De acuerdo con un boletín de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Emma Coronel Aispuro, esposa del líder del Cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue arrestada hoy en Virginia por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Coronel Aispuro, de 31 años, es ciudadana estadounidense, con doble nacionalidad mexicana, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, en el condado de Virginia. Su comparecencia inicial será en un tribunal federal mañana en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con funcionarios mexicanos para ayudar a Guzmán en su escape del penal del Altiplano, Estado de México, el 11 de julio de 2015.

Después de que Guzmán fuera arrestado nuevamente en México en enero de 2016, se alega que Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros detenidos antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017.

Guzmán Loera fue condenado por un jurado en el Distrito Este de Nueva York en 2019 por su papel como líder del Cártel de Sinaloa.

La acusación de Coronel Aispuro está basada en los cargos de conspiración y distribución de un kilogramo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1.000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas por importación ilegal a los Estados Unidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino Nicholas L. McQuaid de la División de lo Penal del Departamento de Justicia y el Subdirector a Cargo Steven D’Antuono de la Oficina de Campo, en Washington, del FBI, dieron el anuncio.

La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso.

El subdirector interino Anthony Nardozzi y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia están procesando el caso.

Una denuncia penal es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Los Ángeles Press

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) a entregar los documentos de aval sobre los estudios profesionales de Alfredo Jalife Rahme Barrios, quien se ha ostentado con distintas especialidades en instituciones públicas.

Por medio de una notificación, el INAI estableció que la SEP realizó una incorrecta clasificación de datos sensibles sobre la petición que solicitó Los Ángeles Press sobre los documentos que respalden los estudios profesionales de Alfredo Jalife, ya que entregó los informes tachando las fechas, el examen profesional, número de título profesional, incluso su lugar de nacimiento, entre otros.

De acuerdo con el INAI, la dependencia federal clasificó mal la información sobre el acta de examen profesional, ya que no cae en ningún supuesto previsto en el artículo 116 de Ley, mientras que en las enmendaduras también clasificó erróneamente la información confidencial el número de acta de nacimiento, pues es un documento público y no recae en ninguna prohibición establecida en el artículo 113 de la Ley.

El 18 de septiembre de 2020, este espacio informativo solicitó en la plataforma de transparencia a la SEP la documentación sobre la cédula profesional como médico cirujano a nombre de Alfredo Jalife Rahme Barrios y la autoridad responsable que validó las documentales para otorgar esos certificados académicos.

Posteriormente, el 14 de octubre la SEP respondió con el oficio de los documentos solicitados pero con datos eliminados como la firma de los particulares, el nombre de los particulares y el interesado, fotografía, número de libro y floja de folio, género y sexo, lugar, fecha y entidad de nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, Registro Federal del Contribuyente (RFC), número de folio y de expediente, teléfono, fecha de inicio y terminación de estudios, fecha de examen profesional, servicio social, estado civil y trayectoria académica.

Después el 23 de octubre se interpuso el recurso de revisión por la respuesta emitida por la SEP y el 30 de octubre la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información del INAI y el 4 de noviembre se acordó tanto a las autoridades educativas como a este espacio informativo sobre la admisión del recurso.

Después del proceso interno, el INAI determinó el pasado 2 de febrero emitir una nueva notificación que ordenó a la SEP la resolución a favor de transparentar los documentos solicitados, pues no vulnera los datos personales del señalado y por ende deberá entrar la información pedida.

Documento de Transparencia, primera y última página.

Por Emmanuel Ameth

Los fiscales encargados del caso de Genaro García Luna en la Corte de Brooklyn, Nueva York entregaron al Juez Brian M. Cogan 974 mil páginas con pruebas sobre operaciones de tráfico de droga a Estados Unidos que datan desde 2002 y 2003, recién nombrado titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), así como un ’voluminoso’ expediente con comunicaciones interceptadas del acusado, para que sean tomados en cuenta en la audiencia que se celebrará dentro de 60 días.

El expediente es una “garantía” de que la defensa no podría llevar a cabo estrategia alguna a favor del inculpado. La razón, que incluso si un abogado analizara 100 fojas diariamente durante 60 días para realizar una estrategia jurídica eficiente, se necesitarían al menos de 167 profesionales de las leyes, a todas luces, una labor imposible.

De acuerdo con el documento, dado a conocer por el reportero Keegan Hamilton de Vice News desde su cuenta de Twitter, los fiscales se encuentran en espera de la réplica de las empresas de García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, a las cuales les han pedido información.

Genaro Garcia Luna case update:

-Prosecutors have handed over 974,000 pages of evidence, plus “voluminous intercepted communications”

-Prosecutors awaiting subpoenas from GGL’s companies

-Hearing set for Feb. 17 to be delayed 60 days b/c of Covid pic.twitter.com/5V1d8iOzOU

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) February 11, 2021

De acuerdo con el documento, la audiencia programada para el 17 de febrero será pospuesta para dentro de dos meses, estando de acuerdo ambas partes, sin embargo los fiscales que representan a Estados Unidos adelantaron al Juez Cogan que esperan respuestas a las citaciones realizadas tanto a los abogados defensores como a los representantes de las empresas de García Luna.

⚠️Se pasa para abril audiencia en el caso criminal Vs García Luna. Fiscales piden postergarla 60 días por Covid.
Pruebas hasta hoy: 970 mil páginas, documentos e intercepciones sobre nexos con narco.

Nada sobre petición de extradición presentada por 🇲🇽hace más de dos meses. pic.twitter.com/8cJwRLq76q

— Dolia Estévez (@DoliaEstevez) February 11, 2021

En la carta al Juez Brian Cogan, que está disponible en el sistema electrónico de las cortes federales, los fiscales dijeron que seguirán presentando pruebas, a medida que las reciben, en las próximas semanas.

Por su parte, la periodista Dolia Estévez resaltó en redes sociales que el expediente en el caso de García Luna no ha mencionado la petición de extradición presentada por el Gobierno de México.

El pasado 2 de diciembre, los fiscales estadounidenses solicitaron al Juez Brian Cogan aplazar la divulgación de la evidencia contra García Luna para proteger la identidad de los testigos.

“El acusado y sus conspiradores podrían llevar a cabo una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias antes del juicio, para castigarlos por su cooperación, disuadirlos de testificar contra él y frenar así la cooperación de otros”, escribieron los fiscales.

En una carta dirigida al Juez, también solicitan que los documentos se mantengan como clasificados hasta el 1 de marzo de 2021.

“Una orden de protección que permita plazas la divulgación de los materiales no iría en perjuicio del acusado y reduciría el riesgo de daño a los potenciales testigos de un juicio -al identificarlos-, así como el riesgo de exponer las investigaciones en desarrollo que los materiales identifican”, dice la carta firmada por el Fiscal federal Seth DuCharme.

La misiva añade que dichos materiales “proveen de información que podría se usada para identificar a testigos potenciales en un juicio, y cuyas identidades no han sido reveladas al acusado, a su defensa o al público”.

Dentro de los documentos que se solicita se mantengan reservados están comunicaciones grabadas, registros financieros y de propiedad pública, fotografías y “otros que revelarían la fuente del material”.

Añadió que tanto los testigos como sus familias “enfrentarían riesgos de seguridad serios si su cooperación con el Gobierno [de Estados Unidos] y su calidad como posibles testigos de juicio, fuera revelado”.

García Luna está acusado en la Corte del Distrito este de Nueva York de asociación delictiva para obtener, distribuir e importar cocaína, así como falsedad de declaración a agentes migratorios estadounidenses en 2018 y aceptación de sobornos.

Los cargos también incluyen pertenencia a una empresa delictiva, con agravantes por tráfico de 5,000 kilogramos de cocaína en diciembre de 2008, 23 mil kilogramos en octubre de 2007 y otros 19 mil kilogramos en marzo del mismo año, además de otras tres operaciones de droga en 2002 y 2003.

Por los cargos anteriormente mencionados el extitular de la SSP recibiría una pena mínima de 20 años y una máxima de cadena perpetua. A ello se suma la falsedad de declaraciones para acumular cinco imputaciones.

Su caso fue abierto después del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, donde el capo Jesús Reynaldo Zambada García (hermano de Ismael Zambada, el Mayo que ahora quedó al frente del Cártel de Sinaloa), declaró que él personalmente entregó una maleta con USD 3 millones, cuando estaba al frente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), durante el Sexenio de Vicente Fox.

Con información de sinembargo.mx