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Investigaciones

Consigna del PRI en Guerrero desde 2013: Hundir a Nestora

Testimonios de jóvenes bajo el sistema de Reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá revelan que les pedían hundir a Nestora Salgado en 2013 a cambio de dinero

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Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD DE MÉXICO.- Francisco Flores Jiménez, uno de los jóvenes que estuvo en reeducación por la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, bajo la coordinación de la excomandante Nestora Salgado García en 2013, ha sido el único que ha reconocido públicamente que ni él ni los demás jóvenes estuvieron “secuestrados” como acusa el candidato del PRI, José Antonio Meade, a la actual candidata de Morena al Senado de la República, y que le pedían “hundir a Nestora” incriminándola de secuestro.

Reiteró Flores Jiménez para Los Ángeles Press que a él “no lo están comprando” y tal como lo señaló en entrevista para el portal mexicano Desinformémonos en enero de 2015, dijo que su ingreso al sistema de reeducación comunitaria fue por petición de su esposa y amigos, y él accedió por su voluntad.

En ese entonces, Nestora llevaba 17 meses recluida en el penal federal El Rincón, Nayarit, acusada de 48 secuestros según el expediente fabricado por el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco.  En la entrevista realizada por la reportera Carolina Bedoya Monsalve, Francisco Flores explicó que en ese tiempo era muy “desmadroso” y se iba de fiesta por días, por lo que su familia pidió ayuda a la Policía comunitaria para su reeducación. Flores, en relación con la líder comunitaria Nestora Salgado, afirmó:

“Yo creo que hay que decir lo que es, el gobierno la culpa de más de cincuenta secuestros y eso no es verdad, yo estuve ahí y me consta que nunca se secuestró a nadie. Creo que es injusto que una persona inocente esté en la cárcel por algo que no cometió y sólo quiero que se sepa la verdad”, fueron las palabras de Flores Jiménez a la reportera.

Ahora para Los Ángeles Press, Flores Jiménez reveló que hay otra persona que estuvo con él en la Casa de Justicia El Paraíso y que también se negó a recibir dinero por incriminar a Nestora. Sin embargo, dijo que esta persona no quiso dar su identidad ni decir nada “porque sí es peligroso y tenemos familia”, apuntó.

Flores aseguró que las demás personas con las que estaba en reeducación y que incriminaron a Nestora “fueron compradas” porque “ni las extorsiones ni el maltrato o tortura que mencionan algunos de los que estuvieron en la Casa de Justicia es cierto, al contrario, nos trataban con mucha amabilidad y respeto.

Dulce Rubí Burgos Pérez, fue una de las jóvenes mujeres que se presentó como víctima de Nestora Salgado, y fue llevada de la mano por Isabel Miranda Torres a los medios de comunicación. Miranda ha sido descubierta y denunciada judicialmente desde 2014, por fabricar el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, con doble identidad oficial como Hugo Alberto Miranda Torres y utilizó al ex procurador Iñaki Blanco como testigo de cargo en 2010 el falso caso Wallace.

Mientras Nestora estaba en cautiverio, vecinos de Dulce Rubí revelaron incluso que Isabel Miranda le había pagado 15 mil pesos para que actuara como víctima ante los medios de comunicación y los gastos a la Ciudad de México. A tres años de distancia, Miranda Torres repitió la misma acción, de llevar a la Ciudad de México a las supuestas víctimas de secuestro, para incriminar nuevamente a Nestora y apoyar los ataques del candidato a la presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade.  

La consigna: “Hundir a Nestora”

Francisco Flores dijo en 2015, en entrevista, que le pidieron “hundir a Nestora en la cárcel”. Sin embargo, el joven se negó.

“Yo una vez estuve en la cárcel acá en Olinalá, por escuchar música con mucho volumen en la calle y allá los policías se dieron cuenta que yo estuve en El Paraíso, entonces me empezaron a preguntar cómo era el lugar y al yo decirles que siempre me trataron bien, me hicieron la propuesta que por qué no hundíamos a Nestora para que no saliera de la cárcel” y reiteró que los que se oponían en ese entonces a que Nestora saliera de la cárcel era a quienes no les convenía tenerla en el pueblo “porque junto con los comunitarios van a acabar con la corrupción como lo venían haciendo”, dijo.

Flores Jiménez hizo dos declaraciones oficiales al Consejo Social Olinalteco 27 de Octubre de 2012, de la Casa de Justicia de El Paraíso, una el 9 de junio de 2013 y la segunda al día siguiente. En la primera señala que fue detenido por la Policía Comunitaria por las denuncias de Maritza Meza Castro y Susana Baltazar, ambas madres de dos menores de edad que se habían salido de su casa sin permiso y llevaban varios días aparentemente desaparecidas. Flores declaró que las adolescentes llegaron al “bar de Toño” donde él estaba tomando unas cervezas con Miguel Franco Rodríguez (otra de las supuestas víctimas de secuestro), y “de ahí él no supo con quien se fueron las jóvenes”.

En la segunda declaración del 10 de junio de 2013, al Consejo Olinalteco, Flores Jiménez confesó que se fue a Tulcingo esa noche y que ellas sí iban con él en su camioneta: “ellas me dijeron que ya habían pedido permiso, fuimos a una campaña de Juan Ramos y pues no avisamos”. Dijo que ellas le habían comentado que sus madres no se preocupaban por ellas y que las maltrataban, por eso se habían salido de su casa. Ahora “mejor se la pasan tomando” y “después me dijo Betzi que tenía amenazada a u madre y que traficaba droga”.

 La declaración de Francisco Flores concordó con la de Ramiro Santiago Martínez, tomada también el 10 de junio de 2013, quien además refirió que Dulce Rubí Burgos Pérez le pidió que si se podía quedar en su casa, y que él le prestó una colchoneta para dormir “porque no tenían dónde quedarse”.

Otro de los jóvenes que dieron declaración al Consejo Social Olinalteco en relación a la detención de las jóvenes mujeres que después acusaron a Nestora de secuestro fue Miguel Franco Rodríguez, quien sostuvo que estaban tomando unas cervezas en un bar, y llegaron las tres jóvenes, bebieron con ellos, y se fueron a Tulcingo donde anduvieron dos días juntos.    

Pese a que Nestora Salgado fue exonerada de todos los cargos, y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura emitió un comunicado en denuncia por las arbitrariedades e irregularidades de su detención, proceso penal e internamiento en un penal federal, el candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, junto con Isabel Miranda Torres, han continuado los ataques y difamaciones contra la candidata al Senado por Morena, sin que hasta ahora haya una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral.

Vidulfo Rosales, Sierra primer abogado de Tlachinollan que realizó el análisis jurídico sobre el caso de Nestora ya concluía en octubre de 2013, dos meses después de la detención arbitraria de la líder que se trataba de “Querer encuadrar la conducta en este delito (de secuestro) es una utilización del sistema de justicia para castigar a una persona como Nestora que luchó por la seguridad en su pueblo y que puso en evidencia las fallas del estado para proveer tranquilidad a los ciudadanos”.

El Caso Wallace

Isabel Miranda viola de nuevo derecho a la intimidad y vida privada de sus inculpados en prisión

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Por Guadalupe Lizárraga

Isabel Miranda Torres recientemente ofreció pruebas a un juez federal y dos peticiones administrativas a directores de penales para que informaran “si Brenda Quevedo Cruz recibe visitas conyugales, con qué carácter entra dicha persona, y quiénes más la visitan en el penal de Morelos”, y así mismo con quiénes intercambia correspondencia.

Ante la negativa del juez, Miranda Torres insistió en que la directora del Cefereso de Morelos, donde se encuentra interna Quevedo Cruz, informara también si recibía correspondencia de su coprocesado Jacobo Tagle Dobín, porque según Miranda “está enterada de que se comunican y eso está prohibido”, alegando que además Brenda tenía amigas en el penal que pertenecían al Cártel de Tijuana.

Otra de las pruebas que ofertó quien tiene una carpeta de investigación por fabricación del secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace y por tortura contra los inculpados, fue contra Jacobo Tagle Dobín, para que el director del Cefereso #15, de Chiapas, informara cuándo se divorció Tagle de Edith Nava Sánchez, y desde cuándo lo visita su nueva mujer. Incluso, Miranda señaló que “tiene conocimiento de que Tagle tiene relación con George Khoury Layón y éste era íntimo de un tal Benajmin Ben Sutchi”, además enfatizó que Tagle también tenía amigos miembros de los cárteles dentro la prisión.

Al igual que en el caso de Brenda Quevedo, quien lleva 12 años de prisión preventiva pese a la Opinión de Libertad Inmediata de Naciones Unidas, Isabel Miranda ofertó como prueba que el director del Cefereso de Chiapas informara con quién intercambia correspondencia Jacobo Tagle, y qué personas lo han visitado desde que llegó a ese penal, así se trate de familiares, amigos, activistas, periodistas o abogados de Defensoría pública.

El juez negó estas pruebas, pero sin embargo, Miranda apeló la decisión y fue turnada a los tribunales para su revisión. Incluso, también interpuso dos peticiones administrativas solicitando informes de sus inculpados sobre las personas que los visitan y con quiénes intercambian correspondencia.

Por otra parte, de acuerdo con la fuente informativa, Isabel Miranda falseó datos en dichas peticiones, por ejemplo, refirió en el documento a un supuesto representante jurídico que no existe y un domicilio falso.

En el caso de César Freyre, inculpado también por la fabricación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y sentenciado a 131 años de prisión, su esposa Nelly Flores dijo que se están vigilando sus llamadas y su correspondencia. Informó que le envió una carta a través de la empresa DHL, y confirmó su entrega el 11 de febrero de 2020 en el Cefereso #1 el Altiplano, Estado de México. Sin embargo, las autoridades del penal le entregaron la carta hasta finales de la primera semana de marzo, y se la entregaron ya abierta, cuando anteriormente le abrían las cartas delante de él sólo para revisión de rutina de seguridad y en ese mismo momento se la entregaban.

Comprobante de envío postal a César Freyre por parte de su esposa.

Violaciones a la intimidad y al derecho a la vida privada

La abogada María Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva y representante legal de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, AC, señaló que el reglamento de las prisiones autoriza a los internos a enviar y recibir cartas sin censura, además de que las visitas no son personas imputadas ni delincuentes, y deben de recibir un trato digno.

“Se debe de tratar a los internos con el respeto debido a su dignidad y valor inherentes al ser humano, esto se encuentra plasmado, en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas Nelson Mandela”, explicó la abogada.

López Paulino consideró que respecto al caso de las víctimas del falso caso Wallace, el juez respondió correctamente al negarle la petición a Isabel Miranda, porque también “los internos deben de ser sujetos a un trato humano, igualitario y no-discriminación, tener contacto con el mundo exterior, y esto se encuentra en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”.

 Por su parte, el abogado Jefte Méndez, defensor de los derechos humanos de falso culpables, enfatizó que “la correspondencia es inviolable, pero en todos los ceferesos las cartas son revisadas previas a su salida a quien las recibe.

No obstante, afirmó que lo que está haciendo Isabel Miranda con sus inculpados por una parte, “es una violación constitucional al artículo 16, que tutela la vida privada, y es una violación a la intimidad de las personas, aparte de que violar la correspondencia privada constituye un delito estipulado en el artículo 173, del Código Penal Federal, la cual dicta que se aplicarán de tres a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad:

I.- Al que abra indebidamente una comunicación escrita que no esté dirigida a él, y II.- Al que indebidamente intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a él, aunque la conserve cerrada y no se imponga de su contenido. Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella”.

El derecho a la vida privada también está consagrado en tratados internacionales suscritos por México, por ejemplo en los artículos 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; v, ix y x de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; así como el artículo 11, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Fabricación de culpables

Organizaciones civiles denuncian que Poder Judicial del Edomex impide libertad de falsos culpables

Ignacio García

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Por Ignacio García

Los integrantes de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunciaron que el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado de México pretende violar la Ley de Amnistía del Estado de México para no otorgar libertades a falsos culpables por delitos graves o de alto impacto que no cometieron.

De acuerdo con el presidente de la organización José Humbertus Pérez Espinoza, el acuerdo pretende que las solicitudes de amnistía se otorgarán en los Juzgados de Control de Primera Instancia, Tribunal de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas, Especializados en Justicia Penal para Adolescentes, tribunales especializados para justicia de adolescentes.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos de los falsos culpables manifestó que se omitió a la comisión especial del Congreso del Estado de México, pese a que está contemplado en la Ley General de Amnistía del Estado de México para resolver casos en los que estén involucrados personas acusadas de delitos que no cometieron.

El activista acompañado también por el Frente Mexiquense por una Vivienda Digna, refirió que el Poder Judicial mexiquense tendría que considerar también a la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Justicia del Estado de México y distintas organizaciones de la sociedad civil sobre la relevancia de los casos de violación a derechos.

Asimismo, se omite la participación de la comisión especial del Congreso local para realizar las observaciones correspondientes a las instancias judiciales, ya que la normativa estatal establece que podrá intervenir en cualquier irregularidad que se haya presentado en el sistema penal acusatorio.

De la misma manera, refirieron que los legisladores locales tampoco están interesados en regular esa situación, ya que han mostrado su desconocimiento sobre el contenido de la Ley de Amnistía que aprobaron, por lo cual PIDH interpondrá un amparo indirecto contra el acuerdo del Poder Judicial para que no se limite la posibilidad de otorgar la libertad a las personas que fueron acusadas de delitos que no cometieron.

Enfatizaron existe el riesgo de que el Poder Judicial y el Legislativo desvirtúen la Ley de Amnistía para que no se otorgue la libertad a los presuntos culpables en el Estado de México.

Comunicado público

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Investigaciones

Argentina: El terrorismo de Estado también fue terrorismo sexual

María Florencia Alcaraz

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Por María Florencia Alcaraz

Las violencias estatales no son lineales: son capas que se abren y encierran más violencias, como una cebolla putrefacta. Después del secuestro, los interrogatorios, los golpes, el estancamiento, más golpes, la capucha, los grilletes, el submarino seco, el submarino mojado, la picana, la parrilla, las sesiones de tortura física y las amenazas de muerte constantes, para ellas venía la violación.

Muchas sobrevivieron para dar testimonio, otras tuvieron como último destino la desaparición forzada y sus compañeras dieron cuenta de ese sometimiento en el encierro. En las cuchas en las que dormían; en los baños cuando intentaban asearse; en cuartos a los que eran llevadas engañadas; en hoteles y habitaciones fuera de los predios clandestinos: militares de diferentes rangos y responsabilidades violaban a las detenidas-desaparecidas. El terrorismo de Estado fue, también, terrorismo sexual.

Era una forma de sellar con la firma patriarcal esos cuerpos ya marcados por las violencias del secuestro, las vejaciones y torturas. Acentuar al extremo las masculinidades violentas y agresivas que se desplegaban en los centros clandestinos de detención.

Las violaciones, a su vez, fueron correctivas: una manera de signar esas trayectorias vitales que habían desobedecido al mandato de género y a la sumisión que se esperaba de la sociedad en general. Los delitos sexuales se inscriben en la larga lista de delitos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar. Los varones también sufrieron, en menor escala, este tipo de crímenes de poder, pero para las mujeres formaba parte del cotidiano.

Desde la óptica patriarcal se trataba de un castigo que rebotaba en un laberinto de espejos: cada violación fue un mensaje para lxs otrxs detenidxs, sus parejas, compañerxs de militancia, hermanos, padres. Y, a su vez, imprimía en ellas un estigma que -como sobrevivientes- después iban a cargar. Sobre el “algo habrán hecho” para estar cautivas, se imprimió el “algo habrán hecho” para sobrevivir. “Putas y guerrilleras”, nombró la periodista Miriam Lewin su libro sobre Crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención.

Es posible hilvanar una historia común que une las denuncias públicas y judiciales que hacen muchas chicas hoy contra músicos del rock; las actrices contra actores abusadores y violadores y cada una que decide volver perecedero el tiempo del silencio. Las sobrevivientes de la dictadura víctimas de violaciones y otros delitos sexuales, tampoco se callaron; solo que sus relatos quedaron bajo el manto de crueldad que imprime la desaparición forzada y, a su vez, la escucha era otra. El Poder Judicial tardó casi tres décadas en nombrar estos crímenes. La invisibilización jurídica los ocultó bajo la figura de “tormentos”.

—¿Es verdad que vos salías con el tigre Acosta?”, le preguntó la señora de los almuerzos, Mirtha Legrand, a Miriam Lewin hace 15 años.

—¿Cómo que “salía”?

No. En un centro clandestino de detención no existe el consentimiento. El continuum de terrorismo sexual comenzaba con la desnudez forzada a la que eran sometidas. Seguía con los comentarios sobre sus cuerpos, manoseos, tocamientos, abusos, penetración con objetos, violaciones, abortos forzados, esclavitud sexual, partos clandestinos.

***

A Mirta Pérez se turnaban para violarla. No sabe cuánto tiempo estuvo esposada a la cama con sábanas limpias que eligieron para someterla a este crimen de poder. A Susana la violaron, al menos, en tres oportunidades. Primero, un guardia la llevó al baño engañada para forzarla a tareas de limpieza y luego la violó en un cuartito. Después el represor Jorge Rádice la llevó a un hotel cercano al centro clandestino y la violó. Juan Carlos Rolón, también.

Liliana Elvira Pontoriero contó durante el juicio que la segunda vez que la sometieron a una sesión de picana eléctrica no la violaron porque estaba menstruando. Sin embargo, la obligaron a masturbarse con un palo de goma. Todas ellas sobrevivieron a su estadía forzada en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se calcula que pasaron -al menos- 360 mujeres. A pesar de la enorme cantidad de testimonios que dan cuenta de una práctica sistemática sobre los cuerpos de las cautivas aún ningún represor de este centro clandestino de detención fue condenado por violaciones y abusos sexuales.

“Los guardias solían decir que las mujeres éramos mucho más peligrosas que los hombres”, dijo Andrea Bello, secuestrada el 6 de diciembre de 1978, en el testimonio que brindó en el juicio por ESMA en 2013.

Ya en el Juicio a las Juntas, en 1985, algunas sobrevivientes pudieron poner en fila los recuerdos del horror y contar las violaciones. Sin embargo, los jueces no jerarquizaron esos relatos. Las interrumpían, no repreguntaban o simplemente pasaban a otro tema sin solución de continuidad.

Elena Alfaro, una sobreviviente de El Vesubio, contó cómo la violaron a ella y a tres compañeras más, de las que pudo dar nombre y apellido. Sin embargo, cuando terminó el relato, el juez solo atinó a preguntarle: “¿Pudo notar la presencia de alguna persona extranjera en el lugar, como detenida?”. Con la apertura de los juicios volvió a contar cómo había sido violada.

***

La invisibilidad jurídica también estuvo relacionada a que en el Código Penal argentino la violación sexual estaba tipificada como “delito contra la honestidad” y recién en el año 1999 la definición fue cambiada por “delito contra la integridad sexual”.

En la jurisprudencia internacional, la primera sentencia que definió la violación sexual como un delito contra la humanidad y en un instrumento para el genocidio fue el 2 de septiembre de 1998, en el caso Akayesu, por la Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Allí se juzgaron las violaciones de las mujeres Tutsi.

Tras la reapertura de los juicios, en 2010 la condena Gregorio Rafael Molina a prisión perpetua por los crímenes cometidos en “La Cueva”, que funcionó en la Base Aérea de Mar del Plata, fue una bisagra. Se trató de la primera que nombró a los delitos sexuales por su nombre. Las mujeres que pasaron por ese centro clandestino lo recuerdan por sus sistemáticas violaciones. “Cuando ese hombre de uniforme me violaba, era la Patria la que me violaba”, declaró una de las testigos en el juicio. Molina ya murió.

Dos años después de esa primera condena, la Procuración General de la Nación emitió una resolución que marcó lineamientos a lxs fiscales: cómo propiciar espacios seguros para que las sobrevivientes cuenten estos delitos y abordarlos criminalmente. Pablo Parenti, por entonces coordinador de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, fue uno de los abogados que empujó esta perspectiva. Hubo actores y actrices que fueron fundamentales para que se investiguen estos crímenes de manera autónoma. Como Carolina Varsky, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en sus alegatos en la causa ESMA habló de las particularidades de ser mujer en ese centro clandestino y escribió distintos documentos para aportar a la reflexión sobre este tema. Varsky hoy es titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. También la fiscal Mercedes Soiza Reilly hizo un pedido en esa misma línea en el caso de la ESMA.

Hoy los delitos sexuales son delitos de lesa humanidad. A 43 años del 24 de marzo de 1976, en todo el país los fallos judiciales cuentan 892 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, de las cuales 98 fueron responsabilizadas por delitos sexuales: 95 hombres y 3 mujeres. Únicamente el 12% de las sentencias incluye este tipo de delitos, 26 de un total de 219 veredictos. En esos fallos, se reunieron las historias de 86 víctimas: 75 mujeres y 11 hombres.

***

Hasta hace muy poco el lugar en el que aparecían las mujeres en el Museo Sitio de Memoria ESMA era en la maternidad. La memoria construida alrededor de lo que pasó en ese centro clandestino comandado por el Grupo de Tareas 3.3.2. las encapsulaba ahí y la recorrida propuesta-escrita en paneles en genérico masculino ni siquiera las nombraba. La muestra inaugurada recientemente “Ser mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar” propone una nueva mirada e incluye los abusos y delitos sexuales que sufrieron, en particular, los cuerpos de las mujeres. “Hoy el feminismo entró a la ESMA y no se va de acá nunca más”, dijo Miriam Lewin en una de las actividades alrededor de la muestra.  No hay una sola memoria, las memorias son muchas, son colectivas y son feministas. Nunca más una memoria sin las mujeres y las disidencias. Nunca más una historia sin nosotras.

 

Fuente original: Cosecha Roja

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