Por Claudia Martínez Sánchez

Habitantes de Coyomeapan, Puebla, detuvieron ayer a dos personas que detonaron armas de fuego en intento de homicidio contra el defensor indígena Plácido Hernández Vázquez, mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos inició la investigación sobre las agresiones.

Posteriormente, contactaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado para ponerlos a disposición, y a través de la gestión del Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores se solicitó la protección al Mecanismo Federal de Protección, de la Secretaría de Gobernación y la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que inicie los protocolos para salvaguardar la vida del defensor indígena.

Plácido Hernández también es uno de los activistas contra el cobro al derecho al alumbrado público, y ha participado en varias conferencias de prensa junto con la diputada federal Inés Parra Juárez, informando en las comunidades del carácter ilegal del nuevo impuesto.

Sin embargo, los habitantes de Coyomeapan alertan de posibles intentos de represión al pueblo luego de los antecedentes de represión, amenazas, encarcelamiento, fabricaciones de delitos y ahora el intento de homicidio contra Hernández Vázquez.

Por último, el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos solicitó a la CNDH que vigile de cerca los protocolos de las dependencias estatales para que el pueblo pueda poner a disposición a los hombres que atacaron el defensor.

Por Cinthya Alvarado Enríquez

TAPACHULA, CHIAPAS. Con fecha del primero de febrero, la Guardia Nacional tomará el control de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República, en Tapachula, Chiapas, de acuerdo con el nuevo modelo ordenado por el Gobierno federal con el que se transforma  la FGR.

Ministerios, Policías de investigación y peritos están siendo cesados sin respeto a los derechos laborales, y los despidos se están presentando a nivel estatal y nacional.

En esta ciudad de Tapachula, desde hoy 24 de enero, entraron en proceso de entrega y recepción también miembros de la Policía Federal Ministerial, ya que el nuevo personal son mandos militares.

Los procesos quedan inmóviles hasta que la Guardia Nacional entre en posesión de todos los cargos púbicos clave, según lo informado por los abogados litigantes que observan la sorpresa de los más de 45 trabajadores que quedarán fuera de la instancia judicial sin habérsele avisado con antelación de la militarización de la fiscalía.

Por ahora no se han dado a conocer los nombres de los militares que ocuparán los cargos directivos.

De acuerdo con el información de la SEDENA, la Guardia Nacional es una corporación castrense, no de seguridad de carácter civil, como fue creada por mandato constitucional en México. Según un reporte del Centro ProDH, el 75 por ciento del personal de la Guardia Nacional es también de extracción castrense, además de todos sus coordinadores de los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas: 28 de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuatro de la Secretaría de Marina.

Por Cinthya Alvarado Enríquez.

En la madrugada del viernes 21 de enero, a las 4.30 am, autoridades del Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional detuvieron con violencia a unos 250 migrantes que iban en caravana sobre la carretera Panamericana, a la altura del Ejido Álvaro Obregón, cerca del Centro de Rehabilitación Social número 3 de Tapachula. Sin embargo, medios y redes sociales guardaron silencio respecto a la violencia utilizada con los migrantes.

Los funcionarios de Migración y militares golpearon a los migrantes con equipo antimotines, y les dieron descargas eléctricas para forzarlos a que se entregaran. Entre los detenidos, unas 250 personas, entre mujeres y hombres con niños a quienes llevaron a la estación migratoria Siglo XXI.

En videos y fotos de los migrantes que ya fueron liberados muestran las lesiones, hematomas y quemadas de las descargas eléctricas. También niños sufren escoriaciones, además del daño psicológico, sienten pavor cada que ven un policía, se asustan en la calle si ven una camioneta como las de Migración.

La brutalidad del operativo no es publicada en redes, donde solo muestran que la gente entra por su propio pie a las camionetas enrejadas del INM, claro luego de ver cómo golpearon a muchos de ellos.

La llamada cárcel migratoria continúa abarrotada, sin que haya reporte de organismos defensores de derechos humanos, continúa la caza diaria de migrantes en Tapachula fuera de protocolos, con exceso de violencia.