Corrupción, la madre de todas las reformas

Felipe Calderón y Enrique Peña, responsables de las reformas estructurales en México. Foto: Henry Romero/Courtesy Reuters
Felipe Calderón y Enrique Peña, responsables de las reformas estructurales en México. Foto: Henry Romero/Courtesy Reuters

Francisco Bedolla Cancino*

Los impactos de la devastación provocada por el azote de las fuerzas de la naturaleza, con todo el dramatismo humano allí envuelto, han ocupado el primer plano del espacio y el quehacer mediáticos por más de una semana. Nada de extraño hay en tal hecho. Tampoco lo hay en las innumerables muestras de solidaridad ofrecidas por la población, tanto la que procede a través de las asociaciones como la que procede a título personal. Y otro tanto puede decirse en el momento presente de la mezquindad, la inoperancia y la frivolidad que han exhibido frente al drama humano connotados miembros de la alta burocracia gubernamental y de la clase política.

Y todavía menos llama a sorpresa, aunque sí a una enorme indignación, la corrupción desnudada por los desastres naturales en la promoción de las licitaciones supuestamente públicas y los pagos a las empresas que, al amparo de los contubernios con los funcionarios gubernamentales en turno, participaron fraudulentamente en la construcción de los puentes y caminos arrasados por las fuerzas de la naturaleza. Lo peor de todo ello, y tan severo como las fatalidades naturales, es que los más pobres de entre los más pobres terminan padeciendo las consecuencias del enriquecimiento ilícito de unos cuantos vivales que fingen, y no fungen, como servidores públicos y empresarios honestos.

Traer ahora a cuento el tema de la corrupción, ciertamente, no es para buscar el mérito a la innovación o la originalidad intelectual. Un ejercicio de remembranza a vuelapluma es más que suficiente para mostrar los ríos de tinta y las toneladas de papel que se han utilizado para aludir y documentar la cotidianidad y el pillaje típicos e inmemoriales practicados por las elites burocráticas y gubernamentales así como por las elites empresariales que se han enriquecido al amparo del poder. He aquí en pocas palabras la triste y célebre historia de un régimen político, el mexicano, que fatalmente se ha especializado en concentrar grandes fortunas en pocos y muy ricos empresarios, a la altura de las listas de la opulencia publicitadas por la revista Forbes, y en extender la pobreza en el grueso de la población.

En el contexto del reformismo estructural apresurado impulsado por las burocracias partidistas coincidentes en el Pacto por México, más relevante que la sola mención a la corrupción es el hecho de colocarla de una vez por todas en el primerísimo lugar que, sobre los mejores ejercicios de diagnóstico y prospección científico-técnicas, le correspondería en una agenda político-gubernamental con genuino sentido público y, además, funcional a la promoción del desarrollo nacional. Contrario a tal situación, en el diagnóstico que sirve de base a las reformas estructurales en curso, la corrupción no recibió de parte de las elites partidistas, ni es esperable que lo haga, un tratamiento especial como problema público y estratégico ni mucho menos como condición de posibilidad necesaria para la buena marcha de la reformas laboral, educativa, energética, fiscal y político-electoral. La razón de dicha ceguera es simple de advertir: los perdedores netos en la implementación de una cruzada estatal contra la corrupción serían los ilustres miembros de la clase política nacional, hoy repartidos a lo largo y ancho de la geometría y la cromática político-partidista.

A consecuencia del recelo mostrado por la clase política en las temáticas cruciales de la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos sancionatorios de la corrupción, la reforma energética se encuentra sumida en los claroscuros de la incertidumbre. La información y los argumentos vertidos sobre el estatus financiero y laboral de PEMEX así como las estimaciones sobre los yacimientos de los hidrocarburos apuntan con igual fuerza en ambas direcciones. La izquierda partidista y la izquierda social insisten en su tesis de que PEMEX es una empresa rentable y de que no hay necesidad de hacer concesiones privatizadoras, mientras que la coalición del PRI y el PAN insiste en que PEMEX es una organización decrépita y cada vez menos rentable, de cara a la extinción de los yacimientos de fácil acceso, lo que torna imperativa la adopción de una estrategia como la contenida en la iniciativa de reforma que se encuentra en estudio.

En tal escenario, la carga de la prueba corresponde plenamente al gobierno federal, habida cuenta de que bajo sus manos está la decisión de transparentar la crucial información sobre los estados financieros de PEMEX, los arreglos vigentes con la dirigencia sindical y las reservas probadas y potenciales de hidrocarburos en la plataforma continental. El reclamo y el rechazo coincidente a la iniciativa actual por parte de los dos líderes de izquierda más relevantes en el México contemporáneo son sintomáticos de la falta de confianza y de las sospechas de corrupción y contubernios a favor de las corporaciones trasnacionales del petróleo. La mala noticia para la clase política que apoya en sus términos la actual iniciativa no es sólo que la izquierda, inopinadamente, muestra una coincidencia opositora, sino también el avance de la coincidencia de la oposición magisterial con la energética. Todo ello en medio de un escenario en el que la elite gubernamental y sus aliados están obligados a calcular si sus alianzas con las empresas mediáticas pueden equilibrar o balancear favorablemente la desconfianza y las sospechas públicas sobre la corrupción y los contubernios señalados.

Frente a quienes menosprecian el fenómeno de la ampliación de la desconfianza institucional, nada mejor que acudir a los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012, realizada por el INEGI bajo el auspicio de la Secretaría de Gobernación, así como a las encuestas de opinión de mayor credibilidad en el medio nacional. En ellas yacen las claves para entender la visión pública que históricamente se ha venido construyendo acerca de la corrupción y la impunidad gubernamentales así como de las reticencias a confiar y a cooperar activamente con las iniciativas gubernamentales.

Dada una vocación política congruente con el interés público nacional, lo aconsejable hubiese sido comenzar con una reforma de combate frontal a la corrupción endémica del Estado mexicano, asentada en un marco institucional de transparencia y en esquemas de rendición de cuentas eficientes y acompañados de supervisión y sanción ejemplares. Por desgracia, lo sucedido con la iniciativa a la ley correspondiente y con la integración partidista del máximo órgano de dirección del IFAI son pruebas fehacientes de que el combate a la corrupción dista años luz de ser una prioridad para la coalición gobernante actual.

Así las cosas, más allá de las razones que pueden asistir a quienes enfatizan las agendas por sobre los agentes políticos, el actual reformismo estructural está atado en el error garrafal de haber colocado la carreta delante de los bueyes. De un marco institucional que es permisivo a las prácticas de la corrupción y que incluso las alienta poco de positivo es lo que racionalmente puede esperarse. Por desgracia, en la compleja arena del interés se corrobora fatalmente el viejo adagio popular de que nadie puede dar lo que no tiene.

Guadalupe Lizárraga

Periodista independiente. Fundadora de Los Ángeles Press, servicio digital de noticias en español en Estados Unidos sobre derechos humanos, género, política y democracia. Autora de las investigaciones en formato de libro Desaparecidas de la morgue (Editorial Casa Fuerte, 2017) y El falso caso Wallace (Casa Fuerte, 2018) ambos distribuidos por Amazon.com

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