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Congreso Nacional Indígena cuestiona a AMLO incongruencia sobre Proyecto Integral Morelos

El Consejo Nacional Indígena cuestiona la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la postura de oposición que tenía con el Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica de Huexca durante la administración de Felipe Calderón

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El Congreso Nacional Indígena cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su falta de congruencia con la postura política que mantuvo durante la administración de Felipe Calderón con respecto al Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica en Huexca. 

Preguntas al presidente de la 4T (y al pueblo de México) sobre el Proyecto Integral Morelos y la Termoeléctrica en Huexca, Morelos:

¿Por qué en 2014, usted, ahora presidente de México, se pronunció contra la Termoeléctrica en Huexca y hoy la apoya? ¿Qué pasó en estos años que le ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué tanto interés en apoyar un proyecto, el PIM, que fue ideado en el gobierno de Calderón  e impulsado con fuerza por Peña Nieto? ¿Qué otras coincidencias tiene con esos  señores?

 ¿Sabe usted que los pueblos de Morelos, Tlaxcala y Puebla que se oponen al PIM no están, o no estaban, contra usted, sino contra un proyecto con el que llevan años luchando y han logrado detener? ¿Por qué ponerse del lado de Calderón y Peña Nieto en este tema y no del lado de los pueblos? ¿Por qué ofenderlos llamándoles “conservadores”? ¿Por qué no dialogar con ellos, si ellos se lo pidieron desde antes que usted anunciara su consulta? ¿Por qué se ha dado el tiempo de dialogar con los representantes de los poderosos de este país, Consejo Coordinador Empresarial y Consejo Mexicano de Negocios incluidos, y no con los pueblos de abajo que llevan años luchando contra el neoliberalismo? ¿Acaso usted prefiere ser amigo de los neoliberales?

 ¿No dice que con su gobierno se acabó el neoliberalismo?  ¿No dijo usted que se preocuparía primero de los más pobres entre los pobres, los pueblos originarios? ¿O acaso la forma de preocuparse de ellos es simplemente ignorando sus luchas, formas y modos de participar democráticamente?  ¿No es este desprecio por los pueblos otra forma del racismo que, usted, bien señala que aún existe en México?

¿Por qué la prisa en organizar esta consulta para echar a andar un proyecto, el PIM, que durante años los pobladores han rechazado y por la vía de los hechos detenido? ¿Por qué no tomar en cuenta esa voz popular que  ha luchado contra la termo y el PIM durante tanto tiempo? ¿Por qué no esperar el tan anunciado pronunciamiento de la ONU al respecto? ¿Por qué no detenerse antes a investigar el asesinato del compañero Samir Flores, férreo opositor al PIM, no de ahora, sino desde hace años? ¿Habrá impunidad en este caso, qué tenemos, a parte de su palabra, para saber qué no es así? ¿Dentro de unos años no cambiará de opinión al respecto?

¿Tanta es la prisa que prefirió hacer esta consulta de forma ilegal antes que darse el tiempo para cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución mexicana y en los acuerdos internacionales firmados por el país? ¿Qué pasó con aquello de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie?  ¿No hay otras consultas que hacerle al pueblo de México mucho más importantes y sentidas? ¿No hay antes que consultar sobre la impunidad que usted ha otorgado a Peña Nieto y demás representantes de ese pasado corrupto que se dice haber superado ya? Usted prometió que consultaría ese tema ¿por qué no lo ha hecho? ¿Ya cambió de opinión al respecto?

¿Por qué, a pesar de que tantos millones votaron por usted, siente la necesidad de entregarle tanto a poder a tipos como los, esos si conservadores, dirigentes del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos como Hugo Eric Flores Cervantes? ¿No sabe usted que este señor, ahora superdelegado en Morelos, fue aliado electoral de Calderón en 2006, sí en 2006 cuando le hicieron fraude a usted? ¿Acaso no sabe que el Sr Hugo Eric Flores se encargó de defender a capa y espada a los asesinos paramilitares de mujeres, niños y bebes no natos en Acteal? ¿Por qué confiar en este señor para encargarle la organización, en menos de 15 días, de la consulta a los pueblos de Morelos?

 ¿Por qué en la información repartida para la consulta no mencionaron el riesgo que traería el PIM debido a que se encuentra en zona volcánica? ¿Por qué dice usted que los principales opositores a la termoeléctrica son las empresas extranjeras que le venden electricidad a CFE? ¿Acaso no sabe que si esto es así se debe a la política neoliberal para desmantelar la industria eléctrica nacional y a las leyes y reformas en materia energética que se impusieron antes y usted ha decidido no modificar? ¿Ignora que una parte considerable de la infraestructura del PIM se concesionará a empresas extranjeras como las españolas ABENGOA,  ELECNOR y ANAGAS? Dice usted que se perderá mucho dinero si no se pone en marcha el PIM y la termo ¿es esto responsabilidad de los pueblos? ¿Ellos decidieron construir esa termoeléctrica e imponer el PIM? ¿Por qué no consigna ante las autoridades a quienes en el pasado decidieron imponer el PIM? Si hay o hubo pérdidas ¿por qué no pagan ellos? ¿Por qué siempre deben pagar los pueblos? ¿Ahora incluso con su vida y territorio?

¿Por qué al anunciar la consulta en Morelos intentó convencer a los pobladores de apoyar la Termoeléctrica y el PIM a cambio de bajarles las tarifas de electricidad? ¿No es eso compra de votos,  compra de conciencias? ¿No es eso corrupción? ¿Por qué durante la consulta se desplegaron esos esos operativos de vigilancia, con helicópteros incluidos? ¿Acaso los pueblos y comunidades son delincuentes? ¿Por qué en el informe de hoy sobre los resultados no decir que ni el 5% de los electores en Morelos participó? ¿Por qué no decir que en los poblados y municipios directamente afectados, la gente  decidió de manera abrumadora por el NO a la Termo y al PIM?

¿Por qué las votaciones en tiempos del PRIAN y las consultas en tiempos de la 4T se parecen tanto? Antes ya sabíamos quien ganaría en una elección, ahora también, ¿por qué? ¿Por qué no dar los resultados ayer por la noche, al finalizar la jornada de consulta, y hacerlo hasta hoy? ¿Por qué se presentan votos en casillas que ni siquiera se instalaron? ¿Por qué calificar las protestas de los pobladores como “provocaciones” o “polarización”? ¿Acaso cuándo usted encabezó en el pasado manifestaciones y movilizaciones, bloqueos y cierres, plantones y mítines, estaba provocando? ¿Estaba “polarizando? ¿O bien la protesta es un legítimo derecho de los pueblos? ¿O bien quienes polarizan son quienes a toda costa buscan imponer proyectos que ya han sido rechazados hace años por los pueblos? ¿Qué piensa hoy al respecto? ¿Cambiará de opinión en unos años?

Desde Tejiendo Organización Revolucionaria TOR denunciamos, una vez más, que la consulta recién realizada carece no sólo de la legitimidad, al ser realizada de espaldas a los pueblos, sin información suficiente, sin involucrarlos en su planeación y ejecución; sino también es ilegal al no ceñirse a los estándares establecidos en los acuerdos internacionales firmados por México y que por lo tanto son ley, ni a lo planteado en la Constitución en relación con las consultas de este tipo.

Nos pronunciamos contra la imposición del Proyecto Integral Morelos, incluida la termoeléctrica de Huexca y denunciamos, como lo hemos venido haciendo desde hace años, que el capitalismo neoliberal y sus proyectos de desarrollo no son más que megaproyectos de muerte, que el PIM es un proyecto neoliberal de despojo y explotación sin importar si tiene el visto bueno de este  u otro presidente en turno.

Llamamos a mantener la solidaridad y el acompañamiento a los pueblos que desde hace años luchan contra el PIM y demás proyectos de muerte. Señalamos que hoy y siempre quienes deben decidir son los pueblos, a sus modos y tiempos, en los marcos de la organización desde abajo y para abajo, ¡eso es mandar obedeciendo!  

¡Viva la lucha de los pueblos!

¡Viva la lucha del Congreso Nacional Indígena!

¡Viva Samir!

 

Tejiendo Organización Revolucionaria (TOR)

25 de febrero de 2019

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México destaca entre 180 países por su historial trágico de periodistas asesinados: Reporteros Sin Fronteras

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PARÍS (IPS).– El ejercicio del periodismo está parcialmente bloqueado en más de 130 países, afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al publicar recientemente su clasificación sobre la libertad de prensa en 180 naciones, entre los cuales, del continente americano, México destaca en el número 143 por su historial trágico de periodistas asesinados, junto con Brasil en el ranking 111 y Colombia en el 134. 

Solo 12 países –Costa Rica y Jamaica en América Latina y el Caribe- destacan en una zona blanca en el mapa de RSF, por una buena situación de la libertad de prensa según esa oenegé, mientras que en 73 por ciento de los Estados hay graves impedimentos o serios obstáculos para la profesión periodística, como es en Brasil que ocupa el lugar 111 y Colombia 134, Argentina 69 y Perú 91, mientras que el país sudamericano con mejor situación es Uruguay, en el puesto 18 de la tabla.

El periodismo “es la mejor vacuna contra la desinformación. Por desgracia, su producción y distribución se ven bloqueadas con demasiada frecuencia por factores políticos, económicos y tecnológicos, y, en ocasiones, incluso culturales”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire.

La zona blanca la encabezan cuatro países nórdicos, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca, escoltados por Costa Rica y Países Bajos, mientras que los seis con peor desempeño son Eritrea, Corea del Norte, Turkmenistán, China, Yibuti y Vietnam.

En los “países totalitarios” se mantienen la censura, la vigilancia, la propaganda en internet y las situaciones de peligro para los periodistas, quienes además, “por causa o con el pretexto de la crisis sanitaria” provocada por la covid-19, enfrentan cierre de accesos a coberturas sobre el terreno y a las fuentes de información, indicó RSF.

“La pandemia representó una forma de oportunidad para algunos Estados que restringieron la libertad de prensa”, dijo Deloire, y la situación se exacerbó en países como Irán (en el puesto 174 de la lista) o Arabia Saudita (170).

La región de Medio Oriente y Norte de África siguió siendo la más represiva, dura y peligrosa para los periodistas en 2020, según el informe, en tanto que Malasia registró el peor deterioro, cayendo 18 lugares en el ranking hasta el puesto 119, con respecto a los informes de RSF del año precedente.

Europa y América (Norte, Centro y Sur) se mantienen como los continentes más favorables a la libertad de prensa, aunque América Latina registra el “mayor desgaste” (2,5 por ciento más) este año, según RSF.

La mayor caída en la región el último año es la de El Salvador (82 en la tabla), que descendió ocho puestos, porque en ese país “los periodistas tienen muchas dificultades para obtener información oficial sobre la gestión de la epidemia”.

Los países latinoamericanos peor clasificados son Cuba (171, sin cambios), Honduras (151, descendió tres lugares) y Venezuela (148, bajó un puesto).

En África, con un buen número de países rezagados, las mejores posiciones las ocupan Namibia (24), Cabo Verde (27) y Ghana (30), y en Asia y Oceanía los mejor valorados son Nueva Zelanda (8), Samoa (21), Corea del Sur (42) y Taiwán (43).

El reporte indicó que el nivel mundial de libertad de los medios de comunicación se había mantenido en general estable durante 2020, aunque con un deterioro cifrado en 12 por ciento desde que se lanzó la clasificación por primera vez en 2013.

Parte del problema es la pérdida de confianza en los periodistas, impulsada por la polarización política y la desinformación en línea, dijo RSF. Un sondeo de la firma estadounidense Edelman Trust encontró que 59 por ciento de encuestados en 28 países creían que los periodistas engañaban deliberadamente al público.

RSF recordó que su Índice Mundial de Libertad de Prensa se basa en cuestionarios enviados a expertos de todo el mundo, combinados con datos sobre abusos y actos de violencia contra periodistas, para formar una imagen que incluye el pluralismo, la independencia de los medios, la autocensura y otros factores.

A-E/HM

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Más de 400 personas ejecutadas por pena de muerte en 18 países, en medio de la pandemia covid-19

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LONDRES (IPS).- Los desafíos planteados por la pandemia covid-19 no disuadieron a 18 países de aplicar la pena capital, y en 2020 fueron ejecutadas al menos 483 personas, deploró en su más reciente informe la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).

Agnès Callamard, secretaria general de AI, observó que “la pena de muerte es un castigo abominable, y llevar a cabo ejecuciones en medio de una pandemia subraya aún más su inherente crueldad”.

Las 483 ejecuciones representaron una disminución de 26 por ciento respecto de las 657 de 2019, de 70 por ciento en relación al tope de 1634 en 2015, y se trata del número más bajo registrado por AI en los últimos 10 años.

Sin embargo, esas cifras pueden ser mucho mayores porque no consideran informes de países que clasifican los datos sobre pena de muerte como secreto de Estado, o sobre los que existe información limitada: China, Corea del Norte, Siria y Vietnam.

Amnistía Internacional cree que China ejecuta a miles de personas cada año, lo que convierte una vez más a ese país en “el verdugo más prolífico del año”, por delante de Irán (246), Egipto (107), Irak (45) y Arabia Saudita (27).

Esos cuatro países efectuaron 88 por ciento de todas las ejecuciones de las que tuvo conocimiento Amnistía Internacional el año pasado.

El anterior gobierno estadounidense, liderado pro Donald Trump, “ejecutó la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses de 2020”, y se reanudaron las ejecuciones federales después de un paréntesis de 17 años.

Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales, y al menos 23 de las personas ejecutadas fueron condenadas en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada, según Amnistía Internacional.

Irán “utilizó cada vez más la pena de muerte como arma de represión política contra disidentes, manifestantes y miembros de grupos étnicos minoritarios, lo cual contraviene del derecho internacional”, indicó el  reporte.

Países de Asia y Oceanía violaron normas internacionales que prohíben la pena de muerte para delitos que no implican el homicidio intencional, y se impuso por delitos de drogas en China, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, por corrupción en China y Vietnam, y por blasfemia en Pakistán.

En Bangladesh y Pakistán se impusieron esas condenas en tribunales establecidos mediante legislación especial y que normalmente utilizaban procedimientos diferentes a los de tribunales ordinarios, y en Maldivas fueron condenadas cinco personas que tenían menos de 18 años al momento de cometerse el delito.

En América, sólo Estados Unidos aplicó la pena de muerte en 2020.

“Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”, declaró Callamard.

Según la responsable “la pandemia provocó que muchas personas condenadas a muerte no pudieran acceder a asistencia letrada en persona, y muchas de las que querían brindar apoyo debieron exponerse a riesgos considerables para la salud”.

“El uso de la pena de muerte en estas condiciones es una agresión especialmente atroz contra los derechos humanos”, agregó.

El número de condenas a muerte dictadas en todo el mundo y de las que se tuvo noticia en 2020 fueron 1477, una disminución de 36 por ciento respecto de 2019.

El año pasado Chad y el estado estadounidense de Colorado abolieron la pena de muerte, Kazajistán se comprometió a abolirla, y Barbados concluyó las reformas para derogar la pena de muerte preceptiva.

Hasta abril de 2021, 108 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y 144 la han abolido en la ley o en la práctica.

A-E/HM

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Activistas del mundo se solidarizan con la periodista Helena Maleno ante su violenta deportación de Marruecos

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La comunidad internacional de derechos humanos y periodistas envían carta al presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castrejón, en apoyo a la activista Helena Maleno, quien denunció este lunes que Marruecos la ha “deportado y expulsado con violencia”, y ha acusado al Ministerio del Interior de España y a la Policía marroquí de hostigamiento y de haber puesto en peligro su vida y la de su hija.

“Desde abril de 2020 he sufrido un total de 37 ataques, amenazas de muerte, agresiones seguimientos, vigilancia policial, escuchas telefónicas y dos asaltos a la vivienda de la familia. El Ministerio del Interior, en concreto la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentales de la Policía Nacional), en colaboración con la Policía marroquí, son los responsables de este hostigamiento, que ha llegado a poner en peligro mi vida y la de mi hija”, ha aseverado Maleno en un vídeo publicado este lunes, por lo que activistas de diferentes países envían una carta al Gobierno español.

Dirigido al Señor D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón,

Presidente del Gobierno de España.

El 23 de enero de 2021, la defensora de derechos humanos Helena Maleno fue deportada y expulsada de Marruecos cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España. Marruecos ha sido el país de residencia de Helena y su familia durante los últimos 20 años. Tras ser objeto de una violenta y repentina deportación, Helena se vio obligada a permanecer varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado. A pesar de que tanto los tribunales de España como de Marruecos han reconocido que la labor de Helena no es delito, la criminalización orquestada durante años desde el Ministerio del Interior de España – y en concreto, de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional de España- ha logrado que Helena y su familia hayan tenido que abandonar forzosamente su hogar.

Helena Maleno es defensora de derechos humanos y fundadora del Colectivo Caminando Fronteras. Es experta en migración y trata de seres humanos, centrada en derechos de mujeres e infancia. Su labor de defensa ha permitido salvar la vida de más de 100 000 personas migrantes en nuestras fronteras, tal y como registra Caminando Fronteras. Cuenta con el reconocimiento de la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos, destacando el apoyo de la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores/as de derechos Humanos. Ha sido distinguida con más de veinte premios de derechos humanos nacionales e internacionales, y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universidad de Islas Baleares.

No obstante, después de años de criminalización, de haber ganado procesos judiciales tanto en España como en Marruecos, derivados de montajes policiales, que terminaron con el reconocimiento de su defensa de derechos de las personas migrantes, las violencias contra ella y su familia no han cesado.

Durante el proceso judicial en Marruecos vio su derecho y el de sus hijos a vivir en el país vulnerado: se les arrebató la residencia y las solicitudes de ser restituida han sido sistemáticamente rechazadas. Finalmente, la policía marroquí la expulsó violentamente del país como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos.

De tal forma, exigimos:

    • El reconocimiento público del trabajo de Helena Maleno como defensora de derechos humanos y el impacto positivo de su labor para la democracia y el Estado de derecho.
    • El cese de la criminalización, depurando responsabilidades en las instituciones pertinentes para la no repetición de acciones persecutorias contra su persona.
    • La protección de Helena Maleno y de su familia, permitiendo el ejercicio de su legítima labor de defensa de derechos humanos.
    • La reparación de los innumerables daños instigados contra la defensora y su familia.

Atentamente,

FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y OMCT (Organización Mundial Contra la Tortura) en el marco del Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, International Service for Human Rights, Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women’s Link Worldwide, Front Line Defenders, Oxfam Intermón, Coordinadora Estatal de ONGD, Red Migrantes con Derechos, CEAR, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Iniciativa Mesoamericana de Derechos Humanos, Servicio Jesuita al Migrante, Alianza por la Solidaridad, ALUNA – Acompañamiento psicosocial.

Más información: Caminandofronteras.org

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