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Justicia pendiente

Congreso de Guerrero sugiere a edil de Iguala se separe del cargo

El Congreso de Guerrero pide a edil que solicite permiso para que no entorpezca las investigaciones sobre asesinato de líderes de la Unión Popular

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Congreso de Guerrero emiten punto de acuerdo sobre asesinato de líderes. Foto: eldiariodeguadalajara.com

Congreso de Guerrero emiten punto de acuerdo sobre asesinato de líderes. Foto: eldiariodeguadalajara.com

* “Sería loable de edil que solicitara permiso para que no entorpezca investigaciones”: Salazar Marchan

Por Flor Miranda

CHILPANCINGO, Guerrero.- El Congreso del Estado de Guerrero sugirió al presidente municipal de Iguala de la Independencia, José Luis Abarca Ávila, solicitar un permiso provisional al cargo para no entorpecer las investigaciones del múltiple homicidio de tres activistas del Frente de Unidad Popular de Iguala.

El diputado local por el Partido del Trabajo (PT) e integrante de la comisión de Gobierno, Jorge Salazar Marchan, aseguró que en la actualidad resulta aventurado y precipitado señalar de manera directa al alcalde de Iguala, como autor intelectual del triple asesinato de los luchadores sociales.

Sin embargo, consideró que sería “loable” del edil que solicitara un permiso provisional para separarse del cargo, para facilitar el desempeño de las investigaciones y no entorpecer las mismas con su investidura de presidente municipal.

Familiares y dirigentes de diversas organizaciones sociales responsabilizaron -de manera directa- al alcalde José Luis Abarca Ávila del secuestro y homicidio de los líderes del Frente de Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, Rafael Balderas Román y Ángel Román Ramírez.

El pasado jueves 30 de Mayo, después de realizar una protesta en contra del alcalde de Iguala, un comando de hombres armados “levantó” a ocho manifestantes, de los cuales cuatro escaparon, tres fueron ejecutados y uno más sigue desaparecido.

El también presidente de la comisión de derechos humanos sostuvo que para iniciar un juicio político en contra de Abarca Ávila, se necesita forzosamente un demandante, el cual no existe por el momento, pero existen las condiciones para que los afectados reúnan los requisitos que se requieren para enjuiciar al edil.

Por su parte, el diputado presidente de la mesa directiva, Antonio Gaspar Beltrán, informó que la sesión permanente del congreso local emitió un punto de acuerdo para condenar estos hechos y exhortar al gobierno del estado y al gobierno federal intervengan para agilizar las investigaciones y esclarecer este múltiple asesinato.

Señaló que hasta momento no ha llegado al congreso ninguna solicitud de juicio político en contra del alcalde de Iguala, sin embargo, adelantó que para que proceda, deberá cumplir con una serie de requisitos.

También consideró necesaria la comparecencia del encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública, para que expongan sus estrategias de seguridad.

La dirigencia nacional del PRD se reunirá próximamente con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, donde exigirán que “no se descarte ninguna línea de investigación” en torno al asesinato de Arturo Hernández Cardona y que se castigue a los responsables “caiga quien caiga”; así sea el alcalde José Luis Abarca Velázuqez.

La diputada perredista Luisa Ayala Mondragón en tribuna propuso el punto de acuerdo, el cual consiste en cuatro exhortos:

1) El llamado al procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, para que atienda el caso, desde esta máxima institución de justicia;

2) El llamado al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Ángel Aguirre Rivero para que intervengan en agilizar las investigaciones y se esclarezca el triple homicidio y no queden impunes;

3) Que se garanticen medidas de protección y seguridad para los activistas que lograron escapar de sus verdugos, así como a sus familias y se cumpla con lo acordado en la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas;

4) Y por último, se implementen acciones para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas.

 

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Justicia pendiente

Ebrard asegura que México estuvo inconforme por ausencia de información en caso Cienfuegos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de México expresó a Estados Unidos su inconformidad por la escasa información sobre la investigación que desarrollaban contra el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.

El funcionario federal explicó que después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se llevarán a cabo el próximo martes, tomarán otras acciones pertinentes, por la falta de información que proporcionó esa nación a México.

De acuerdo con el canciller, han realizado asistencia consular a Cienfuegos, por lo que la cónsul general ha auxiliado al general para garantizar el debido proceso y no se cometan atropellos o abusos, aunado a que han expresado su inconformidad por la opacidad en las indagatorias competentes.

Agregó que han mantenido una buena relación con Estados Unidos, por lo que desean que se continúen con este tipo de acciones específicas para atender a la población, por lo que también buscan defender la figura del Ejército mexicano, que es una de las instituciones más importantes para México.

Salvador Cienfuegos fue titular de la Sedena durante la administración de Enrique Peña Nieto, periodo en el que se acusó diferentes violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos castrenses como sucedió con la masacre de Tlatlaya en el Estado de México en 2014 y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en ese mismo año.

Cienfuegos fue detenido el pasado 16 de octubre en Estados Unidos por la DEA, luego de ser señalado como “El Padrino” por estar coludido con los grupos delictivos de los Beltrán Leyva desde antes de estar al frente de la Sedena y que se incrementaron durante dicho periodo.

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Justicia pendiente

Interpol busca a exsecretarios de la Policía Federal por lavado de dinero

Ignacio García

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Por Ignacio García

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para detener a los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El organismo internacional busca a los exfuncionarios federales que laboraron en la gestión de Enrique Peña Nieto, y por lo cual la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido una orden de aprehensión.

De acuerdo con la indagatoria que realiza la FGR, se desviaron cerca de 2 mil 500 millones de pesos en la extinta Policía Federal por compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha interpuesto también la denuncia penal correspondiente.

Frida Martínez Zamora fue colaboradora del ahora senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Ángel Osorio Chong, mientras que Jesús Orta Martínez fue titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la actual gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.

Asimismo, la FGR emitió otras 17 órdenes de aprehensión contra ex servidores públicos de la Policía Federal que se desempeñaron en la administración de Enrique Peña Nieto, luego de que la Policía Federal dependió directamente de la Secretaría de Gobernación (Segob) tras la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

La FGR investiga diferentes irregularidades cometidas en la Policía Federal desde la administración de Felipe Calderón, luego de haber sido detenido Genaro García Luna, cuando fue titular de la SSP, enjuiciado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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