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Mexico Violento

Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

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Por Guadalupe Lizárraga

La corresponsal de Los Ángeles Press, en Chiapas, Cinthya Alvarado Enríquez, quien estuvo detenida de manera arbitraria durante 48 horas a partir del 6 de enero, con acusaciones infundadas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Tapachula Chiapas, fue liberada el sábado en torno a las 20 horas después de una serie de gestiones con organizaciones de derechos humanos de periodistas y funcionarios públicos en México.

El Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la organización no gubernamental Artículo 19, fueron dos de las principales redes que se movilizaron en las primeras horas de su desaparición. Artículo 19 avisó al Mecanismo de Protección de Periodistas y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, la organización hizo búsquedas en el registro de personas detenidas, sin que el nombre de Alvarado fuese registrado.

Después de 30 horas de estar incomunicada y reportar su presunta desaparición forzada, el asesor del secretario de Gobierno del estado de Chiapas, José Ulloa, reportó a Alerta Temprana que la periodista había sido arrestada “por herir y lastimar a un funcionario del Instituto Nacional de Migración”, información falsa que se difundió en el diario Milenio y que el funcionario dio a conocer en una llamada telefónica.

Por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas señaló el viernes por la tarde que “muy pronto la iban a liberar, pero no se sabía los cargos”. Incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Cabanillas, recibió la información de la directora de Los Ángeles Press por la presunta desaparición forzada, y más tarde el funcionario reiteró la detención de Alvarado Enríquez, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, sin mayor especificación de los hechos ni motivo de la detención.

Pese a que había comunicación entre funcionarios federales, estatales y agentes del Ministerio Público, ninguna de las instancias de gobierno notificó de manera oficial sobre la detención ni de los presuntos cargos contra la periodista, tampoco las condiciones en las que se encontraba.

Artículo 19, después de lanzar la alerta por la red de Twitter a las diversas instituciones, estuvo monitoreando que no aparecía en el registro de detenciones de la fiscalía.

Los delitos que le querían fabricar

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos. Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

Sin embargo, en Milenio, se exhibía a nivel nacional y de manera difamatoria que había herido a un funcionario de Migración.

Momento grabado por la periodista Cinthya Alvarado, cuando militares de la Guardia Nacional persiguen a mujeres migrantes para su detención.

Campaña mediática de desprestigio y desinformación

Mientras Cinthya Alvarado se encontraba detenida sin cargos e incomunicada, corría una campaña de desprestigio en Milenio, lanzada por la conductora de televisión Azucena Uresti, quien en su cuenta de Twitter calificó a Cinthya Alvarado de “activista violenta”, “seudo periodista” y “estafadora de migrantes”. En la sección de Estados, en el mismo diario, circuló una nota titulada “Guarda Nacional detiene a mujer acusada de estafar migrantes”, en la que se afirma que la periodista atentó contra un funcionario del Instituto Nacional de Migración, y presentan un video editado como evidencia.

En la campaña de desprestigio, otros medios locales la despojaban de su estatus de periodista y las agresiones de los funcionarios del INM y la Guardia Nacional se las atribuían a Cinthya Alvarado.

Por su parte, el periodista Ramsés Ancira difundió en grupos de WhatsApp y Twitter que la corresponsal de Los Ángeles Press había sido “levantada por paramilitares”, y el uso de «paramilitares para detener las caravanas» tergiversando nuevamente la información. Cuando en realidad lo que registra Alvarado es a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes. Ante la precisión de otra periodista, Ancira corrigió la información mandando tweets a las autoridades federales de la detención de Alvarado. Posteriormente, Ancira se atribuyó como una “victoria de su grupo” la liberación de la periodista.

Las violaciones de derechos humanos

Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ante pregunta expresa de este medio, señaló que las violaciones iban desde la presunta desaparición forzada al haber intervenido una autoridad en la detención de la periodista Cinthya Alvarado sin notificar dicha detención.

Posteriormente, cuando la CNDH corroboró la detención de Alvarado en la subdelegación de la FGR, en Tapachula, Chiapas, el defensor de derechos humanos apuntó que era es una violación al debido proceso. “Ella debió haber sido presentada ante el Ministerio Público a la brevedad posible, explicarle los motivos de su detención, permitirle una llamada telefónica, la visita de un abogado o de una persona de su confianza, trato digno durante su detención (celda limpia, 3 alimentos al día, baños limpios, derecho a no ser torturada, derecho a no declarar, etc. Si no se cumplieron estas condiciones entonces la detención puede considerarse ilegal y debe ser liberada con las reservas de ley”, explicó.

Cinthya Alvarado se ha enfocado en la cobertura de Migración en la frontera sur de México, título que adoptó para su programa semanal de entrevistas y reportajes, y ha registrado sistemáticamente el paso de los migrantes por Tapachula y ciudades aledañas, incluso ha viajado con la corresponsalía de este medio a la frontera norte en la ruta de migrantes haitianos.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Justicia pendiente

Indígenas de Puebla denuncian agresiones de policía por protestar contra impuesto al alumbrado público

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Indígenas de San Sebastián Zinatepec, Puebla, denunciaron que fueron víctimas de agresiones físicas por parte de la policía estatal cuando intentaban manifestarse a las afueras del ayuntamiento contra el impuesto al alumbrado público.

Una de las habitantes del municipio de Zinatepec señaló que el alcalde Mario Roberto Huerta Gómez se ha negado al diálogo y por ello solicitó el apoyo de los granaderos de la policía estatal impedir el derecho a la libre manifestación de los pobladores contra la imposición de un impuesto por el que no fueron consultados.

A través de diferentes videos que fueron grabados por los manifestantes, se mostró la manera en la que los granaderos estatales reprimieron a los pobladores que pretendían manifestarse en contra de la nueva medida impuesta por el gobierno municipal y que afectará a la economía de las personas de menor nivel socioeconómico.

Una de las manifestantes fue lastimada por la mano por los uniformados, mientras que otros fueron golpeados y por ello solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para atender las violaciones graves a los derechos humanos cometidos en el municipio.

También pidieron la intervención del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ya que aseguraron que no se ha pronunciado al respecto, debido a que ha protegido al edil por su cercanía familiar y en caso de no obtener respuesta también solicitarán el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, responsabilizaron al munícipe contra las agresiones que sufran los indígenas por parte de los granaderos y cuestionaron si la manera de actuar del gobierno local y estatal corresponde a la forma de gobernar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que prometía otras formas de gobierno sin represiones ni abusos.

 

 

 

 

 

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Justicia pendiente

CNDH pide medidas cautelares para proteger a internas del penal de Oaxaca

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Por Ignacio García

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó de forma urgente que se apliquen medidas cautelares para proteger a las internas del Centro de Reinserción Social Femenino de Tanivet, Oaxaca, para que no haya represalias en contra de las presas que denunciaron los abusos cometidos por las autoridades penitenciaras.

El organismo autónomo pidió a José Javier Mendoza Balderas, director de Reinserción Social de Oaxaca, que se garantice la protección a las presas que denunciaron en octubre del año pasado que fueron obligadas a trabajar sin recibir una remuneración económica, e incluso madres con hijos que realizaron trabajos forzados.

En diciembre pasado personal de la CNDH se percató que el trabajo no remunerado continúa en el interior del penal femenil, por lo que también las presas que denunciaron esa situación sufrieron represalias por parte de las autoridades penitenciarias.

De la misma manera, la comisión enfatizó que existen menores de edad que no están registrados ante el Registro Civil de Oaxaca, por lo que les han negado el derecho a la identidad que está contemplado en la Constitución Política Mexicana y por lo cual se encuentran seis infantes en esa condición.

Asimismo, la CNDH pidió que los casos de trabajo no remunerado en el penal femenil cese y se garantice la capacitación de trabajo para las mujeres recluidas, aunado a que se deben implementar acciones específicas para incluir un modelo adecuado de reinserción social con respeto a los derechos humanos.

Además, demandó que se respete el derecho a la libre manifestación de ideas para las presas del penal de Tanivet , así como garantizar la integridad psicofísica para las mujeres que se encuentran en el interior del centro de reclusión femenil en el estado.

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