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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de autoridades electorales, el problema de México

La corrupción de las autoridades electorales en complicidad con el PRI, han tejido la red hasta los tribunales que intentan no ver el fraude

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Guadalupe Lizárraga

Artículo de Opinión

El economista Alfredo Jalife nos sugiere tomar Televisa. Sin embargo, su propuesta desvía la atención de lo que significa la tarea propiamente de resistencia civil pacífica. Tomar Televisa no es tarea que corresponda a los ciudadanos, porque no es nuestro propósito expropiarla. Nuestro propósito es informar sobre la crisis política que vive México y, en todo caso, lo que correspondería a los ciudadanos transformados en clientes es hacer un boicot económico a esa televisora y a los demás medios.

Doy los argumentos:

En primer lugar, la toma de Televisa siempre sería simbólica. Y si llegamos a cambiar la táctica y hacer una toma real, exponemos a los manifestantes a un arresto o a ser hostigados por las policías, puesto que se trata de un inmueble privado. No se justifica la intervención directa y violenta de los ciudadanos en esta entidad privada, pese al impacto público que ello tuviera.

En segundo lugar, desviamos la atención de las instancias jurídicamente públicas que sí son de competencia de los ciudadanos y que son directamente las responsables de la crisis política que vive México: el IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y el PRI. Todos estos organismos públicos, incluyendo al partido político, operan con recursos públicos y sus facultades están sustentadas en la Constitución mexicana. No se mandan solos, para decirlo coloquialmente, y si lo hacen están incurriendo en desobediencia institucional. Su deber es cumplir cabalmente con las tareas encomendadas, y en el momento en que traicionen para lo cual fueron creados como organismos públicos, deben ser sometidos a juicio y ser sancionados penalmente o en el nivel que corresponda. No es un juego delinquir, y si es necesario llegar a instancias internacionales para preservar los derechos políticos y fundamentales de los mexicanos, tendrá que hacerse.

Un tercer punto es que no se trata sólo de Televisa y TV Azteca. Los demás medios de comunicación, incluso, los asociados a la Izquierda como la La Jornada o Contralínea o SDP Noticias han sido parciales en la cobertura de la información sobre las elecciones. Han manipulado y en algunos casos claramente han favorecido al mismo PRI, desde el escamoteo de temas sensibles hasta la saturación ofensiva de propaganda priista, Seguridad Pública y Policía Federal. Los medios cuando se ven cuestionados por su cobertura parcial, dan un giro temporal y hacen una breve nota sobre de lo que miles de usuarios en las redes sociales quieren leer o escuchar. Pero basta echar una mirada a los medios mexicanos en su edición digital el 1 de julio para darnos cuenta de cuáles fueron los que participaron del anuncio apresurado del supuesto triunfo de Peña Nieto para saber su posición legitimadora o no.

En el caso del PRI, se trata de un partido que ha dejado de cumplir sus tareas más básicas y se ha convertido en una organización criminal. El lavado de dinero en el que sus elites han participado y promovido, la represión a electores, la compra y coacción del voto, la corrupción gubernamental y los asesinatos que los mexicanos han querido ignorar, como en los que Carlos Salinas de Gortari está claramente implicado, son propios de una mafia, no de una entidad política que promueve democracia.

Dejemos de usar eufemismos para estos criminales, sin juicio hasta ahora porque ellos mismos tienen secuestrado el sistema de justicia en México. Y nombrémoslos con apellidos, porque han tendido sus redes hasta los magistrados del Poder Judicial, de tal forma que la esperanza de justicia nacional se ha corrompido. El congreso, desde hace tiempo, ha sido una meretriz para el PRI, con sus contadas excepciones como Gerardo Fernández Noroña. El resto, podría decirse mal que bien, que han servido y se han servido de las relaciones de los criminales como Fidel Herrera, Humberto Moreira, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Eruviel Avila, y la larga lista ya la concocemos, con toda la inclusión de los panistas como Felipe Calderón y Vicente Fox.

Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y Leonardo Valdés, presidente IFE. Foto: red

El problema ya no es Televisa, pues. Va más allá de la corrupción de una entidad privada que manipula burdamente la información al servicio de estos criminales. El problema es la desobediencia institucional que el IFE y la FEPADE están llevando en completa impunidad y desfachatez contra el pueblo de México. El problema es la complicidad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quienes actúan sometidos por completo a esta mafia, y no han sido capaces de hacer justicia electoral, ni en casos pasados. Son ellos que están quebrando las instituciones y corrompiéndolas abiertamente frente a nuestras miradas.

Comos señala Manuel Guerrero, activo militante del PRD, “… los Consejeros y Magistrados del IFE y del TEPJF, desde sus trincheras plenas de confort, tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de la sociedad mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos, desestiman todo tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección”.

La propuesta de Taibo

La propuesta de Paco Ignacio Taibo parecería ser el camino de un pueblo que se une contra la mafia que lo hunde. Taibo habla de las brigadas contra la imposición, de contar neustras experiencias del fraude, de informarlas cuadra por cuadra, municipio por municipio, hacer pintas en barda por barda, en eco de Andrés Manuel López Obrador en su Plan de defensa por la dignidad y democracia. Pero esta tarea cívica va más allá de informar. Tiene un significado superior al de enterar a todo México de la crisis política que vive.

El significado político de la defensa de la democracia es principalmente el de crear comunidad. Algo que ha sido impedido por las mafias de narcotraficantes y los políticos corruptos que han seguido al pie de la letra lo de “divide y vencerás” en logro de su propia impunidad.

La comunidad, como sentimiento, como emoción compartida de dignidad y fuerza, es lo que representan las brigadas intensas de información y conciencia contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente del país. Las redes sociales, los medios alternativos, las megamarchas, los estudiantes y las manifestaciones de honesta solidaridad en la construcción de la democracia es comunidad. Y esta comunidad es lo que le da un sustento real, vivo, de pertenencia a nuestra nación y desnuda la simulación con la se ha vestido el IFE todos estos años.

La comunidad que hace valer sus propias instituciones, resarciéndolas de la corrupción de los políticos, y que se enfrenta con exitosa dignidad a su destino, podemos llamarla entonces democracia. No antes. Y son estos peldaños los que nos invita Taibo a escalar.

Con voz propia

Samuel García y Mariana Rodríguez, con trastorno de personalidad narcisista: Ernesto Lammoglia

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Por Alberto Farfán

 En ocasiones en México se suelen encontrar en análisis periodísticos de algunos columnistas imberbes y limitados términos propios de la psiquiatría para plantear la personalidad de gobernantes, servidores públicos y otros de este ámbito, en el afán de vituperar tanto sus actividades de Estado como las personales o sociales, aunque también esta práctica puede encontrarse en otros países.

De ahí que sean importantes las observaciones del doctor Ernesto Lammoglia (Veracruz, 1940), connotado médico psiquiatra, criminólogo, escritor y comunicólogo, que desarrolla acerca del gobernador de Nuevo León y su esposa, Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú, respectivamente.

En entrevista, el Dr. Lammoglia, siempre ético y profesional, advierte que el perfil que brindará está sujeto a lo expuesto por los medios de comunicación y redes sociales, lo cual no se podría considerar un diagnóstico objetivo porque para ello el matrimonio regio debería haber sido analizado en su consultorio. Razonamiento que nos parece perfectamente válido e incluso obligado ponerlo sobre la mesa. (Conversación con Julio Hernández en Astillero Informa por YouTube, 13/05/22).

Sin embargo, resulta interesante la caracterización que realiza el doctor si tomamos en cuenta la serie de peculiaridades que García y Rodríguez han mostrado antes, durante y después, ya ubicados en el pináculo del poder en Nuevo León, a través de redes sociales sobre todo. Las cuales no voy a enumerar porque francamente sus sketchs son siempre lo mismo: llamar la atención a costa de quien sea o de lo que sea con un humor que se supone graciosísimo.

Así, para el Dr. Lammoglia, galardonado en múltiples ocasiones por su labor profesional y con más de una docena de libros publicados, ambos personajes padecen del trastorno de personalidad narcisista. Palabras más, palabras menos, desprendemos que dicho trastorno mental implica que las personas padecerán de un sentido desproporcionado de su propia importancia, una necesidad exagerada de atención desmedida, relaciones de explotación emocional y una ausencia profunda de empatía por las personas a su alrededor.

No obstante, esto no es más que una especie de máscara protectora de hierro, pues en realidad su autoestima es rotundamente frágil y vulnerable al comentario crítico más anodino. Y añade el Dr. Lammoglia que “el nivel más alto de esta condición es la psicopatía”.

Y al revisar con detenimiento estas características del narcisismo, pero fundamentalmente al confrontarlas con las curiosidades del matrimonio en redes sociales, no puede uno soslayar que acaso el Dr. Lammoglia no esté equivocado, sino todo lo contrario.

Situación que, en efecto, no tendría ninguna relevancia si Samuel García y Mariana Rodríguez fueran ciudadanos comunes y corrientes, divirtiéndose con sus ocurrencias en videos y demás. Sin embargo no lo son. Más aún, él como gobernador y ella como primera dama detentan un gran poder en la entidad en que viven, con el objeto, se supone, de velar por la ciudadanía en todos sentidos, pero al ser narcisistas me temo que difícilmente se podrán erradicar los feminicidios, el narcotráfico, la trata de personas y otros flagelos sociales que prevalecen impunes. Si otros que no lo son no lo logran, menos ellos.

Finalmente, es evidente que un perfil psicológico o psiquiátrico por más objetivo y exacto que sea no necesariamente indicará que el gobernante diagnosticado con alguna condición mental podrá constituirse en el mejor o el peor, pero estemos de acuerdo o no nos dará una idea sobre a qué atenernos. Y serán los hechos los que hablarán a este respecto. Lamentablemente, ya están hablando con claridad de manera negativa en Nuevo León en torno a los más recientes feminicidios y al cuestionable proceder de los responsables de la fiscalía del estado.

 

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Mexico Violento

Contratos ficticios, sobreprecios de CFE, y pagos de servicios sexuales con presupuesto del Tren Maya

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Despacho 14

El violento oficio de escribir.

  • Comisión Federal de Electricidad en el ojo del huracán

  • Contratos a discreción a los amigos

  • Escort y celebraciones para residente de obra en Yucatán

Por Alfredo Griz

Entre las covachuelas del poder, la organización del crimen y la corrupción de los servidores públicos, sale a relucir un escándalo en la Residencia de Obra, de la zona de Campeche, Yucatán, y Quintana Roo, en la construcción del Tren Maya.

Así también del desangre del erario en la Comisión Federal de Electricidad, en donde desde años atrás ha habido robos sistemáticos de materiales de todo tipo, tolerado y promovido con la venia del Residente de Obra, el licenciado en Ingeniería civil Víctor Manuel Tziu Sosa, con cédula profesional 7300840, de la Universidad Autónoma de Yucatán, enriquecido con la designación de contratos y adjudicaciones de obras a los amigos y gente cercana que le compensan sus favores con comisiones.

Lo que hoy relatamos e informamos en este medio “no sólo es un acto escandaloso de corrupción, sino preocupante, dada la precariedad en que vive la mayoría de la gente en el país”. Es así como una empleada federal refiere su denuncia a este reportero, y agrega que incluso ella era la encargada de buscarle mujeres al residente de obra, cuando éste quería saciar sus apetitos sexuales y no había alguna secretaria disponible en la residencia.

Lo que apunta una red de corrupción y tráfico sexual que impera en la Comisión Federal de Electricidad desde hace -por lo menos- unos 15 años, que son los que lleva laborando la fuente, y quien señala que literalmente la residencia de obra es una agencia de citas o de colocaciones de queridas y amantes: una mina de oro para quienes tienen acceso privilegiado al presupuesto federal.

La denunciante tiene contrato sindical signado por el jefe de Departamento William René Vázquez Flota, quien no aparece en la Nómina Transparente de la Función Pública, mientras que la persona de nombre Circe Viridiana Palma Martínez, quien de acuerdo con la Función Pública, su sueldo estimado neto es de 12, 805 pesos y su sueldo mensual bruto es de 16007.04, desempeñando el cargo de «Técnico Especializado VI B». Según testimonios, esta persona lleva laborando más de 15 años en dicha dependencia federal y por ella pasan “todos o muchos de los contratos que se otorgan a discreción”; además, tiene bajo su cargo los programas integrales, avances de obra y las entregas y recepción de éstas.

El acceso a dicha información es ilimitado y de manera discrecional; refiere -por ejemplo- que cuando se dan de baja los aires acondicionados de la residencia de obra en Mérida, Yucatán, todos son sustraídos por el mismo personal, y así con otros equipos, por lo que literalmente es un robo al despoblado todo lo que sucede en esas oficinas gubernamentales.

En ese sentido, por ejemplo, el contrato RRPE-151001, con un importe de 2 millones 481 mil pesos, fue otorgado de manera discrecional al contratista Eduardo Jesús García Hernández, quien sólo debería realizar el trabajo de mantenimiento de pisos en las oficinas de la residencia de obra en Yucatán. Pero, el costo total del mantenimiento de dichos pisos no alcanza los 500 mil pesos; sin embargo, los precios fueron elevados para que el ingeniero civil Víctor Manuel Tziu Sosa le fuera retornada una parte del pago por otra vía.

Se exhibe copia en esta primera entrega de dicha investigación, pero también consta en la denuncia que obra ya en la Fiscalía General de la República y que quedó bajo el registro CEDAC-066142-202205, en la cual se le solicita se investiguen todos los contratos de esa residencia de obra, de 2015 a la fecha.

Registro de la denuncia.

Los servicios sexuales, en el presupuesto

La denunciante de esta corrupción, quien se acreditó con su número de empleada, señaló que el titular de la residencia de obra le solicitó que buscara y contratara los servicios sexuales de una escort, para festejar la realización de dicho negocio.

La empleada, protegiendo su trabajo, acudió a cumplir con lo solicitado por su superior, pero en lo sucesivo se convertiría en una especie de amiga para las fiestas y placeres del residente, servicios que se pagaban con el erario destinado en parte al sobreprecio de los contratos.

En la denuncia federal, se encuentran los datos y número de teléfono de la sexoservidora, los cuales han sido reservados, pero también se aportan como datos de prueba de dicha denuncia.

La empleada -quien de alguna forma quiso medrar con esta información y obtener un beneficio personal-, aseguró que el sueldo que gana es muy poco y tiene más de 15 años trabajando como sindicalizada, pero no tiene plaza, ya que le renuevan su contrato cada tres meses para evitar otorgarle beneficios laborales.

Convenios de INAH y CFE

En uno de los convenios de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se advierte un monto de 2,368,000 pesos, el cual se emitió para un supuesto rescate arqueológico en la línea de transmisión, Xpuhil-Hulxa, Quintana Roo, límite estatal con Campeche, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, el cual fue literalmente ficticio.

Contratos millonarios del Tren Maya

“Los tramos 3 al 5 del Tren Maya se erogaron contratos millonarios al vapor”, especifica la empleada federal, en referencia a que la infraestructura para los tramos eléctricos del Tren Maya costará más de 6 mil 200 millones de pesos y estaría lista hasta noviembre de 2023.

Fonatur Tren Maya adjudicó directamente el 11 de octubre de 2021, un contrato de 6 mil 30 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023, consistente en “servicios para el gerenciamiento del proyecto de desarrollo de la infraestructura necesaria para la electrificación y conexión a la Red Nacional de Transmisión (RNT)”.

La parte electrificada del tren, 690 de los mil 554 kilómetros que abarca toda la ruta, abarca desde Mérida hasta Chetumal; es decir, iniciará en el tramo 3 y terminará en el tramo 6, con vías dobles para el servicio de carga y pasajeros. En los demás tramos, los trenes quemarán combustible diésel, al menos inicialmente.

Se trata del contrato más cuantioso que se ha adjudicado para una obra del Tren Maya, con excepción de los hasta ahora entregados para la construcción de los primeros cuatro tramos y una parte del tramo 5, así como para la fabricación de los trenes y material rodante.

Al tratarse de un contrato de gerenciamiento, es posible que la CFE pudiera a su vez subcontratar a empresas privadas para algunos trabajos, pagándoles con los recursos del Presupuesto de Egresos que recibirá de Fonatur.

En abril pasado, la CFE ya había obtenido un contrato de 178.8 millones de pesos para la ingeniería y otras actividades previas a la electrificación. Todos estos contratos pasaron las manos de la fuente y ahora indiciada, la cual reveló que es un verdadero e impresionante derroche y robo de recursos públicos.

 

Intimidaciones al reportero

Tras la denuncia de esta situación, la FGR emitió un acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal para garantizar las medidas cautelares pertinentes con la seguridad de este reportero, debido a que se dieron dos incidentes. El primero, el 8 de mayo, el cual quedó asentado en la carpeta de investigación con el número de expediente FED/YUC/MER/0000/2025/2022. Sin embargo, se filtraron los datos personales y ubicación de quien esto escribe, y la madrugada de hoy miércoles, 11 de mayo, colocaron una narcomanta en el domicilio.

En el parte policía de las patrullas con número económico 646 y 8020 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, las cuales venían al mando de la oficial Martha Magaña y José Quintal respectivamente, tomaron fotografías y dieron informe de los sucesos para levantar su informe policial, el cual será ofrecido como dato de prueba para la misma Fiscalía General de la República.

En el contenido del mensaje refiere el nombre de «ing Circe Palma», y alude a que ya había delatado a este reportero y su medio.

Narcomanta colocada en el domicilio del reportero, la madrugada del 11 de mayo.

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Investigaciones

El Contador y El JJ en las omisiones y pifias de Anabel Hernández

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Por Guadalupe Lizárraga

La nueva detención de Francisco José Barreto García, alias El contador, el 14 de abril, revivió en redes sociales y medios mexicanos e internacionales la historia trágica del futbolista paraguayo Salvador Cabañas Ortega, quien era integrante del Club América y se vio obligado a retirarse de su carrera deportiva tras recibir un disparo en la cabeza el 25 de enero de 2010.

Barreto García fue detenido la primera ocasión en junio de ese año tras su coparticipación en el atentado contra el futbolista, junto con José Jorge Balderas Garza, alias El J.J., detenido el 18 de enero de 2011; ambos acusados de delitos contra la salud y relacionados con el Cártel de los Beltrán Leyva.

En el atentado a Cabañas, según la narrativa de los medios, el sistema de videovigilancia captó el momento en que Barreto escoltaba a Balderas Garza, en el baño del Bar-Bar, y en sus declaraciones ministeriales dijo que había presenciado el momento en que Balderas disparó al futbolista. Pero también en las declaraciones de Balderas, tras su detención en 2011, señaló que él no había disparado, sino que había sido Barreto, ya consignado como copartícipe de la agresión.

En esta historia, no podemos eludir y dejar de contrastar las diferentes versiones publicadas por Anabel Hernández en sus libros, porque no hay ingenuidad en sus omisiones. Tampoco en sus calumnias y pifias que han afectado a personas inocentes, con procesos judiciales sin sentencia ejecutoria; todas han sido decisiones deliberadas de su parte, y como periodista tiene un compromiso ético sin cumplir desde hace más de una década. Los más desinformados creen que su ‘trabajo’ está relacionado con la DEA, pero ninguna instancia del gobierno de los Estados Unidos sostendría a una periodista tan desaseada en su información, violando contratos de confidencialidad, y con compromisos personales como el de Javier Lozano Alarcón, uno de los cómplices de Felipe Calderón, que también ha omitido en sus libros.

El nombre de Anabel Hernández a quien sí ha servido es a la PGR, desde los tiempos de Eduardo Medina Mora como procurador. Su nombre ha legitimado mentiras como las del ‘caso Wallace’ y ha desinformado sobre hechos relacionados con narcotraficantes, empresarios y funcionarios mexicanos. Anabel ha sido el gatillo de la SIEDO-PGR con el que pretendían controlar a García Luna en su carrera presidencial.

Las omisiones de El JJ

Las omisiones de Anabel Hernández en el caso de José Jorge Balderas Garza muy probablemente fueron acuerdos con la PGR. El JJ cumple una sentencia ejecutoria por 20 años de prisión, con cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud, de los cuales ha compurgado la mitad. Tras su detención, sirvió como testigo protegido bajo el alias de Némesis en contra de Édgar Valdez Villarreal «La Barbie», quien era su «amigo», palabras de Valdez Villarreal en videocámara, y de los Beltrán Leyva, para quienes trabajaba.

Sin embargo, como testigo protegido, El JJ fue desestimado por las extradiciones de sus objetivos a los Estados Unidos, y entonces se ofreció como colaborador de la autoridad penitenciaria en el mismo penal, lo cual le podía dar un beneficio a la larga, por ser beneficio de ley para una preliberación, pese a que está pendiente la sentencia sobre el homicidio en grado tentativa.

En 2011, quien dio a conocer en los medios la situación del JJ fue Facundo Rosas Rosas, entonces comisionado de la Policía Federal, y mencionado reiteradamente en los libros de Anabel, sobre todo en Los cómplices del presidente. Pero nada de este contexto fue dado por la periodista con el nombre de José Jorge Balderas. Actualmente, Rosas Rosas es una de las personas contra las que la FGR emitió órdenes de aprehensión el 9 de enero de 2022 por el tráfico ilegal de 2 mil 500 armas, acto conocido como «Rápido y Furioso» durante el periodo de mandato de Felipe Calderón.

La misma historia, Anabel la cuenta en versiones distintas y todas las ha vendido como historias verídicas.

La prisa por Los señores del narco

En la primera edición de Los señores del narco, que empezó a circular en noviembre de 2010, Anabel Hernández afirmó que George Khoury Layón estaba involucrado en el atentado contra el futbolista Salvador Cabañas. Eran expedientes fabricados de la PGR que publicó a toda prisa y sin ninguna prueba. Para entonces, Khoury llevaba preso un año y dos meses, detenido arbitraria e ilegalmente el 2 de septiembre de 2009, por órdenes de Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol y torturado por el expolicía federal Porfirio Javier Sánchez Mendoza, actualmente en prisión, y por su suboficial Rolando Mayorga Cordero, en estos momentos prófugo.

Anabel ignoró todas las violaciones de derechos humanos que Khoury Layón padecía por parte del empresario que pagaba la consigna y los policías de Felipe Calderón, y jamás publicó la versión de Khoury sobre los hechos pese a que habló con él en 2012; por el contrario, le dedicó seis páginas de calumnias en su libro redactadas después de la fecha del atentado al futbolista, entre febrero y octubre del 2010, puesto que en noviembre su libro ya estaba en circulación, y reiteró estas calumnias en otros títulos en 2013 y 2014 con el total apoyo de su empresa editorial.

En esas páginas lo señaló como el autor intelectual del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, dando por verídico el caso Wallace, fabricado por Isabel Miranda Torres y la PGR, pese a que en 2010 había información de las verdaderas víctimas. Además de secuestrador, Anabel se refirió a Khoury como homicida y narcotraficante, acusándolo de ser miembro de dos grupos delictivos opuestos, el del Cártel de los Beltrán Leyva y el de la célula El Apá.

En esa misma edición mencionó a César Freyre Morales con las mismas calumnias, diciendo que recibía órdenes de Khoury y que, cinco años antes, César había confesado sobre esto y el caso Wallace, incluso Anabel hizo referencia a Isabel Miranda como “la responsable de esas capturas”.

En contraste, los hechos son que el 2 de octubre de 2010, Freyre confesó bajo tortura, una de las más brutales de todas, que sí había secuestrado a Hugo Wallace y de todo lo que quisieran inculparlo, porque ya no aguantaba más, y agentes de la SIEDO tenían a su madre encañonada en su casa mientras él iba a presentarse a audiencia. Durante los cuatro años anteriores, a pesar de las torturas estuvo negando el supuesto crimen. Fue detenido directamente por Isabel Miranda Torres y el agente de la SIEDO Braulio Robles Zúñiga, con tres agentes más, el 23 de enero de 2006 y presentado tres días después; y no en 2005 como afirma Anabel Hernández en su libro, otra pifia insostenible porque además Isabel Miranda se había encargado de hacer mediática su detención con la increíble historia de su captura. Cualquier búsqueda en Google le hubiese dado a Anabel las fechas precisas.

Pero la periodista se ensañó con ellos, con las víctimas de Wallace, incluso con Juana Hilda González Lomelí. A Khoury lo relacionó falsamente con el Cártel de los Beltrán Leyva y con El Apá, pero también lo acusó de trabajar con otro grupo de secuestradores de la Ciudad de México llamado supuestamente «La Flor», que también resultó información falsa, utilizando nombres de detenidos por otros delitos o en otros estados. Más fabricaciones de la PGR que Anabel presentaba como «sus investigaciones». Incluso afirmó que Khoury había obtenido más de 100 millones de dólares por unos 40 secuestros y, al mismo tiempo, contra toda lógica también afirmó que la hermana de éste vendía “tachas” en las afueras de sus “antros” por lo que se le había girado una orden de aprehensión.

En cambio, en esta primera edición omitió el nombre de José Jorge Balderas Garza, alias El JJ, y el de Francisco José Barreto García, alias El Contador, pese a que para la fecha en que se editó el libro había información y fuentes para precisar sobre el atentado contra Salvador Cabañas, sobre todo tratándose de personas vinculadas a los Beltrán Leyva. Pero ni detalles ni contexto. Y en sus demás libros, Anabel omitió completamente la participación, la identidad y la trayectoria delictiva de Francisco José Barreto García.

Segunda edición de Los señores del narco, versión 2

Para mayo de 2014, el Grupo Editorial Penguin Random House sacó una edición de este título de Anabel Hernández, en el que eliminó por completo el párrafo sobre el atentado contra Salvador Cabañas.

El contexto omitido era que, tras la primera detención de Barreto, en junio de 2010, por su participación en el atentado contra el futbolista y distribuir drogas en Estado de México, declaró que El JJ era el que había disparado a Cabañas en los baños del Bar-Bar. Mientras que El JJ también en su detención dijo que había sido Barreto el responsable del disparo al futbolista, y argumentó que El Contador estaba encargado de su seguridad, además de operaciones financieras y administrativas.

Pero los cuatro años de escándalos mediáticos que siguieron, con información profusa sobre los hechos relacionados con narcotráfico, no valieron a Anabel Hernández ni a la editorial para corregir lo publicado en 2010. Simplemente en esta edición eliminaron el párrafo con el nombre del futbolista y sus atacantes, pese a que estos pertenecían al mundo de los Beltrán Leyva, el que investigaba supuestamente Anabel Hernández.

Pero en cambio, la periodista reiteró todas las calumnias contra George Khoury Layón, César Freyre Morales y Juana Hilda González Lomelí sobre secuestros, homicidios y narcotráfico, pese a que el 31 de mayo de 2014, Los Ángeles Press, bajo mi autoría, revelaba las evidencias de la falsedad del caso Wallace y en una serie de reportajes revelaba las torturas a las víctimas para que se confesaran culpables de un crimen que no había sucedido. Anabel Hernández, por su parte, en la revista Proceso, ese mismo día, horas después, puso en duda el caso Wallace en un artículo titulado «El caso Wallace, más turbio que nunca».

Los otros libros y las otras versiones

En su libro México en llamas, en su edición de diciembre de 2012, que ya fue reeditada y aumentada, Anabel Hernández se refirió escuetamente a José Jorge Balderas, El JJ, como responsable de haber disparado contra el futbolista y volvió a omitir el nombre y la participación de Barreto García, El Contador.

Pero en el caso de los inculpados de Wallace, en el capítulo que le dedica, da credibilidad a la confesión obtenida bajo tortura con abuso sexual de Juana Hilda González Lomelí, y páginas más adelante, contradictoriamente, especifica que fue sacada del “centro de arraigo con lesiones y golpes” sin referirse a ello como tortura. Entre las partes aumentadas sobre el caso Wallace, refiere las evidencias además sobre la fabricación de pruebas, pero sigue tratando a Isabel Miranda con deferencia, sin señalarla directamente responsable de las torturas, pese a que esta información ya era pública a través de cartas abiertas escritas por las víctimas y dirigidas a funcionarios e instancias de derechos humanos.

En este título, los nombres difamados de las víctimas de Isabel Miranda vuelven a desfilar, excepto el de George Khoury, a quien había acusado de ser el autor intelectual del supuesto secuestro Wallace y omite el nombre de Jael Malagón Uscanga, quien también fue inculpado por Isabel Miranda y Braulio Robles Zúñiga “de otros secuestros”, para justificar “la temible banda de secuestradores”.

Narcoland, su versión en inglés

La versión en inglés de Los señores del narco, traducida por Verso Books, en 2013, fue recortada. También se eliminó el párrafo sobre el atentado de Salvador Cabañas, pero también todo lo referente al caso Wallace, eliminando el nombre de César Freyre. Sin embargo, Anabel Hernández siguió con todas las calumnias y difamaciones en contra de George Khoury Layón. En esta versión lo vincula directamente con Edgar Valdez Villarreal, y destaca que «fue detenido con armas calibre .35 y .22, además de pastillas psicotrópicas». Cuando en realidad, la defensa de Khoury demostró con evidencia videográfica y un audio grabado de su tortura que fue detenido en un gimnasio y de allí se lo llevaron para torturarlo durante 14 horas, hasta el día siguiente fue presentado a la SIEDO. Igual que en los otros libros, Anabel se ensañó acusándolo además de narcotráfico, de secuestros, homicidio y de poseer millones de dólares.

Un año antes de esta edición, Anabel Hernández había visitado a Khoury en el Reclusorio Oriente, y de acuerdo con el testimonio de la víctima, le ofreció disculpas por esas calumnias, prometiéndole que las corregiría si Khoury obtenía su reconocimiento de inocencia. Lo cual obtuvo en 2017 por parte del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y de la Secretaría de Gobernación en 2019. Incluso, en carta pública a Anabel, Khoury le pidió que corrigiera sus libros. Él había cumplido su parte, ahora faltaba ella. No obstante, hasta la fecha Anabel se mantiene firme en sus calumnias.

El JJ en Emma y otras señoras del narco

Francisco José Barreto García tampoco existe en este libro de Anabel Hernández, donde vuelve a mencionar el atentado contra Salvador Cabañas, un libro por el que está siendo demandada por varias figuras públicas del espectáculo. En la referencia al JJ dice las cosas a medias.

«En 2010, el Bar Bar se volvió tristemente célebre cuando el futbolista Salvador Cabañas fue agredido con un disparo en la cabeza por José Jorge Balderas Garza, a quien en las noticias se identificó como el JJ, lugarteniente de la Barbie, aunque dentro de la organización criminal todos le decían Batman por su altura y aspecto.» Emma y las otras señoras del narco (Spanish Edition) by Anabel Hernández.

Es inverosímil pensar que Anabel desconoce la información relacionada con el caso Cabañas. Lo que no se explica es por qué omitir la participación en el crimen del Contador, cuando ha sido publicado en todos los medios, más aún cuando da detalles irrelevantes y de alcoba de otros narcotraficantes.

¿Por qué silencio de Anabel con El JJ y El Contador?

La forma en la que Anabel Hernández ha ido publicando y corrigiendo sus libros, sobre todo las versiones digitales, trazan una trayectoria de omisiones muy convenientes para el colaborador de la PGR El JJ y El Contador, y mantiene con obstinación falsedades y pifias para inculpar a inocentes, como en el caso de George Khoury Layón, consigna de Margolis.

Incluso a las víctimas de Isabel Miranda Torres, pese a que Anabel misma ha puesto en duda el caso, no le ha prestado interés en limpiar el nombre de sus inculpados, cuando es responsable de errores y contradicciones, que hemos señalado reiteradamente en Los Ángeles Press, desde donde se ha denunciado la persecución de Isabel Miranda contra quien esto escribe tras revelar la identidad del padre biológico de Hugo Alberto, el señor Carlos León Miranda, primo hermano de Isabel; las tres identidades oficiales de Hugo Alberto, dos de ellas activas en Hacienda hasta 2018; las declaraciones ministeriales falsas de Isabel Miranda; la fabricación de la gota de sangre; la identidad de los torturadores de los inculpados, activos en el servicio público todavía; la colaboración de Miranda en la Secretaría de Seguridad Pública en 2004 con Eduardo Medina Mora; su injerencia en el área de Secuestros de la SIEDO, desde 2001; su participación directa en las torturas y amenazas a sus víctimas, entre otras cuestiones más que nos llevan ineludiblemente a la PGR y al silencio de Anabel Hernández.

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