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Justicia pendiente

Comunitarios piden denunciar irregularidades en Costa Chica Guerrero

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de San LUis Acatlán Guerrero piden denunciar irregularidades de comunitarios aliados con el gobierno

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El la toma de protesta de los nuevos coordinadores de la Casa de Justicia Espino Blanco de la CRAC-PC. Foto: El comunitario CRAC-PC

El la toma de protesta de los nuevos coordinadores de la Casa de Justicia Espino Blanco de la CRAC-PC. Foto: El comunitario CRAC-PC

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán emitió un comunicado en el cual aseguran que están recuperando sus funciones con el resguardo permanente de las comunidades adscritas, luego del desconocimiento de ex coordinador Eliseo Villar Castillo, y su equipo de trabajo, en una asamblea en la sede de Espino Blanco el pasado 29 de marzo.

Asimismo, desconocieron tanto a David Bracamontes Chona como al vocero de la CRAC, e invitaron a autoridades y ciudadanos adscritos a una Casa de Justicia del sistema comunitario (Cochoapa) -no validada en asamblea-, a denunciar irregularidades ocurridas en la impartición o procuración de justicia en dicha región.

Se advierte que es acuerdo de asamblea revisar el proceso de incorporación de cada una de las comunidades de los municipios de Juchitán, Igualapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Cuajinicuilapa adscritas a la Casa de Justicia de Cochoapa porque han observado “graves irregularidades en el nombramiento de policías comunitarios, en el cumplimiento del Reglamento Interno y en el respeto a los principios del sistema comunitario”.

El documento propone a autoridades y vecinos de dichos municipios acudir a la casa de justicia de San Luis Acatlán a denunciar agravios y arbitrariedades que les hayan sido cometidas y solicitar la revisión y reposición del proceso de incorporación de su comunidad al sistema comunitario.

En el comunicado, enviado desde San Luis Acatlán, firmado como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, la posición respecto a las declaraciones de el ex líder de la UPOEG en la Costa Chica David Bracamontes Chona, quien funge como coordinador de la casa de justicia de Cochoapa, la cual no fue validada en asamblea regional sino en reunión de sólo algunas comunidades, es de desconocimiento ya que “no es autoridad formal ni moral dento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) para decir que la asamblea del 29 de marzo es inválida”.

Posteriormente aseguran que están pendientes la continuación de las investigaciones del fraude cometido contra la CRAC, así como del aparente atentado contra Villar Castillo, las detenciones de

Valentín Hernández, Ignacio Navarro y Armando Zavala que también manejan como desaparición, así como el acontecimiento en el cual hubo disparos por parte de la guardia permanente y grupos de comunitarios afines a Villar Castillo.

El texto descalifica a Bracamontes Chona y asegura que olvida mencionar que fueron los ex coordinadores de San Luis Acatlán Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo los de Cochoapa y El Paraíso quienes rompieron los acuerdos de la asamblea del 22 de marzo al convocar a una asamblea alterna a la de Espino Blanco.

El comunicado, apunta a decir que con las acciones de la contra asamblea del 29 efectuada en Cochoapa se intenta encubrir el fraude cometido por Eliseo Villar en contra de nuestra institución comunitaria.

También lo califica de represor al haber declarado que Valentín Hernández, Pablo Guzmán e Ignacio Navarro están presionando para las decisiones que se han tomado por parte de comunidades de Espino Blanco y San Luis Acatlán en asambleas regionales y recuerda que con las declaraciones de Villar Castillo y Hernández Nava en agosto pasado se propició “la represión en la Casa de Justicia de El Paraíso y la detención de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, y otros varios compañeros”.

Aclaran por otra parte que no ha sido acuerdo de la CRAC establecer alianzas con el CECOP, UPOEG, CETEG, UNISUR, y aunque reconocen que tiene relaciones con algunas de dichas organizaciones no hay determinación de un frente común.

El documento declara nula e ilegítima la reunión convocada en Juchitán para el 6 de abril ya que esta siendo convocada por personas que ya fueron desconocidas como coordinadores regionales.

La CRAC al mando de San Luis Acatlán, señala que están recuperando o reiniciando relaciones con actores sociales y políticos en la región, a nivel estatal y nacional, sin dar nombres, ya que según el texto se vieron afectadas durante el periódo de Eliseo Villar Castillo.

Ratifican su actuar apegado a su reglamento interno, con respeto al Convenio 169 de la OIT, al 39 de nuestra Carta Magna, a los principios y misión histórica de la CRAC PC, el respeto a los derechos humanos, a la impartición de justicia y seguridad de acuerdo con las practicas de los pueblos y a la reeducación de los detenidos con una visión humana.

 

 

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Justicia pendiente

Juez vincula a proceso a exfuncionario de Mancera

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Un juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso al exjefe del Gabinete del gobierno capitalino durante la administración de Miguel Ángel Mancera, Julio César Serna, por el delito de enriquecimiento ilícito durante la gestión pasada.

El juez estableció que existen suficientes elementos para vincular a proceso al exfuncionario capitalino, quien permanecerá internado en el reclusorio norte de la Ciudad de México durante los próximos seis meses en tanto se desarrolla la investigación complementaria.

De acuerdo con el juzgador, existieron elementos suficientes para fincar responsabilidades contra el ex funcionario de Mancera, por lo que determinó que habrá prisión preventiva oficiosa hasta que se determine su situación jurídica por el enriquecimiento ilícito cometido en la administración pasada.

Julio César Serna fue detenido el sábado pasado en un operativo realizado por la policía investigadora de la Ciudad de México en la colonia Jardines de Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón en cumplimiento a una orden de aprehensión.

Julio César Serna fue uno de los colaboradores más cercanos al exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y es señalado de formar parte del llamado “Cártel Inmobiliario” que generaron una red de desvío de recursos económicos de forma sistemática durante la administración pasada, luego de que sus declaraciones patrimoniales no correspondían a sus ingresos económicos como servidor público.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que se deben realizar las indagatorias hasta las últimas consecuencias, pues no permitirán ningún tipo de corrupción en detrimento del gobierno capitalino, mientras que el ahora senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, pidió que no se politice el caso.

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Justicia pendiente

Los militares no tienen por qué atender temas migratorios: activista Luis Villagrán, en Tapachula

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En entrevista para Los Ángeles Press, el activista Luis Villagrán, quien inauguró la primera transmisión en vivo «Desde la frontera sur», bajo la conducción de la periodista chiapaneca Cinthya Alvarado Enríquez, cuestionó la presencia de militares en las caravanas migratorias que salen de Tapachula, Chiapas, con la esperanza de obtener su residencia en México o en Estados Unidos.

“Aquí no estamos en guerra, la migración es un fenómeno social que está padeciendo la gente, y debe tratarse con sensibilidad, que es lo que ha faltado a la actual administración de gobierno”, señaló el activista. Aclaró que no quería satanizar a nadie ni hacer diatriba de nadie, pero que cada autoridad debe operar en su punto adecuado, con conocimiento y sensibilidad, para atender el problema migratorio, ya que se ha registrado la muerte de 29 migrantes, y de algunos no se sabe dónde están sus cuerpos.

Villagrán explicó a la audiencia que el problema del Estado mexicano es que está supeditado a los Estados Unidos, donde se fuerza a los gobiernos mexicanos a seguir sus propias políticas. Enfatizó que el gobierno de López Obrador está en el punto de poder cambiar la historia en esta materia, sin embargo, no se ha interesado en dar soluciones concretas al problema, y solo se ha quedado en señalamientos que no llevan a nada.

“Todavía hay manera de resarcir este daño para poder ayudar no solamente a los migrantes, sino también a los ciudadanos y al mismo gobierno”, dijo Villagrán.

Por su parte, la periodista Cinthya Alvarado, quien ha dado seguimiento puntual a las caravanas de migrantes, informó que están integradas por africanos, haitianos y centroamericanos, y que a lo único que aspiran es a vivir en un país en paz, ya que vienen huyendo de la miseria y la violencia en sus países de origen.

Alvarado ha dado cobertura informativa desde la frontera sur, en varias ciudades del estado de Chiapas, y ha dado cuenta la falta de una política pública migratoria con un enfoque más humanitario.

Cada jueves, a las 20 horas, con tiempo de la Ciudad de México, transmitirá en vivo con entrevistas, análisis y testimonios sobre temas de migración y derechos humanos.

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Custodios de Cefereso de Oaxaca torturan a preso, denuncia familiar de víctima

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Por Ignacio García 

Personal custodio del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 13 de Mahuatlán, Oaxaca, torturaron al preso Nicolás Amaro Roy Martínez este miércoles, denunció la madre de la víctima, María Guadalupe Martínez Jaramillo, quien interpuso una queja ante el Ministerio Público federal.

De acuerdo con la denuncia, la madre de la víctima acudió el 1 de diciembre al cefereso de Oaxaca al área de visitas para ver a su hijo, quien se encuentra internado desde hace dos meses, tras haber sido canalizado del penal de Puente Grande, Jalisco. Fue cuando observó que se encontraba golpeado con el rostro desfigurado.

La madre del interno relató que tenía amoratado un ojo y casi no podía caminar, aunado a que tenía varios golpes en las costillas y se le difiltaba respirar.  Su hijo le comentó que había sido golpeado por los celadores del penal el 29 de noviembre, tras una supuesta denuncia de una de las celadoras; además, por ello también le rociaron gas y le impidieron defenderse al haber sido esposado.

Ante dicha situación, la madre del interno refirió que acudió a las autoridades penitenciarias para denunciar este abuso cometido por parte del personal del Cefereso pero no obtuvo respuesta.

La madre del preso señaló que la Defensoría Pública únicamente le comunicó que tenía que enviar un documento al juez de Ejecución Penal, pero constantemente niegan que se cometen violaciones a los derechos humanos en el interior del penal federal.

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se han presentado constantes casos de agresiones y violaciones de derechos humanos en los penales federales del país, siendo el número 13 de Oaxaca uno en los que se han cometido más vulneraciones a los internos por parte de los custodios.

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