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Mexico Violento

Cómo el INM intentó fabricar delitos a una periodista: el caso de Cinthya Alvarado Enríquez

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Por Guadalupe Lizárraga

La corresponsal de Los Ángeles Press, en Chiapas, Cinthya Alvarado Enríquez, quien estuvo detenida de manera arbitraria durante 48 horas a partir del 6 de enero, con acusaciones infundadas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración en Tapachula Chiapas, fue liberada el sábado en torno a las 20 horas después de una serie de gestiones con organizaciones de derechos humanos de periodistas y funcionarios públicos en México.

El Colectivo Nacional de Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, así como la organización no gubernamental Artículo 19, fueron dos de las principales redes que se movilizaron en las primeras horas de su desaparición. Artículo 19 avisó al Mecanismo de Protección de Periodistas y a la Comisión Nacional de Búsqueda. Asimismo, la organización hizo búsquedas en el registro de personas detenidas, sin que el nombre de Alvarado fuese registrado.

Después de 30 horas de estar incomunicada y reportar su presunta desaparición forzada, el asesor del secretario de Gobierno del estado de Chiapas, José Ulloa, reportó a Alerta Temprana que la periodista había sido arrestada “por herir y lastimar a un funcionario del Instituto Nacional de Migración”, información falsa que se difundió en el diario Milenio y que el funcionario dio a conocer en una llamada telefónica.

Por parte del Mecanismo de Protección a Periodistas señaló el viernes por la tarde que “muy pronto la iban a liberar, pero no se sabía los cargos”. Incluso por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jesús Cabanillas, recibió la información de la directora de Los Ángeles Press por la presunta desaparición forzada, y más tarde el funcionario reiteró la detención de Alvarado Enríquez, en instalaciones de la Fiscalía General de la República, sin mayor especificación de los hechos ni motivo de la detención.

Pese a que había comunicación entre funcionarios federales, estatales y agentes del Ministerio Público, ninguna de las instancias de gobierno notificó de manera oficial sobre la detención ni de los presuntos cargos contra la periodista, tampoco las condiciones en las que se encontraba.

Artículo 19, después de lanzar la alerta por la red de Twitter a las diversas instituciones, estuvo monitoreando que no aparecía en el registro de detenciones de la fiscalía.

Los delitos que le querían fabricar

Cinthya Alvarado, en pleno conocimiento de sus derechos constitucionales y en su calidad de periodista, el 6 de enero grababa a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes para detenerlas en un parque público de Tapachula. Grupos de migrantes habían llegado al parque por la información que había trascendido de que se les estarían dando códigos QR para la regularización de su estancia por el país.  Mientras ella reportaba la situación, funcionarios del Instituto Nacional de Migración la increparon y le pidieron que se retirara, a lo que ella se negó.

Uno de los funcionarios del INM citó un artículo del reglamento local que prohibía el libre tránsito a extranjeros, con total desconocimiento de la Constitución mexicana, la cual invocó la periodista por el artículo 1, de que la entrada de extranjeros por el solo hecho de estar en territorio mexicano alcanzarán el mismo derecho respeto y garantía de sus derechos humanos. Por lo que ella decidió poner una denuncia ante la fiscalía del estado sobre los que estaba pasando y se hizo acompañar de los migrantes en su auto. Por lo que fue interceptada por autoridades federales y detenida de manera arbitraria.

Una información extraoficial llegó a la dirección de este medio, señalando que se le pretendía imputar el cargo de “tráfico de migrantes”, porque había subido a tres personas extranjeras a su auto particular, y que necesitaba un abogado urgente para que se amparara.

Sin embargo, en Milenio, se exhibía a nivel nacional y de manera difamatoria que había herido a un funcionario de Migración.

Momento grabado por la periodista Cinthya Alvarado, cuando militares de la Guardia Nacional persiguen a mujeres migrantes para su detención.

Campaña mediática de desprestigio y desinformación

Mientras Cinthya Alvarado se encontraba detenida sin cargos e incomunicada, corría una campaña de desprestigio en Milenio, lanzada por la conductora de televisión Azucena Uresti, quien en su cuenta de Twitter calificó a Cinthya Alvarado de “activista violenta”, “seudo periodista” y “estafadora de migrantes”. En la sección de Estados, en el mismo diario, circuló una nota titulada “Guarda Nacional detiene a mujer acusada de estafar migrantes”, en la que se afirma que la periodista atentó contra un funcionario del Instituto Nacional de Migración, y presentan un video editado como evidencia.

En la campaña de desprestigio, otros medios locales la despojaban de su estatus de periodista y las agresiones de los funcionarios del INM y la Guardia Nacional se las atribuían a Cinthya Alvarado.

Por su parte, el periodista Ramsés Ancira difundió en grupos de WhatsApp y Twitter que la corresponsal de Los Ángeles Press había sido “levantada por paramilitares”, y el uso de «paramilitares para detener las caravanas» tergiversando nuevamente la información. Cuando en realidad lo que registra Alvarado es a miembros de la Guardia Nacional persiguiendo a mujeres migrantes. Ante la precisión de otra periodista, Ancira corrigió la información mandando tweets a las autoridades federales de la detención de Alvarado. Posteriormente, Ancira se atribuyó como una “victoria de su grupo” la liberación de la periodista.

Las violaciones de derechos humanos

Raúl Ramírez Baena, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, ante pregunta expresa de este medio, señaló que las violaciones iban desde la presunta desaparición forzada al haber intervenido una autoridad en la detención de la periodista Cinthya Alvarado sin notificar dicha detención.

Posteriormente, cuando la CNDH corroboró la detención de Alvarado en la subdelegación de la FGR, en Tapachula, Chiapas, el defensor de derechos humanos apuntó que era es una violación al debido proceso. “Ella debió haber sido presentada ante el Ministerio Público a la brevedad posible, explicarle los motivos de su detención, permitirle una llamada telefónica, la visita de un abogado o de una persona de su confianza, trato digno durante su detención (celda limpia, 3 alimentos al día, baños limpios, derecho a no ser torturada, derecho a no declarar, etc. Si no se cumplieron estas condiciones entonces la detención puede considerarse ilegal y debe ser liberada con las reservas de ley”, explicó.

Cinthya Alvarado se ha enfocado en la cobertura de Migración en la frontera sur de México, título que adoptó para su programa semanal de entrevistas y reportajes, y ha registrado sistemáticamente el paso de los migrantes por Tapachula y ciudades aledañas, incluso ha viajado con la corresponsalía de este medio a la frontera norte en la ruta de migrantes haitianos.

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Mexico Violento

Red Solidaria Década contra la Impunidad denuncia que México debe ser juzgado por violaciones a derechos humanos

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La Red Solidaria Década Contra la Impunidad denunció que México tendrá que rendir cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones de derechos humanos cometidas en el caso Tzompaxtle Tecpile, por lo cual deberá concluir en una reforma constitucional para evitar más detenciones arbitrarias.

Por medio de un comunicado, la secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, señaló que el caso Tzompaxtle Tecpile y otros que han documentado abordan la detención arbitraria e ilegal de los indígenas nahuas de Astacinga, Veracruz, por elementos de la policía federal en Veracruz en enero de 2006.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, las víctimas estuvieron sujetas a un procedimiento judicial que violó las garantías de un juicio justo entre otras situaciones, debido a que las víctimas fueron retenidas y requisadas sin orden judicial y sin existir flagrancia, aunado a que no fueron informadas sobre la causa de su aprehensión y fueron puestas en prisión preventiva oficiosa.

De la misma manera, durante el periodo en el que permanecieron recluidas se les fabricaron pruebas falsas para mantenerlos en prisión, por lo que la CIDH ha convocado a México a una audiencia pública el próximo 23 de junio en San José, Costa Rica, para que la corte pueda determinar los hechos y consecuencias jurídicas que sean emitidas la próxima semana.

Desde hace 15 años la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó una petición especial ante la CIDH, misma que fue admitida el pasado 2018 y que emitió recomendaciones especiales y finalmente el año pasado el caso fue llevado en la Corte Interamericana.

Asimismo, enfatizó que buscan que con este caso se muestren las arbitrariedades del proceso penal mexicano en el que miles de personas son sometidas a prisión preventiva oficiosa sin haber recibido alguna sentencia, por lo que enfatizó que se debe garantizar la dignidad a todas las personas.

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Justicia pendiente

Excesiva burocratización atraer caso de Juana Hilda González a la SCJN: Abogado Gerardo Manrique

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#ElFalsoCasoWallace

  • La SCJN no atrae el caso Wallace, atrae el caso de Juana Hilda González

  • La víctima no es Hugo Alberto Wallace: abogado

Por Guadalupe Lizárraga

El abogado Gerardo Augusto Manrique, experto en ejecución penal, señaló en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press que la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si hubo o no violaciones al debido proceso va a resultar en una burocratización excesiva y en el aumento de los plazos de dictado de resoluciones de un proceso que claramente no fue debido y que se demostró desde el inicio de la acusación.

En el momento en que circula en video la declaración de Juana Hilda González Lomelí acusando a otras personas e incriminándose del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sin un defensor presente, es una violación al debido proceso. No se le puede dar valor probatorio, y esto fue el 8 de febrero de 2006, explica el abogado. Y apuntó que “cuando la Corte atrae un caso, se lleva más tiempo en resolverlo porque tiene procesos más lentos, porque hay un mecanismo de procesamiento de la información, de documentación del caso, del debate mismo, que requiere mucho más de tiempo que si se discute en un tribunal colegiado o en los propios juzgados de distrito”.

También aclaró Manrique que no es el caso Wallace el que está atrayendo la Suprema Corte y enfatizó que el caso Wallace se refiere a una serie de procesos de un caso fabricado con una supuesta víctima de secuestro y homicidio. Sino que se trata del caso únicamente de Juana Hilda González, y aunque pudiera impactar a los demás casos, podría solo resolver el de ella.

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Mexico Violento

Juez vincula a proceso a 8 sujetos por presunta delincuencia organizada

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Un juez de distrito federal vinculó a proceso a ocho personas por su presunta responsabilidad en la delincuencia organizada por la posesión de metanfetamina, cocaína, mariguana, armas de fuego y cartuchos útiles.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgador federal determinó que existen suficientes elementos para vincular a proceso a las cuatro personas que fueron detenidas por las autoridades federales durante el cumplimiento de la orden de cateo de cuatro inmuebles en el estado de Morelos.

La FGR colaboró con la Guardia Nacional para catear los inmuebles, tras recibir una denuncia anónima en los lugares donde se almacenaba y vendían drogas y donde se localizaron 13 kilos 831.7 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 22 kilos 537 gramos de mariguana, acetona, seis armas de fuego, 385 cartuchos de diversas calibres, cinco cargadores y cinco vehículos.

Las personas imputadas permanecerán recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Morelos, por lo que se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Morelos es uno de los estados más afectados por el crimen organizado, debido al tráfico de drogas que se producen de la zona sur del país y que se exportan a Estados Unidos, por lo que se tratan de diferentes luchas internas entre los grupos del narcotráfico que tratan de ocupar puestos estratégicos.

Según datos de inteligencia federal, los diferentes grupos del crimen organizado que compiten la zona se desprenden de la escisión del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que se mantiene la pugna entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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