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Mexico Violento

Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

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Por Guadalupe Lizárraga

La corresponsal de Los Ángeles Press, en Chiapas, Cinthya Alvarado Enríquez, quien estuvo detenida de manera arbitraria durante 48 horas a partir del 6 de enero, con acusaciones infundadas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Tapachula Chiapas, fue liberada el sábado en torno a las 20 horas después de una serie de gestiones con organizaciones de derechos humanos de periodistas y funcionarios públicos en México.

El Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la organización no gubernamental Artículo 19, fueron dos de las principales redes que se movilizaron en las primeras horas de su desaparición. Artículo 19 avisó al Mecanismo de Protección de Periodistas y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, la organización hizo búsquedas en el registro de personas detenidas, sin que el nombre de Alvarado fuese registrado.

Después de 30 horas de estar incomunicada y reportar su presunta desaparición forzada, el asesor del secretario de Gobierno del estado de Chiapas, José Ulloa, reportó a Alerta Temprana que la periodista había sido arrestada “por herir y lastimar a un funcionario del Instituto Nacional de Migración”, información falsa que se difundió en el diario Milenio y que el funcionario dio a conocer en una llamada telefónica.

Por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas señaló el viernes por la tarde que “muy pronto la iban a liberar, pero no se sabía los cargos”. Incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Cabanillas, recibió la información de la directora de Los Ángeles Press por la presunta desaparición forzada, y más tarde el funcionario reiteró la detención de Alvarado Enríquez, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, sin mayor especificación de los hechos ni motivo de la detención.

Pese a que había comunicación entre funcionarios federales, estatales y agentes del Ministerio Público, ninguna de las instancias de gobierno notificó de manera oficial sobre la detención ni de los presuntos cargos contra la periodista, tampoco las condiciones en las que se encontraba.

Artículo 19, después de lanzar la alerta por la red de Twitter a las diversas instituciones, estuvo monitoreando que no aparecía en el registro de detenciones de la fiscalía.

Los delitos que le querían fabricar

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos. Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

Sin embargo, en Milenio, se exhibía a nivel nacional y de manera difamatoria que había herido a un funcionario de Migración.

Momento grabado por la periodista Cinthya Alvarado, cuando militares de la Guardia Nacional persiguen a mujeres migrantes para su detención.

Campaña mediática de desprestigio y desinformación

Mientras Cinthya Alvarado se encontraba detenida sin cargos e incomunicada, corría una campaña de desprestigio en Milenio, lanzada por la conductora de televisión Azucena Uresti, quien en su cuenta de Twitter calificó a Cinthya Alvarado de “activista violenta”, “seudo periodista” y “estafadora de migrantes”. En la sección de Estados, en el mismo diario, circuló una nota titulada “Guarda Nacional detiene a mujer acusada de estafar migrantes”, en la que se afirma que la periodista atentó contra un funcionario del Instituto Nacional de Migración, y presentan un video editado como evidencia.

En la campaña de desprestigio, otros medios locales la despojaban de su estatus de periodista y las agresiones de los funcionarios del INM y la Guardia Nacional se las atribuían a Cinthya Alvarado.

Por su parte, el periodista Ramsés Ancira difundió en grupos de WhatsApp y Twitter que la corresponsal de Los Ángeles Press había sido “levantada por paramilitares”, y el uso de «paramilitares para detener las caravanas» tergiversando nuevamente la información. Cuando en realidad lo que registra Alvarado es a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes. Ante la precisión de otra periodista, Ancira corrigió la información mandando tweets a las autoridades federales de la detención de Alvarado. Posteriormente, Ancira se atribuyó como una “victoria de su grupo” la liberación de la periodista.

Las violaciones de derechos humanos

Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ante pregunta expresa de este medio, señaló que las violaciones iban desde la presunta desaparición forzada al haber intervenido una autoridad en la detención de la periodista Cinthya Alvarado sin notificar dicha detención.

Posteriormente, cuando la CNDH corroboró la detención de Alvarado en la subdelegación de la FGR, en Tapachula, Chiapas, el defensor de derechos humanos apuntó que era es una violación al debido proceso. “Ella debió haber sido presentada ante el Ministerio Público a la brevedad posible, explicarle los motivos de su detención, permitirle una llamada telefónica, la visita de un abogado o de una persona de su confianza, trato digno durante su detención (celda limpia, 3 alimentos al día, baños limpios, derecho a no ser torturada, derecho a no declarar, etc. Si no se cumplieron estas condiciones entonces la detención puede considerarse ilegal y debe ser liberada con las reservas de ley”, explicó.

Cinthya Alvarado se ha enfocado en la cobertura de Migración en la frontera sur de México, título que adoptó para su programa semanal de entrevistas y reportajes, y ha registrado sistemáticamente el paso de los migrantes por Tapachula y ciudades aledañas, incluso ha viajado con la corresponsalía de este medio a la frontera norte en la ruta de migrantes haitianos.

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Estados Unidos

En el juicio de Nueva York, ‘El Diablo’ culpó de violencia en Nayarit a García Luna

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El Diablo y García Luna

Narcotraficantes pagaron a García Luna 5 millones de dólares por la ‘plaza de Nayarit’

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

En el testimonio en contra de Genaro García Luna, el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, ‘El Diablo’, culpó de la violencia de estado por la falta de apoyo del exsecretario de Seguridad Pública federal, durante la gestión del gobernador Roberto Sandoval; y no a que el Cártel de los Beltrán Leyva tenían compradas a las autoridades, como él mismo había aceptado.

“Sin recursos, rentamos un helicóptero, compramos uniformes nuevos y sacamos a crédito un auto blindado para dar la apariencia de seguridad hacia el pueblo de Nayarit”, confió en la sesión verpertina de la audiencia de ayer martes.

Señaló que hubo una segunda ocasión en que la facción del Mayo Zambada y El Chapo Guzmán enviaron a Julián Venegas, compadre del Chapo, a ofrecerles de nueva cuenta comprar la plaza. “Me dijo que a nivel federal ya tenían todo arreglado”, y mencionaron haber pagado “5 millones de dólares a Genaro García Luna” para primero poder matar a ‘El Chaguín’, empleado de los Beltrán Leyva, que a su vez había matado al hijo de Nacho Coronel, pero sobre todo para tomar la plaza nayarita.

“No acepté la oferta (esta vez le ofrecieron 5 millones de dólares) pues teníamos un compromiso con los Beltranes”, aseguró Veytia.

En ese punto, acabó momentáneamente cualquier referencia al acusado, pues el relato llegó al momento del cambio de presidente en México en 2012 y el ascenso del mismo Veytia como fiscal general del Estado en 2013. Reconoció la relación muy cercana que siguió teniendo con el H2 y los crímenes, torturas, despojos, secuestros, incendios, reportes falsos, ataques o incautaciones ordenados por el mismo H2 que eran ejecutados por Veytia o elementos de la corporación a su cargo.

Dijo que llegó un momento en que ‘El H2’ dejó de tener poder, por lo que él mismo planeó primero secuestrar, luego torturar y después asesinar a ese líder criminal “con autorización del gobernador y coordinándome con fuerzas federales” que no eran de la policía federal.

Leer más: Genaro García Luna y la señora Wallace: Historia y contexto de una pareja siniestra

 

También admitió que a otro al que llamaban El Paisa, los Beltrán Leyva lo quisieron ejecutar y fallaron, así es que estando ese personaje en el hospital, Leyva ordenó a la policía a su cargo que se retiraran del nosocomio para que otros pistoleros lo fueran a rematar.

En el contrainterrogatorio, el defensor Florian Miedel utilizó el reconocido recurso de la defensa de hacerle ver al testigo que su primer mención de Genaro García Luna “se habría dado ya en el 2020, cuando él mismo se ofreció a colaborar en este caso” y no en alguna «de las 150 veces anteriores» que este testigo se había entrevistado con agentes federales.

“Es que no me preguntaron por él”, se disculpó Veytia.

“Usted habló de corrupción de funcionarios, del gobernador, del secretario de la Defensa Nacional, de comandantes de la policía, de generales del ejército, de jueces, y en ninguna charla mencionó el nombre de Genaro García Luna”, volvió a preguntarle Miedel. “No, en ninguna”, aceptó el exfiscal originario de Tijuana.

Entérate: Genaro García Luna: ¿quién es el exfuncionario juzgado en EEUU por operar con el Cártel de Sinaloa?

 

Le recordó el defensor a Veytia que los fiscales de los Estados Unidos se habían arrepentido de haberle ofrecido un acuerdo de culpabilidad, el cual nunca celebraron, “porque no podían corroborar la información que usted les daba”.

– Yo no lo recuerdo así- dijo Veytia.

– ¿Pero no estaba usted devastado por no tener un arreglo?- atacó el defensor.

“Si”, aceptó débilmente.

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Justicia pendiente

Comisión de la Verdad investiga a responsables de la “Guerra Sucia”

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La Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), emitió la convocatoria para investigar a los responsables de la “Guerra Sucia” que emprendió el gobierno federal contra guerrilleros y grupos insurgentes en la década de los setenta.

El organismo de investigación pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que se comprometa a investigar con detalle los casos de tortura, desaparición y asesinatos que se presentaron durante la denominada guerra sucia, para que este suceso no se mantenga en impunidad.

Carlos Pérez Ricart, integrante de la comisión, refirió que pasaron de 13 a dos ministerios públicos que se encuentran trabajando en el caso de la desaparición de las víctimas de los ataques armados protagonizados por el gobierno federal.

La Comisión de la Verdad supuso que existen alrededor de mil víctimas relacionadas con el incidente, pero a ello se suman cuatro personas por cada víctima moirtal contabilizada, y se estiman que cerca de 800 personas del Frente Nacional democrático (FND) fallecieron por este fenómeno.

De la misma manera, la Comisión de la Verdad ha contabilizado víctimas fatales relacionadas con masacres ocurridas en esta temporalidad en las sierras de Puebla e Hidalgo, mismas que no se documentaron en un inicio por parte de las autoridades federales.

Asimismo, el organismo señaló que el Estado mexicano castigaba y aniquilaba a los disidentes del régimen, administraba el crimen y perseguía a los opositores políticos que pudieran representar una amenaza a la estabilidad social, por lo cual estas acciones se implementaron principalmente en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

 

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Estados Unidos

“Calderón y García Luna ordenaron proteger al Chapo” declara en juicio exfiscal de Nayarit Edgar Veytia

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edgar veytia

 

Los Beltrán Leyva prometieron pagarle la campaña de candidato a gobernador de Nayarit a Roberto Sandoval

Por Juan Alberto Vázquez / Nueva York

En su arranque de su testimonio en el juicio en contra de Genaro García Luna el exfiscal de Nayarit Edgar Veytia reveló que en una reunión que tuvo con el entonces gobernador Ney González al inicio del 2011 le comentó de una reunión de alta seguridad que tuvo en la Ciudad de México donde el entonces presidente Felipe Calderón y el Secretario de Seguridad pública le informaron “que la línea era Chapo”.

– ¿Qué significaba eso?. Cuestionó la fiscal que lo interroga.
– Pues que también debíamos proteger a esa facción del Cártel de Sinaloa que peleaba con los Beltrán Leyva.

Dijo que posteriormente se reunió con el representante de Joaquín El Chapo Guzmán en Nayarit, Pelocho, quien prometió liberar a dos policías nayaritas que tenían secuestrados a cambio de que Veytia, en ese entonces Secretario de Seguridad Pública de Tepic, los protegiera además a ellos.

Esa decisión entró en conflicto con el acuerdo que tenían tanto Veytia como el que fuera alcalde de Tepic, Roberto Sandoval Castañeda, con los Beltrán Leyva “quienes prometieron pagarle su campaña a la gubernatura”.

Muy temprano en su testimonio Veytia mencionó al acusado. Dijo que el comandante Violante quien era el Secretario de Seguridad Pública, le comentó que venía llegando de la Conferencia nacional de Seguridad donde “Genaro García Luna dijo que debíamos proteger, ponernos del lado del El Chapo”.

Aceptó que en ese momento Tepic era la “segunda ciudad más violenta del país” debido a esa lucha entre los Beltrán Leyva y el grupo de Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. “¿Cambió en algo la situación con la muerte de Arturo Beltrán Leyva?” dudó la fiscal a lo que el ex fiscal conocido como El Diablo, dijo “pensé que la guerra iba a acabar pero se recrudeció.

Aunque inició su testimonio hablando en inglés, vestido con el uniforme de la prisión de Brooklyn que ahora comparte con el acusado, la fiscal le pidió que usara a los interpretes para que su testimonio fuera escuchado y comprendido en español por García Luna.

– ¿Escribió usted las cosas a las que se comprometió con los Beltrán Leyva?- de nueva cuenta la fiscal.

– Los acuerdos con narcotraficantes nunca son por escrito- aceptó el testigo.

Mencionó que ya siendo fiscal llegó a recibir hasta 2 millones de pesos al mes, los cuales usaba “en los gastos diarios”. Explicó lo que significaba los pozoles que comenzaron a aparecer en distintas zonas de la ciudad y del estado. “Eran cubetas con cuerpos desmembrados, cabezas, piernas, brazos, a las que le echaban granos de pozole”.

Recordó que en la peor parte de la guerra llegaron a parecer “colgados en los puentes, desollados y los pozoles de Nayarit”. Detenido desde el 2017, Edgar Veytia busca desde hace 3 años un acuerdo con la fiscalía del Distrito Este de Nueva York luego de declararse culpable y ser sentenciado a 20 años de prisión.

Al continuar su relato, Veytia recordó la vez que ¿, siendo ya Roberto Sandoval gobernador, fueron a una reunión al famoso Bunker de la Secretaría de Seguridad Pública. Aseguró que en ese lugar Luis Cárdenas Palomino le dijo a él directamente que debían apoyar al Chapo Guzmán cosa que le confirmó el gobernador Sandoval que por su parte se había reunido con Genaro García Luna.

– Estamos solos, este cabrón no nos va a ayudar”, le habría dicho el gobernador a su procurador Veytia.

Además recordó que ya como procurador se presentó en sus oficinas “Alcalá y Chaparro” dos que presumieron ser abogados de Joaquín Guzmán Loera a decirle, “venimos a comprar el estado, venimos a comprar la plaza”. En la misma reunión le ofrecieron a Veytia 10 millones de dólares, pero el los atajó: “Nosotros estamos con los Beltrán Leyva”, rechazando el ofrecimiento.

Aclaró que luego de los desencuentros, iniciaron duros enfrentamientos entre miembros de las policías federal y municipal, que presuntamente defendían diferentes bandos y que convirtieron a Nayarit en zona de guerra.

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