Connect with us

Latinoamérica

Condor Gold pone a la venta proyecto Mina La India en Nicaragua tras sanciones del Departamento de Estado de EEUU

Published

on

Condor Gold puso a la venta la Mina La India tras sanciones del Departamento de Estado de EU

La compañía minera británica Condor Gold puso a la venta su proyecto de oro a cielo abierto Mina La India en Nicaragua, un mes después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, impusiera sanciones a la Dirección General de Minas en Nicaragua, y al Ministerio de Energía y Minas.

Los directivos dijeron que lo mejor para la empresa era deshacerse de sus activos, y en el sitio web mining.com, especializado en temas de la industria minera, informaron que el directorio de Condor Gold revisó las opciones de la compañía, incluida la etapa de financiamiento y construcción como una compañía de un solo activo y una sola jurisdicción sin producción de oro existente.

No te pierdas: Minera canadiense Esperanza Silver acosa y divide a la comunidad de Tetlama para imponer proyecto

En este sentido, concluyó que lo mejor para la empresa y todas las partes interesadas era deshacerse de sus activos, por lo cual contrató a Hannam and Partners para ayudar con la venta.

Condor Gold completó en octubre un estudio de factibilidad definitivo para La India, que confirmó el plan de la minera de construir una mina en dos etapas, con dos pozos de alimentación adicionales permitidos de alta ley que se pueden agregar durante los primeros años de producción”, explican.

También señalan que el estudio Mina La India tiene la capacidad de producir un promedio de 81, 524 onzas de oro por año durante los primeros 6 años de los 8,4 años de vida útil de la mina, con un costo de capital inicial relativamente bajo de $106 millones, informó el presidente ejecutivo Mark Child.

Lee más: Mineras fueron protegidas en el gobierno de Fox

Asimismo, Child explicó que los dos pozos de alimentación adicionales pueden impulsar la producción inicial a más de 100.000 onzas de oro al año, con una expansión de etapa 2 a 150.000 onzas de oro al año.

Según la empresa le otorgaron concesiones en Nicaragua en el 2016. Desde entonces, consideran que ha despegado el sector minero debido a la llegada de empresas extranjeras con el dinero y la experiencia para aprovechar las reservas existentes.

El proyecto Mina La India cubre un paquete de terreno de 588 km2, que cuenta con 12 concesiones contiguas y adyacentes.

***

Fuente: 100noticias.com.ni

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Latinoamérica

Suspensión de derechos civiles en El Salvador a miembros de la comunidad LGBTI

Published

on

By

gays el salvador

 

SAN SALVADOR – Las redadas policiales contra pandilleros en El Salvador, en el contexto de la suspensión de derechos civiles, ha alcanzado a personas de la comunidad Lgbti en El Salvador, y todo apunta a que han sido detenidas por razones de odio a su identidad sexual.

Testimonios recogidos por IPS revelaron que en algunas de esas detenciones privó una actitud de odio hacia personas gais y sobre todo transexuales, por parte de efectivos autoridades policiales.

“Casos así, que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”, dijo un activista de Cultura Trans, una organización con base en San Salvador, del colectivo Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales).

redadas el salvador

Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas. Foto: Policía Nacional Civil

Un policía detiene a un joven en San Salvador y le revisa la espalda y otras partes del cuerpo para ver si posee tatuajes alusivos a pandillas, uno de los parámetros con que las autoridades persiguen a miembros de esos grupos criminales en El Salvador. Desde la instauración del régimen de excepción, se han detenido a 58 000 personas, en muchos casos en forma arbitraria, entre ellos miembros del colectivo LGBTI. Foto: Policía Nacional Civil

Odio a los homosexuales y trans

El activista, quien pidió mantener su nombre en reserva, dijo que un miembro de esa organización, un hombre gay conocido como Carlos, se encuentra detenido desde el 13 de julio, por denunciar la captura, realizada dos meses atrás, de su hermana Alessandra, una mujer trans.

Las autoridades los han acusado de agrupaciones ilícitas, la figura legal de la que se vale el Estado para detener a quienes considera pandilleros o colaboradores de pandillas, en el contexto del régimen de excepción.

“Fue un caso montado el de Carlos, fue inventado, nuestro compañero es un activista en derechos humanos en la comunidad trans, tenemos documentos que demuestran que él participa en nuestros talleres, en nuestras actividades”, dijo la fuente.

La suspensión de algunos derechos civiles, conocido como régimen de excepción, está vigente en El Salvador desde el 27 de marzo, fecha en que el gobierno de Nayib Bukele inició una cruzada contra las pandillas delictivas, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, dominada por el partido gobernante, Nuevas Ideas.

Esos grupos criminales han sido responsables de la mayoría de crímenes cometidos en este país centroamericano, desde hace décadas.

“Casos así (de detenciones arbitrarias), que revelan ese odio hacia personas gais o trans están pasando, pero las organizaciones no dicen mucho, por el temor que se siente ahora en el régimen de excepción”: Cultura Trans.

La Constitución indica que la vigencia del régimen de excepción es de 30 días, prorrogable por un periodo igual. Pero una laguna legal, al no establecer un periodo exacto de determinación, ha permitido al gobierno y la Asamblea prorrogar la medida cada mes, bajo el argumento de que así se hizo durante los años 80, en plena guerra civil (1980-1992), cuando imperó ese régimen de excepción.

Esa interpretación solo podría ser modificada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero Bukele impuso, con el respaldo de la Asamblea Legislativa, en esa sala a cinco magistrados de su confianza, en mayo de 2021, en lo que supuso según sus críticos el comienzo de una deriva autoritaria del gobernante, dos años después de llegar al poder.

Desde  ese 27 de marzo, las autoridades policiales y militares han capturado y encarcelado a unas 58 000 personas.

En la mayoría de los casos no hay órdenes de capturas emitidas por un juez, y las detenciones tienen como base, en general, expedientes de pandilleros en poder de los organismos policiales a autoridades.

Además, progresivamente se han sumado denuncias anónimas realizadas por la población a un centro de llamadas habilitado por el gobierno.

“El régimen de excepción te expone a un fiscal ineficiente, incapaz de investigar y de vincular delitos con personas”, señaló a IPS William Hernández, director de Entre Amigos, una organización Lgbti fundada en 1994.

Agregó: “Si a algún policía se le ocurre hacerte una ficha, salen a buscar a la gente, pero nadie ha dicho quién hace la ficha, de dónde sale la información, nadie sabe quién investigó”.

Entre esos 58 000 detenidos se encuentran unas 40 personas de la comunidad Lgbti, según reveló un informe hecho público en octubre por Cristosal y otras organizaciones de derechos humanos que monitorean los abusos cometidos por el Estado salvadoreño en ese régimen de excepción.

Esas organizaciones han recogido unas 4000 denuncias de detenciones arbitrarias y otros abusos, incluso torturas, cometidas contra los detenidos. Alrededor de 80 personas han fallecido en manos del Estado, mientras permanecían en prisión.

el salvador 2

Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Carlos, un hombre gay que denunció la detención de su hermana Alessandra, una mujer trans capturada en mayo por policías salvadoreñas, acusada de pertenecer a grupos de pandillas. En julio él también fue detenido y hasta ahora poco se sabe de ellos, al amparo del régimen del régimen de excepción en El Salvador, que ha llevado a la cárcel a 58 000 personas. Foto: Cortesía de Cultura Trans

Homotransfobia policial

En el caso de Carlos, de 32 años, y de su hermana Alessandra, de 18, lo que sabe es que ella fue detenida en mayo, en uno de los operativos policiales, en un barrio pobre en el norte de San Salvador.

La capturaron por no tener su documento de identidad personal. Ella había cumplido recientemente sus 18 años, la mayoría de edad y a partir de lo cual debería de haber obtenido ese documento para cualquier tipo de trámites.

Los policías que la detuvieron dijeron a la madre que se la llevaban solo por 72 horas, mientras se dilucidaba su situación.

Sin embargo, algo que pudo investigarse y resolverse fácilmente, se convirtió en una agonía para ella y para su familia, sobre todo para la madre, que enfrentaba varios achaques de salud, dijo el activista de Cultura Trans.

“Estaba en las bartolinas (calabozos) de la Zacamil (una delegación policial de ese barrio pobre), le fuimos a dejar alimentos, luego la enviaron al penal de Mariona, nos dimos cuenta de que había sido golpeada y abusada sexualmente, porque estaba en un recinto de hombres”, contó la fuente.

Agregó: “Cuando se llevaron a Alessandra, la mamá nos contó que los policías le decían, culero, te vamos a llevar a que te violen, a que te cojan, lo cual pasó de verdad. Te vamos a llevar para que aprendás a no andarte vistiendo de mujer”.

Culero es un término peyorativo usado en El Salvador contra los gais.

Mientras tanto, Carlos, el hermano, denunciaba en actividades de la comunidad Lgbti la detención de Alessandra.

En mayo, en una marcha contra la homolesbotransfobia, es decir, contra el odio los gais, lesbianas y personas trans, portó varios carteles hechos a mano pidiendo la libertad de su hermana.

Las autoridades llegaron a la casa de Carlos, y lo amenazaron con que pronto lo detendrían a él también, lo cual sucedió, en efecto, el 13 de julio.

Según la fuente, los agentes y fiscales montaron un caso y lo acusaron de agrupaciones ilícitas y piden una pena de 20 años de cárcel.

“No es por agrupaciones ilícitas, lo sabemos bien, es por ser un activista de derechos humanos en la comunidad Lgbti y por pedir la liberación de su hermana”, subrayó el activista de Cultura Trans.

“Lo queremos de nuevo con nosotros, al igual que a su hermana”, denunció.

William Hernández, director de la asociación Entre Amigos, señaló que la policía y la fiscalía realizan redadas contra presuntos pandilleros sin realizar las debidas investigaciones, que lleven a fundamentar las capturas o a liberarlos, si las personas son inocentes. Foto: Edgardo Ayala / IPS

Subregistro oculta más casos

Las 40 personas detenidas de la comunidad Lgbti registradas, según los reportes de las organizaciones, representan una cifra pequeña del total de capturados, pero pudiera haber un subregistro de casos no documentados, sobre todo sucedidos en zonas rurales.

“En el país, aunque pequeño, pueden haber casos en lugares recónditos que ni saben ni nunca han acudido a una oenegé. Son casos que quedan invisibles,”, señaló a IPS Catalina Ayala, una mujer trans activista de Diké, organización Lgbti cuyo nombre denomina a la justicia en la mitología griega.

Ayala dijo que, pese a que ella personalmente no ha sentido ningún tipo de transfobia por parte de las autoridades, al caminar por las calles de San Salvador, ni que su organización tenga reportes concretos de casos como el de Alessandra, tampoco descartó que pudieran estar sucediendo.

“Creo que es positivo que las autoridades detengan a pandilleros, pero no a personas que nada tienen nada que ver con el crimen, o solo porque son Lgbti”, acotó.

La abogada de esa organización, Jenifer Fernández, dijo que hasta la fecha, como institución, han dado asistencia legal a 12 personas de la comunidad Lgbti detenidas, la mayoría de los casos vinculados a que no portaban sus documentos de identidad.

En uno de esos casos, sí hubo expresiones de parte de las autoridades policiales que pudieran entenderse como odio transfóbico, aunque también se puede entender que había una sospecha básica, pues era una mujer trans sin documentos de identidad personal.

“Era una chica de 25 años que nunca había tenido DUI, el documento de identidad, porque sufría de disforia y temía ir a registrarse, temía que le pidieran que se cortara el cabello, que se desmaquillara”, apuntó Fernández.

Disforia es la angustia clínica experimentada por algunas personas cuyas identidades de género no corresponden a las del sexo con el que nacieron y repercute en su discapacidad para desenvolverse socialmente.

“El acta de detención decía que era un pandillero disfrazado de mujer, que no sabían quién era, que ella decía un nombre, pero cómo se comprobaba eso sin el DUI”, explicó la abogada.

Añadió que, en general, con o sin régimen de excepción, las mujeres trans son las que más sufren de acosos, burlas y otras agresiones.

De los 12 casos, 11 personas ya están fuera de la cárcel, solo una permanece dentro porque, según la policía, sí hay evidencia de que pudo haber estado relacionado con pandillas, aunque se desconocen los detalles de esas evidencias.

Llamado a parar los abusos

El 11 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” cometidas por las autoridades salvadoreñas, en el contexto del régimen de excepción.

Además, abogó por el incumplimiento de las garantías judiciales, por lo que llamó al Estado “a implementar acciones de seguridad ciudadana que garanticen los derechos y libertades que están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consonancia con los estándares interamericanos”.

Entre los derechos constitucionales suspendidos desde el inicio del estado de excepción el 27 de marzo, se encuentran el de asociación y reunión, aunque el gobierno lo enmarcó solo a grupos delictivos que estuvieran reunidos para organizar crímenes.

También se restringe el derecho a la defensa y se extiende el periodo en que una persona puede ser detenida y presentada a los tribunales, que la legislación sitúa en un máximo de tres días.

El 16 de noviembre, la Asamblea Legislativa, controlada por el gobernante Nuevas Ideas, aprobó una nueva prórroga del estado de excepción, algo que viene haciendo al final de cada mes.

Diputados de Nuevas Ideas han asegurado que la restricción de derechos civiles se va a prorrogar hasta que sea necesario, detallando que será «hasta que se detenga al último pandillero». Se calcula que en este país de 6,7 millones de personas los grupos criminales tienen entre 60 000 y 70 000 miembros.

El partido de Bukele cuenta con 56 diputados, en una Asamblea de 84 legisladores, lo que se eleva a 60 con tres fuerzas aliadas, lo que le asegura una amplia mayoría absoluta.

Continue Reading

La red en lucha

Fritz Dorilas, octavo periodista asesinado en Haití, reporta Sociedad Interamericana de Prensa

Published

on

By

Fritz Dorilas periodista asesinado Haití

 

MIAMI. – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Fritz Dorilas, el octavo abatido este año en Haití. La organización subrayó la inseguridad en la que trabajan los comunicadores dentro del clima de violencia generalizada que golpea al país caribeño.

Fritz Dorilas, coanfitrión del programa sabatino «El derecho, la ley y la justicia» (Le droit, la loi et la justice), de Radio Megastar, fue asesinado el 5 de noviembre en la comuna de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Dorilas fue baleado cerca de su domicilio por individuos armados durante enfrentamientos entre pandillas, según medios locales. Otra información señaló que el periodista fue sacado a la fuerza de su vivienda en Carradeux y luego ejecutado mientras ocurría el tiroteo. La policía aún no confirmó los hechos.

El nuevo presidente de la SIP, Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del The New York Times Company, de Nueva York, Estados Unidos, condenó el crimen contra el periodista y reiteró el compromiso y la solidaridad de la organización con los colegas haitianos.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió: «Seguimos lamentando crímenes contra periodistas este año sangriento en nuestra región». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, instó a las autoridades a investigar los móviles del crimen y administrar justicia. Agregó que «la falta de justicia incentiva aún más a los violentos».

El asesinato de Dorilas se suma a los crímenes de otros siete periodistas haitianos este año. Ellos son: Romelo Vilsaint, Radio Télé Zenith, asesinado el 30 de octubre; Tess Garry, Radio Lebon FM, 24 de octubre; Frantzsen Charles, FS News, y Tayson Lartigue, Tijèn Jounalis, 11 de septiembre; Maxihen Lazarre, Rois des infos, 23 de febrero; Wilguens Louissaint, colaborador en distintos medios digitales, y Amady John Wesley, radioemisora Écoute FM, 6 de enero de 2022.

En 2022 han sido asesinados 39 periodistas y personal de medios en 10 países de las Américas: 19 en México, 7 en Haití, 3 en Honduras, otros tantos en Colombia; 2 en Ecuador, y uno en Guatemala, Chile, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, respectivamente.

***

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

Continue Reading

Brasil

Democracia y la cooperación climática, triunfo de Lula da Silva en Brasil

Published

on

By

El triunfo de Lula da Silva en Brasil representa la esperanza de recobrar derechos para los ciudadanos.

Análisis

Por Mario Osava

RÍO DE JANEIRO – El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, contra un poder estatal agresivo y las mentiras del derrotado Jair Bolsonaro, brinda una nueva oportunidad a la democracia y la preservación de la Amazonia en el país.

Solo Lula, con su liderazgo, “tendría condiciones de vencer la industria de la mentira” y “de enfrentar el uso y el abuso del aparato público jamás vistos en ese país”, reconoció el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, en la celebración del triunfo en São Paulo, la noche del domingo 30.

La difusión sistemática y masiva de insinuaciones de que Lula cerraría las iglesias, si era elegido como presidente, y liberaría las drogas y el aborto puso el candidato en la defensiva y lo forzó a continuos desmentidos los últimos días.

Pero tras la más reñida disputa electoral desde el fin de la dictadura militar en 1985, el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) obtuvo 50,9 % de los 118,55 millones de votos válidos en la segunda vuelta electoral. Alcanzó 60,34 millones de votos, contra 58,20 millones de Bolsonaro.

Lula triunfó gracias a la región Nordeste, donde acaparó 69,34 % de los votos válidos, contra 30,66 % del presidente.

Esa gran ventaja en los nueve estados nordestinos que suman 27 % del electorado brasileño le permitió compensar con creces la derrota en las otras cuatro regiones. Venció en el segundo estado más poblado, Minas Gerais, con 50,2 % de los votos válidos, pero perdió en el más poblado, São Paulo, donde se limitó a 44,76 %.

No te pierdas: ‘Un deber moral de periodistas del mundo apoyar la libertad de expresión en México’: cineasta brasileña Vitoria Misae

“No enfrentamos a un candidato, sino a la máquina del Estado brasileño puesta a servicio del oponente para evitar que ganáramos las elecciones”, dijo Lula en su discurso de la victoria, luego de su confirmación por el Tribunal Superior Electoral, tres horas después de concluida la votación a las 17 horas locales (20 GMT).

El ultraderechista Bolsonaro concedió varios beneficios a la población, prohibidos por la legislación  durante el año electoral, para impedir un desbalance en la disputa, especialmente cuando un presidente se postula a la reelección.

Masiva compra de votos en las elecciones presidenciales de Brasil

Bolsonaro aumentó en 50 % el Auxilio Brasil para 21 millones de familias pobres, alzado a 600 reales (115 dólares) al mes. Aprobó una ayuda de emergencia a 900 mil camioneros y a más de 300 mil taxistas, por la suma mensual de mil reales (190 dólares). Además dobló los subsidios al gas de cocina y forzó a los estados brasileños a reducir sus impuestos para abaratar la gasolina y el diésel.

Todas esas medidas vigentes desde agosto y hasta diciembre, lo que desnuda el carácter electoral de los beneficios.

Para eludir la ley electoral y también la de responsabilidad fiscal, que impide gastos sin previsión presupuestaria, el presidente y sus aliados aprobaron en el legislativo Congreso Nacional una enmienda constitucional que reconoce el estado de emergencia en el actual semestre. El pretexto fueron las dificultades provocadas por la guerra en Ucrania.

Te puede interesar: Población de Brasil se moviliza contra el hambre para salvar a 33,1 millones de personas

Bolsonaro obtuvo la mayoría legislativa para estas iniciativas calificadas como ilegales por la oposición gracias en buena parte al llamado “presupuesto secreto”, que les asegura a los legisladores el derecho de asignar cerca de 15 % del presupuesto nacional para inversiones a proyectos de su elección, sin tener que presentar cuentas.

Este año equivale a cerca de 3 mil 600 millones de dólares, una especie de soborno legalizado, según los críticos, para asegurar la lealtad de los legisladores.

A todo eso se sumaron los empresarios y los pastores evangélicos a presionar sus empleados y fieles a votar por Bolsonaro. La Justicia del Trabajo recibió más de 2 mil denuncias de acoso electoral practicado por patrones en octubre.

Por último, el gobierno movilizó su Policía Rodoviaria Federal, que controla las carreteras. Mas de 600 operaciones inspeccionaron principalmente los autobuses que transportaban electores en el Nordeste. El objetivo evidente era dificultar el acceso a locales de votación a la gran mayoría de electores pro Lula.

Aparentemente la estrategia fracasó o restó pocos votos. La abstención en esa segunda vuelta fue de 20,56 %, ligeramente inferior a la primera vuelta, de 20,95 %. En Brasil el voto es obligatorio.

Bolsonaro elecciones

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, mientras votaba en una escuela de la Villa Militar, en Río de Janeiro, cuna de su carrera política. Tomaz Silva/Agência Brasil-Fotos Públicas

Frente democrático para el triunfo

Contra la guerra sucia, Lula articuló un frente amplio contra las continuas amenazas de Bolsonaro a la democracia, como intentos de desacreditar el sistema electoral basado en urnas electrónicas y de rebelarse contra el Supremo Tribunal Federal, que opera también como corte constitucional, y el Tribunal Superior Electoral.

“Esa es la victoria de un inmenso movimiento democrático que se formó, por encima de los partidos políticos, de los intereses personales y de las ideologías, para el triunfo de la democracia”, reconoció Lula en su discurso.

Participación activa en las decisiones del gobierno, en un país de “paz y unidad”, y no “dividido en permanente estado de guerra”, es la democracia a construir, acotó, mientras también prometió gobernar para los 215 millones de brasileños y no solo para sus votantes.

Anunció como primera prioridad eliminar el hambre. Brasil salió del mapa del hambre de Naciones Unidas en 2014, como resultado del esfuerzo del gobierno de Lula (2003-2010) y de su sucesora también del PT, Dilma Rousseff (2011-2016). Pero volvió al mapa en 2018 y un estudio apuntó la existencia de 33 millones de hambrientos en el país a comienzo de 2021.

Además de reducir la pobreza, reconstituir los mecanismos de participación abolidos por Bolsonaro, como las conferencias y consejos de la sociedad civil para proponer políticas públicas, Lula prometió rescatar la credibilidad internacional de Brasil y recuperar su protagonismo en la lucha contra la crisis climática.

Volver a reducir la deforestación, especialmente en la Amazonia, es un paso indispensable, después que Bolsonaro desmanteló el sistema de protección ambiental del país y agravó la destrucción forestal, al estimular actividades ilegales como la minería informal, incluso en tierras indígenas amazónicas.

Para asegurar los derechos de los indígenas, atropellados por el actual presidente, Lula prometió crear el Ministerio de los Pueblos Originarios.

elecciones Brasil 2022

El juez Alexandre de Moraes, presidente del Tribunal Superior Electoral, inspecciona el sistema de urnas electrónicas que se usa en Brasil desde 1996, sin casos de fraude o falla técnica grave. Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE-FotosPúblicas

Lula, el Ave Fénix

Por esas vías Brasil puede superar su condición de “paria internacional” debido a la política antiambiental y la corrosión democrática impulsadas por Bolsonaro, afirmó el mandatario electo, que excepcionalmente decidió leer un discurso preparado, para reafirmar sus primeras palabras tras el estrecho triunfo.

Recuperar la economía, generar millones de empleos y reindustrializar el país, además de las metas políticas de Lula componen una misión que muchos ven imposible, ante los desequilibrios fiscales que deja Bolsonaro y el cuadro adverso en la gobernabilidad.

No te pierdas: Campamento Tierra Libre, resistencia indígena en Brasil contra la minería

La coalición de centroizquierda que pude componer Lula difícilmente tendrá mayoría en un Congreso donde la extrema derecha bolsonarista se fortaleció y los estados más poblados y ricos del país tendrán gobernadores conservadores en los próximos cuatro años, advierten los analistas políticos.

Pero es considerable en Brasil el poder de movilización que puede tener un presidente progresista, con una nueva agenda inclusiva que despierta fuerzas vivas, antes atrofiadas, en contraste con la agenda negativa de Bolsonaro.

Difícilmente se mantendrá, fuera del poder, la coalición central del bolsonarismo, que suma los evangélicos, con su proyecto de poder político, el sector del agronegocio, los militares y el empresariado. Tienen intereses divergentes sin la atracción de un poder central.

La extrema derecha no tiene un partido como el Republicano de Estados Unidos en que sobrevive con fuerza el trumpismo. Sin un ideario coherente, es errática en sus orientaciones, a veces de una violencia irracional, y adopta políticas netamente antipopulares, como la de armar la población.

En cambio, Lula es un ave fénix, renacido y de nuevo en ascenso. Sobrevivió a dos grandes escándalos de corrupción, a 580 días de cárcel y al rechazo popular. La Justicia anuló sus condenas y pudo volver como el único líder capaz de salvar la democracia y un sentido de unidad nacional.

La editora recomienda: En Brasil, mujeres periodistas reciben más del doble de ofensas en Twitter que sus colegas hombres

Su mensaje es sencillo, se trata de reconstruir instituciones y políticas averiadas, además de cierta cohesión nacional. Su primer paso, componer un frente democrático, facilita los próximos.

Pero en los dos meses se transición hasta la toma de posesión de Lula, las actuaciones de Bolsonaro y su entorno, incluido el militar, mostrarán cuan empedrado es ese objetivo en un Brasil que electoralmente se mostró polarizado en dos mitades.

***

Fuente: ipsnoticias.net

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: