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Corrupción e impunidad por secretismo de estado egipcio

Para el estado egipcio ocultar informción le permitía mantener impunidad en corrupción y violaciones de derechos humanos

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Las protestas en todo Egipto todavía no han logrado el derecho a la información. Foto: Khaled Moussa al-Omrani

Por Cam McGrath

EL CAIRO, Egipto (IPS).-Durante el levantamiento contra el régimen egipcio de Hosni Mubarak (1981-2011), los manifestantes tomaron por asalto la sede de las fuerzas de seguridad en El Cairo y encontraron documentos que revelaban el meticuloso seguimiento que el Estado hacía de sus ciudadanos.

Entre esos documentos había registros de vigilancia a activistas, transcripciones de conversaciones telefónicas y correos electrónicos interceptados. En cambio, la ciudadanía egipcia ignoraba casi todo de las actividades de su propio gobierno. Los sucesivos regímenes obstaculizaron la obtención de cualquier documento o dato que los incriminara.

Organizaciones de derechos humanos señalan que este secretismo fomentó el clima de corrupción e impunidad. El acceso público a la información haría más transparente al gobierno, dijo Toby Mendel, director ejecutivo del Centre for Law and Democracy (Centro para la Ley y la Democracia), con sede en Halifax. También es un principio fundamental de la democracia.

“Para que la ciudadanía participe en el proceso público de toma de decisiones debe tener acceso a la información sobre la que se basan estas decisiones”, explicó. “Si, por ejemplo, uno quiere construir una carretera, necesita saber hacia dónde va, qué lógica tiene construirla y analizar la relación costo-beneficio”, dijo Mendel.

Por lo menos 90 países han aprobado legislaciones nacionales que establecen el derecho del público a conocer información en poder del gobierno y los procedimientos para solicitarla y obtenerla. En mayo de 2011, Túnez se convirtió en el segundo país árabe, después de Jordania, en adoptar una ley de libertad de información, que honraba una promesa del gobierno provisorio de poner fin al silenciamiento de los medios de comunicación y la irresponsabilidad del régimen anterior.

Luego de la caída de Mubarak, en febrero de 2011, la sociedad civil presionó al gobierno interino de Egipto para que adoptara una ley similar como señal de ruptura con el pasado autoritario. Un informe divulgado en abril por la Egyptian American Rule of Law Association (Asociación Egipcio-Estadounidense para el Imperio de la Ley) sostiene que una legislación de libertad de información potenciaría la transparencia y la responsabilidad del nuevo gobierno. También podría contribuir a erradicar la corrupción rampante, que debilita la economía y el sistema político.

Esas leyes dan a los ciudadanos la oportunidad de participar en la vigilancia de los representantes de su gobierno, para garantizar que los fondos del Estado se gasten en el país y no vayan a parar a las cuentas personales de los funcionarios, plantea el reporte.

Las empresas también usan esa ley para asegurarse un acceso equitativo a oportunidades de contratos con el gobierno, mediante evaluaciones de calidad y competencia, y no por nepotismo o amiguismo, agrega.

El gobierno de Mubarak eliminó todo intento de organizaciones de derechos humanos de introducir al parlamento proyectos de ley en la materia. Después del levantamiento, el gobierno solicitó préstamos a donantes internacionales para sostener la atribulada economía del país, y, según algunas fuentes, una de las condiciones impuestas fue un acuerdo tácito de aprobar una ley de transparencia.

Entonces, el Banco Mundial encargó a Mendel redactar un proyecto de ley de libertad de información para el gobierno egipcio. Pero en junio de 2011, luego de revisar su presupuesto, las autoridades militares rechazaron un préstamo de 3.200 millones de dólares del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y archivó el proyecto.

“En ese período, la sociedad civil tomó el borrador que yo había preparado, lo modificó y luego lo presentó al parlamento”, dijo Mendel. “El gobierno también trabajó sobre el borrador (original) y, posteriormente, elaboró su propio proyecto”, agregó.

Los legisladores se encontraban debatiendo los dos proyectos cuando se disolvió el parlamento, el mes pasado. Ambos textos tienen artículos en común, pero difieren en los procedimientos y en una lista de exenciones. El del gobierno trata el acceso a la información como un privilegio concedido y brinda un mecanismo para que los ciudadanos la soliciten, pero solo requiere que las instituciones del Estado aporten datos toda vez que su divulgación responda “a un interés legítimo”.

El de la sociedad civil va más allá, pues consagra el acceso a la información como un derecho y obliga a los organismos del Estado y a algunas instituciones privadas a publicar regularmente los detalles de su estructura interna, actividades y decisiones. Según Mendel, es importante que los proyectos establezcan un organismo evaluador independiente que garantice que la ley se cumpla. Los ciudadanos pueden apelar a ese comisionado de información –un individuo o un comité– si creen que un pedido es injustamente rechazado o demorado.

El comisionado de información también debería tener autoridad para determinar si el gobierno clasifica correctamente la exclusión de ciertos datos, una categoría que permite negar el acceso a ellos. Abundan las leyes de libertad de información que han tambaleado en este punto. India, por ejemplo, exoneró a muchas instituciones del Estado de la obligación de revelar datos, con el argumento de que eran sensibles para la seguridad nacional.

Las cláusulas de exclusión amplias y vagas hacen más fácil ocultar información que puede dejar al descubierto casos de mala administración o corrupción. “Un gran escollo para Egipto es la cuestión de si las Fuerzas Armadas serían eximidas” del alcance de la ley, dijo Mendel. Los militares controlan 40 por ciento de la economía nacional, por lo que resulta impensable dejarlos fuera, sostuvo.

Según el historiador y analista militar Robert Springborg, los generales de Egipto poseen tierras y administran fábricas, se benefician libremente del presupusto del Estado y reciben 1.300 millones de dólares anuales por concepto de asistencia militar de Estados Unidos. Pero sus propiedades y gastos están totalmente ocultos de la vista del público: informar sobre ellos constituye un delito penal.

“Los militares tienen acceso a recursos públicos que no están registrados de modo preciso en el presupuesto del Estado, e incluso el parlamento desconoce cómo se utilizan estos fondos”, dijo Springborg. Según defensores de los derechos humanos, el problema va más allá, dado que Egipto tiene en vigor varias leyes que restringen el acceso a documentos y datos del gobierno.

Es imperativo, afirman esos sectores, que cualquier nueva ley en la materia reemplace o modifique toda esa legislación anterior, o que el derecho a la información esté consagrado en la nueva Constitución, cuya redacción es inminente.

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Marruecos: Pacto Mundial sobre Migración

Marruecos es la sede donde se reúnen más de 150 países para firmar el Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular, para dar salida a crisis humanitarias

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Raúl Ramírez Baena

Hace 70 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó en París la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, documento magno que dio origen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La Declaración se propone como ideal común de la humanidad, la consecución de la libertad, la justicia y la paz, el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, e inscribe dos principios fundamentales: la UNIVERSALIDAD y la PROGRESIVIDAD de los derechos humanos.

En este marco, la ONU ha convocado en Marruecos a los países miembros a debatir el acuerdo global sobre migración, llamado “Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular” (cuyo acuerdo inicial, a excepción de los Estados Unidos de América, fue aceptado en julio para su discusión los días 10 y 11 de diciembre), teniendo como objetivo “ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes indocumentados.”

Como una manifestación de “aporofobia” (rechazo al pobre), países industrializados de Europa occidental y de Norteamérica no simpatizan con este Pacto Mundial, países de destino de la migración, que han girado sus políticas económicas hacia corrientes nacionalistas, conservadoras y proteccionistas de su planta laboral y mano de obra nativa, en contraste con la Globalización y el liberalismo del mercado, hoy en declive.

Son destacables las posiciones de Donald Trump, del Brexit en Inglaterra, de la Ley de Extranjería en España y de los duros controles migratorios en Sudamérica, en Alemania y en los países de Europa del Este, que bloquean y criminalizan la migración masiva de los países en crisis.

Recientemente, se calcula que 68 millones de personas desplazadas han salido de sus países, provenientes del Medio Oriente y de América Latina y el Caribe, huyendo de la pobreza y de los fenómenos naturales, pero más, de la guerra y de la violencia que los asola.

Este Pacto constituye el primer intento para gestionar los flujos migratorios de forma integral y a escala internacional; “refleja el entendimiento común de los Gobiernos de que la migración que cruza fronteras es, por definición, un fenómeno internacional y que para gestionar con efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos”, apuntó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Se busca cambiar las políticas de rechazo y criminalización de la migración hacia una visión más positiva y propositiva donde todos los países ganen, los de origen, los de tránsito y los de destino de la migración.

Hay algunas metas genéricas del Pacto como la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración o mejorar las vías de migración legal. Pero también hay compromisos concretos, como medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes como última opción y reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación.

Los Estados se comprometen también a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes, con misiones de búsqueda y rescate, garantizando que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter exclusivamente humanitario.

Además, los Estados que suscriban el Pacto prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes enfrenten un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos, como es el caso de los hondureños hoy refugiados en México en espera de la resolución de asilo en los Estados Unidos de América

Destaco dos cosas en lo que se refiere a México: primero, en razón de su campaña de reelección, la no adopción por Donald Trump de este mecanismo mundial, impidiendo entre otras cosas ayudar a resolver la crisis de los migrantes centroamericanos en la frontera con Tijuana (crisis que, por el contrario, ha exacerbado), éxodo cuya responsabilidad recae en las políticas económicas, sociales y de seguridad impuestas por los EUA en América Latina y el Caribe.

Por otro lado, la muy lamentable posición intolerante, xenófoba y racista (no les gusta que les digan así) que sin el menor recato y análisis de contexto ha asumido buena parte de la población tijuanense, que denota una deficiente cultura de los derechos humanos y una falta de sentimientos de empatía y solidaridad para con los migrantes hondureños, a quienes se ha rechazado, discriminándolos y estigmatizándolos negativamente.

Según Juan José Gómez Camacho, embajador de México en la ONU, “los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los países donde están trabajando. Las remesas representan un 15% de los ingresos del migrante; el otro 85% se queda en el país de destino”. Además, existen hoy 250 millones de migrantes que representan un 3,4% de la población mundial, que contribuyen con un 9% del PIB mundial con casi 7 trillones de dólares al año.

Por lo pronto, el Canciller Marcelo Ebrard se encuentra ya en Marruecos asistiendo al Pacto Mundial sobre Migración. Doy por seguro que México suscribirá este importante acuerdo y que se traducirá en una política migratoria humanitaria, no criminalizante.

Fotografía:  El presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez Castrejón, saliendo de la conferencia. (Tomada de su perfl de Twitter).

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Vivir sin miedo, la explotación sexual en el tránsito a Europa

La migración de africanos a Europa para salvar sus vidas de la violencia de dictaduras y miseria enfrenta la explotación y violencia sexual a niñas y mujeres

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Por J. Marcos y Ma. Ángeles Fernández
@desplazados_org

MADRID.- La nigeriana Juliet nunca llegó. Su camino fue siniestro y la meta, imposible. Murió en el mar, con su hija, huyendo de la organización que le obligaba a prostituirse. Su tránsito a Europa es otra historia más teñida por la explotación sexual. Partió de Nigeria, cruzó Benín y llegó a Bamako, la capital de Malí, donde la obligaron a vender su cuerpo. Sus planes hacia una vida mejor nunca imaginaron la esclavitud.

No hay imágenes de mujeres saltando las concertinas de Ceuta y Melilla, esas mallas de alambre que seis metros por encima culminan en afiladas cuchillas. No las hay porque, según confirman los registros, ellas no intentan saltar la valla. Apenas se conocen unas pocas excepciones. Pero la ausencia de espinas metálicas no evita que niñas y mujeres ingresen en Europa a través múltiples fronteras que también rasgan sus cuerpos y sus vidas.

Su entrada al territorio europeo se produce sobre todo a través de embarcaciones o a nado, con Almería, Motril, Cádiz, Ceuta y Melilla como los principales puntos de llegada en el caso del Estado español. Y ahí ya sí que existen fotografías, incluso de embarazadas y con bebés en sus brazos. Pero el mar es apenas el penúltimo obstáculo fronterizo en su camino.

“En Bamako es horroroso. Allí comienza lo que será tu vida en Europa. Te tienes que acostar con todos los hombres que quiera el connection man [también conocidos como captador, pasador o patrón] y no hay preservativos y hay muchas enfermedades”, cuenta Precious en la investigación Vivir sin miedo, publicada por CEAR-Euskadi.

Habla Precious, pero bien se podría hablar de las congoleñas Charlotte (“en la frontera es obligatorio acostarse con policías marroquíes y argelinos. Me han violado delante de la niña”), Hope, Dorcas y tantas otras mujeres que encuentran barreras, violencia y agresiones físicas y sexuales en un trayecto que nunca imaginan tan cruel.

Fronteras blindadas

El blindaje de las fronteras europeas se traduce en el surgimiento de vías alternativas, rendijas del sistema que se traducen en el incremento de las violencias para las migrantes. El tránsito de personas no merma mientras sí crecen los peligros e inseguridades. FRONTEX, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembro, lidera en el ámbito europeo las variadas estructuras para la vigilancia y el castigo, encargadas de la violencia en las líneas divisorias: patrulleras, estancias de detención en terceros países, devoluciones en caliente, Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), acuerdos de readmisión, vuelos de deportación.

Solo en 2016 y solo por la llamada Frontera Sur, que apenas concentra el cuatro por ciento de las entradas irregulares en la UE, llegaron a España 14.128 personas. De ellas, cerca de 1.500 mujeres, 65 embarazadas. Y más de un millar de niñas y niños. Los datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se completan con 295 muertes, que se elevan a más de 5.000 ampliando el área a toda la frontera mediterránea del bloque comunitario, la ruta más mortal del mundo y eso que se desconocen las cifras que deja la travesía por el desierto norafricano.

“En el camino he trabajado de chacha, he cuidado cabras, he sido víctima de violaciones y como resultado de ellas he tenido un embarazo. Cuando di a luz no tenía ni dónde dormir. Soy una mujer llena de cicatrices, cicatrices de mis deportaciones al desierto, del camino, de todas las violaciones. He sufrido mucho y eso ha dejado señales en mi cuerpo y en mi alma”, cuenta Charlotte y recoge Vivir sin miedo.

El endurecimiento de las condiciones de entrada infringe un golpe extra a las niñas y las mujeres, tal y como atestigua la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en el País Vasco (CEAR-Euskadi): “En estos contextos de militarización, el sistema de dominación patriarcal se refuerza, haciendo más profundas las desigualdades de género. Las mujeres y las niñas se ven expuestas a las relaciones de poder, dominación y abuso sexual por parte de personas en tránsito, por las fuerzas de seguridad y control fronterizo, y por las redes de trata de personas”. Las redes de tráfico y trata de seres humanos se convierten con frecuencia en su única llave de entrada a Europa, en el sacrificio necesario para escapar del sufrimiento en sus países de origen: el conflicto armado, el matrimonio forzado, la mutilación genital o el terrorismo son algunas de las razones que les obligan a migrar. Sin duda el género es un motivo de marcha.

Los embarazos y abortos forzados también funcionan como control de los cuerpos en ese purgatorio migratorio. “Muchas no conocen el significado del término ‘violación’ y tampoco tienen el mismo concepto del embarazo y del aborto que manejamos en Europa. Las redes no les facilitan anticonceptivos, sometiéndolas a prácticas sexuales de alto riesgo y obligándoles a interrumpir sus embarazos en condiciones de extrema insalubridad. Pero también les obligan a gestar cuando lo consideran conveniente para alcanzar Europa”, añaden desde Women’s Link Worldwide. Esta violencia reproductiva en ocasiones termina con la apropiación de su maternidad, con los bebés al servicio de sus fines, tal y como denuncian desde el colectivo Caminando Fronteras.

La trata, una parte del tránsito

“La posibilidad de emprender un proceso migratorio sin sufrir violencia sexual o acabar en manos de las redes de trata es casi inviable para quienes vienen de África subsahariana”, añaden desde CEAR-Euskadi. Nigeria es, por cierto, el país de origen que, según sus datos, presenta los peores registros: en 2016, más de 40 mujeres nigerianas han sido atendidas en el País Vasco por la organización de refugio con síntomas de haber sido víctima de trata con fines de explotación sexual.

De acuerdo con Women’s Link Worldwide, en la travesía aparecen figuras tan controvertidas como el ‘marido del camino’, una especie de ‘protector’ que ‘cobija’ a las mujeres a cambio de ejercer de esposas sexuales, pudiendo además estar vinculado con redes de trata.

Las evidencias recogidas confirman que gran parte de las que transitan por la Frontera Sur son víctimas de estos entramados, como sucede por ejemplo con quienes llegan al CETI de Ceuta, según recoge Amnistía Internacional. Porque las que consiguen llegar no escapan a la vulneración de sus cuerpos: la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) estima que 140.000 niñas y mujeres sufren trata con fines de explotación sexual en Europa. Los guarismos en el Estado español tampoco son mejores: el año pasado se han detectado el 12.419 personas en riesgo de explotación sexual (la mayoría, entre el 80 y el 90 por ciento, de origen extranjero), a pesar de que únicamente se identificaron 591, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Rumanía, Nigeria y China son los principales países de captación.

Un derecho de asilo condicionado

Todos estos hechos, que podrían dar pie a establecer un protocolo especial en la frontera, no brindan para las mujeres la opción preferencial de ser refugiadas ni de recibir protección, pues no son consideradas como un grupo de especial vulnerabilidad. Hasta 2016, apenas seis personas (cuatro mujeres y dos menores) recibieron protección internacional por esta haber sido víctima de trata en el Estado, si bien es cierto que en el último cuatrimestre del pasado ejercicio el Ministerio del Interior se la concedió a 19 africanas, cuentas que refleja CEAR-Euskadi en #Refugiadas. La trata con fines de explotación en el contexto de militarización y cierre de fronteras, asegurando sin embargo que “aún es pronto para ver si esta protección se afianza o se circunscribe a circunstancias especiales de carácter político”.

Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual justifican para la legislación un motivo de marcha

La legislación española vigente (Ley de Asilo de 2009) por primera vez incluye expresamente como causa de asilo la persecución por motivos de género y orientación sexual, pero ninguna de estas dos causalidades tiene el mismo nivel de protección de la que gozan otros motivos de persecución como la raza, la religión, la nacionalidad, el grupo social y las opiniones políticas. Por sí solos, ni el género ni la orientación sexual pueden dar origen a la aplicación de la legislación, siendo necesarias otras circunstancias que justifiquen la salida de los países de origen. Todas estas solicitudes suelen ser rechazadas sin un estudio individual.

Además, esta normativa excluye a las personas comunitarias, así como a las que procedan de un país considerado seguro. En definitiva, denuncia CEAR-Euskadi, “son muy pocas las mujeres que, superados los obstáculos, acceden al procedimiento de protección internacional”. El Defensor del Pueblo recoge en uno de sus informes esta realidad: en 2015 y en la primera mitad de 2016 no hubo resoluciones favorables a la concesión del estatuto de refugiado o protección subsidiaria a las víctimas de trata.

Y cuando las autoridades aceptan revisar las peticiones de estas mujeres, el camino sigue cuesta arriba, subrayan desde la delegación vasca de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado: “El miedo a exponer su verdadera situación, especialmente cuando aún se encuentran bajo la influencia de la red, las lleva a ocultar información o a mentir sobre su procedencia y sobre los motivos de persecución. Como consecuencia, sus solicitudes son inadmitidas o denegadas por inverosímiles o incoherentes”.

Fuente: publico.es

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África

Por Helena Maleno, defender a quien defiende

La activista de derechos humanos Helena Maleno es obligada a comparecer ante juez en Tánger, Marruecos, por supuesto delito de tráfico de personas al salvar vidas de migrantes y evitar que murieran ahogadas en el Estrecho.

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Marta Abiega*

El apremio nunca fue una fuente de inspiración, pero hoy la urgencia llama a mi puerta ante el enjuiciamiento de la defensora de derechos humanos Helena Maleno por los Tribunales marroquíes.

El 16 de octubre cogí un autobús a Gasteiz con un solo propósito, conocer a Helena Maleno que comparecía ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. En mi bolsa, un mensaje “Mundu berri bat daramagu bihotzean” (Llevamos un nuevo mundo en el corazón), y un regalo, un pañuelo de Ongi Etorri Errefuxiatuak, en la completa seguridad de que si a alguien le iba a sentar bien ese pañuelo amarillo que da la bienvenida a las personas migrantes y refugiadas, ésa era Helena, la voz de las que no tienen voz, el grito valiente de las mujeres que desafían el Mar de Alborán en busca de una vida mejor, el dedo acusador de las criminales políticas de la Unión Europea, una ACTIVISTA con mayúsculas, de unos derechos que cada vez son más inhumanos.

Helena es la piedra en el zapato de Zoido, el “pepito grillo” en la conciencia inexistente de tanto Guardia Civil de Fronteras con una sospechosa entrega y dedicación a su trabajo. Pero corren malos tiempos para las defensoras de derechos humanos en el mundo.

La externalización es un mecanismo muy utilizado a muy distintos niveles. Abrumadas ante tanta crueldad humana desplegada por nuestros gobiernos, externalizamos la culpa y olvidamos que por acción u omisión también tenemos responsabilidades en las decisiones que toman.

El Gobierno Vasco recurre a la incompetencia, a mi juicio en sus dos acepciones, para externalizar su culpa ya que, con su apoyo a los presupuestos del PP, demuestra una importante capacidad de presión que ejerce en nombre de intereses económicos, pero en ningún caso en nombre de intereses humanos.

El gobierno del estado externaliza sus culpas en relación al incumplimiento de las cuotas de personas refugiadas responsabilizando de ello a una burocracia ajena a su voluntad. Al mismo tiempo deniega la posibilidad de petición de asilo de determinadas nacionalidades en las fronteras y establece mecanismos draconianos e ilegales como las devoluciones en caliente, haciendo oídos sordos a los tribunales de la Unión Europea y redefiniendo a su antojo la palabra “legalidad” con subterfugios que a nadie engañan.

Sus tribunales de justicia, en este caso la Fiscalía de la Audiencia Nacional, descartaron investigar a Helena Maleno al no ver indicios de delito en sus llamadas a salvamento marítimo alertando de pateras a la deriva. Así pues, han decidido externalizar la injusticia, al igual que el control de fronteras, jactándose de demócratas y acusando de falta de democracia a monarquías amigas que engordan con la sangre de una ciudadanía que está más que harta de tanta connivencia.

El intachable historial de Helena Maleno como defensora de los Derechos Humanos en la frontera sur de España y el hecho de que la Audiencia Nacional archivara la denuncia interpuesta por la Policía Nacional deberían ser suficientes para el sobreseimiento de este juicio-farsa en el país vecino norafricano.

Por si alguna persona tiene dudas de cómo los derechos humanos se utilizan como moneda de cambio, sabemos que la política de fronteras se vuelve más o menos beligerante en función de los acuerdos económicos que tenga que firmar la monarquía marroquí con su homónima española. La externalización de las fronteras tiene un precio muy alto, pero el que me preocupa en este momento no es el económico, sino el precio de las personas víctimas con sus nombres y sus apellidos.

Me estremezco, Helena, ante tanta frivolidad cotidiana cuando te oigo decir que acompañas en la identificación de los cadáveres en las morgues y me pregunto cómo sobrevives a esa experiencia. Ahora sé que es porque hiciste todo lo que estaba en tus manos para que no ocurriera y aun así ocurrió.

Por todas las personas que has salvado con tus llamadas de socorro y también por aquellas que no conseguiste salvar a pesar de esas llamadas. Porque contigo aprendí la importancia de poner nombres a las víctimas y la de comunicar a sus familiares esas tragedias –para mí asesinatos– más cotidianas de lo que quisiéramos. Por Patience, Bebe, Dalloba, Aminatou, Clemence, Melville y Karmeline, que en septiembre murieron ahogadas después de que una patrullera española frenara el paso de su patera con el objetivo de que fuesen alcanzados por la Marina marroquí para proceder a su devolución a Marruecos. Por todas nosotras que también morimos con su muerte. Por los familiares de las víctimas de Tarajal que siguen pidiendo una justicia que no debería entender de fronteras, clases ni colores. Por la tristeza que nos produce esta injusticia. Porque todas somos Helena Maleno. Lucharemos juntas sin dejar que nos venzan. Sabemos que estamos en el lado correcto, el lado de los derechos humanos.

 * Colaboradora de Pikara Magazine

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