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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de autoridades electorales, el problema de México

La corrupción de las autoridades electorales en complicidad con el PRI, han tejido la red hasta los tribunales que intentan no ver el fraude

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Guadalupe Lizárraga

Artículo de Opinión

El economista Alfredo Jalife nos sugiere tomar Televisa. Sin embargo, su propuesta desvía la atención de lo que significa la tarea propiamente de resistencia civil pacífica. Tomar Televisa no es tarea que corresponda a los ciudadanos, porque no es nuestro propósito expropiarla. Nuestro propósito es informar sobre la crisis política que vive México y, en todo caso, lo que correspondería a los ciudadanos transformados en clientes es hacer un boicot económico a esa televisora y a los demás medios.

Doy los argumentos:

En primer lugar, la toma de Televisa siempre sería simbólica. Y si llegamos a cambiar la táctica y hacer una toma real, exponemos a los manifestantes a un arresto o a ser hostigados por las policías, puesto que se trata de un inmueble privado. No se justifica la intervención directa y violenta de los ciudadanos en esta entidad privada, pese al impacto público que ello tuviera.

En segundo lugar, desviamos la atención de las instancias jurídicamente públicas que sí son de competencia de los ciudadanos y que son directamente las responsables de la crisis política que vive México: el IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y el PRI. Todos estos organismos públicos, incluyendo al partido político, operan con recursos públicos y sus facultades están sustentadas en la Constitución mexicana. No se mandan solos, para decirlo coloquialmente, y si lo hacen están incurriendo en desobediencia institucional. Su deber es cumplir cabalmente con las tareas encomendadas, y en el momento en que traicionen para lo cual fueron creados como organismos públicos, deben ser sometidos a juicio y ser sancionados penalmente o en el nivel que corresponda. No es un juego delinquir, y si es necesario llegar a instancias internacionales para preservar los derechos políticos y fundamentales de los mexicanos, tendrá que hacerse.

Un tercer punto es que no se trata sólo de Televisa y TV Azteca. Los demás medios de comunicación, incluso, los asociados a la Izquierda como la La Jornada o Contralínea o SDP Noticias han sido parciales en la cobertura de la información sobre las elecciones. Han manipulado y en algunos casos claramente han favorecido al mismo PRI, desde el escamoteo de temas sensibles hasta la saturación ofensiva de propaganda priista, Seguridad Pública y Policía Federal. Los medios cuando se ven cuestionados por su cobertura parcial, dan un giro temporal y hacen una breve nota sobre de lo que miles de usuarios en las redes sociales quieren leer o escuchar. Pero basta echar una mirada a los medios mexicanos en su edición digital el 1 de julio para darnos cuenta de cuáles fueron los que participaron del anuncio apresurado del supuesto triunfo de Peña Nieto para saber su posición legitimadora o no.

En el caso del PRI, se trata de un partido que ha dejado de cumplir sus tareas más básicas y se ha convertido en una organización criminal. El lavado de dinero en el que sus elites han participado y promovido, la represión a electores, la compra y coacción del voto, la corrupción gubernamental y los asesinatos que los mexicanos han querido ignorar, como en los que Carlos Salinas de Gortari está claramente implicado, son propios de una mafia, no de una entidad política que promueve democracia.

Dejemos de usar eufemismos para estos criminales, sin juicio hasta ahora porque ellos mismos tienen secuestrado el sistema de justicia en México. Y nombrémoslos con apellidos, porque han tendido sus redes hasta los magistrados del Poder Judicial, de tal forma que la esperanza de justicia nacional se ha corrompido. El congreso, desde hace tiempo, ha sido una meretriz para el PRI, con sus contadas excepciones como Gerardo Fernández Noroña. El resto, podría decirse mal que bien, que han servido y se han servido de las relaciones de los criminales como Fidel Herrera, Humberto Moreira, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Eruviel Avila, y la larga lista ya la concocemos, con toda la inclusión de los panistas como Felipe Calderón y Vicente Fox.

Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y Leonardo Valdés, presidente IFE. Foto: red

El problema ya no es Televisa, pues. Va más allá de la corrupción de una entidad privada que manipula burdamente la información al servicio de estos criminales. El problema es la desobediencia institucional que el IFE y la FEPADE están llevando en completa impunidad y desfachatez contra el pueblo de México. El problema es la complicidad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quienes actúan sometidos por completo a esta mafia, y no han sido capaces de hacer justicia electoral, ni en casos pasados. Son ellos que están quebrando las instituciones y corrompiéndolas abiertamente frente a nuestras miradas.

Comos señala Manuel Guerrero, activo militante del PRD, “… los Consejeros y Magistrados del IFE y del TEPJF, desde sus trincheras plenas de confort, tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de la sociedad mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos, desestiman todo tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección”.

La propuesta de Taibo

La propuesta de Paco Ignacio Taibo parecería ser el camino de un pueblo que se une contra la mafia que lo hunde. Taibo habla de las brigadas contra la imposición, de contar neustras experiencias del fraude, de informarlas cuadra por cuadra, municipio por municipio, hacer pintas en barda por barda, en eco de Andrés Manuel López Obrador en su Plan de defensa por la dignidad y democracia. Pero esta tarea cívica va más allá de informar. Tiene un significado superior al de enterar a todo México de la crisis política que vive.

El significado político de la defensa de la democracia es principalmente el de crear comunidad. Algo que ha sido impedido por las mafias de narcotraficantes y los políticos corruptos que han seguido al pie de la letra lo de “divide y vencerás” en logro de su propia impunidad.

La comunidad, como sentimiento, como emoción compartida de dignidad y fuerza, es lo que representan las brigadas intensas de información y conciencia contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente del país. Las redes sociales, los medios alternativos, las megamarchas, los estudiantes y las manifestaciones de honesta solidaridad en la construcción de la democracia es comunidad. Y esta comunidad es lo que le da un sustento real, vivo, de pertenencia a nuestra nación y desnuda la simulación con la se ha vestido el IFE todos estos años.

La comunidad que hace valer sus propias instituciones, resarciéndolas de la corrupción de los políticos, y que se enfrenta con exitosa dignidad a su destino, podemos llamarla entonces democracia. No antes. Y son estos peldaños los que nos invita Taibo a escalar.

Mexico Violento

Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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Mexico Violento

Rosario Robles acepta declararse culpable para cumplir sólo seis años de prisión

Ignacio García

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Por Ignacio García

La ex titular de la Secretaría del Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, aceptó declararse culpable por el ejercicio indebido del ejercicio público para cumplir sólo seis años de prisión y no pagar la reparación del daño del caso de la “Estafa maestra”.

La funcionaria federal refirió por medio de un escrito que no procede la reparación del daño por el monto total de la Estafa Maestra de cinco mil 500 millones de pesos, así como una pena de 21 años de prisión, ya que se le acusa de dos cargos del ejercicio indebido del servicio público agravado por el delito que se cometió cuanto estaba en el ejercicio público.

La Fiscalía General de la República (FGR) en su acusación formal pidió la máxima pena contra la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, pero al declararse culpable ofreció a pagar una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que equivalen a cinco mil 377 pesos.

Robles Berlanga propuso pasar dos años de prisión por cada delito que se le imputa por el ejercicio indebido del servicio público y uno más en cada uno por el agravante que se le aplica, aunado a que solicitó a la FGR que se designe un funcionario de alto nivel con capacidad de decisión para revisar su propuesta para lograr la autorización.

El pasado 26 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur la FGR señaló que Robles no quiere pagar la reparación del daño, por lo que no procede a conceder ninguna posibilidad de terminar el proceso de manera anticipada.

Rosario Robles fue titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) durante la administración de Enrique Peña Nieto, por lo que fue acusada de haber sido responsable de los desvíos millonarios de esas dependencias en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

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