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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de autoridades electorales, el problema de México

La corrupción de las autoridades electorales en complicidad con el PRI, han tejido la red hasta los tribunales que intentan no ver el fraude

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Guadalupe Lizárraga

Artículo de Opinión

El economista Alfredo Jalife nos sugiere tomar Televisa. Sin embargo, su propuesta desvía la atención de lo que significa la tarea propiamente de resistencia civil pacífica. Tomar Televisa no es tarea que corresponda a los ciudadanos, porque no es nuestro propósito expropiarla. Nuestro propósito es informar sobre la crisis política que vive México y, en todo caso, lo que correspondería a los ciudadanos transformados en clientes es hacer un boicot económico a esa televisora y a los demás medios.

Doy los argumentos:

En primer lugar, la toma de Televisa siempre sería simbólica. Y si llegamos a cambiar la táctica y hacer una toma real, exponemos a los manifestantes a un arresto o a ser hostigados por las policías, puesto que se trata de un inmueble privado. No se justifica la intervención directa y violenta de los ciudadanos en esta entidad privada, pese al impacto público que ello tuviera.

En segundo lugar, desviamos la atención de las instancias jurídicamente públicas que sí son de competencia de los ciudadanos y que son directamente las responsables de la crisis política que vive México: el IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y el PRI. Todos estos organismos públicos, incluyendo al partido político, operan con recursos públicos y sus facultades están sustentadas en la Constitución mexicana. No se mandan solos, para decirlo coloquialmente, y si lo hacen están incurriendo en desobediencia institucional. Su deber es cumplir cabalmente con las tareas encomendadas, y en el momento en que traicionen para lo cual fueron creados como organismos públicos, deben ser sometidos a juicio y ser sancionados penalmente o en el nivel que corresponda. No es un juego delinquir, y si es necesario llegar a instancias internacionales para preservar los derechos políticos y fundamentales de los mexicanos, tendrá que hacerse.

Un tercer punto es que no se trata sólo de Televisa y TV Azteca. Los demás medios de comunicación, incluso, los asociados a la Izquierda como la La Jornada o Contralínea o SDP Noticias han sido parciales en la cobertura de la información sobre las elecciones. Han manipulado y en algunos casos claramente han favorecido al mismo PRI, desde el escamoteo de temas sensibles hasta la saturación ofensiva de propaganda priista, Seguridad Pública y Policía Federal. Los medios cuando se ven cuestionados por su cobertura parcial, dan un giro temporal y hacen una breve nota sobre de lo que miles de usuarios en las redes sociales quieren leer o escuchar. Pero basta echar una mirada a los medios mexicanos en su edición digital el 1 de julio para darnos cuenta de cuáles fueron los que participaron del anuncio apresurado del supuesto triunfo de Peña Nieto para saber su posición legitimadora o no.

En el caso del PRI, se trata de un partido que ha dejado de cumplir sus tareas más básicas y se ha convertido en una organización criminal. El lavado de dinero en el que sus elites han participado y promovido, la represión a electores, la compra y coacción del voto, la corrupción gubernamental y los asesinatos que los mexicanos han querido ignorar, como en los que Carlos Salinas de Gortari está claramente implicado, son propios de una mafia, no de una entidad política que promueve democracia.

Dejemos de usar eufemismos para estos criminales, sin juicio hasta ahora porque ellos mismos tienen secuestrado el sistema de justicia en México. Y nombrémoslos con apellidos, porque han tendido sus redes hasta los magistrados del Poder Judicial, de tal forma que la esperanza de justicia nacional se ha corrompido. El congreso, desde hace tiempo, ha sido una meretriz para el PRI, con sus contadas excepciones como Gerardo Fernández Noroña. El resto, podría decirse mal que bien, que han servido y se han servido de las relaciones de los criminales como Fidel Herrera, Humberto Moreira, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Eruviel Avila, y la larga lista ya la concocemos, con toda la inclusión de los panistas como Felipe Calderón y Vicente Fox.

Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y Leonardo Valdés, presidente IFE. Foto: red

El problema ya no es Televisa, pues. Va más allá de la corrupción de una entidad privada que manipula burdamente la información al servicio de estos criminales. El problema es la desobediencia institucional que el IFE y la FEPADE están llevando en completa impunidad y desfachatez contra el pueblo de México. El problema es la complicidad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quienes actúan sometidos por completo a esta mafia, y no han sido capaces de hacer justicia electoral, ni en casos pasados. Son ellos que están quebrando las instituciones y corrompiéndolas abiertamente frente a nuestras miradas.

Comos señala Manuel Guerrero, activo militante del PRD, “… los Consejeros y Magistrados del IFE y del TEPJF, desde sus trincheras plenas de confort, tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de la sociedad mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos, desestiman todo tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección”.

La propuesta de Taibo

La propuesta de Paco Ignacio Taibo parecería ser el camino de un pueblo que se une contra la mafia que lo hunde. Taibo habla de las brigadas contra la imposición, de contar neustras experiencias del fraude, de informarlas cuadra por cuadra, municipio por municipio, hacer pintas en barda por barda, en eco de Andrés Manuel López Obrador en su Plan de defensa por la dignidad y democracia. Pero esta tarea cívica va más allá de informar. Tiene un significado superior al de enterar a todo México de la crisis política que vive.

El significado político de la defensa de la democracia es principalmente el de crear comunidad. Algo que ha sido impedido por las mafias de narcotraficantes y los políticos corruptos que han seguido al pie de la letra lo de “divide y vencerás” en logro de su propia impunidad.

La comunidad, como sentimiento, como emoción compartida de dignidad y fuerza, es lo que representan las brigadas intensas de información y conciencia contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente del país. Las redes sociales, los medios alternativos, las megamarchas, los estudiantes y las manifestaciones de honesta solidaridad en la construcción de la democracia es comunidad. Y esta comunidad es lo que le da un sustento real, vivo, de pertenencia a nuestra nación y desnuda la simulación con la se ha vestido el IFE todos estos años.

La comunidad que hace valer sus propias instituciones, resarciéndolas de la corrupción de los políticos, y que se enfrenta con exitosa dignidad a su destino, podemos llamarla entonces democracia. No antes. Y son estos peldaños los que nos invita Taibo a escalar.

Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Miembros de la SEDENA y abogados estafan en penales federales bajo promesa de beneficios de ley

Ignacio García

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Por Ignacio García

El teniente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Francisco Fuentes Alburo, acompañado de Maricela García Bravo y un grupo de abogados fueron acusados de realizar diferentes estafas a internos en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley, entre éstos, preliberaciones.

Entre los denunciados por fraude se encuentra el arquitecto Leonardo Sotelo Mejía, quien tiene trayectoria de demandas y porta documentación como Senador de la República. Una de las demandas por Autos de Calidad Cortés, S.A. de C.V, en 2012, por lo que se abrió el expediente 1431/2012, en el Juzgado 10 Civil del Distrito Federal, y el 83/2016, en el Juzgado 41 de lo Civil en el Distrito Federal. En 2014, estuvo preso por fraude, y en 2018, ya en libertad, fue exhibido por vender plazas de la policía federal y de la policía del Estado de México.

Otros de los nombres que destacan es Guillermo Torres Rabadán, quien también se encuentra demandado por lo civil bajo el expediente 176/2010. Así mismo, Juan Carlos López Contreras, alias el “Mayor Plata”, propietario del restaurante argentino “El Arrabal”, y es enlace directo de Sotelo Mejía. Juana Jacqueline Díaz, Ibos Marlon Torres, Indira Shanel Torres, Fernando Cerezo Arenas y Laura López son acusados de realizar diferentes estafas en penales federales a cambio de supuestos beneficios de ley que prometen a internos.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, los integrantes de la SEDENA acuden a los penales federales para prometerles beneficios de ley en su proceso a cambio de compensaciones económicas, utilizando a abogados para cometer los fraudes. Uno de los ceferesos de mayor presencia de los defraudadores, es en El Altiplano, Almoloya de Juárez, del Estado de México, por tratarse de un penal de máxima seguridad con internos bajos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada que han pagado fuertes cantidades de dinero con la esperanza de ser liberados.

Los abogados prometen visitar a los reos con falsos documentos para plantearles diferentes maneras en las que supuestamente los pueden liberar, incluyendo tráfico de influencias con miembros de la SEDENA y de diferentes niveles del Gobierno de México, incluyendo la Secretaría de Gobernación, por lo que a través de redes sociales y denuncias periodísticas, los internos víctimas de fraude han exigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga, ya que en algunos casos estos militares y abogados han pedido hasta un millón de dólares.

En su denuncia, agregaron que los presuntos extorsionadores citan a familiares de los internos en el restaurante “El Arrabal” ubicado en Naucalpan, Estado de México, del cual es propietario Juan Carlos López Contreras. Usan este espacio como lugar de operaciones y oficina, para la entrega del dinero de sus clientes, asegurando que con sus relaciones tanto en el gobierno federal, como en SEDENA, agilizarán la libertad de sus familiares.

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Mexico Violento

Carta a Segob sobre caso Nalyd Liceaga, víctima de abuso por denunciar tala de árboles en Boca del Río

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El biólogo marino Nalyd Liceaga Rangel, quien trabajaba como inspector del área de Ecología, en el Ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, fue despedido del cargo desde 2008, por sancionar a Jorge González Torres, fundador del PVEM, quien taló en zona ecológica 20 árboles para ampliar una construcción particular.
El científico demandó y ganó la demanda con la orden de restitución de su cargo e indemnización, que hasta la fecha el Estado no ha cumplido, además del contubernio de autoridades con la tala de árboles. Ya que en este asunto, lo que Nalyd Liceaga puso al descubierto fue el contubernio, pues la maquinaria con la que trabajaban los empleados era del gobierno del estado de Veracruz, entones gobernado por Fidel Herrera. Los 20 árboles los taló el dirigente del PVEM, y la sanción contra Nalyd la aplicó el alcalde del PAN.
Lic. Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Gobierno de México
Presente.
Me permito dirigirme a usted para molestarla con un informe tocante a una de las injusticias mayores que ciertas autoridades hayan cometido en contra de un biólogo marino que -para realizar sus estudios en la Escuela de Ciencias del Mar-, se puso a trabajar en  el área de Ecología como inspector en el Ayuntamiento de Boca del Río. Su nombre es Nalyd Liceaga Rangel. El presidente municipal en el año 2008, fecha en que tuvieron lugar los hechos era Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo de quien más tarde sería gobernador por dos años del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ambos con el mismo nombre.
Una mañana, el biólogo se puso en marcha a efectuar una inspección de rutina para confirmar que la ecología municipal no había sido dañada. Se encontró con un predio donde habían sido talados 20 árboles. El propietario del inmueble de esa manera ampliaba su espacio para construir un edificio mayor. De inmediato le entregó Nalyd a quien le pareció ser el propietario (y acertó) y le entregó un citatorio para que acudiera al ayuntamiento a abordar el asunto de la multa a aplicársele.
El talador resultó ser Jorge González Torres, dirigente fundador del PVEM, quien de inmediato se dirigió en su vehículo al ayuntamiento a quejarse de Nalyd y pidió su cese inmediato que fue concedido. El presidente municipal le dijo a Nalyd que si demandaba o hacía público el nombre de González Torres, se las vería con él. Cumplió su palabra. El ayuntamiento de Boca del Río y la familia perversa que lo controla no han permitido que Nalyd sea indemnizado. Y esta resistencia es apoyada por la CEDH.
Con ese motivo, Nalyd demandó ante el tribunal competente en Jalapa al Ayuntamiento de Boca del Río. Se le dio la razón y el ayuntamiento recibió copia del laudo que ordenaba indemnización y restitución. Entre 2009 y 2020, ha habido 11 audiencias de Nalyd y su abogado con un abogado del ayuntamiento. Y siempre se le dijo que no se podía cumplir la orden judicial porque no había dinero. Eso es extraño en un ayuntamiento donde los regidores tenían asignado un salario de medio millón de pesos al mes.
Hace dos años Nalyd acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humano, en Xalapa, y a lo largo del tiempo transcurrido quienes allí trabajan, que fueron heredados por el gobierno estatal actual de MORENA, le han dado largas. No se han comportado, en suma, como corresponde a un organismo al que se le ha conferido la función de velar por la seguridad y los intereses de los que no cuentan con mucho dinero.
Lo que se ha hecho con Nalyd no tiene nombre. Es una verdadera aberración.
Los derechos humanos son una asignatura que usted conoció siendo magistrada. Le pido por ello, encarecidamente, su intervención directa, para que se cumpla, otorgue y satisfaga lo ordenado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz hace mas de 10 años y cese la impunidad sistemática de violación de los derechos  de Nalyd Liceaga Rangel.
La saluda atentamente
Gastón PARDO PEREZ
Académico y Corresponsal en México

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Mexico Violento

Munguía Villarreal, familia de Sonora, causantes de ejecuciones, desapariciones y tráfico de drogas

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Por Juan Carlos Pérez Ruiz

Desde el canal de Youtube El Tuchar, con sede en Estados Unidos y temas de narcotráfico, se señala que la familia Munguía Villarreal se ha convertido en “el terror de Sonora” porque no sólo se han dedicado al tráfico de estupefacientes, sino también a ejecuciones y desapariciones por encargo y conflictos con ellos, incluyendo a mujeres, niños y personas que se dedicaban a cruzar migrantes por la frontera de Arizona. La familia Munguía Villarreal, según la prensa local, ha operado con un perfil bajo como agricultores durante años en Hermosillo, Sonora. Pero el pasado 5 de abril de 2019 se dieron a conocer, luego de que sujetos armados arribaron a un rancho de su propiedad. Los hermanos repelieron el ataque desde dos unidades blindadas asesinando a dos personas con armas de alto calibre.

De acuerdo con la versión oficial, en el sitio se localizaron cartuchos percutidos de calibre .223 y de 7.62×39 de armas conocidas como cuernos de chivo, sin embargo, la familia afirmó que se trataban de extorsionadores, mientras las autoridades comprobaron que sus actividades estaban relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ejecuciones incluyendo la desaparición de cuerpos.

El negocio de los Munguía Villarreal fue montado por el padre desde hace años, camuflajeado por la agricultura, en el que se ha señalado a la madre de ayudarles a llevar la contabilidad. También señala que además de los padres, las esposas, primos y tíos, participan directamente en sus actividades delictivas como un negocio familiar.

Miguel Munguía se ha identificado como uno de los traficante de drogas, más sanguinario, socio de Lamberto Verdugo, principal operador financiero de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Tras la muerte de Verdugo, se asoció con los hermanos Martín Gaudencio Avendaño Ojeda, “El Chiquilín” y Manuel Avendaño Ojeda, “El Meño”.

En 2010, en Nuevo México, Estados Unidos, Efrén Corrales Meza, oriundo de Hermosillo, fue detenido por transportar 20 kilos de cocaína, quien reconoció trabajar para la familia Munguía Villarreal, por lo que fue sentenciado a 41 meses de prisión y después extraditado a México, donde se puso a trabajar como taxista.

No obstante, los hermanos Munguía Villarreal intentaron obligarlo nuevamente a retomar las actividades ilícitas pero al negarse fue asesinado el 5 de mayo de 2019, a bordo de su vehículo, según las declaraciones de dos de los presuntos sicarios detenidos por el crimen.

Otro de los hechos que sacaron del anonimato a esta familia dedicada al trasiego de la droga, fue cuando Ramón Munguía Villarreal tuvo un conflicto con un policía municipal de Hermosillo, identificado como Adrián Filemón Bravo Sepúlveda, pero al no obtener respuesta del proceso legal, le pidió a su hermano Miguel Ángel que lo asesinara, por lo que ordenó a su cuñado, Héctor Bernal Mercado que ejecutara al agente local.

Posteriormente, el 23 de julio de 2020, Luis Ernesto Robles fue ejecutado a bordo de su vehículo en Hermosillo por sicarios de Héctor Bernal Mercado, quien también amenazó a la familia de la víctima con ejecutarlos, por lo que se esconden en Culiacán, Sinaloa, apoyados por “El Ruso”, jefe de los sicarios del Mayo Zambada, y quien disputa el control de los territorios con “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, lo que ha incrementado la violencia en Sonora.

Reconocido como brazo ejecutor de los “Munguía Villarreal, Héctor Bernal, apodado “EL Chino Batachi” fue asesinado el 4 de septiembre de 2020, en la ciudad de Culiacán, de acuerdo con la información del blog Valor por Tamaulipas.

Días después, el 19 de septiembre, agentes de la Fiscalía General de Justicia de Sonora dieron a conocer el cateo de una casa de seguridad y laboratorio de estupefacientes en el que se aseguraron 163 mil dosis de narcóticos, con un valor de más de 400 mil dólares. Este lugar servía de oficina y guarida, de los hermanos Munguía Villarreal.

Pese a que no fue detenida ninguna persona en esa ocasión, porque se presume que fueron alertados por miembros de la policía que trabajan para ellos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal 162 mil 200 dosis de cristal, 664 de marihuana, 439 pastillas de fentanilo, 15 dosis de cocaína, entre otras.

El operativo se implementó como parte de las indagatorias por el homicidio del colombiano Eduardo “N”, de 40 años, el pasado 14 de septiembre, por lo que también fueron asegurados armamento de alto calibre en el interior del inmueble.

Hasta ahora, las investigaciones de la fiscalía estatal han sido incompletas, pero con suficientes acciones judiciales para sacar a la luz un grupo delictivo que había estado operando en la discreción.

Imágenes de Sonora Violento

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