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Investigaciones

Consigna del PRI en Guerrero desde 2013: Hundir a Nestora

Testimonios de jóvenes bajo el sistema de Reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá revelan que les pedían hundir a Nestora Salgado en 2013 a cambio de dinero

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Flores Jiménez, uno de los jóvenes que estuvo en reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, bajo la coordinación de la excomandante Nestora Salgado García en 2013, ha sido el único que ha reconocido públicamente que ni él ni los demás jóvenes estuvieron “secuestrados” como acusa el candidato del PRI, José Antonio Meade, a la actual candidata de Morena al Senado de la República, y que le pedían «hundir a Nestora» incriminándola de secuestro.

Reiteró Flores Jiménez para Los Ángeles Press que a él “no lo están comprando” y tal como lo señaló en entrevista para el portal mexicano Desinformémonos en enero de 2015, dijo que su ingreso al sistema de reeducación comunitaria fue por petición de su esposa y amigos, y él accedió por su voluntad.

En ese entonces, Nestora llevaba 17 meses recluida en el penal federal El Rincón, Nayarit, acusada de 48 secuestros según el expediente fabricado por el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco.  En la entrevista realizada por la reportera Carolina Bedoya Monsalve, Francisco Flores explicó que en ese tiempo era muy “desmadroso” y se iba de fiesta por días, por lo que su familia pidió ayuda a la Policía comunitaria para su reeducación. Flores, en relación con la líder comunitaria Nestora Salgado, afirmó:

“Yo creo que hay que decir lo que es, el gobierno la culpa de más de cincuenta secuestros y eso no es verdad, yo estuve ahí y me consta que nunca se secuestró a nadie. Creo que es injusto que una persona inocente esté en la cárcel por algo que no cometió y sólo quiero que se sepa la verdad”, fueron las palabras de Flores Jiménez a la reportera.

Ahora para Los Ángeles Press, Flores Jiménez reveló que hay otra persona que estuvo con él en la Casa de Justicia El Paraíso y que también se negó a recibir dinero por incriminar a Nestora. Sin embargo, dijo que esta persona no quiso dar su identidad ni decir nada “porque sí es peligroso y tenemos familia”, apuntó.

Flores aseguró que las demás personas con las que estaba en reeducación y que incriminaron a Nestora “fueron compradas” porque “ni las extorsiones ni el maltrato o tortura que mencionan algunos de los que estuvieron en la Casa de Justicia es cierto, al contrario, nos trataban con mucha amabilidad y respeto.

Dulce Rubí Burgos Pérez, fue una de las jóvenes mujeres que se presentó como víctima de Nestora Salgado, y fue llevada de la mano por Isabel Miranda Torres a los medios de comunicación. Miranda ha sido descubierta y denunciada judicialmente desde 2014, por fabricar el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres y utilizó al ex procurador Iñaki Blanco como testigo de cargo en 2010 el falso caso Wallace.

Mientras Nestora estaba en cautiverio, vecinos de Dulce Rubí revelaron incluso que Isabel Miranda le había pagado 15 mil pesos para que actuara como víctima ante los medios de comunicación y los gastos a la Ciudad de México. A tres años de distancia, Miranda Torres repitió la misma acción, de llevar a la Ciudad de México a las supuestas víctimas de secuestro, para incriminar nuevamente a Nestora y apoyar los ataques del candidato a la presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade.  

La consigna: “Hundir a Nestora”

Francisco Flores dijo en 2015, en entrevista, que le pidieron “hundir a Nestora en la cárcel”. Sin embargo, el joven se negó.

“Yo una vez estuve en la cárcel acá en Olinalá, por escuchar música con mucho volumen en la calle y allá los policías se dieron cuenta que yo estuve en El Paraíso, entonces me empezaron a preguntar cómo era el lugar y al yo decirles que siempre me trataron bien, me hicieron la propuesta que por qué no hundíamos a Nestora para que no saliera de la cárcel” y reiteró que los que se oponían en ese entonces a que Nestora saliera de la cárcel era a quienes no les convenía tenerla en el pueblo “porque junto con los comunitarios van a acabar con la corrupción como lo venían haciendo”, dijo.

Flores Jiménez hizo dos declaraciones oficiales al Consejo Social Olinalteco 27 de Octubre de 2012, de la Casa de Justicia de El Paraíso, una el 9 de junio de 2013 y la segunda al día siguiente. En la primera señala que fue detenido por la Policía Comunitaria por las denuncias de Maritza Meza Castro y Susana Baltazar, ambas madres de dos menores de edad que se habían salido de su casa sin permiso y llevaban varios días aparentemente desaparecidas. Flores declaró que las adolescentes llegaron al “bar de Toño” donde él estaba tomando unas cervezas con Miguel Franco Rodríguez (otra de las supuestas víctimas de secuestro), y “de ahí él no supo con quien se fueron las jóvenes”.

En la segunda declaración del 10 de junio de 2013, al Consejo Olinalteco, Flores Jiménez confesó que se fue a Tulcingo esa noche y que ellas sí iban con él en su camioneta: “ellas me dijeron que ya habían pedido permiso, fuimos a una campaña de Juan Ramos y pues no avisamos”. Dijo que ellas le habían comentado que sus madres no se preocupaban por ellas y que las maltrataban, por eso se habían salido de su casa. Ahora “mejor se la pasan tomando” y “después me dijo Betzi que tenía amenazada a u madre y que traficaba droga”.

 La declaración de Francisco Flores concordó con la de Ramiro Santiago Martínez, tomada también el 10 de junio de 2013, quien además refirió que Dulce Rubí Burgos Pérez le pidió que si se podía quedar en su casa, y que él le prestó una colchoneta para dormir “porque no tenían dónde quedarse”.

Otro de los jóvenes que dieron declaración al Consejo Social Olinalteco en relación a la detención de las jóvenes mujeres que después acusaron a Nestora de secuestro fue Miguel Franco Rodríguez, quien sostuvo que estaban tomando unas cervezas en un bar, y llegaron las tres jóvenes, bebieron con ellos, y se fueron a Tulcingo donde anduvieron dos días juntos.    

Pese a que Nestora Salgado fue exonerada de todos los cargos, y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura emitió un comunicado en denuncia por las arbitrariedades e irregularidades de su detención, proceso penal e internamiento en un penal federal, el candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, junto con Isabel Miranda Torres, han continuado los ataques y difamaciones contra la candidata al Senado por Morena, sin que hasta ahora haya una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral.

Vidulfo Rosales, Sierra primer abogado de Tlachinollan que realizó el análisis jurídico sobre el caso de Nestora ya concluía en octubre de 2013, dos meses después de la detención arbitraria de la líder que se trataba de “Querer encuadrar la conducta en este delito (de secuestro) es una utilización del sistema de justicia para castigar a una persona como Nestora que luchó por la seguridad en su pueblo y que puso en evidencia las fallas del estado para proveer tranquilidad a los ciudadanos”.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Mexico Violento

Autoridades penitenciarias secuestradas por pandilleros internos del Cefereso 17, de Michoacán

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El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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