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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

La corrupción de autoridades electorales, el problema de México

La corrupción de las autoridades electorales en complicidad con el PRI, han tejido la red hasta los tribunales que intentan no ver el fraude

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Guadalupe Lizárraga

Artículo de Opinión

El economista Alfredo Jalife nos sugiere tomar Televisa. Sin embargo, su propuesta desvía la atención de lo que significa la tarea propiamente de resistencia civil pacífica. Tomar Televisa no es tarea que corresponda a los ciudadanos, porque no es nuestro propósito expropiarla. Nuestro propósito es informar sobre la crisis política que vive México y, en todo caso, lo que correspondería a los ciudadanos transformados en clientes es hacer un boicot económico a esa televisora y a los demás medios.

Doy los argumentos:

En primer lugar, la toma de Televisa siempre sería simbólica. Y si llegamos a cambiar la táctica y hacer una toma real, exponemos a los manifestantes a un arresto o a ser hostigados por las policías, puesto que se trata de un inmueble privado. No se justifica la intervención directa y violenta de los ciudadanos en esta entidad privada, pese al impacto público que ello tuviera.

En segundo lugar, desviamos la atención de las instancias jurídicamente públicas que sí son de competencia de los ciudadanos y que son directamente las responsables de la crisis política que vive México: el IFE, el Tribunal Electoral, la FEPADE y el PRI. Todos estos organismos públicos, incluyendo al partido político, operan con recursos públicos y sus facultades están sustentadas en la Constitución mexicana. No se mandan solos, para decirlo coloquialmente, y si lo hacen están incurriendo en desobediencia institucional. Su deber es cumplir cabalmente con las tareas encomendadas, y en el momento en que traicionen para lo cual fueron creados como organismos públicos, deben ser sometidos a juicio y ser sancionados penalmente o en el nivel que corresponda. No es un juego delinquir, y si es necesario llegar a instancias internacionales para preservar los derechos políticos y fundamentales de los mexicanos, tendrá que hacerse.

Un tercer punto es que no se trata sólo de Televisa y TV Azteca. Los demás medios de comunicación, incluso, los asociados a la Izquierda como la La Jornada o Contralínea o SDP Noticias han sido parciales en la cobertura de la información sobre las elecciones. Han manipulado y en algunos casos claramente han favorecido al mismo PRI, desde el escamoteo de temas sensibles hasta la saturación ofensiva de propaganda priista, Seguridad Pública y Policía Federal. Los medios cuando se ven cuestionados por su cobertura parcial, dan un giro temporal y hacen una breve nota sobre de lo que miles de usuarios en las redes sociales quieren leer o escuchar. Pero basta echar una mirada a los medios mexicanos en su edición digital el 1 de julio para darnos cuenta de cuáles fueron los que participaron del anuncio apresurado del supuesto triunfo de Peña Nieto para saber su posición legitimadora o no.

En el caso del PRI, se trata de un partido que ha dejado de cumplir sus tareas más básicas y se ha convertido en una organización criminal. El lavado de dinero en el que sus elites han participado y promovido, la represión a electores, la compra y coacción del voto, la corrupción gubernamental y los asesinatos que los mexicanos han querido ignorar, como en los que Carlos Salinas de Gortari está claramente implicado, son propios de una mafia, no de una entidad política que promueve democracia.

Dejemos de usar eufemismos para estos criminales, sin juicio hasta ahora porque ellos mismos tienen secuestrado el sistema de justicia en México. Y nombrémoslos con apellidos, porque han tendido sus redes hasta los magistrados del Poder Judicial, de tal forma que la esperanza de justicia nacional se ha corrompido. El congreso, desde hace tiempo, ha sido una meretriz para el PRI, con sus contadas excepciones como Gerardo Fernández Noroña. El resto, podría decirse mal que bien, que han servido y se han servido de las relaciones de los criminales como Fidel Herrera, Humberto Moreira, Elba Esther Gordillo, Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Eruviel Avila, y la larga lista ya la concocemos, con toda la inclusión de los panistas como Felipe Calderón y Vicente Fox.

Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral y Leonardo Valdés, presidente IFE. Foto: red

El problema ya no es Televisa, pues. Va más allá de la corrupción de una entidad privada que manipula burdamente la información al servicio de estos criminales. El problema es la desobediencia institucional que el IFE y la FEPADE están llevando en completa impunidad y desfachatez contra el pueblo de México. El problema es la complicidad de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, quienes actúan sometidos por completo a esta mafia, y no han sido capaces de hacer justicia electoral, ni en casos pasados. Son ellos que están quebrando las instituciones y corrompiéndolas abiertamente frente a nuestras miradas.

Comos señala Manuel Guerrero, activo militante del PRD, “… los Consejeros y Magistrados del IFE y del TEPJF, desde sus trincheras plenas de confort, tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de la sociedad mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos, desestiman todo tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección”.

La propuesta de Taibo

La propuesta de Paco Ignacio Taibo parecería ser el camino de un pueblo que se une contra la mafia que lo hunde. Taibo habla de las brigadas contra la imposición, de contar neustras experiencias del fraude, de informarlas cuadra por cuadra, municipio por municipio, hacer pintas en barda por barda, en eco de Andrés Manuel López Obrador en su Plan de defensa por la dignidad y democracia. Pero esta tarea cívica va más allá de informar. Tiene un significado superior al de enterar a todo México de la crisis política que vive.

El significado político de la defensa de la democracia es principalmente el de crear comunidad. Algo que ha sido impedido por las mafias de narcotraficantes y los políticos corruptos que han seguido al pie de la letra lo de “divide y vencerás” en logro de su propia impunidad.

La comunidad, como sentimiento, como emoción compartida de dignidad y fuerza, es lo que representan las brigadas intensas de información y conciencia contra la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente del país. Las redes sociales, los medios alternativos, las megamarchas, los estudiantes y las manifestaciones de honesta solidaridad en la construcción de la democracia es comunidad. Y esta comunidad es lo que le da un sustento real, vivo, de pertenencia a nuestra nación y desnuda la simulación con la se ha vestido el IFE todos estos años.

La comunidad que hace valer sus propias instituciones, resarciéndolas de la corrupción de los políticos, y que se enfrenta con exitosa dignidad a su destino, podemos llamarla entonces democracia. No antes. Y son estos peldaños los que nos invita Taibo a escalar.

Mexico Violento

Deficiente pavimentación en caminos rurales a municipios de Oaxaca, por corrupción de autoridades locales

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Por Miguel Montesinos León

El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en diversas presentaciones públicas, ha manifestado que el programa que su gobierno está implementando para la pavimentación de caminos rurales, en el estado de Oaxaca, beneficia el tiempo de recorrido entre una comunidad a otra, además de generar empleo a los habitantes de las comunidades beneficiadas. Incluso ha dicho que las mujeres tienen más sensibilidad para escoger las piedras, y también ha inaugurado algunos caminos y señalado que algunas autoridades han devuelto recursos a su gobierno por la buena administración y honestidad de quienes las están ejecutando.

Sin embargo, aunque el presidente ha mostrado su buena intención para beneficiar a las comunidades rurales y a sus habitantes, en la región Mixteca, y específicamente en las comunidades pertenecientes al Distrito de Nochixtlán, Oaxaca, el cemento, de marca Tolteca de Cemex, empleado para las obras de pavimentación es aplicado de manera deficiente y los recursos públicos son saboteados para beneficio personal.

En un recorrido de este periodista, se pudo constatar a simple vista que el pavimento es de pésima calidad, al igual que los acabados.

En el tramo perteneciente a la agencia municipal del Fortín Chicahua, donde todavía se encuentra en etapa de construcción, claramente, sin ser experto en la materia se percibe que la proporción de cemento es mínima. Esto significa que le están aplicando más arena y grava de lo que técnicamente debe agregarse a la proporción de cemento.

Todavía no se concluye la obra de pavimentación y ya presenta enormes grietas y baches, también la capa final del pavimento se está levantando.

En el tramo en construcción del camino que comunica de Santa María Apazco a Nochixtlán se percibe a simple vista la deficiencia en la aplicación de cemento.

También este camino en proceso de construcción y al no tener alternativa de transitar a la comunidad sin haber concluido la obra ni mucho menos ser inaugurado, los vehículos ya circulan en el nuevo pavimento.

Ambos tramos en mención ya presentan desperfectos, por lo que se consultó a expertos en construcción y manifestaron que los encargados de ejecutar estas obras están aplicando mayor cantidad de arena y grava al cemento con la finalidad que el material les rinda más metros.

Aunado a la elevada cantidad de arena y grava, también consultando con los lugareños, señalan que la presidenta municipal de San Miguel Chicahua, Ester Guzmán Jiménez, ha asignado las obras de pavimentación del camino que comunica a su comunidad con la cabecera Distrital, Nochixtlán, a personas como Olegario López, originario de la comunidad del Fortin Chicahua, a Manuel Gómez de San Miguel Chicahua, infringiendo con esto lo mandatado por el presidente de la república, que la obra debe ejecutarla un comité, y hombres y mujeres de la comunidad beneficiada, sin privilegios.

En el caso de Santa María Apazco, a pregunta expresa de este reportero al presidente municipal, Omar Bautista Rodríguez, sobre quién está ejecutando la obra de pavimentación en su municipio, enfático, señaló que la misma autoridad municipal encabezada por él.

Al entrevistar a ciudadanos de estas comunidades, señalaron que se sabe que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Delegación Oaxaca, no acuden a supervisar las obras de pavimentación y exigen su respectiva compensación (moche o cuchupo), por lo que quienes están ejecutando estas obras se ven obligados a aplicar más arena y grava y menos cemento.

Según el presidente López Obrador, la vida útil del pavimento de estos caminos es de aproximadamente 14 años. Lo que vemos será difícil de cumplir ya que todavía no se concluyen los caminos, ni tampoco se han inaugurado y ya presentan desperfectos.

Los expertos hablan

Los expertos en la materia señalaron a Los Ángeles Press que si el personal de la SCT quisiera supervisar las obras y ver que se cumpla con los estándares de calidad y proporción adecuada de los materiales, sobre todo en la cantidad de cemento, existen técnicas avanzadas para corroborarlo.

Desafortunadamente en estas comunidades se siguen aplicando los malos vicios de antaño, donde las obras se le asignan a amigos y compadres, pero además no les importa la calidad de las obras, sino ver de qué manera se obtienen ventajas particulares de los recursos públicos, señaló el ingeniero Miguel Ángel Hernández.

Mencionó que era vergonzoso darse cuenta cómo se evidencian quienes están ejecutando estas obras, ya que está a la luz del público la deficiencia del material empleado.

Un claro ejemplo de que los empleados de la SCT Oaxaca no están cumpliendo a cabalidad con la supervisión de la obra es el que desde sus oficinas dan el visto bueno, a través de firmas de documentos sin importar que millones de pesos estén quedando en los bolsillos de las autoridades municipales y en sus familiares y amigos a los que les asignan las obras.

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Mexico Violento

Periodista de Los Ángeles Press amenazada por denunciar corrupción y represión del gobernador de Puebla

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Por Guadalupe Lizárraga

Claudia Martínez Sánchez, corresponsal de Los Ángeles Press en Puebla y activista de Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, denunció acoso y amenazas por parte del gobierno de Luis Miguel Gerónimo Huerta, tras publicar reportajes que revelaron corrupción de familiares del gobernador y otros funcionarios vinculados a gestiones sindicales del magisterio, así como las violaciones de derechos humanos contra comunidades indígenas de la región.

La periodista denunció que tras sus publicaciones en el digital internacional para el que colabora, Carlos Roberto Martínez Peláez, director del Bachillerato Oficial Héroes de la Reforma, donde ella también labora como docente, levantó un acta administrativa en su contra por las notas adversas al gobernador Barbosa Huerta.

Por lo que la periodista fue citada a principios de la semana pasada por Martínez Peláez para observarle que su conflicto se podría terminar si ella deja de publicar notas periodísticas contra Barbosa.

El director le dijo que autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) le mostraron el material publicado, y le pidieron que la periodista “dejara de escribir ese tipo de contenido”.

El funcionario además le advirtió que, de persistir, Claudia Martínez ponía en juego su plaza de docente y los 21 años de servicio que lleva, pero también ponía en riesgo tanto su vida como la de su familia.

Además, le informó que el viernes 15 de octubre se presentaría ante el jurídico para revisar el caso, y que ya estaban listos tanto su defensa como los testigos, propuestos por Jaime García Roque, secretario general de la sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Claudia Martínez narró que el director del Bachillerato le pidió que en el encuentro se sometiera, diciendo que sí a todo lo que le preguntaran en la audiencia y admitiera que si bien difundió notas periodísticas en contra del gobernador Barbosa y las compartió en el grupo de WhatsApp “Delegación-D-II-235” del SNTE, no lo volvería a hacer.

Sin embargo, el día de la audiencia, Martínez Sánchez debía estar en Coyomeapan para la visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el conflicto postelectoral al que ha dado cobertura internacionalmente por el acoso gubernamental a los líderes de la comunidad, Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzalo Martínez, y Anastacio González Sanguinez, a quienes les fabricaron delitos y los encarcelaron.

Adicionalmente, en el acta administrativa levantada en contra de la periodista señala que, además de difundir las notas referidas, se ausentaba de su labor como docente e incurrió en seis faltas injustificadas los días 7, 13, 10 y 21 de septiembre y el 4 y 5 de octubre de este año, “lo que afectó el desarrollo de la comunidad escolar a su cargo”.

Quien presenta las pruebas en su contra es Ana Isabel Coriche Ramírez, funcionaria sindical y de la SEP, quien es hija de Jorge Luis Coriche Avilés, ex diputado federal, dueño de una mina a cielo abierto en Zacatlán, que entregó varias tierras a transnacionales y sería uno de los primeros beneficiados, de concretarse la presa hidroeléctrica en Coyomeapan y Zoquitlán.

El despojo de estas tierras de la comunidad indígena ha sido parte de las revelaciones periodísticas de Claudia Martínez Sánchez, incluyendo testimonios y evidencias de las agresiones de las autoridades después de protestar por la presencia de grupos delictivos tolerados por el gobierno de Barbosa Huerta.

Además, un reportaje de Claudia Martínez Sánchez desmintió acusaciones del presidente municipal electo David Celestino contra los indígenas de Coyomeapan de haber incendiado inmuebles y robado patrullas. El trabajo de la periodista demostró que los inmuebles estaban intactos y las patrullas bajo resguardo de las mismas autoridades, sin embargo, los líderes indígenas que fueron acusados por esos supuestos delitos siguen encarcelados.

Otros casos de acoso

No es la primera denuncia por represión del gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Otro maestro, del que nos reservamos su identidad, quien había denunciado a «aviadores» en su escuela, personas que cobraban sueldo sin trabajar, fue reprimido con el uso de la fuerza pública y cesado de su plaza laboral. Él mismo señala que «no paran hasta destruirte», y que es una característica del actual gobierno de Puebla.

Preocupado por las amenazas contra la periodista Claudia Martínez Sánchez, le envía un audio para prevenirla de agresiones mayores.

Por otra parte, la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco también denunció el acoso del que fue víctima durante su gestión pública, directamente por el gobernador Miguel Barbosa. Incluso, el gobernador intentaba imponerle personajes cercanos al ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para puestos de seguridad en el municipio, y la instaba a atacar a la exgobernadora del PAN Martha Erika Alonso.

Una denuncia adicional ha sido también la de la diputada federal Inés Parra Juárez, quien ha dado varias conferencias de prensa para denunciar los agravios a los indígenas de Coyomeapan, Puebla, y quien ha señalado reiteradamente de represor y cacique al gobernador Barbosa, por lo que ha sufrido también campañas de odio y violencia de género.

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Investigaciones

Los papeles de Pandora exponen tratos financieros secretos de políticos, multimillonarios, líderes y otras elites

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Una gran filtración coordinada de casi doce millones de documentos secretos ha revelado información sin precedentes sobre tratos financieros encubiertos de cientos de políticos, multimillonarios, líderes religiosos, narcotraficantes y celebridades del espectáculo.

Treinta y cinco líderes y exlíderes mundiales aparecen en los documentos, conocidos como “los papeles de Pandora”. Uno de ellos es el rey Abdalá II de Jordania, que tiene un fondo secreto de millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero y ha gastado parte de su fortuna en viviendas de lujo en todo el mundo.

Entre las celebridades del espectáculo se mencionó a Shakira, Julio Iglesias, Miguel Bosé y Elton John. Celebridades expuestas por la investigación que saca a la luz casos de evasión fiscal en el mundo.

Los documentos también implican a los actuales presidentes Uhuru Kenyatta de Kenia y Guillermo Lasso de Ecuador, al ex primer ministro británico Tony Blair y a exsocios del primer ministro paquistaní Imran Khan y del presidente ruso Vladimir Putin.

Más de 600 periodistas contribuyeron a los informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se compilaron durante dos años. El contenido proviene de 14 empresas de servicios financieros globales y se remonta a la década de 1970, aunque la mayoría de la información pertenece a los últimos 25 años.

Mexicanos en la lista

Entre la lista de los Pandora Papers se encuentra el actual titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, como uno de los millonarios de la 4T. También se menciona al ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, entre otros.

Al respecto, la senadora del PAN, Kenia López Rabadán exigió una investigación seria, profesional y objetiva que dé certeza a los mexicanos sobre quiénes manejan las finanzas públicas en México, luego de darse a conocer este trabajo de investigación periodística mundial, que devela presuntos delitos financieros como lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción de funcionarios de la 4T.

“Es urgente y necesaria la intervención de las autoridades mexicanas para esclarecer estos hechos. La Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT deben analizar, investigar e informar a los ciudadanos sobre los políticos que están involucrados en estos delitos y saber si son o no unos delincuentes”, añadió.

Con información de Democracy Now!

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