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Coronavirus en las cárceles de Estados Unidos: un castigo cruel e inusual

Las prisiones en Estados Unidos, la crueldad por el coronavirus

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Quedarnos en casa. Refugiarnos en donde estemos. Mantener distancia social. Ahora sabemos cómo detener la pandemia de Covid-19. La contención del nuevo coronavirus requiere que actuemos juntos, como una comunidad global. Pero no todos tienen la libertad de tomar estas medidas. Con más de 2,3 millones de personas en prisión, Estados Unidos es el mayor carcelero del mundo. En este extenso y fragmentado gulag, el coronavirus hace estragos; se extiende rápidamente sobre la población carcelaria y traspasa las paredes de la prisión con cada cambio de turno, con la entrada y salida de los guardias y de todo el personal penitenciario.

La ciudad de Nueva York se ha convertido en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Y la cárcel de la isla de Rikers, la más famosa y tristemente célebre prisión de la ciudad, es un caldo de cultivo. Tanto los que se encuentran recluidos allí, como el personal penitenciario describen una cárcel sucia e insalubre, con pocos suministros de limpieza, prácticamente sin equipos de protección personal y con espacios reducidos, que impiden mantener una distancia segura de los demás. La única área equipada para manejar enfermedades infecciosas está llena. Informes recientes indican que 180 prisioneros, 114 guardias y 23 trabajadores de la salud han dado positivo por Covid-19. No cabe duda de que la cifra real es mucho más alta, debido a la gran carencia de pruebas de diagnóstico, tal como ocurre en casi todo el país.

El Dr. Ross MacDonald, que lidera el equipo médico de la cárcel de Rikers, calificó la situación como “un desastre de salud pública que está ocurriendo ante nuestros ojos”.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill De Blasio, ordenó una liberación limitada de reclusos de Rikers, algunos mayores de 70 años y otros con enfermedades preexistentes, dos grupos para los que la Covid-19 es especialmente letal. Aun así, quedarían cerca de 5.000 personas en el sistema carcelario de Nueva York, principalmente en Rikers. La sede de Nueva York de la organización Legal Aid Society compiló las tasas de infección por Covid-19 en las cárceles de Nueva York y los hallazgos son duros. Calcularon una tasa de infección del 3,91%, ocho veces mayor que en la ciudad de Nueva York, y más de nueve veces mayor que en la azotada región de Lombardía en Italia.

Tina Luong, abogada de la organización de defensa penal Legal Aid Society, dijo en un comunicado: “Dejen de enviar gente a Rikers y liberen a estos neoyorquinos de inmediato. Cualquier otra medida será insuficiente y llegará demasiado tarde”.

Sin embargo, existe una forma en que los reclusos de Rikers pueden acceder al equipo de protección: el medio The Intercept ha informado que se les ofrece seis dólares la hora junto con el equipo… si aceptan cavar fosas comunes en el cementerio público de la ciudad de Nueva York situado en la isla Hart. La semana pasada, el Dr. Homer Venters, ex director médico del área de salud del Departamento de Correccionales de la ciudad de Nueva York, declaró en una entrevista para Democracy Now!: “La historia de Rikers es la historia de las 5.000 cárceles, prisiones y centros de detención de inmigrantes de todo el país. La principal prioridad es la liberación. Debemos sacar a la gente de estos lugares, particularmente la que corre graves riesgos de salud que pueden llegar a la muerte. Tenemos que asegurarnos de que las personas que todavía están tras las rejas tengan acceso hoy mismo a una atención de nivel hospitalario cuando se enfermen. Tenemos que evitar la tentación de usar el confinamiento como una intervención de salud pública. No lo es”. Pero, justamente, el confinamiento es lo que impuso la Agencia Federal de Prisiones el 1 de abril, enclaustrando a los 176.000 prisioneros federales en sus celdas durante al menos dos semanas.

Aparte de eso, están los centros de detención de inmigrantes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tiene retenidas a más de 39.000 personas. El lunes pasado, el Bloque Hispano del Congreso sumó su voz a los más de 3.000 profesionales médicos y muchos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en una solicitud para que este servicio libere a la gran mayoría de los detenidos.

John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de Barack Obama, recientemente se explayó en una entrevista para Democracy Now!: “Los centros de detención de inmigrantes son realmente vulnerables ante el brote de una enfermedad contagiosa. Es realmente imposible practicar el distanciamiento social que todos estamos realizando en este momento. Entonces, cuando se observa la población de estos centros de detención y se reconoce que realmente solo un pequeño porcentaje representa una amenaza para la seguridad pública, cuando se reconoce que los procedimientos de inmigración podrían continuar incluso si estas personas no están bajo custodia, y cuando se observa a los miles de oficiales de inmigración, guardias contratados y empleados que tienen que ir a esas instalaciones todos los días, que francamente corren el mismo riesgo [que los retenidos] de contraer Covid-19, por su exposición a los mismos centros, me parece de sentido común decir que debemos reducir drásticamente la población de los centros de detención, debemos liberar a estos individuos”.

El propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, sin necesidad de la aprobación del presidente Donald Trump ni de ninguna orden judicial, tiene la autoridad unilateral para liberar a sus prisioneros.

En un exhaustivo informe publicado la semana pasada, la agrupación Prison Policy Initiative enumera la compleja red de centros carcelarios que ahora alberga a 2,3 millones de personas en Estados Unidos: “1.833 prisiones estatales, 110 prisiones federales, 1.772 correccionales penitenciarios juveniles, 3.134 cárceles locales, 218 centros de detención de inmigrantes, 80 cárceles de las naciones indígenas, cárceles militares, centros de compromiso civil, hospitales psiquiátricos estatales y cárceles en los territorios de Estados Unidos”. El informe indica que el 75% de las personas recluidas en las cárceles locales, incluida la de Rikers, no han recibido aún condena, sino que simplemente permanecen encarceladas a la espera del juicio porque no pueden pagar la fianza. La agrupación Prison Policy Initiative también informa que 200.000 personas por semana ingresan al sistema, y una cifra similar sale de él.

Solo se podrá aplanar la curva de la pandemia de Covid-19 mediante una acción colectiva masiva. El presidente Donald Trump, los 50 gobernadores estatales y las autoridades locales deben liberar a la mayor cantidad posible de personas encarceladas, rápidamente. Para ello, todos debemos ejercer presión social.

Fuente: democracynow.org

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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México de conciencia

Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky dan positivo a Covid-19

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Por Ignacio García 

El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, y la exdirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, informaron que dieron positivo a Covid-19, por lo que permanecerán recluidos en sus respectivos domicilios.

Por medio de su cuenta de Twitter, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados dio a conocer que decidió aislarse al presentar síntomas leves y dar positivo a Covid-19, sin embargo, enfatizó que dio seguimiento a la probación del paquete económico de ingresos.

De acuerdo con el aspirante a la dirigencia de Morena, seguirán preparándose para el futuro, por lo que permanecerá aislado durante los siguientes días para evitar contactar a más personas en tanto padece la enfermedad.

Por su parte, la ex lideresa de Morena también dio a conocer que dio positivo a Covid-19, por lo que permanecerá recluida en su vivienda y en breve informará sobre su situación en los próximos días.

Aunque Polevnsky participó en la contienda para la renovación de la dirigencia nacional de Morena, en la encuesta elaborada por el Instituto Nacional Electoral (INE) estuvo fuera de los primeros lugares entre la militancia, por lo que únicamente la disputarán Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.

La pandemia de Covid-19 ha afectado a diferentes servidores públicos y actores políticos a nivel nacional, sin embargo, las actividades presenciales se mantienen en varios espacios públicos que representan un riesgo de nuevos contagios.

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Fabricación de culpables

Fabricación de delitos: el riesgo de combatir la corrupción

Susana Enríquez Silva

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Jorge López vivió dos años recluido en un centro penitenciario acusado de un delito que no cometió; fue torturado por las autoridades que lo detuvieron, dejándole secuelas físicas y psicológicas. En México, el 64% de personas encarceladas sufre algún tipo de violencia al ser arrestada*.

Por Susana Enríquez Silva

Jorge López Pérez inició su carrera en 1982 cuando ingresó a la Dirección Federal de Seguridad, años después lo comisionaron al Estado Mayor Presidencial donde laboró cuatro años en el sexenio de Ernesto Zedillo y otros cuatro en el sexenio de Vicente Fox. En el 2007 lo nombraron Director de la Policía Ministerial de Tabasco y en el 2014 lo invita el entonces Comisionado Estatal de Seguridad, Orlando May Zaragoza, a trabajar en Tlaxcala como director de la Policía Estatal Acreditable.

La situación en dicho estado era preocupante, tan sólo del año 2011 al 2013 había más de 150 denuncias por delito de trata de personas con fines de prostitución y únicamente tres sentencias respecto a esos casos. Además, un mes antes de que Jorge López iniciara su periodo, el narcomenudeo ya era considerado uno de los delitos con mayor incidencia delictiva.

La tarde del 21 de enero del año 2015 transcurría de manera normal para Jorge López, después de 30 años de servicio era común recibir avisos sobre asaltos, robos, detenciones, y como en esa ocasión, linchamientos. Se encontraba comiendo en su casa cuando recibió una notificación por radio en la que se solicitaba su presencia en el poblado de Santa Apolonia Teacalco en el municipio de Nativitas. Fue a las cinco de la tarde que junto a elementos de la Policía Estatal Acreditable comenzaron la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado robar un auto.

Horas más tarde, la vida del exdirector de la PEA cambió de manera drástica cuando fue llamado a la oficina de la que en ese entonces era la Procuradora General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez. Al llegar al lugar, Fragoso Sánchez ordenó que fuera detenido sin tener orden de aprehensión; fue en ese momento que comenzó una historia de impunidad y corrupción, historia que hoy en día no ha terminado, pues Jorge López continúa exigiendo al estado de Tlaxcala que le reparen el daño causado por la fabricación de un delito que jamás cometió.

«Somos oficiales que nos debemos al ciudadano»

Jorge López sabe la razón por la que lo detuvieron: intentó cambiar el sistema de policía en Tlaxcala. Desde que obtuvo su puesto en la Policía Estatal Acreditable, López Pérez notó que algunos de sus elementos estaban involucrados en los delitos como narcomenudeo o corrupción, e incluso que recibían órdenes de autoridades de rango mayor por lo que comenzó una estrategia para homologar el sistema de policía y poder garantizar la seguridad al ciudadano.

Su objetivo era transformar la estructura y comenzó a dar cursos propedéuticos a cada municipio, pues había notado que, además, los protocolos de actuación eran ineficientes. Sabe también que los aseguramientos que realizó desde que comenzó su labor al día de su detención, pegaron en el ámbito de autoridades corruptas lo cual molestó a los altos mandos. “Somos oficiales que nos debemos al ciudadano, servimos, no nos servimos de él, desafortunadamente toqué fibras que nunca se habían tocado en el estado y pagué con la cárcel”, afirma con un tono de voz seguro de que él hizo lo que correspondía a su labor.

El día de la detención del director, también fueron acusados por el delito de secuestro exprés, el exdelegado de Apizaco y cinco elementos más de la policía, quienes además fueron obligados a firmar una declaración que jamás dieron. Jorge López fue el único que se negó a hacerlo y asegura que fue el detonante para que en todo el proceso sufriera tortura y maltrato por parte de las autoridades. “Desde el momento que me detuvieron comenzaron a agredirme, me decían de todo: a ver hijo de tu pinche madre, aquí mandamos nosotros”, narra. Lo único que podía hacer era esquivar los golpes y cubrirse la cabeza: “me sentía impotente, no sabía cómo responder”.

Lo estuvieron paseando por horas, primero con el fiscal, pero al no querer declarar lo trasladaron a los separos y lo metieron en un cuarto donde fue violentado física, emocional y psicológicamente. “Me pidieron que me encuerara, me aventaron al suelo y me echaron agua. Yo tenía los ojos vendados pero veía como bolas rojas, me ordenaron que abriera las piernas y es cuando me dan toques en el cuerpo, en todas partes, y yo sólo gritaba el nombre de mi hijo que falleció, ese momento se me hizo eterno”.

«Se te acaba el mundo»

En Tlaxcala no está tipificado el delito de secuestro exprés, así que se buscó meter a la demanda la legislación federal para que procediera. En el momento de la detención no existía ninguna denuncia en contra de Jorge López ni de las otras seis personas detenidas, estas se hicieron hasta las 22:35 y 23:45 de ese día, otra el 26 de enero, después el 27 de enero, y la última el 3 de febrero. “¿Cómo es posible que me detuvieran por algo que nadie había denunciado?”; pregunta López Pérez, todavía sorprendido por lo absurdo de la situación que vivió.

«¿Cuándo acaba la tortura?». Audio: .Susana Enríquez.

Fue ingresado a la zona de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) en Apizaco. La celda en la que lo metieron era pequeña, con un baño, la cama de piedra y un pedazo de zotehuela. “Estuve dos meses incomunicado, lo poco que entraba de luz era por unos barrotes que había pero estaban muy altos, y no los alcanzaba”, narra mientras su voz cambia de tono al recordar los hechos.

El trato que vivió fue inhumano, le pasaban la comida en bolsas de plástico y lo mantuvieron sin tener comunicación con sus familiares hasta por dos meses. “Estar ahí era la muerte para uno, de los barrotes alcanzaba a ver unas como cuerdas y yo decía no pues me voy a ahorcar, se te acaba el mundo al estar ahí, yo pensaba lo peor”. Solamente cuando Jorge López salía a audiencias es cuando veía a su esposa, quien siempre estuvo acompañando el proceso y luchando por su libertad.

Sin embargo Jorge López no fue la única víctima, su madre, y su esposa Sandra Reyes, también sufrieron vejaciones cuando iban a visitarlo al CERESO; las hacían desvestirse, hacer sentadillas para hacer revisión y las tocaban, todo con la justificación de ser necesariopara poder accesar a realizar las visitas. Sandra Reyes siempre estuvo presente buscando pruebas para demostrar la inocencia de su esposo, “yo tampoco me la creía, mi hijo llegó con el licenciado, amá, ahora tú te vas a hacer cargo, yo tengo que trabajar, me puse a llorar pero yo sabía que así no iba a resolver nada”.

En las declaraciones que fabricaron hubo muchos errores, en una de ellas la persona afirmó que reconocía a los detenidos por haber estado presentes en el secuestro, sin embargo el director Jorge López junto al delegado que también fue detenido arbitrariamente, estuvieron juntos en el conflicto de linchamiento que se dio en Santa Apolonia Teacalco. Así que al darse cuenta de que con esa declaración se iba a caer la denuncia, cambiaron la versión de los hechos y acusaron a López Pérez de ser el líder de la banda.

Fotografía que muestra al delegado Juan Carlos Yáñez, el 21 de enero de 2015 en el poblado de Santa Apolonia Teacalco, lugar donde se encontraba con el ex director de la Policía Estatal Acreditable, Jorge López, realizando la recuperación de una persona que estaba a punto de ser linchada por presuntamente haber intentado un auto.

“Una vez hablé con una de las personas que llamaron a notificar, me dijo que había firmado su denuncia por un robo a su casa y que vio un espacio en blanco pero le dijeron que era para otras firmas, yo tenía copia de la denuncia porque en ese espacio en blanco habían puesto el nombre de mi esposo y los demás acusados”, cuenta la señora Sandra.

Hubo un movimiento que se organizó mientras Jorge López se encontraba privado de la libertad. Su esposa realizó dos marchas para exigir justicia y buscó a medios de comunicación de Tlaxcala como Radio Universidad o Línea de Contraste, con el objetivo de dar a conocer todas las irregularidades que estaban sucediendo en el caso. “Por eso digo que mi esposa es una guerrera, porque creyó en mí, sabe quién soy y empezó su lucha desde afuera”, afirma Jorge López mientras presume que lleva más de 30 años en matrimonio con Sandra Reyes.

Después de muchos meses de no presentarse a las audiencias la ministerio público, Jorge López y sus compañeros fueron absueltos de todas las averiguaciones previas: “eran nueve averiguaciones,todas las personas que llamaron a declarar dijeron que no sabían porque estaban ahí o que las habían obligado a firmar, es inverosímil lo que fabricaron, de verdad inverosímil”, narra el ex director de la PEA.

«Los derechos humanos no existen en Tlaxcala«

Es hasta dos años después, el 2 de febrero del 2017, que un juez decide dar la libertad a Jorge López, sin embargo eso no significó el fin, sino el inicio de una lucha para obtener justicia por lo que vivió, pues además de la tortura física, fue exhibido en medios nacionales e internacionales, y perdió la oportunidad de continuar con su carrera laboral. “Yo lucho por reparar el daño moral que nos hicieron a mí ya mi familia, quedé estigmatizado y eso te destruye, pierdes todo”, cuenta.

En el lapso de tiempo que López Pérez estuvo privado de su libertad, encarcelaron a un agente de la policía ministerial, quien le confirmó que las personas que lo torturaron lo hicieron por orden de la ex procuradora Alicia Fragoso Sánchez. Es el 2 de abril de 2018, que el ex director de la Policía Estatal Acreditable, presentó una denuncia penal en contra de Fragoso Sánchez y del ex subprocurador, Víctor Pérez Dorantes, además de integrar a elementos policíacos que participaron en los actos de tortura; un año más tarde de haber ratificado la denuncia, no hay detenidos, los policías continúan laborando para la PEA en Tlaxcala y Fragoso Sánchez no ha sido siquiera llamada a declarar por los hechos.

Jorge López también interpuso una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las violaciones que sufrió desde su detención, y fue el 30 de abril de 2018 que se emitió la recomendación 02/2018 contra el Estado de Tlaxcala. El 29 de mayo fue acatada por el Estado sin embargo hasta la actualidad no ha sido cumplida de manera idónea siendo que el artículo 51 de la ley de la CEDH se establece que una vez aceptada, se deberá realizar su total cumplimiento. Por causa de esto ha realizado dos huelgas frente al Palacio de Gobierno para exigir que le sea reparado el daño realizado. La recomendación emitió que se debía dar una disculpa pública, pagar los sueldos correspondientes que no recibió debido a su detención, recibir tratamiento psicológico para él y su familia, así como ser indemnizado por el tratamiento médico que hasta ahora lleva debido a las lesiones que le dejaron por la tortura, sin embargo únicamente se le otorgó la disculpa pública y el pago de su sueldo por los dos años que estuvo privado de la libertad.

“Para mí los derechos humanos no existen en Tlaxcala, pero creo en la justicia, siempre confié en las leyes y sé que México ya debe de cambiar”, afirma López Pérez quien lucha por algo más que dinero, busca recuperar lo perdido, re dignificar su nombre y el de su familia. Él sabe que sólo un juez podrá determinar quiénes son los responsables por su detención pero su exigencia es que su historia no quede sólo en una más de impunidad. «Quiero encontrarme nuevamente con mi familia y recuperar todo lo que perdimos, pero no voy a dejar pasar esto, voy a seguir luchando para que se reconozca que también existimos policías que somos víctimas de un sistema corrupto. Soy un servidor público que sirvió a su país por 35 años y no permitiré ser pisoteado”, afirma con la mirada fija, seguro de que no descansará hasta lograr su objetivo.

 

Esta historia periodística es resultado del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM), auspiciado por USAID. 

Nuevo Periodismo para la Justicia

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