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Estados Unidos

Coronavirus en las cárceles de Estados Unidos: un castigo cruel e inusual

Las prisiones en Estados Unidos, la crueldad por el coronavirus

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Quedarnos en casa. Refugiarnos en donde estemos. Mantener distancia social. Ahora sabemos cómo detener la pandemia de Covid-19. La contención del nuevo coronavirus requiere que actuemos juntos, como una comunidad global. Pero no todos tienen la libertad de tomar estas medidas. Con más de 2,3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el mayor carcelero del mundo. En este extenso y fragmentado gulag, el coronavirus hace estragos; se extiende rápidamente sobre la población carcelaria y traspasa las paredes de la prisión con cada cambio de turno, con la entrada y salida de los guardias y de todo el personal penitenciario.

La ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y la cárcel de la isla de Rikers, la más famosa y tristemente célebre prisión de la ciudad, es un caldo de cultivo. Tanto los que se encuentran recluidos allí, como el personal penitenciario describen una cárcel sucia e insalubre, con pocos suministros de limpieza, prácticamente sin equipos de protección personal y con espacios reducidos, que impiden mantener una distancia segura de los demás. La única área equipada para manejar enfermedades infecciosas está llena. Informes recientes indican que 180 prisioneros, 114 guardias y 23 trabajadores de la salud han dado positivo por Covid-19. No cabe duda de que la cifra real es mucho más alta, debido a la gran carencia de pruebas de diagnóstico, tal como ocurre en casi todo el país.

El Dr. Ross MacDonald, que lidera el equipo médico de la cárcel de Rikers, calificó la situación como “un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, ordenó una liberación limitada de reclusos de Rikers, algunos mayores de 70 años y otros con enfermedades preexistentes, dos grupos para los que la Covid-19 es especialmente letal. Aun así, quedarían cerca de 5.000 personas en el sistema carcelario de Nueva York, principalmente en Rikers. La sede de Nueva York de la organización Legal Aid Society compiló las tasas de infección por Covid-19 en las cárceles de Nueva York y los hallazgos son duros. Calcularon una tasa de infección del 3,91%, ocho veces mayor que en la ciudad de Nueva York, y más de nueve veces mayor que en la azotada región de Lombardía en Italia.

Tina Luong, abogada de la organización de defensa penal Legal Aid Society, dijo en un comunicado: “Dejen de enviar gente a Rikers y liberen a estos neoyorquinos de inmediato. Cualquier otra medida será insuficiente y llegará demasiado tarde”.

Sin embargo, existe una forma en que los reclusos de Rikers pueden acceder al equipo de protección: el medio The Intercept ha informado que se les ofrece seis dólares la hora junto con el equipo… si aceptan cavar fosas comunes en el cementerio público de la ciudad de Nueva York situado en la isla Hart. La semana pasada, el Dr. Homer Venters, ex director médico del área de salud del Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La historia de Rikers es la historia de las 5.000 cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes de todo el país. La principal prioridad es la liberación. Debemos sacar a la gente de estos lugares, particularmente la que corre graves riesgos de salud que pueden llegar a la muerte. Tenemos que asegurarnos de que las personas que todavía están tras las rejas tengan acceso hoy mismo a una atención de nivel hospitalario cuando se enfermen. Tenemos que evitar la tentación de usar el confinamiento como una intervención de salud pública. No lo es”. Pero, justamente, el confinamiento es lo que impuso la Agencia Federal de Prisiones el 1 de abril, enclaustrando a los 176.000 prisioneros federales en sus celdas durante al menos dos semanas.

Aparte de eso, están los centros de detención de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene retenidas a más de 39.000 personas. El lunes pasado, el Bloque Hispano del Congreso sumó su voz a los más de 3.000 profesionales médicos y muchos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en una solicitud para que este servicio libere a la gran mayoría de los detenidos.

John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Barack Obama, recientemente se explayó en una entrevista para Democracy Now!: “Los centros de detención de inmigrantes son realmente vulnerables ante el brote de una enfermedad contagiosa. Es realmente imposible practicar el distanciamiento social que todos estamos realizando en este momento. Entonces, cuando se observa la población de estos centros de detención y se reconoce que realmente solo un pequeño porcentaje representa una amenaza para la seguridad pública, cuando se reconoce que los procedimientos de inmigración podrían continuar incluso si estas personas no están bajo custodia, y cuando se observa a los miles de oficiales de inmigración, guardias contratados y empleados que tienen que ir a esas instalaciones todos los días, que francamente corren el mismo riesgo [que los retenidos] de contraer Covid-19, por su exposición a los mismos centros, me parece de sentido común decir que debemos reducir drásticamente la población de los centros de detención, debemos liberar a estos individuos”.

El propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sin necesidad de la aprobación del presidente Donald Trump ni de ninguna orden judicial, tiene la autoridad unilateral para liberar a sus prisioneros.

En un exhaustivo informe publicado la semana pasada, la agrupación Prison Policy Initiative enumera la compleja red de centros carcelarios que ahora alberga a 2,3 millones de personas en Estados Unidos: “1.833 prisiones estatales, 110 prisiones federales, 1.772 correccionales penitenciarios juveniles, 3.134 cárceles locales, 218 centros de detención de inmigrantes, 80 cárceles de las naciones indígenas, cárceles militares, centros de compromiso civil, hospitales psiquiátricos estatales y cárceles en los territorios de Estados Unidos”. El informe indica que el 75% de las personas recluidas en las cárceles locales, incluida la de Rikers, no han recibido aún condena, sino que simplemente permanecen encarceladas a la espera del juicio porque no pueden pagar la fianza. La agrupación Prison Policy Initiative también informa que 200.000 personas por semana ingresan al sistema, y una cifra similar sale de él.

Solo se podrá aplanar la curva de la pandemia de Covid-19 mediante una acción colectiva masiva. El presidente Donald Trump, los 50 gobernadores estatales y las autoridades locales deben liberar a la mayor cantidad posible de personas encarceladas, rápidamente. Para ello, todos debemos ejercer presión social.

Fuente: democracynow.org

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Qué sucede en Estados Unidos

Biden sobre el fallo del aborto de la Corte Suprema: un día triste para el país, pero esto no ha terminado

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Por Javier Biosca/eldiario.es

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha afirmado que hoy “es un día triste” para el Tribunal Supremo y para el país, después de que la corte revocara el derecho constitucional al aborto, casi medio siglo después de que se consagró como un derecho, tras la decisión del alto tribunal controlado por una mayoría de jueces conservadores que ha revocado la histórica decisión de 1973 Roe v Wade.

Si bien no ilegaliza el aborto en EEUU, esta decisión supone que cada estado será libre de regularlo como quiera. Por lo que el presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, señaló que “El Tribunal Supremo de EEUU ha quitado un derecho constitucional al pueblo estadounidense. No lo ha limitado, simplemente lo ha quitado. Es un día triste para el tribunal y para el país”, ha dicho el presidente Biden en un discurso.

“Han sido tres jueces, Samuel Alito con el apoyo de Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett –los últimos tres nombrados por Donald Trump, los que están en el núcleo de esta decisión. No se equivoquen, esto es una decisión que viene de un esfuerzo deliberado. Es una realización de una ideología extrema. El tribunal ha hecho lo que nunca había hecho antes”, ha añadido el mandatario, que ha afirmado que hay leyes estatales que prohíben el aborto que entrarán en vigor este mismo viernes.

Biden ha indicado que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo demuestra “lo extrema que es y lo alejada que está de la mayoría de este país”. “Ha convertido a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas del mundo. Mi administración utilizará todos sus poderes legales apropiados”, ha asegurado durante su intervención.

El presidente también ha instado a la población estadounidense a movilizarse: “El Congreso debe actuar, pero con su voto, ustedes pueden actuar. Ustedes pueden tener la última palabra. Esto no ha terminado”, ha indicado.

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Fuente: eldiario.es

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Migración

EEUU libera bajo palabra a mil migrantes diariamente, dando hasta un año para pedir asilo

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Por Elliot Spagat/Los Angeles Times

Adentro, cientos de migrantes comen, cargan sus teléfonos, se bañan y usan los baños. En cuestión de horas, un guardia los escoltará a un descampado cruzando la calle donde se montarán en autobuses que los llevarán desde Eagle Pass hasta el Aeropuerto Internacional de San Antonio por 40 dólares.

La Patrulla Fronteriza libera hasta mil migrantes diariamente a través de Mission: Border Hope, una organización sin fines de lucro surgida en una iglesia que en abril se trasladó al depósito. El traslado fue en respuesta a una creciente práctica del gobierno de Joe Biden de liberar migrantes bajo palabra, sobre todos los que no están sujetos a normas de la pandemia que les impiden pedir asilo.

La Patrulla Fronteriza liberó bajo palabra a más de 207.000 migrantes que ingresaron ilegalmente desde México entre agosto del 2021 y mayo del 2022, incluidos 51.132 en mayo, lo que representa un aumento del 28% respecto a abril, según documentos judiciales. En los siete meses previos había liberado a solo 11 migrantes.

La libertad bajo palabra evita que los migrantes sean deportados durante cierto tiempo, pero no ofrece otros beneficios. Por ley, el Departamento de Seguridad Nacional puede liberar a los migrantes bajo palabra “por razones humanitarias” o porque su liberación representa “un beneficio público significativo”. Una vez liberados bajo palabra, los migrantes tienen un año para solicitar asilo.

La Patrulla Fronteriza apeló a este recurso porque no tiene espacio para alojar a tantos migrantes, según documentos legales. Se trata de un giro poco publicitado respecto a las políticas seguidas por los predecesores de Biden, Donald Trump y Barack Obama.

Cuando no se pudo procesar las presentaciones de los migrantes ante un juez lo suficientemente rápido el año pasado, miles de ellos fueron retenidos debajo de un puente en el Rio Grande Valley de Texas. En el 2019, las celdas estaban tan colmadas que algunos migrantes se pararon en inodoros.

A los migrantes liberados en el depósito se les dice que se presenten ante las autoridades inmigratorias del sitio donde vayan dentro de dos meses. Deben llevar un aparato que permite monitorear sus movimientos.

“El trato estuvo bien”, dijo Anthony Montilla, un venezolano de 27 años. “No nos trataron como ladrones”.

Montilla llegó con su familia tras un viaje que incluyó un paso por el temido Tapón de Darién, donde bandidos violaron a muchachas jóvenes delante de sus padres y había cadáveres a lo largo del camino. Luego de ser liberada por la Patrulla Fronteriza, la familia se encaminó a la casa de un amigo en Washington.

José Castillo, de 43 años, llegó desde Nicaragua con su esposa y un hijo de 14 años tras superar el miedo a cruzar el río Bravo. Se dirigían a Miami, donde vive un primo. Dicen que su oposición al gobierno nicaragüense los expone a represalias.

Castillo dijo que el día que pasaron bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza fue “fácil”, pero que no le recomienda a nadie que siga sus pasos por el peligro que se corre de pasar hambre o ser secuestrado en México.

Mission: Border Hope, una iniciativa apoyada por la Iglesia Metodista Unida, opera en un sector que ahora se ofrece como una ruta de cruces ilegales casi tan popular como la del Rio Grande Valley. Sus servicios son modestos comparado con los de otras agrupaciones a lo largo de la frontera, que ofrecen albergues y transporte a un aeropuerto.

Comenzó a funcionar en el 2000, atendiendo a entre 25 y 50 migrantes por semana en otro sitio, según Valeria Wheeler, su directora ejecutiva, quien supervisa las operaciones con la efectividad de un capataz de fábrica.

En los días de más trabajo, los voluntarios no dan abasto para registrar migrantes, comprar pasajes en autobús y atender otras cuestiones logísticas, de acuerdo con Wheeler. En un día típico atienden a 500 migrantes, pero a veces han llegado a mil.

El depósito cuenta con una cocina improvisada en la que hay amontonadas cajas de salsa de tomate, sopa de pollo, carne de cerdo y frijoles. Los migrantes esperan sentados en bancos de metal y sillas de plástico. Se da instrucciones por un altoparlante cuando la Patrulla Fronteriza lleva gente y cuando llegan los autobuses que irán al aeropuerto.

Se pide a los migrantes que se vayan rápido para permitir la llegada de otros. Uno de cada diez, no obstante, terminan durmiendo en el piso de cemento porque no tienen adónde ir.

“No estamos preparados para ser un albergue”, dice Wheeler, quien en el pasado trabajó como asistente legal, mientras recorre el edificio sin ventanas. A menudo es interrumpida por migrantes que le hacen preguntas.

A los migrantes se les concede la libertad bajo palabra sin analizar sus pedidos de asilo ni preguntarles por qué vinieron a Estados Unidos. Se les da un paquetito sellado con una estampilla azul que dice cuándo vence su libertad bajo palabra.

Este trato contrasta con el de muchos otros migrantes que son expulsados del país sin que se les dé la oportunidad de pedir asilo al amparo de la Title 42, una norma que usó el gobierno de Trump para impedir los pedidos de asilo por razones de salud pública, para evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal dispuso hace poco que la norma siguiese en efecto a pesar de las objeciones del gobierno.

La Title 42 es aplicada en forma despareja, sobre todo a los migrantes de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, porque México aceptó recibirlos de vuelta.

El comisionado del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Chris Magnus, dijo que se concede la libertad bajo palabra a migrantes sin antecedentes penales, que generalmente llegan con sus familias y tienen gente que los reciba en Estados Unidos.

“Tratamos de manejarnos de una forma inteligente, reconociendo que hay gente que ha sido estudiada cuidadosamente, que representa un riesgo mucho menor y que puede recibir un trato distinto al de otros”, indicó Magnus en una entrevista.

Hay quienes dicen que esto alienta a que vengan más migrantes y que el gobierno no cumple con el requisito de que se analice “caso por caso”.

Pero Magnus dijo que es “mucho más eficiente” y tan efectivo como liberarlos con citas para que se presenten ante los tribunales de inmigración. Ese proceso, que lleva tiempo, queda ahora en manos del servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que intervendrá en el destino final de los migrantes.

La Patrulla Fronteriza sigue procesando unos 25.000 migrantes por mes a los que envía a tribunales de inmigración, un procedimiento que según sus agentes toma más de una hora.

La libertad bajo palabras, en cambio, toma minutos.

Hace poco, una hondureña en el octavo mes de embarazo fue liberada con la orden de presentarse ante un juez de inmigración en Cleveland, donde la esperaba un tío.

Wheeler dice que no sabe por qué algunos migrantes reciben la libertad bajo palabra mientras que otros son enviados a los tribunales de inmigración, y que tampoco pregunta por qué sucede eso.

“Nuestro objetivo es dar seguridad”, manifestó.

Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.

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Migración

Estados Unidos otorgará 300 mil visas de trabajo a inmigrantes mexicanos y centroamericanos: Gobernación

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El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que el gobierno de los Estados Unidos otorgará 300 mil visas para trabajo temporal a inmigrantes, como parte de un acuerdo con México, que tendrá lugar en la próxima reunión que sostendrán el presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador el próximo mes en la Casa Blanca.

López señaló que EE.UU. entregará al menos 150,000 visas temporales de trabajo a mexicanos y una cifra similar equivalente a migrantes centroamericanos. Esta información la dio a conocer el secretario durante una visita a Tijuana.

“El Gobierno americano aceptó otorgar de primera instancia 200,000 o 300,000 visas de temporales de trabajo; 150,000 que van a ser para mexicanos o para extranjeros que están hoy en México esperando la posibilidad de migrar al norte”, señaló según reportó Univision.

Afirmó que los documentos temporales contribuirán a reducir la tensión migratoria.

“Cuesta muchísimo en términos sociales que nuestro país sea un paso de migrantes y todos los días estamos conversando con el Gobierno americano para tratar de generar condiciones”, señaló uno de los próximos candidatos a contender por la presidencia de la república en 2024.

López Obrador señaló el pasado viernes que insistiría en impulsar soluciones al problema migratorio durante su próxima reunión con Biden, para incluir apoyos económicos a Centroamérica y visas temporales para inmigrantes indocumentados.

Agencias

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