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Corrupción e impunidad por secretismo de estado egipcio

Para el estado egipcio ocultar informción le permitía mantener impunidad en corrupción y violaciones de derechos humanos

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Las protestas en todo Egipto todavía no han logrado el derecho a la información. Foto: Khaled Moussa al-Omrani

Por Cam McGrath

EL CAIRO, Egipto (IPS).-Durante el levantamiento contra el régimen egipcio de Hosni Mubarak (1981-2011), los manifestantes tomaron por asalto la sede de las fuerzas de seguridad en El Cairo y encontraron documentos que revelaban el meticuloso seguimiento que el Estado hacía de sus ciudadanos.

Entre esos documentos había registros de vigilancia a activistas, transcripciones de conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados. En cambio, la ciudadanía egipcia ignoraba casi todo de las actividades de su propio gobierno. Los sucesivos regímenes obstaculizaron la obtención de cualquier documento o dato que los incriminara.

Organizaciones de derechos humanos señalan que este secretismo fomentó el clima de corrupción e impunidad. El acceso público a la información haría más transparente al gobierno, dijo Toby Mendel, director ejecutivo del Centre for Law and Democracy (Centro para la Ley y la Democracia), con sede en Halifax. También es un principio fundamental de la democracia.

«Para que la ciudadanía participe en el proceso público de toma de decisiones debe tener acceso a la información sobre la que se basan estas decisiones», explicó. «Si, por ejemplo, uno quiere construir una carretera, necesita saber hacia dónde va, qué lógica tiene construirla y analizar la relación costo-beneficio», dijo Mendel.

Por lo menos 90 países han aprobado legislaciones nacionales que establecen el derecho del público a conocer información en poder del gobierno y los procedimientos para solicitarla y obtenerla. En mayo de 2011, Túnez se convirtió en el segundo país árabe, después de Jordania, en adoptar una ley de libertad de información, que honraba una promesa del gobierno provisorio de poner fin al silenciamiento de los medios de comunicación y la irresponsabilidad del régimen anterior.

Luego de la caída de Mubarak, en febrero de 2011, la sociedad civil presionó al gobierno interino de Egipto para que adoptara una ley similar como señal de ruptura con el pasado autoritario. Un informe divulgado en abril por la Egyptian American Rule of Law Association (Asociación Egipcio-Estadounidense para el Imperio de la Ley) sostiene que una legislación de libertad de información potenciaría la transparencia y la responsabilidad del nuevo gobierno. También podría contribuir a erradicar la corrupción rampante, que debilita la economía y el sistema político.

Esas leyes dan a los ciudadanos la oportunidad de participar en la vigilancia de los representantes de su gobierno, para garantizar que los fondos del Estado se gasten en el país y no vayan a parar a las cuentas personales de los funcionarios, plantea el reporte.

Las empresas también usan esa ley para asegurarse un acceso equitativo a oportunidades de contratos con el gobierno, mediante evaluaciones de calidad y competencia, y no por nepotismo o amiguismo, agrega.

El gobierno de Mubarak eliminó todo intento de organizaciones de derechos humanos de introducir al parlamento proyectos de ley en la materia. Después del levantamiento, el gobierno solicitó préstamos a donantes internacionales para sostener la atribulada economía del país, y, según algunas fuentes, una de las condiciones impuestas fue un acuerdo tácito de aprobar una ley de transparencia.

Entonces, el Banco Mundial encargó a Mendel redactar un proyecto de ley de libertad de información para el gobierno egipcio. Pero en junio de 2011, luego de revisar su presupuesto, las autoridades militares rechazaron un préstamo de 3.200 millones de dólares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y archivó el proyecto.

«En ese período, la sociedad civil tomó el borrador que yo había preparado, lo modificó y luego lo presentó al parlamento», dijo Mendel. «El gobierno también trabajó sobre el borrador (original) y, posteriormente, elaboró su propio proyecto», agregó.

Los legisladores se encontraban debatiendo los dos proyectos cuando se disolvió el parlamento, el mes pasado. Ambos textos tienen artículos en común, pero difieren en los procedimientos y en una lista de exenciones. El del gobierno trata el acceso a la información como un privilegio concedido y brinda un mecanismo para que los ciudadanos la soliciten, pero solo requiere que las instituciones del Estado aporten datos toda vez que su divulgación responda «a un interés legítimo».

El de la sociedad civil va más allá, pues consagra el acceso a la información como un derecho y obliga a los organismos del Estado y a algunas instituciones privadas a publicar regularmente los detalles de su estructura interna, actividades y decisiones. Según Mendel, es importante que los proyectos establezcan un organismo evaluador independiente que garantice que la ley se cumpla. Los ciudadanos pueden apelar a ese comisionado de información –un individuo o un comité– si creen que un pedido es injustamente rechazado o demorado.

El comisionado de información también debería tener autoridad para determinar si el gobierno clasifica correctamente la exclusión de ciertos datos, una categoría que permite negar el acceso a ellos. Abundan las leyes de libertad de información que han tambaleado en este punto. India, por ejemplo, exoneró a muchas instituciones del Estado de la obligación de revelar datos, con el argumento de que eran sensibles para la seguridad nacional.

Las cláusulas de exclusión amplias y vagas hacen más fácil ocultar información que puede dejar al descubierto casos de mala administración o corrupción. «Un gran escollo para Egipto es la cuestión de si las Fuerzas Armadas serían eximidas» del alcance de la ley, dijo Mendel. Los militares controlan 40 por ciento de la economía nacional, por lo que resulta impensable dejarlos fuera, sostuvo.

Según el historiador y analista militar Robert Springborg, los generales de Egipto poseen tierras y administran fábricas, se benefician libremente del presupusto del Estado y reciben 1.300 millones de dólares anuales por concepto de asistencia militar de Estados Unidos. Pero sus propiedades y gastos están totalmente ocultos de la vista del público: informar sobre ellos constituye un delito penal.

«Los militares tienen acceso a recursos públicos que no están registrados de modo preciso en el presupuesto del Estado, e incluso el parlamento desconoce cómo se utilizan estos fondos», dijo Springborg. Según defensores de los derechos humanos, el problema va más allá, dado que Egipto tiene en vigor varias leyes que restringen el acceso a documentos y datos del gobierno.

Es imperativo, afirman esos sectores, que cualquier nueva ley en la materia reemplace o modifique toda esa legislación anterior, o que el derecho a la información esté consagrado en la nueva Constitución, cuya redacción es inminente.

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Ministra de Sudáfrica dice al secretario de Estado de EEUU que Palestina, al igual que Ucrania, “merecen su territorio y libertad”

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Ministra de Sudáfrica dice al secretario de Estado de EEUU que Palestina, al igual que Ucrania, “merecen su territorio y libertad”

 

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, en conferencia de prensa con el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, dijo que le gustaría que la guerra terminara, pero que el derecho internacional no se estaba aplicando de forma equitativa, y aludió al conflicto palestino-israelí.

“Creemos que todos los principios relacionados con la Carta de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el derecho internacional humanitario deben ser ratificados para todos los países, no sólo para algunos. Así como el pueblo de Ucrania merece su territorio y su libertad, el pueblo de Palestina merece también su territorio y su libertad”, enfatizó la ministra.

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Pandor señaló a los medios internacionales que «Sudáfrica no se dejará intimidar para que tome partido en la guerra entre Ucrania y Rusia». La ministra se refería a tomar partido entre Rusia, China y Occidente en la guerra en curso entre Rusia y Ucrania, ya que se ha mantenido neutral ante la invasión rusa de Ucrania.

Naledi Pandor dijo que estaba contenta de que Blinken hubiera confirmado que Estados Unidos no le había pedido a Sudáfrica que eligiera bando (entre Rusia y Ucrania). Sin embargo, dijo que su gobierno había experimentado la presión de ciertos países de Europa para alinearse con su política sobre Ucrania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, en su estancia en Ruanda, después de visitar la República Democrática del Congo y Sudáfrica, hizo críticas a la invasión rusa a Ucrania, y realizó el viaje pocas semanas después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, visitara Egipto, Uganda, Etiopía y la República del Congo.

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Algunos analistas dicen que los dos viajes tienen ecos de la Guerra Fría y que están relacionados con un intento de los gobiernos de Estados Unidos y Rusia por incrementar su influencia en África.

A principios de este año, Sudáfrica se unió a muchos otros países africanos para abstenerse de votar en la ONU para condenar la invasión.

 

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Con información de Agencias.

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Invasión de Rusia a Ucrania amenaza la alimentación en Medio Oriente y África: ONU

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ROMA – La invasión de Rusia a Ucrania impacta a grandes productores de cereales, amenaza las importaciones de trigo y maíz para los países del Medio Oriente y Norte de África, señaló un reporte este viernes 18 del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) de las Naciones Unidas.

“Ya estamos viendo aumentos de precios y esto podría provocar una escalada del hambre y la pobreza con graves consecuencias para la estabilidad mundial”, advirtió el presidente del Fida, Gilbert Houngbo.

El conflicto está impactando los precios y las cadenas de suministros, y sus efectos comienzan a sentirse en el Medio Oriente, el oriental Cuerno de África y el norte de ese continente, donde las personas más pobres corren mayor riesgo, de acuerdo con el reporte del Fida.

Una cuarta parte de las compras mundiales de trigo provienen de Rusia y Ucrania.

De Ucrania procede 40 % del trigo y el maíz que llega a Medio Oriente y África, con países que ya están lidiando con problemas de hambre y donde la escasez de alimentos o el aumento de los precios conllevan el riesgo de empujar a millones de personas más a la pobreza.

“Ya estamos viendo aumentos de precios y esto podría provocar una escalada del hambre y la pobreza con graves consecuencias para la estabilidad mundial”: Gilbert Houngbo.

“Me preocupa profundamente que el conflicto violento en Ucrania, una catástrofe para los que están directamente involucrados, también sea una tragedia para las personas más pobres del mundo que viven en áreas rurales”, dijo Hongbo.

Las personas pobres en las áreas rurales “no pueden absorber los aumentos de precios de los alimentos básicos y los insumos agrícolas que resultarán de perturbaciones en el comercio mundial”, agregó.

Rusia es también el mayor productor de fertilizantes del mundo.

Incluso antes del conflicto, los picos en los precios de los fertilizantes en 2021 contribuyeron a un aumento de los precios de los alimentos de alrededor de 30%, y el Fida analiza el impacto que tendrá la guerra en los pequeños productores y las comunidades rurales que ya son pobres.

Un ejemplo desde el Cuerno de África es que en Somalia, donde 3,8 millones de personas ya padecen inseguridad alimentaria grave, los costos de la electricidad y el transporte se han disparado debido al aumento del precio del combustible.

Eso impacta de modo desproporcionado en los pequeños agricultores y pastores pobres que, ante la irregularidad de las lluvias y la sequía constante, dependen de la agricultura de riego impulsada por pequeños motores diésel para sobrevivir.

En Egipto, los precios del trigo y del aceite de girasol se dispararon debido a que depende de Rusia y Ucrania para 85 % del suministro de trigo y 73 % del aceite.

En Líbano, 22 % de las familias padecen inseguridad alimentaria y la escasez de alimentos o alzas de precios exacerbarán una situación que ya era grave.

El país importa 80 % de su trigo de Rusia y Ucrania, pero solo puede almacenar un mes de cosecha a la vez debido a la explosión en el puerto de Beirut en 2020 que destruyó los principales silos de granos de esa nación.

En total, 45 de los países menos adelantados, en su mayoría africanos, importan más de un tercio de su trigo de Ucrania o Rusia, y 18 de ellos importan al menos 50 % desde los dos grandes productores que están en guerra

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) más de cinco por ciento de la canasta de importaciones de los países más pobres está compuesta por productos que probablemente enfrentarán un alza de precios debido a la guerra, versus menos de uno por ciento en el caso de los países ricos.

El Fida señaló que en muchos países pobres los pequeños productores ya se estaban recuperando de los efectos de la covid-19, sequías, ciclones y otros desastres de los últimos dos años, pero la nueva guerra afectará sus ingresos al aumentar el costo de los insumos y las interrupciones en las cadenas de suministros.

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Fotografía: Obreros almacenan cereal importado en un depósito de Darfur, en Sudán, uno de los muchos países africanos que se verán afectados por la guerra entre Ucrania y Rusia, proveedores de una cuarta parte de las importaciones mundiales de trigo. Crédito: Albert González/ONU

A-E/HM

Fuente: ipsnoticias.net

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Marruecos: Pacto Mundial sobre Migración

Marruecos es la sede donde se reúnen más de 150 países para firmar el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, para dar salida a crisis humanitarias

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Raúl Ramírez Baena

Hace 70 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó en París la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, documento magno que dio origen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Declaración se propone como ideal común de la humanidad, la consecución de la libertad, la justicia y la paz, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, e inscribe dos principios fundamentales: la UNIVERSALIDAD y la PROGRESIVIDAD de los derechos humanos.

En este marco, la ONU ha convocado en Marruecos a los países miembros a debatir el acuerdo global sobre migración, llamado “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular» (cuyo acuerdo inicial, a excepción de los Estados Unidos de América, fue aceptado en julio para su discusión los días 10 y 11 de diciembre), teniendo como objetivo “ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados.”

Como una manifestación de “aporofobia” (rechazo al pobre), países industrializados de Europa occidental y de Norteamérica no simpatizan con este Pacto Mundial, países de destino de la migración, que han girado sus políticas económicas hacia corrientes nacionalistas, conservadoras y proteccionistas de su planta laboral y mano de obra nativa, en contraste con la Globalización y el liberalismo del mercado, hoy en declive.

Son destacables las posiciones de Donald Trump, del Brexit en Inglaterra, de la Ley de Extranjería en España y de los duros controles migratorios en Sudamérica, en Alemania y en los países de Europa del Este, que bloquean y criminalizan la migración masiva de los países en crisis.

Recientemente, se calcula que 68 millones de personas desplazadas han salido de sus países, provenientes del Medio Oriente y de América Latina y el Caribe, huyendo de la pobreza y de los fenómenos naturales, pero más, de la guerra y de la violencia que los asola.

Este Pacto constituye el primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional; “refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Se busca cambiar las políticas de rechazo y criminalización de la migración hacia una visión más positiva y propositiva donde todos los países ganen, los de origen, los de tránsito y los de destino de la migración.

Hay algunas metas genéricas del Pacto como la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación.

Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.

Además, los Estados que suscriban el Pacto prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes enfrenten un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos, como es el caso de los hondureños hoy refugiados en México en espera de la resolución de asilo en los Estados Unidos de América

Destaco dos cosas en lo que se refiere a México: primero, en razón de su campaña de reelección, la no adopción por Donald Trump de este mecanismo mundial, impidiendo entre otras cosas ayudar a resolver la crisis de los migrantes centroamericanos en la frontera con Tijuana (crisis que, por el contrario, ha exacerbado), éxodo cuya responsabilidad recae en las políticas económicas, sociales y de seguridad impuestas por los EUA en América Latina y el Caribe.

Por otro lado, la muy lamentable posición intolerante, xenófoba y racista (no les gusta que les digan así) que sin el menor recato y análisis de contexto ha asumido buena parte de la población tijuanense, que denota una deficiente cultura de los derechos humanos y una falta de sentimientos de empatía y solidaridad para con los migrantes hondureños, a quienes se ha rechazado, discriminándolos y estigmatizándolos negativamente.

Según Juan José Gómez Camacho, embajador de México en la ONU, “los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los países donde están trabajando. Las remesas representan un 15% de los ingresos del migrante; el otro 85% se queda en el país de destino”. Además, existen hoy 250 millones de migrantes que representan un 3,4% de la población mundial, que contribuyen con un 9% del PIB mundial con casi 7 trillones de dólares al año.

Por lo pronto, el Canciller Marcelo Ebrard se encuentra ya en Marruecos asistiendo al Pacto Mundial sobre Migración. Doy por seguro que México suscribirá este importante acuerdo y que se traducirá en una política migratoria humanitaria, no criminalizante.

Fotografía:  El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez Castrejón, saliendo de la conferencia. (Tomada de su perfl de Twitter).

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