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Coronavirus en las cárceles: “Encerrados” no es lo mismo que “aislados”:

Las cárceles en Latinoamérica ante la pandemia

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Nathalie Alvarado

La llegada del nuevo Coronavirus se está viviendo con preocupación en los entornos penitenciarios. La suspensión de las visitas en Italia, Brasil y Colombia han desatado motines con decenas de heridos, muertos y saqueos a enfermerías. Para calmar las tensiones, algunos países han tomado medidas sin duda excepcionales. España, por ejemplo, decidió aislar a los más de 50,000 internos del sistema penitenciario al considerarlos “colectivos de alto riesgo”. Irán tomó un camino radicalmente distinto y decretó prisión domiciliaria temporal para 70,000 prisioneros.

Las cárceles, a menudo espacios olvidados para la mayoría de la sociedad, estos días han ocupado las portadas de los periódicos en muchos países. ¿Por qué? El confinamiento y el hacinamiento carcelario hace que las prisiones sean un espacio donde las enfermedades contagiosas se propagan con gran rapidez. Incluso en muchos países con buenas infraestructuras y servicios públicos, se ha calculado que la tasa de prevalencia de tuberculosis dentro de las cárceles es 81 veces más alta que en el exterior. La entrada del nuevo Coronavirus en la cárcel no ha sido una excepción. China reportó más de 500 presos contagiados. En Estados Unidos, la cifra ronda varias docenas y va en aumento.

¿Coronavirus en la cárcel? Más agua en un vaso hace rato rebosado

En América Latina afrontamos el COVID-19 con una desventaja adicional: nuestras cárceles tienen muchos presos y muy hacinados. Las prisiones de algunos países alojan hasta tres veces su límite de residentes. En total en nuestra región hay ahora mismo más de un millón y medio de presos. Y de ellos casi un 6% son mayores de 65 años –el grupo de edad más vulnerable.

La vida dentro de la cárcel es muy dura, y la amenaza del nuevo Coronavirus complica las cosas aún más. Las medidas de prevención y mitigación recomendadas para esta pandemia (lavarse las manos, reducir las interacciones sociales…) son casi impracticables en el contexto carcelario latinoamericano. Los datos lo dicen todo: el 58% de los internos no tiene una cama para dormir y un 20% no tiene acceso a suficiente agua potable. Tan solo el 37% cuenta con jabón. Así, no es de extrañar que las enfermedades contagiosas se propaguen con rapidez: dos tercios de los reclusos se ha enfermado en alguna ocasión durante su encierro.

 

Cómo superar este “stress-test” en nuestras prisiones

La sobrepoblación y la falta de higiene hacen que los centros penitenciarios sean lugares donde las enfermedades infecciosas sean de fácil transmisión y difícil contención. La pregunta urgente es: ¿Cómo asegurarnos que dejamos al virus fuera de las cárceles?

Descongestionar las cárceles todo lo que sea posible. Casi la mitad de la población carcelaria de América Latina está en prisión preventiva. Ahora más que nunca, nuestros sistemas de justicia deben dar prioridad a las medidas de seguridad que no impliquen la privación de libertad. Por ejemplo, Colombia, Chile y el Salvador están valorando pasar temporalmente a prisión domiciliaria a miles de presos que no representan una amenaza para la seguridad pública y que cumplen ciertos criterios, como ser mayor de 60 años, enfermos crónicos, o mujeres embarazadas o con hijos menores de 3 años, entre otros.

Limitar el flujo de personas que entra en una cárcel. Reducir al máximo el tránsito de personas es una de las medidas más racionales para prevenir la entrada del nuevo Coronavirus en la cárcel y, al mismo tiempo, sensibles. Las visitas familiares son para muchos presos el canal más fiable para conseguir alimentos extra, ropa o medicamentos. Por ello, si bien es inevitable, es importante que todas las decisiones se comuniquen transparentemente y venga de la mano de un plan para sustituir la red de asistencia que supone la familia en el contexto carcelario.

Mejorar la higiene de las prisiones. La suspensión de visitas es también una interrupción drástica del acceso a ropa limpia y utensilios de aseo. Pero muchas prisiones no cuentan con algo tan básico como suministro estable de agua potable. Por lo tanto, los centros penitenciarios deben asegurar la provisión de insumos de aseo y desinfección. o al menos proporcionar los materiales. Si ir más lejos, en Argentina, El Salvador y Uruguay los presos se encuentran fabricando sus propias máscaras y jabones con material brindado por las autoridades.

Asegurar servicios médicos. Prisioneros, personal penitenciario y visitantes deben someterse a rigurosos exámenes médicos. En Jamaica, por ejemplo, se ha establecido un protocolo para detectar síntomas tempranos entre los trabajadores de las cárceles. Y Argentina ha reservado espacio en las prisiones federales para poner en cuarentena a internos que tengan el virus o que sean sospechosas de portarlo.

Más tecnología para mantener lazos con el mundo exterior. La tecnología hace muy fácil garantizar que los privados de libertad sigan conectados con sus familias y abogados en un contexto de restricciones de visitas. La comunicación digital también ofrece algo esencial para el buen funcionamiento de la justicia: que las audiencias con los jueces continúen y que los presos tengan acceso a todo el ecosistema de herramientas (asistentes sociales, cursos de aprendizaje, programas de socialización) encaminadas a hacer de la cárcel un lugar de rehabilitación social.

Las prisiones latinoamericanas no sólo hacinan presos en poco espacio, sino que también aglutinan entre sus paredes un microcosmos de desafíos que son la puerta para resolver el problema de inseguridad en nuestras calles. Irónicamente, las tensiones generadas entre la población penitenciaria, a raíz de la crisis del nuevo Coronavirus, ha puesto nuestros centros penitenciarios en el centro de la atención pública. Dicen que las crisis son oportunidades. Si somos intencionales con el problema, las medidas que nos ayuden a solucionar esta epidemia en el corto plazo serán, con suerte, las mismas que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema penitenciario y a convertirlo en lo que siempre tuvo que ser: una estación de paso para reconstruir vidas truncadas por la pobreza y el crimen.

 

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Masacre de Búfalo fue un acto de terrorismo racista: Abogado de derechos civiles Bejamin Crump

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Ayer martes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó la ciudad de Búfalo, en Nueva York,  donde las familias están de luto por la muerte de las víctimas de terrorismo racista, en un tiroteo masivo ocurrido el sábado 14 de mayo.

El sospechoso de la masacre es un hombre blanco de 18 años, quien mató a 10 personas durante un ataque premeditado en un supermercado ubicado en un barrio de la comunidad negra de la ciudad neoyorkina.

Los investigadores revelan que el agresor pasó meses planeando cuidadosamente el ataque y tenía la intención de continuar su arremetida con un ataque en un segundo lugar que ya había señalado.

En medio del luto, los llamados para que se haga justicia siguen aumentado. El lunes, el abogado de derechos civiles, Ben Crump, habló en la ciudad de Búfalo.

Benjamin Crump: “Lo que sucedió el sábado fue un acto de terrorismo racista, y tenemos que definirlo como tal. No podemos minimizarlo. No podemos tratar de justificarlo hablando de enfermedades mentales. No. Éste fue un acto de terrorismo doméstico perpetrado por un joven supremacista blanco”.

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Procuradora de NY presenta nuevas pruebas contra Trump por valuaciones de activos ‘fraudulentos’

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NUEVA YORK (AP) — El abogado de la Procuraduría del Estado de Nueva York, Andrew Amer, dijo que la investigación sobre el expresidente Donald Trump y sus prácticas de negocios que les ha llevado tres años se acerca a su final.

Amer lo declaró en una audiencia sobre la demanda federal presentada por Trump en contra de la procuradora Letitia James, en su intento de frenar la investigación sobre su persona. Sus abogados argumentaron que la pesquisa obedecía a motivos políticos. Por lo que Trump insistió en una orden restrictiva preliminar para detener la investigación, pero la procuradora James reveló que descubrió pruebas de que la compañía del expresidente, la Organización Trump, hizo valuaciones falsas sobre bienes inmuebles, como rascacielos y campos de golf en declaraciones financieras durante más de una década.

La procuradora Letitia James pidió a la jueza federal Brenda Sannes que desestime la demanda de Trump. La jueza, tras escuchar los argumentos de la procuradora durante una hora en juicio vía video conferencia, respondió que estudiará ambos asuntos -ejercer sanción contra el expresidente y desestimar su demanda- y emitirá una decisión por escrito.

La abogada de Trump, Alina Habba, argumentó que la demócrata James hizo campaña en el 2018 con Trump como antagonista, y como procuradora ha usado el puesto para hostigar al expresidente y su compañía con una ola de citaciones y pedidos de evidencias.

“Nosotros hemos entregado millones y millones de páginas” de pruebas, le dijo Habbas a la jueza federal. “Seguimos recibiendo citaciones. Ellos siguen buscando cosas. Si no las encuentran, buscan de nuevo”.

El abogado Amer, asesor especial de litigios para la procuradora, respondió que el juez estatal que supervisa las disputas legales sobre citaciones emitidas por la procuraduría ha concluido que existe “evidencia suficiente para continuar la investigación”.

Esa conclusión, junto con la evidencia descubierta hasta la fecha, “realmente cierra las puertas a cualquier argumento” de los abogados de Trump de que la oficina estaba procediendo de mala fe, dijo Amer.

Habba cuestionó además la forma en que se han desarrollado la investigación y las batallas en la corte estatal sobre los pedidos de documentos sobre los negocios de Trump y las citaciones para declarar.

Afirmó que la oficina de James “le ata a uno las manos tras la espalda y dice te vamos a atacar, y cuando decidamos atacar, te puedes defender, pero no puedes atacarnos. No puede presentar una moción para desestimar”.

«Estamos sentados con las manos atadas. Simplemente, estamos esquivando citaciones en estos momentos”, añadió.

Debido a su naturaleza civil, la investigación de la procuradora James podría generar una demanda y solicitar sanciones financieras contra Trump o su compañía o incluso una prohibición de que estos participen en ciertos tipos de negocios.

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Estados Unidos

México, entre los más favorecidos de América Latina por las remesas de migrantes en EEUU

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WASHINGTON – Los flujos de remesas que los migrantes envían a los países en desarrollo continúan creciendo y se prevé que este año lleguen a 630 000 millones de dólares, un alza de 4,2 % respecto de 2021, indicó la más reciente Reseña sobre Migración y Desarrollo publicada por el Banco Mundial.

En América Latina y el Caribe, los flujos de remesas en 2021 se incrementaron 25,3 % con relación a 2020 y llegaron a 131 000 millones de dólares, debido a la fuerte recuperación del empleo de los trabajadores extranjeros en Estados Unidos..

Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Guatemala (35 %), Ecuador (31 %), Honduras (29 %), México (25 %), El Salvador (26 %), República Dominicana (26 %), Colombia (24 %), Haití (21 %) y Nicaragua (16 %).

Los flujos registrados hacia México incluyen fondos que recibieron los migrantes en tránsito provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Haití, Venezuela, Cuba y otros países.

Las remesas son importantes como fuente de divisas para muchos países, donde estos flujos representan al menos 20 % del producto interno bruto (PIB) como en El Salvador, Honduras, Jamaica y Haití.

En general, el costo medio para un envío de 200 dólares a la región se mantuvo en 5,6 % durante el cuarto trimestre de 2021, sin cambios en comparación con el porcentaje registrado un año antes.

Para 2022, se estima que las remesas crecerán 9,1 %, aunque persisten los riesgos de deterioro, dependiendo del comportamiento de las economías a raíz de la guerra desatada en el este de Europa.

“La invasión rusa de Ucrania desató una crisis humanitaria, de migración y de refugiados a gran escala y generó riesgos para una economía mundial que aún lidia con los efectos de la pandemia covid-19”, dijo Michal Rutkowski, director de la Práctica Global de Protección Social y Trabajo en el Banco Mundial

Se espera que las remesas hacia Ucrania, el mayor receptor en la región de Europa y Asia central, aumenten más de 20 % en 2022. Ese país recibió en 2021 remesas por 18 200 millones de dólares, principalmente de sus trabajadores migrantes en Polonia.

En cambio, se prevé que los flujos de remesas a países de Asia central, cuya fuente principal es Rusia, caerán de manera drástica.

Estas disminuciones, combinadas con el aumento en los precios de los alimentos, los fertilizantes y el petróleo, pueden generar un incremento en el riesgo para la seguridad alimentaria y exacerbar la pobreza en muchos de esos países.

Por ejemplo, en Tayikistán y Kirguistán las remesas representaron 34 y 33 %, respectivamente, de su PIB.

La guerra en Ucrania también afectó a los sistemas internacionales de pago y repercutió en los flujos de remesas transfronterizos. La exclusión de Rusia del sistema bancario SWIFT agregó una dimensión de seguridad nacional a la participación en los sistemas internacionales de pago.

En la región de Asia oriental y el Pacífico los flujos de remesas cayeron 3,3 % luego de una disminución de 7,3 % en 2020; se situaron en 133 000 millones de dólares y, excluida China, se prevé que aumenten 3,8 % en 2022.

En cambio, las remesas dirigidas a Asia meridional aumentaron 6,9 % en 2021 y llegaron a 157 000 millones de dólares, lo que se atribuye al retorno de muchos trabajadores con ese origen a países del Golfo arábigo-persa y al mejor desempeño económico en Estados Unidos, aunque se prevé una merma de 4,4 % en 2022.

Hacia la región de Medio Oriente y Norte de África las remesas crecieron 7,6 % en 2021 hasta alcanzar los 61 000 millones de dólares, impulsadas por el crecimiento económico en los países anfitriones de la Unión Europea y la migración en tránsito que tuvo como anfitriones temporales a Egipto, Marruecos y Túnez.

Y en África subsahariana las entradas de remesas se dispararon, 14,1 %, hasta los 49 000 millones de dólares en 2021, tras un aumento de 8,1 % en el año anterior, y se prevé que aumenten al menos 7,1 % en 2022.

En Nigeria, el país que más recibe remesas en la región, ese flujo aumentó 11,2 %, en parte gracias a políticas para canalizar las entradas a través del sistema bancario. Los países donde las remesas representan un porcentaje importante del PIB incluyen a Gambia (27 %), Lesotho (23 %), Comoras (19 %) y Cabo Verde (16 %).

Como promedio mundial, el costo para enviar 200 dólares se situó en seis por ciento en el cuatro trimestre de 2021, el doble de la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Banco Mundial estimó que reducir las comisiones por el envío de remesas en dos puntos porcentuales generaría 12 000 millones de dólares en ahorros anuales para los migrantes internacionales provenientes de los países de ingreso bajo y mediano, y 400 millones de dólares para los migrantes y refugiados de Ucrania”.

A-E/HM

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Fuente: ipsnoticias.net

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