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México de conciencia

Congreso popular de Baja California contra «leyes lesivas al pueblo»

Integrantes del Congreso popular convocaron a sumarse a la resistencia civil pacífica en contra de las reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña

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Algunos de los integrantes del Congreso popular de Baja California en el Monumento a Lázaro Cárdenas. Foto: LA Press

Redacción LA Press

MEXICALI, Baja California.- Ciudadanos de Baja California iniciaron la instalación del Congreso Popular con el propósito de sumarse al movimiento nacional para revertir las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entre los integrantes, se encuentran militantes de organizaciones políticas, de organismos no gubernamentales, periodistas, empresarios, maestros y académicos universitarios.

En un pronunciamiento público que difundieron frente al edificio del Congreso del Estado de Baja California, el 18 de marzo, señalaron que esta institución “carece de legitimidad y está legislando a espaldas de la ciudadanía, aprobando leyes lesivas al pueblo”, por eso surge el Congreso popular.

Entre los argumentos destacados por los congresistas populares sostienen que el déficit de legitimidad de los 25 diputados que integran el Congreso del Estado de Baja California se debe a que sólo 17 de éstos son el resultado de una elección en la que participó el 39.44% del total del padrón electoral y ocho de ellos son plurinominales, «nunca recibieron ningún voto».

“Estos diputados, dice el congresista Juan Carlos Ruíz Rubio, son los que están obedeciendo órdenes dictadas desde el centro del país para aprobar apresuradamente las reformas, que no tienen ningún consenso popular, así lo dejamos escrito en el pronunciamiento”.

“Nosotros como ciudadanos, basados en el artículo 39 Constitucional tenemos más legitimidad que ellos para revertir las reformas que nos están imponiendo”, señaló Ruíz Rubio, por lo que abrieron una mesa de registro al público y explicaron los motivos de su integración al Congreso popular.

Diputados locales traidores a la patria

En el documento del Congreso popular se destacaron los nombres de los diputados locales a quienes se les califica como «traidores a la patria» por aprobar la reforma energética en un lapso de dos horas, sin debate, sin reflexión y sin consenso popular:

“En el exceso de su desprecio a la soberanía popular, han convalidado también la traición a la patria perpetrada desde el congreso federal, representado en Baja California por el senador Víctor Hermosillo del PAN y los diputados mexicalenses del PRI Fernanda Schroeder, Benjamín Castillo y David Pérez Aguilera, al poner a disposición de países extranjeros encabezados por los Estados Unidos nuestras riquezas naturales y el petróleo”.

Los diputados locales que aprobaron la reforma energética en esta entidad fronteriza fueron Cuauhtémoc Cardona Benavides (PAN), Gustavo Sánchez Vázquez (PAN), René Adrian Mendivil (PRI) , Rosa Isela Peralta (PAN), Ma. Del Carmen Frías (PRI), Rosalba López Regalado (PAN), Nereida Fuentes González (PRI), Miriam Josefina Ayón Castro (PRI), Marco Antonio Novelo (PRI), David Ruvalcaba Flores (PRI), Rodolfo Olimpo Hernández (PES), Fausto Gallardo (Partido Verde).

Otras iniciativas de ley que fueron aprobadas por los diputados locales fue la verificación vehicular, el pasado 16 de enero de 2013. Esta reforma de ley impuso a los bajacalifornianos pagar el servicio de verificación a “empresas de dudosa procedencia y reconocida incapacidad técnica”, identificados como verificentros, entregados a concesión a socios del denostado boxeador y político Jorge Kahwagi Macari, socio del diputado panista Cuauhtémoc Cardona Benavides.

Las leyes secundarias de la reforma educativa fue otro de los reclamos a los legisladores locales, en el pronunciamiento público del Congreso popular. De acuerdo al análisis y denuncias de los congresistas y maestros, estas leyes violan los derechos laborales de los trabajadores de la educación y atentan contra el espíritu del Artículo 3ero Constitucional, que prescribe la educación gratuita, libre y obligatoria para todos los mexicanos.

El Congreso popular de Baja California tiene sedes en la ciudad de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Se crea como un organismo ciudadano autónomo e independiente de partidos políticos con el objetivo de derogar las reformas energética, fiscal educativa y laboral, impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta acción de resistencia civil pacífica, de acuerdo a lo declarado por sus integrantes, responde a la convocatoria nacional del Congreso popular dirigida por los intelectuales John Ackerman, Irma Eréndira Sandoval, Alberto Betancourt, Epigmenio Ibarra, entre otros.

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Congresistas populares frente al Congreso del Estado de BC, en Mexicali. Foto: LA Press

Integrantes del Comité organizador (en la foto de izquierda a derecha)

Óscar Peña Ceseña, Antonio Castañeda y de Luna, Juan Carlos Ruiz Rubio, Carlos González Araiza, Darío Rodríguez, Juan Pablo Leyva, Guadalupe Lizárraga, Alfonso Lizárraga, Adelina Solís, José Luis Palma, Bonifacio Sandoval, Eleazar Castro Gaxiola, Xosé Trinidad.

Integrantes en orden alfabético de Mexicali, Tijuana y Ensenada

Adelina Solís, Alfonso Lizárraga Bernal, Álvaro Villagran Ochoa, Andrés A. Campos, Ane Castelo, Edgar de Anda, Antonio Castañeda de Luna, Apolonio Rodríguez Sixtos, Armando Courtade Pedrero, Benjamín Acuña, Bonifacio Sandoval, Carlos González Araiza, Carlos Urías Taboada, Carolina Cervantes Herrera, Darío Rodríguez, Eleazar Castro Gaxiola, Enrique Ochoa Ávila, Fernando Alejo Peguero A., Florentina Ortiz, Francisco Griego T., Germán Gabriel Zambrano, Guadalupe Lizárraga, Gustavo Galindo, Héctor M. García E., Hugo Castro, Imelda Arellano Servín, Isaí Becerra Tejeda, Joel Becerra, Jorge Luis Montes Tadeo, José Luis Jaral, José Luis Palma, José Luis Romero, José Luis Villarruel, José Manuel Valenzuela Arce, Juan Carlos Ruiz Rubio, Juan José Delgado, Juan Pablo Leyva, León Fierro, Manuel Santiago Guadarrama, Margarita Quiroz Miranda, María del Rosario Collí, Martha Patricia Ramírez, Martín Urías Taboada, Óscar Díaz de León, Patricia Barba Ávila, Paz Villalpando, Perla Castillo Solís, Rafael Barriga Pulido, Rogelio Méndez Palma, Rogelio Osuna Rosales, Rogelio Valdéz, Rosa María Salcido, Rosalino Sánchez, Rubén Colima T., Sergio Méndez Palma, Sonia Rentería González, Tiburcio Pérez Castro, Tomás Rosales C., Vicky Islas, Xossé Trinidad.

 

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INE multa a partidos políticos con más de 673 mdp por irregularidades en proceso electoral 2021

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El INE multó a los partidos políticos por más de 600 millones de pesos

El Instituto Nacional Electoral (INE) multó con 673 millones de pesos a los partidos políticos por diferentes irregularidades detectadas en el proceso electoral de 2021 por ingresos y gastos que ejercieron en los comicios federales intermedios. Los institutos políticos que tuvieron multan más cuantiosas fue Morena, PRI y el PAN.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue el partido más sancionado con el 82 por ciento del total de los recursos cobrados, ya que el organismo autónomo independiente identificó egresos no comprobados, gastos sin objeto partidista, y registro extemporáneos de operaciones.

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El consejero electoral del INE, Jaime Rivera Velázquez, dijo que originalmente se contemplaba una sanción de 900 millones de pesos a los partidos políticos, pero después de las modificaciones en la fiscalización se redujeron casi una tercera parte de las multas, a 673 millones de pesos, aunque Morena recibirá una multa superior a los 300 millones de pesos.

Sin embargo, el representante de Morena ante el INE, Euripides Flores Pacheco, consideró que se trata de una inquisición electoral en contra del partido guinda y que se trata de una revancha contra el instituto político por la reforma electoral.

Por su parte, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, expuso que los partidos políticos deben cumplir con la entrega de los documentos necesarios para la fiscalización de los documentos necesarios, debido a que se han incumplido con los requerimientos establecidos en el Código Electoral.

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Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció en contra de estas modificaciones, al considerar que le cobran más recursos económicos que los que les corresponden, por lo cual iniciarán acciones legales al respecto. Otros partidos, como Movimiento Ciudadano o PRD, no se han pronunciado respecto a estas multas.

 

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Comerciantes ambulantes de Tepito son obligados a participar en marcha de AMLO

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Julieta cornejo, lider de tianguistas de Tepito, obliga a los comerciantes a ir a la marcha de amlo

 

La presidenta de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes Tianguistas del Barrio de Tepito, Julieta Cornejo Campos, obligó a los comerciantes ambulantes de la zona participar en la marcha de este domingo a favor del cuarto aniversario del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por medio de un documento oficial, la dirigente de los comerciantes pidió el apoyo de todos los agremiados para participar en la marcha de este domingo a partir de las 07:00 horas en la calle Misisipi, y en la avenida Reforma, acompañados de otras dos personas.

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La representante de los ambulantes de Tepito solicitó que todos los comerciantes del barrio participen de forma obligatoria y por ello no aceptará excusas ni pretextos para ausentarse de la movilización.

En caso de que los comerciantes no acudan a la marcha serán suspendidos durante toda la temporada 2022-2023, por lo cual aseveró pasarán lista de asistencia en el punto de encuentro para que se cercioren de la participación de los comerciantes en la movilización que se desarrollará por las principales calles de la Ciudad de México.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se obliguen a las personas a participar en la marcha, en diferentes espacios públicos como el Metro de la capital del país se han colocado anuncios para pedir la asistencia de la ciudadanía en las movilizaciones.

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López Obrador anunció una marcha con motivo del cuarto aniversario de su gobierno, después de la marcha que se realizó el pasado 13 de noviembre por distintos puntos del país en contra de la reforma electoral que propuso para eliminar la figura del Instituto Nacional Electoral (INE).

 

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TEPJF determina que Layda Sansores incurrió en violencia política de género

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Layda Sansores, gobernadora de Campeche, incurrió en violencia política de género en contra de las diputadas del PRI

Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, incurrió en violencia política de género al asegurar que diputadas federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enviaron fotografías íntimas al dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Los togados señalaron que la mandataria estatal afectó los derechos políticos electorales de las legisladoras federales priístas y por ello le ordenaron eliminar las publicaciones en las que se difundan esos mensajes referidos y emitir una disculpa pública.

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De acuerdo con el TEPJF, las diferentes redes sociales como Facebook, Whatsapp e Instagram deben asegurarse de no dar a conocer actos que constituyan posibles actos de violencia política de género.

Por ello, exhortó a Meta ampliar sus políticas para que se detecten y reporten los casos de violencia política de género, con la finalidad de denunciar cualquier tipo de agresiones contra las mujeres con violencia política de género.

La diputada federal Paloma Sánchez interpuso la queja ante el TEPJF por las declaraciones de la gobernadora emanada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunado a que también el coordinador del grupo parlamentario del Senado, Ricardo Monreal, promovió un incidente de violación por la difusión de mensajes promovidos en su contra.

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La gobernadora de Campeche expresó que seguirá dando a conocer información relacionada con diferentes servidores públicos, por lo cual aseveraron que se han cometido distintos actos de corrupción.

Por su parte, la propia diputada del PRI Paloma Sánchez compartió las notas de medios de comunicación que notificaban la determinación del TEPJF, en el que recalcaban que Layda Sansores sí había cometido violencia política de género en contra de las legisladoras del tricolor.

 

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