso, por decir lo menos, en el que el PRI se des-responsabiliza por los actos de un alto dirigente suyo, investido como tal en los términos de la normatividad partidista. Bajo este entendido, la conclusión falaz está a la vista: la organización no tiene por qué hacerse cargo de las malas prácticas de sus dirigentes.

Tan curioso como lo anterior, o más, resulta el hecho de que, más allá de las demandas tardías presentadas en secuela a la información exhibida por Multivisión, el PAN y el PRD le han prestado mucho menos de la atención debida al tráfico sexual del líder priista. Peor aún, en el caso del PRD capitalino, pese a contar con los elementos suficientes, ha sido evidente la poca disposición de la Procuraduría a impulsar una averiguación a fondo.

El trasfondo de estas historias que involucran a las elites políticas y burocráticas sin distingo de partidos es a todas luces evidente: como no hay quien se encuentre libre de pecado, el acuerdo tácito o explícito entre los líderes de los partidos políticos es que nadie tira pedradas en contra de la corrupción. En lenguaje coloquial, esto significa que “entre gitanos no se leen las cartas”; o, mejor aún, que “perro no come perro”.

En una situación como la descrita, los escenarios posibles y probables resultan poco edificantes. El combate a la corrupción carece de la palanca y el punto de apoyo necesarios para rendir buenos resultados. Más probable resulta que la señal de impunidad emanada de las elites, como ha venido sucediendo, opere en las cadenas de mando como una invitación abierta a beneficiarse del uso y el manejo de los recursos públicos.

De entre las consecuencias esperables más perniciosas de la corrupción pueden señalarse la pérdida de oportunidades de desarrollo, la agudización de la pobreza y la polarización política. En tal virtud, frente a la indiferencia y la insensibilidad de los responsables de la política nacional, las preguntas sobre el futuro del país se tornan angustiantes y dramáticas. Y, dentro de ellas, señaladamente una: ¿cuáles son los límites dentro de los cuales la corrupción puede seguir funcionando sin vaciar de sentido y provocar la quiebra irreversible de la institucionalidad democrática?

Por lo visto hasta ahora, enfáticamente con la integración por cuotas partidistas  de las instituciones estatales clave (IFAI, COFETEL, INE, etc.), puede darse por descontado que las elites proceden en el entendido de que su doble arreglo para competir por el botín y para cooperar para evitar intrusiones es funcional para preservar la gallina de los huevos de oro y preservar su posición de privilegio.

Una mirada ajena, y nada complaciente, apunta a descubrir los barruntos de una situación amenazante. A la par del crecimiento de la pobreza y el hartazgo por los excesos de la corrupción y la impunidad, nuestra economía muestra señales de crecimiento poco satisfactorias, que hacen dudar de la pertinencia y la eficacia de las festinadas reformas estructurales.

Una hipótesis cada vez más fuerte es que la economía mexicana está al borde de no generar lo suficiente para alimentar los afanes depredatorios de las elites y contener los efectos de la pauperización. Quizás en breve las elites señaladas se encuentren insertas en el dilema de elegir entre preservar la corrupción o la gobernabilidad.

*Analista político

@franbedolla

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Estados Unidos

La mercantilización del voto: publicidad electoral en redes sociales

Raúl Magallón Rosas

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MADRID, 30 oct 2020 (IPS) – Tradicionalmente, se ha dicho que las campañas electorales sirven para persuadir a votantes dudosos o posibles simpatizantes. Pero la aparición en escena de Cambridge Analytica, ha demostrado que las campañas pueden ser muy eficaces para disuadir a posibles votantes e indecisos de ir a votar. Sobre todo, en escenarios en el que un porcentaje de indecisos tan elevado decide su voto en la última semana.

Cambridge Analytica es la consultora que, con el beneplácito de Facebook, extrajo millones de datos durante las campañas de 2016 en Estados Unidos y del Brexit

En 2016, el equipo de campaña de Donald Trump pudo descubrir, gracias al análisis de seguidores de una serie como The Walking Dead, que a sus espectadores les preocupaba la inmigración. Con esta información, segmentaron sus mensajes y anuncios políticos en Facebook: enviaron mensajes específicos a los fans de The Walking Dead.

El dinero con que cuenta cada campaña es determinante, especialmente en este contexto. Pero, ¿hasta qué punto suponen las campañas actuales una mercantilización del electorado?

Biden y Trump, 2020: Entre 89 y 93 millones de dólares en Facebook

Desde el 1 de enero de 2020, la candidatura de Joe Biden ha gastado más de 93 millones de dólares en publicidad y anuncios políticos solamente en Facebook, cifra algo superior a la gastada por el equipo de campaña de Donald Trump. Esto supone cientos de versiones de anuncios segmentados por perfiles circulando en las redes sociales.

Para entender cómo ha evolucionado la importancia de esta estrategia de comunicación política, hay que recordar que en 2008 la campaña de Obama gastó alrededor de 8 millones de dólares en anuncios en Internet. De ese monto total, solamente 500 000 dólares se destinaron a Facebook.

¿Qué se considera publicidad electoral?

Lo que se entiende por anuncio político varía dependiendo de la plataforma tecnológica donde se emite y de los países.

En el informe de transparencia de Google sobre anuncios electorales en la Unión Europea (UE) se incluyen como tales “anuncios en los que aparecen partidos políticos, actuales dirigentes electos o candidatos a cargos del Parlamento de la UE, cargos nacionales electos de un Estado miembro de la UE o del Parlamento del Reino Unido.

También se incluyen anuncios con un referéndum para votar, un grupo de campañas de referéndum, o un llamamiento al voto relacionado con un referéndum nacional o un referéndum de soberanía estatal o provincial”.

Informe de Transparencia de Google.

En la Unión Europea, por ejemplo, no se consideran anuncios electorales los anuncios de productos o servicios, incluidos los productos de merchandising político como camisetas, ni los anuncios publicados por medios de comunicación para promocionar su cobertura de referéndums, partidos políticos, candidatos o cargos electos en activo.

Propaganda y desinformación

Por otra parte, los intentos de desinformación a través de los anuncios en Facebook siguen formando parte de las estrategias políticas en muchos países. Según Nick Clegg, vicepresidente de Facebook, la compañía bloqueó en el segundo trimestre de este año alrededor de 750 000 anuncios políticos en su plataforma que no cumplían con sus requisitos.

La mayoría de países no tienen una legislación adaptada al contexto digital. En España, por ejemplo, durante las elecciones de 2019 la mayoría de anuncios políticos pagados en Facebook respetó la jornada de reflexión, si bien algún candidato/partido político, como Arturo Aliaga del PAR, Héctor Illueca de Unidas Podemos o Joan Josep Nuet de ERC, mantuvieron la publicidad a pesar de que la ley es clara y no lo permite.

Según la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio del régimen electoral general, son las distintas juntas electorales las que han de velar por la celebración normal de las distintas elecciones. El artículo 53 señala que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado”.

Facebook.

Cómo funciona la publicidad segmentada

En los últimos años hemos visto cómo cada elección supone la actualización automática del software de la desinformación y la incorporación automática de nuevas formas, narrativas y formatos a las diferentes estrategias de propaganda digital.

La publicidad en Facebook es muy asequible y, debido a la segmentación, invisible para aquellos perfiles no deseados, salvo que se consulte su biblioteca de anuncios.

Desde 2 euros al día por anuncio, se pueden poner anuncios personalizados respondiendo a criterios como el sexo, la edad, la ubicación o los intereses. Anuncios que sólo veremos si cumplimos esos requisitos preestablecidos.

La responsabilidad de las empresas

Una encuesta del Pew Research señalaba que 54% de los estadounidenses defendía que las empresas de redes sociales no deberían permitir anuncios políticos. Hasta  77% consideraba que no es aceptable que estas empresas usen datos sobre las actividades en línea de sus usuarios para mostrarles anuncios de campañas políticas.

Por edades, cerca de 64% de las personas de más de 65 años se muestran de acuerdo con que no se permitan los anuncios políticos en estas plataformas. En cambio, poco más de la mitad de las personas de 30 a 64 años y 45% de las de 18 a 29 años comparten esta opinión.

Cada plataforma tiene sus propias normas

En septiembre de 2020, Facebook anunció que no permitiría nuevos anuncios la semana previa a las elecciones. Pero sí se permite que los anuncios políticos mientan.

Paralelamente, algunas plataformas han optado por no permitir ningún anuncio político como Twitter, LinkedIn, TikTok y Spotify. Por su parte, Reddit –que cuenta con su propia biblioteca de anuncios– o SnapChat prohíben los anuncios engañosos.

Google ha impuesto varias restricciones a la orientación de anuncios –también para Youtube– y para los anuncios segmentados solo se pueden usar datos como la ubicación, la edad y el sexo.

Empresas tecnológicas… ¿o actores políticos?

Sin embargo, en los últimos meses lo que más llama la atención no es la inversión que los equipos de campaña de Biden o Trump han hecho en Facebook sino que el propio Facebook, en los últimos 90 días, haya invertido más de 28 millones de dólares en anuncios orientados a movilizar la participación –además de más de 8 millones en Instagram–.

Facebook

La importancia de las redes sociales en este proceso electoral ha hecho que el debate se aleje ya de si deben ser consideradas empresas tecnológicas o empresas mediáticas. Ahora la cuestión gira entorno a si estas organizaciones han de ser consideradas actores políticos esenciales en la nueva esfera democrática.

Queda por ver si Facebook hace algo para controlar la publicidad electoral proveniente de otros países que puedan intentar contaminar el debate público. En este sentido, el papel de Rusia o China puede ser más visible que en anteriores elecciones.

Necesidad de una legislación específica

Regular los contenidos es algo muy diferente de legislar en torno a la forma en la que se presentan esos contenidos. Legislar en torno al discurso público, a sus contenidos y a la veracidad de las afirmaciones de o sobre los políticos es un debate necesario.

La realidad nos indica de forma clara que cuando se acaban aprobando “leyes anti fake news” se acaba limitando la libertad de expresión e información de periodistas, sociedad civil y voces “disidentes”.

Una legislación adaptada a una democracia digitalizada tiene que actualizar el papel de las campañas electorales. En este sentido algunas ideas pasan por:

  • La publicidad segmentada de los partidos políticos no puede –sirviéndose en la excusa de la campaña– apelar a las emociones y al voto útil a través de mensajes falsos.
  • Mayor transparencia. Conocer mucho mejor los criterios que hacen que seamos objetivo concreto de un anuncio político.
  • Sería recomendable que Facebook tuviera un papel más estricto a la hora de respetar la jornada de reflexión y no permitiera que partidos y candidatos siguieran promocionando sus mensajes más allá de lo previsto por la ley.
  • Establecer unos límites sobre los perfiles y las segmentaciones que se puedan hacer de los anuncios políticos. Y decidir si más allá de la edad, el sexo o la ubicación, se puede usar una segmentación por ideología, intereses, hobbies, eventos, grupos, páginas seguidas, etc. para exponer anuncios políticos.

Se trata de debatir sobre si esta publicidad segmentada simplemente forma de un nuevo ecosistema económico digital, o si no regularla puede suponer la mercantilización del voto. Es decir, un paso más en la confusión intencionada entre ciudadanos, consumidores y electores.

Es un debate importante que debería mantenerse más allá de las elecciones estadounidenses: son prácticas que seguirán utilizándose en procesos electorales en todo el mundo.The Conversation

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation.

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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

UIF congela cuentas de ex mando de la Policía Federal vinculado a Genaro García Luna

Raúl Magallón Rosas

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo con los fiscales norteamericanos, Luis Cárdenas Palomino también recibió sobornos del Cártel de Sinaloa durante la gestión de García Luna al frente de la Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón.

Sin embargo, el ex funcionario federal reclamó el congelamiento de sus cuentas bancarias que tiene en los bancos Santander, Banamex y Banco Azteca, por lo que formó parte dela red de corrupción entre los altos mandos de Seguridad Pública con el crimen organizado.

Las autoridades norteamericanas investigan a los principales colaboradores de García Luna, quienes habrían participado en los hechos de corrupción que se les acusan en Estados Unidos durante el sexenio de Felipe Calderón, que representó también el crecimiento del Cártel de Sinaloa.

Además de Luis Cárdenas Palomino, también las autoridades estadounidenses investigan al ex jefe de Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, por también ser otro de los personajes que habría recibido protección del Cártel de Sinaloa.

Genaro García Luna es procesado en Estados Unidos por enriquecimiento ilícito y haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado para permitir su operación durante los seis años en los que estuvo al frente de la SSP.

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El Caso Wallace

Director de CEFERESO #17 ordena torturar a George Khoury, víctima de Wallace, y desobedece amparos judiciales

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Por Guadalupe Lizárraga

URUAPAN, Michoacán.- George Khoury Layón, vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace, fue torturado, amenazado y despojado de sus pertenencias dentro del CEFERESO #17, del estado de Michoacán, el día de ayer, por los comandantes de seguridad Diana Yadira Esparza y Alejandro Flores, quienes dijeron tener la orden del director del penal Julio Ramírez.

Los comandantes señalaron a Khoury Layón, mientras lo golpeaban, que “estaban apadrinados por las órdenes del director” y “que ya estaban hartos de sus amparos”, en referencia a los amparos concedidos 291/2020 y 290/2020, por el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México.  

Los actos reclamados en los amparos por Khoury, son incomunicación, peligro de vida y confinamiento. Sin embargo, el director del CEFERESO, Julio Ramírez se ha negado a acatar las órdenes del juez, por lo que mandó golpearlo y amenazarlo en su celda de confinamiento, despojándolo de sus pertenencias, incluyendo papel y lápiz para evitar que escriba nuevos amparos y quejas por sus violaciones de derechos humanos.

Con reconocimiento de inocencia por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y por la Secretaría de Gobernación, la cual le otorgó la calidad de preso político, Khoury Layón se encuentra en aislamiento desde el 23 de mayo de 2020, debido a que su compañero de celda intentó matarlo con una piedra golpeándolo en la cabeza, mientras hacía ejercicio. Khoury pudo defenderse y no quiso poner una denuncia formal contra el agresor, por temor a que se retrasara más su liberación, la cual está pidiendo la ONU al Estado mexicano desde el 18 de septiembre de 2017.

Por esta agresión recibida, se informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, dirigida por Alejandro Encinas Rodríguez, sin que se resolviera su situación de confinamiento e incomunicación con su abogada defensora y familiares.

La detención ilegal de George Khoury, de acuerdo con su abogada, está relacionada con el tráfico de influencias de Isabel Miranda Torres, quien recientemente solicitó en video público al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, se prohibiera el acceso de abogados defensores a los sentenciados y procesados por el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Sin embargo, la prohibición de acceso a los penales federales fue para todos los abogados defensores, quienes señalaron que se trataba de una flagrante violación al artículo 20 Constitucional y a la Ley de Ejecución Penal.  

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