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Latinoamérica

Comisión de la Verdad en Brasil: de la verdad a los hechos

La Comisión de la Verdad de Brasil no es punir sino esclarecer y tornar públicas las violaciones a los derechos humanos.

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Comisión de la Verdad Brasil Foto: Tercerainformacion.es

Bruno Peron Loureiro

Poco se sabe sobre las violaciones a los derechos y deberes durante el régimen militar en Brasil de 1964 a 1985. Algunas tentativas de “acorralar”, “avergonzar” y “desembozar” los hechos del período, por el periodista Elio Gaspari, contrastan con el silencio que todavía se mantiene oficialmente sobre los nombres de aquellos que sufrieron persecuciones, torturas y desapariciones.

Esta interrupción del periodo republicano no debe pasar desapercibida e impune, según las políticas del equipo de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y las sugerencias de movimientos sociales y organismos de derechos humanos, inclusive internacionales. La justicia para ellos “tarda pero llega” donde quiera que sea. Tarda mucho, por cierto.

En este escenario, el jurista Lauro Joppert Swensson Junior aclara, en el artículo Repensar el pasado, que el mecanismo de Justicia de Transición se hizo efectivo en Brasil mediante el lanzamiento del libro Derecho a la memoria y a la verdad, de la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos-Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, desde el Palacio de Planalto en agosto de 2007. El entonces presidente Luis Inácio Lula da Silva estaba en su segundo mandato. La Justicia de Transición es un conjunto de abordajes, estrategias y mecanismos jurídicos (Organización de las Naciones Unidas: The rule of law and transacional justice in conflic and post-conflict societies, 2004) cuyo propósito es debatir sobre la transición de un régimen autoritario hacia uno democrático.

Comisiones de la Verdad no existen solamente en Brasil. Según la Cartilla preparada por el Núcleo de Preservación de la Memoria Política de San Pablo, 39 de estas comisiones se formaron en el mundo hasta 2010. El objetivo de nuestra Comisión de la Verdad no es punir sino esclarecer y tornar públicas las violaciones a los derechos humanos, crear mecanismos institucionales para evitar impunidad, escuchar a las víctimas y ofrecer respaldo a las políticas de justicia y reparación de los daños cometidos durante la dictadura militar.

Dilma Rousseff nombró siete integrantes en mayo de 2012 para conducir los trabajos que culminarán en el Informe de nuestra Comisión de la Verdad. Tendrá como miembros, un ex ministro de Justicia, un ministro del Tribunal Superior de Justicia, una abogada, un ex Procurador General de la República, un profesor, una diplomada, una sicoanalista y un jurista. El período de evaluación será mayor que el de la dictadura, de 1946 a 1988.

Ideas progresistas se cultivan a partir de la conciliación entre lo que se propone como necesario para el desarrollo del país y la escucha a las demandas de diversos sectores de la sociedad. Por lo tanto mi intención aquí es hacer un análisis sucinto que no se detenga en un izquierdismo apasionado o un conservadurismo nacionalista.

En noticia del periódico Estatal (EUA puede ayudar a Brasil a abrir la “Caja de Pandora” de la dictadura, dice un especialista, 16 de mayo de 2012) se pensó en la participación de “un especialista norteamericano en obtener archivos confidenciales históricos) para hacer públicas esas violaciones durante el período militar a las que me referí. Impresiona la naturalidad con la que se sugiere la intervención en Brasil del país más comprometido como financiador de las atrocidades civiles cometidas en América Latina, mientras que el australiano Julian Paul Assange, creador de WiliLeaks, fue castigado cuando divulgó informaciones ocultas sobre la diplomacia estadounidense.

La crítica a las Fuerzas Armadas brasileras -que están constituidas por la Fuerza Aérea Brasilera, el Ejército Brasilero y la Marina de Brasil- viene más del desconocimiento de analistas y reporteros de la prensa, que de los objetivos de trabajo de la Comisión de la Verdad. En nuestra época de incertidumbres bélicas e invasiones extraterritoriales: ¿Qué sería de un país sin una institución militar acreditada, coherente y fuerte, aunque más no sea que para fines de disuasión política? Basta para ello (des)informarse sobre lo que ha acontecido con el Invierno Árabe, en África Septentrional y el Oriente Medio. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas como institución no pueden condenarse por el error histórico de parte de sus integrantes.

Las violaciones a los Derechos Humanos en el período militar en Brasil deben ser develadas para que el grito argentino de “Nunca más” se materialice en la cultura democrática que se construyó en nuestro país y en América Latina. Cuando sea posible, los responsables, si todavía están vivos, también deben ser castigados para que las instituciones brasileras se solidifiquen a tal punto que ninguna inestabilidad eventual justifique medidas autoritarias.

Esperamos que la verdad de los hechos muestre la importancia de la Comisión de la Verdad sin desmerecer el papel de las Fuerzas Armadas en este período de robustecimiento de la democracia, ya que la transición del régimen autoritario ya ocurrió.

Un artículo compartido por Barómetro internacional

 

La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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Latinoamérica

México y Argentina producirán vacuna contra Covid-19 para América Latina

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que México y Argentina producirán las vacunas contra el Covid-19 que desarrollan AstraZeneca y la Universidad de Oxford en alianza con la Fundación Slim.

El mandatario federal refirió que México firmó un acuerdo con Argentina y las instituciones particulares que desarrollan la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, con lo cual se garantizará el suministro de estas dosis a los países de América Latina.

De acuerdo con López Obrador, esta noticia puede tranquilizar a los ciudadanos para la distribución masiva de la vacuna contra el nuevo tipo de coronavirus, por lo que destacó el apoyo de la Fundación Slim y el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford que han confiado en México.

Agregó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estuvo al pendiente del desarrollo de las gestiones que se efectúan para contar con la vacuna, por lo que cuenta con el respaldo científico de la Secretaría de Salud federal (SSa).

Por su parte, el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, informó que la producción de la vacuna desarrollada por AstraZeneca para enfrentar el Covid-19, misma que será producida en México y Argentina y presuntamente es la más avanzada del mundo al desarrollar entre 150 y 250 millones de dosis.

Afirmó que no se busca el lucro, sino garantizar el acceso a una vacuna efectiva para la población de América Latina, por lo que se espera que a finales de noviembre se cuenten los primeros resultados, de acuerdo con los estudios clínicos que se han implementado.

Asimismo, indicó que con estas medidas se adelantará la distribución de la vacuna a la población de América Latina, pues pasará de un año a seis meses el tiempo en el que se aplicaría, por lo que con ello favorecerá la salud de la población y beneficiará la economía.

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Al filo de la navaja

Erráticas políticas migratorias de México y Estados Unidos

México y Estados Unidos no han comprendido el origen de la migración centroamericana y de otros países, pese a que ambos se han beneficiado de ésta

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Raúl Ramírez Baena

Además del rechazo de algunos sectores de la sociedad –sobre todo tijuanense- a los refugiados centroamericanos, que en caravanas llegan a la frontera norte del país en busca de asilo en los Estados Unidos, tal parece que las autoridades de este país y de México no han terminado de entender la historia, origen, dinámica y perfil de la migración hacia el país del norte, a partir del Programa Bracero, hasta la fecha.  

La política migratoria de Donald Trump utiliza el tema antiinmigrante como bandera de su campaña presidencial (ahora, en búsqueda de su reelección), que muchos votos le arrojaron en 2016 al criminalizar a los inmigrantes indocumentados, mexicanos incluidos.

Esta política xenófoba se le ha revertido ahora a Trump, acarreándole serios tropiezos, como la derrota en la Cámara de Representantes para la obtención de recursos para construir su muro en la frontera con México, bajo el argumento de que en esta región los EU viven una “crisis humanitaria y de seguridad”, que pocos creen, incluso, legisladores de su partido.

A consecuencia de su política de “Tolerancia Cero” a la inmigración indocumentada, Trump ha sido evidenciado por la separación de menores de sus padres, lo que –eso si- ha generado una crisis internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido a petición de las defensorías públicas de México, Colombia, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala, dictando medidas cautelares en favor de 572 menores detenidos en jaulas del Servicio de Inmigración y control de Aduanas (ICE), en condiciones inhumanas, afectando su integridad física y psicológica.

Escribe Pablo Jiménez de Sandoval en El País: “Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos (…). Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica.

Esta crisis obligó a la administración federal a admitir el ingreso a los EU, en calidad de solicitantes de asilo, a los padres de 29 menores encontrados por las ONG “Al Otro Lado”, de Tijuana, y “Families Belong Together”, de Los Ángeles. Un triunfo.

Por su parte, el Condado de Los Ángeles reta a la administración Trump al declararse oficialmente en febrero “Santuario de Inmigrantes”. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) no ejercerá más funciones de control de inmigración, restringiendo su ayuda a las autoridades migratorias federales. Otro triunfo.

El caso México

Ante el arribo masivo de miles de centroamericanos desde el año pasado, a través de las caravanas que ingresan por la frontera sur como solicitantes de asilo a los EU, la administración de López Obrador sorprendió al inicio de su gestión anunciando un giro de 180 grados en la política migratoria: no criminalización y persecución de indocumentados, respeto a sus derechos humanos, emisión de visas humanitarias, reconocimiento del estatus de refugiados,  creación de fuentes de trabajo y negativa a convertir a México en “Tercer País Seguro” (TPS), según deseos del Sr. Trump.

Con el paso de los días las cosas han cambiado, sobre todo en Tijuana y Mexicali, y la realidad es otra:

1.- Como consecuencia de la nueva política social federal y ante la quiebra financiera del Gobierno de Baja California y la posición xenófoba del alcalde de Tijuana, los albergues de apoyo a migrantes ya no reciben recursos públicos, por lo tanto, tienen serias dificultades para ofrecer comida, medicamentos y asistencia a miles de centroamericanos y de otras nacionalidades que llegan todos los días, atraídos por el boom del asilo en los Estados Unidos.

2.- La Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR), de la Segob, dejó de prestar asistencia a las ONG y a los inmigrantes para la tramitación de refugio en México, en tanto se decide su situación migratoria en el país y el asilo en los Estados Unidos.

3.- A partir de enero pasado y a pesar de que siguen ingresando al país, México cerró la expedición de visas humanitarias, complicando la situación legal de los inmigrantes, que están en calidad de indocumentados, acrecentando su vulnerabilidad al quedar expuestos a las autoridades locales.

4.- Ante el arribo diario a Tijuana y Mexicali de ciudadanos centroamericanos y de otras nacionalidades, el gobierno federal y los locales no han dispuesto, como en octubre pasado, de albergues provisionales con servicios humanitarios, sanitarios y legales básicos y suficientes.

5.- México ha declarado que no será “Tercer País Seguro” de los Estados Unidos para alojar a inmigrantes mientras se resuelven sus solicitudes de asilo, pero en los hechos ha abierto sus puertas para ello, favoreciendo los deseos de Trump, violentando así las normas del Derecho Humanitario Internacional.

6.- Haciendo el trabajo sucio a Trump, las autoridades del Instituto Nacional de Migración han impedido el acceso a México a abogados y periodistas estadounidenses en aeropuertos nacionales, que trabajan en colaboración con miembros de la caravana en Tijuana, al estar “fichados” por autoridades de los Estados Unidos.

7.- Como corolario, sin conocimiento y asesoría sobre el origen y la dinámica migratoria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, culpa a “Pueblo sin Fronteras” de organizar las caravanas.

Así las cosas, sólo esperamos que el proceso electoral de Baja California de este año no se contamine del discurso antiinmigrante de Trump, como recurso para ganar votos. Ya veremos.

Fotografía: Yerson Martínez.

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