SEGUNDA PARTE: La fiscalía intentaba simular los vínculos con el narcotráfico a imputados

Por Guadalupe Lizárraga

“Me amenazaron de encarcelar a mi hijo, por eso acepté el juicio abreviado. Mis abogados, los primeros que tenía, se reunieron en un hotel en la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público, de la FEADLE. Con ellos me mandaron decir:

‘Sabemos que el profe es inocente y puede salir, pero no podemos permitir que salga, y díganle que ni le busque, porque podemos afectar a su familia; que si no agarra el abreviado vamos a culpar a su hijo de secuestro’.

Si aceptaba, ellos iban a encargarse de que pasara en prisión sólo tres o cuatro años.

Yo me iba a ir a juicio, pero me presentaron la carpeta de investigación que le abrieron a mi hijo, y pues yo no podía dejar que lo perjudicaran, así que agarré la responsabilidad de esta situación…”.

Es la voz de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en la pequeña celda de bloque y varilla, del penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde lleva tres años compurgados, de una sentencia de ocho, por la supuesta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación a los que se refiere es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez M., ambos adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México. Los mismos que han llevado la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach desde enero de 2018, a partir de la atracción del caso por la fiscalía federal.

Sobre la agente Santoyo Cuervo pesan ya dos torturas relacionadas con el caso de Miroslava Breach Velducea: la del sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa ‘El Larry’, detenido el 25 de diciembre de 2017, y la de Édgar Salazar Gaxiola, después de su detención arbitraria el 22 de enero de 2019. La agente del Ministerio Público quería que Salazar Gaxiola señalara al expresidente municipal de Chínipas Hugo Amed Schultz Alcaraz de tener una relación con su padre Crispín Salazar Zamorano, a quien la fiscalía le atribuye el liderazgo del grupo Los Salazar.

Santoyo Cuervo ya había sido expuesta en diciembre de 2019 por Los Ángeles Press ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, por la tortura a Édgar Salazar, fabricado como testigo protegido ‘Apolo’, a quien también pagaba la fiscalía 25 mil pesos mensuales durante un año. El acuerdo, bajo coacción, era acusar también a su padre Crispín Salazar Zamorano de ser el autor intelectual del crimen.

Para entonces, Santoyo Cuervo no lograba probar los supuestos vínculos del expresidente municipal de Chínipas Hugo Amed Schultz con el narcotráfico, dos grupos antagónicos, La Línea y Los Salazar, según lo que la periodista Miroslava Breach había escrito en 2016, en su columna Don Mirone y en el diario La Jornada.

La primera tortura

Juan Carlos Moreno Ochoa, ‘El Larry’, fue el primer torturado, tras su detención, el 25 de diciembre de 2017. Quienes la perpetraron fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata, y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Lo detuvieron y lo golpearon frente a su esposa y sus dos hijos menores. Moreno Ochoa dice a pregunta expresa de esta periodista que quien lo torturó fue la SIEDO: “Pero mi lic me dijo que mi tortura no pegaba porque no me hicieron hablar nada de lo que me preguntaron”. Reitera el detenido que él siempre le dijo a su abogado: “tengo las huellas bien marcadas, pero me tiraron al león, no me hicieron caso. A mi familia la torturaron sicológicamente; a mis niños. Estaban chiquitos, están traumados todavía”.

Moreno Ochoa dijo a Los Ángeles Press que no había documentos de registro, “No creo que haya nada de papeles, nomás donde dicen que me caí de un hotel de dos pisos. De mi detención no entregaron nada. Y no nomás traigo fracturado el brazo y el talón del pie izquierdo, fueron chingadazos en la espalda y el pecho, si hubiera sido por esa caída del hotel me hubiera matado, se me hubiera quebrado la cabeza, traería rotas otras partes del cuerpo, pero nomás traigo las huellas donde me golpeaban”.

El abogado defensor de Moreno Ochoa, Jesús Enrique Valencia Díaz, con fecha del 7 de junio de 2018, expuso a la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo que su defendido había sido torturado:

“… vengo a dar a conocer a Usted que al momento de entrevistarme con mi representado previo a la audiencia de formulación de imputación me hizo saber que después de su detención fue golpeado por los agentes de policía que lo detuvieron para que confesara que pertenecía a la delincuencia organizada y que había participado en la muerte de la ahora víctima, pero dado que no les confesó nada, le quebraron la clavícula izquierda, el brazo izquierdo y el tobillo izquierdo, golpeándolo con el tubo de fierro con el que tumban las puertas en sus operativos, por lo que también resultó lesionado de su columna vertebral…”.

El documento del abogado defensor de Moreno Ochoa especificaba la necesidad de una operación urgente por el dolor constante que sufría el detenido, y ofrecía pruebas periciales médicas.

El perito médico legista, José Ángel Salayandia Méndez, con cédula 153214-a-VIII, certificó el mismo día, 25 de diciembre de 2017, a las 11:20 horas, el estado físico de Juan Carlos Moreno Ochoa, de 43 años. Dio cuenta de los hematomas y las fracturas de clavícula, de la cabeza del húmero izquierdo y del hueso calcáneo de su pie izquierdo. La petición del examen médico, tras la detención, la hizo el coordinador regional de la Policía Única de la Fiscalía General de Justicia del estado, después de que lo entregaron los policías federales. Poco tiempo después, el médico fue despedido, sin justificación, de la Secretaría de Salud, donde tenía una antigüedad de quince años de trabajo.

La intervención de la FEADLE

Los policías federales querían la confesión de ‘El Larry’ de que trabajaba con el narcotráfico y pertenecía al grupo de Los Salazar. Respecto al homicidio de Miroslava, la Fiscalía General del estado tenía datos de prueba por los análisis informáticos de varios celulares encontrados en el domicilio del imputado Wilber Jaciel Vega Villa, obtenidos con la localización de su automóvil utilizado en el crimen, registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Desde el 27 de marzo de 2017, los agentes de la FEADLE exigían la información a la fiscalía de Chihuahua sobre los datos del vehículo, pero la que había realizado el cateo al domicilio de Vega Villa y había obtenido testimonios de vecinos era la fiscalía estatal. En este cateo, además de los celulares, huellas dactilares e identificaciones oficiales, observaron una cartulina que indicaba la propiedad del bote de basura en la calle, la cual tenía una caligrafía muy similar a la de la cartulina sobre la adjudicación del crimen contra Miroslava en el lugar de los hechos. El análisis grafológico verificaba que se trataba de la misma persona.

No obstante, el gobernador Javier Corral, esos mismos días del hallazgo, manipuló la información a los medios alterando el mensaje de la cartulina en dos ocasiones, y dio a conocer un segundo mensaje en lona, en la que se reiteraban las supuestas amenazas contra su persona, el 30 de marzo de 2017, de la cual la caligrafía no correspondía a la misma del crimen del 23 de marzo ni las huellas dactilares.

En 2018, a partir de que la FEADLE atrajo el caso por la presión de los colectivos de periodistas y las diferencias entre la familia de la víctima y el gobernador Javier Corral, quien -para entonces- culpaba a Miroslava de su propia muerte, la agente de la FEADLE Iris Gabriela Santoyo Cuervo, al frente de la investigación, buscaba probar que el motivo del asesinato de Miroslava Breach era silenciar su libertad de expresión, y específicamente buscaba probar el vínculo con Los Salazar.

El 19 de mayo de 2018, Santoyo Cuervo estuvo en presencia de Carlos Arturo Quintana Quintana ‘El 80’, de 34 años, quien ya estaba detenido en calidad de indiciado por narcotráfico. Quintana se encontraba acompañado de su abogado, dentro de las instalaciones de la SIEDO, y no respondió las preguntas. La comunicación fue a través de su defensor. Le leyeron sus derechos como imputado y se los dieron por escrito, de acuerdo con la evidencia en el tomo 26, de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017. Derechos estipulados en la Constitución mexicana, en el artículo 20, apartado B; que fueron violados en el caso de Hugo Amed Schultz Alcaraz y Juan Carlos Moreno Ochoa.

Declaración de Carlos Arturo Quintana Quintana como indiciado en la PGR. Archivo Los Ángeles Press.

La segunda tortura

La detención de Édgar Salazar Gaxiola, el 21 de enero de 2019, a quien se expuso mediáticamente como autor del crimen de Miroslava Breach el 9 de febrero de ese año, fue orquestada por la misma agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y el oficial ministerial Jean Paul Rodríguez M. Tras la detención de Salazar Gaxiola, fue torturado para que señalara a Hugo Amed Schultz del supuesto parentesco con los Salazar, intentando cuadrar la información que había dado en falso la periodista, en la que refería que Schultz era tío de Juan Miguel Salazar y que había impulsado su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas. Al no poder sustentarlo, Édgar Salazar fue coaccionado bajo tortura a declarar sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano, y finalmente lo indujeron a que firmara la incriminación contra su padre.

A raíz de la entrevista de Los Ángeles Press sobre esta agresión de la FEADLE a Édgar Salazar Gaxiola, la defensa de Hugo Amed Schultz obtuvo la evidencia de quien había sido fabricado como el testigo protegido Apolo, torturado y coaccionado a hacer señalamientos en contra de Schultz y de su padre.

El abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez Vázquez, confirmó a este medio que el peritaje sobre la tortura a Édgar Salazar Gaxiola era positivo, y en su declaración como “testigo protegido Apolo”, con fecha del 8 de marzo de 2021, se le había coaccionado a firmar una declaración falsa sobre el hijo de Hugo Amed Schultz, la cual fue utilizada para amenazar a su defendido de afectar a su familia.

En esa declaración, Édgar Salazar Gaxiola fue obligado a firmar y poner su huella diciendo que quería declarar ante la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo sobre el homicidio de Miroslava Breach:

“… yo conozco al señor que se llama Hugo Schultz y lo conozco porque era presidente municipal de Chínipas, cuando estaba allá estudiando y vivía con mi papá Crispín Salazar Zamorano, y el Hugo Schultz iba a la casa de mi papá, su relación con él era de negocios, porque como el Hugo era el presidente municipal y mi papá es encargado del cártel de Los Salazar en la región, era el que le decía cuánto dinero del municipio se iba a ocupar, por ejemplo Hugo Schultz quería meter a su familia a los proyectos del municipio porque quería seguir robando, porque ese wey es el presidente municipal que más ha robado  y de ahí se hizo todo su varo y mi papá le dijo que no, que tenía que poner a la gente de la sierra; y el Hugo Schultz me conoce a mí porque él era muy barbero conmigo y con cualquiera de la familia porque quería quedar bien con mi papá y con mi primo Alfredo Salazar Ramírez…”

El 5 de abril de 2021, en entrevista de Los Ángeles Press, Édgar Salazar describió cómo lo habían torturado para que declarara contra Hugo Amed Schultz y su padre Crispín Salazar. Una tortura que confirmó su madre Lilia Gaxiola.

La amenaza de la FEADLE al hijo de Schultz

La agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo incorporó en la declaración fabricada de Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido Apolo que, el 26 de febrero de 2021, a las ocho de la mañana, el hijo mayor de Hugo Amed Schultz lo había secuestrado para que firmara una declaración ante notario que favoreciera a su padre.

La historia de la FEADLE indicaba una notaría pública en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a 504 kilómetros de donde trabaja el hijo de Schultz, en la Mina Palmarejo, la cual expidió una constancia de asistencia con fecha del 30 de abril de 2021, en la que el representante legal Ramón Norberto Parra Rascón, constaba que Hugo Schultz Martínez había cumplido con la asistencia laboral de ese día. La constancia de asistencia abarca del 6 de febrero al 1 de marzo de 2021, en la que se especifica que el 26 de febrero Hugo Schultz Martínez se había presentado a trabajar a la mina a las 6:37, según el reloj checador, y su hora de salida estaba registrada a las 18:00.

Al hijo de Schultz lo describe que iba acompañado con dos hombres, uno de ellos supuestamente era el abogado de Schultz, montado en una Cheyenne gris, dice, “bien armados”.

En entrevista de esta periodista al abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, el 24 de enero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, quien fue el primer abogado defensor de Schultz, negó que él hubiera estado en esa notaría. Conocía bien las referencias que hacía la FEADLE. Él mismo explicó que era una notaría de la ciudad de Delicias, y que por su trabajo y la pandemia le había sido imposible acompañar al hijo de Hugo Schultz.

La negociación de los primeros abogados de Schultz y Santoyo Cuervo

El abogado Julio Iván Ramírez Muñoz reconoció que a Hugo Amed Schultz lo habían obligado a declarar bajo coacción, a lo que se refirió como “testimonio de coartada”, junto a otras 12 personas más que utilizaba la FEADLE de referencia, sin especificar quiénes habían sido, y que la fiscalía le había pedido el dinero de reparación de daño para la víctima indirecta Rosa María Breach Velducea, por un monto de 500 mil pesos.

“La diferencia del profe Hugo es que no se acreditaba un dolo, eventualmente puede escalar, no quiere decir que acepta la conducta, pero acepta el resultado”, explicó Ramírez Muñoz, del despacho Venzor y Ramírez.

El abogado hace un recuento rápido de la situación en la que supuestamente se encontraba su cliente: “El profe Hugo en la presidencia municipal de Chínipas por el PAN, hay posibles candidatos del PRI que van a llegar, entre ellos familiares de estas personas (en referencia al narcotráfico), bajan a esos candidatos, pero la cara visible del PAN y que tenía una función partidista, era el profe Hugo”.

Continúa de prisa: “Acreditamos que tú no fuiste (en referencia a Schultz) y saca el desplegado que diga ‘yo no fui. Yo no llevé los audios, ni vi la camioneta negra’, todo a través de los abogados. Entonces nos sentamos Santoyo y nosotros (en referencia al abogado Javier Fernando Venzor Morales) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basa en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”.

Al preguntar cómo era el trato con la agente Iris Gabriela santoyo Cuervo, el abogado señaló que “tenían un trato cordial, oficial”. Y continuó: “El profe Hugo declara en su propia contra, la investigación del Estado y la de la FGR recaen en una facultad concurrente, lo tratan como testigo protegido, pero la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica (independientemente de lo que sucedió) es que sí entregó los audios”.

El abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, después de concluir esta entrevista, se despidió de mano, y dijo a esta periodista, que todo lo había dicho off the record, y su publicación tendría consecuencias legales para quien esto escribe.

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Primera parte: Hugo Amed Schultz: un cabo suelto en el caso de Miroslava Breach (losangelespress.org)

Los periodistas en México padecen hostigamiento, intimidación y censura, lo que limita la capacidad de los medios de comunicación para investigar, aunado a que sufren ataques físicos y cibernéticos, de acuerdo con el Country Reports on Human Rights Practices 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El estudio norteamericano reveló que los periodistas mexicanos se autocensuran por temor a las represalias que padecen por parte de funcionarios y grupos criminales y desde septiembre pasado se contabilizaron 15 asesinatos de periodistas en el país.

De la misma manera, el estudio del Departamento de Estado de la Unión Americana expuso que los periodistas en los estados padecen una mayor precariedad laboral y peores condiciones para ejercer el periodismo por la intimidación y hostigamiento que se presenta en diferentes regiones del territorio nacional.

También recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desacreditó públicamente a los periodistas al calificarlos como corruptos, parciales y partidistas, situación que también se ha replicado en las entidades con los respectivos gobernadores.

Asimismo, el estudio del gobierno norteamericano detalló que los temas de violencia y agresiones contra los periodistas permanecen en la impunidad, debido a que se trata de un problema que no ha sido resuelto por las autoridades mexicanas federales y estatales.

El estudio enfatizó que en cuatro entidades del país aún se persiguen los delitos contra el honor como la calumnia y la difamación, lo que vulnera la libertad de expresión y la capacidad de ejercer el periodismo de forma transversal y más abierta en distintos escenarios.

Los fallos del juez Riff tendrán importantes consecuencias para la ciudad

Por Rodolfo Soriano Nuñez

Mañana, miércoles 22 de marzo, el juez Lawrence Riff decidirá una serie de casos con consecuencias inmediatas para la manera en que se establecen las fianzas por delitos menores en el condado de Los Ángeles, California. Uno de los posibles resultados de los fallos que el juez Riff emitirá es el regreso de los Criterios de Fianza de Emergencia (Emergency Bail Schedule), por los que para faltas y delitos menores (misdemeanors y low-level felony offenses), se fijan fianzas equivalentes a cero dólares.

El condado de Los Ángeles cuenta con el sistema carcelario más poblado de todo Estados Unidos y se caracteriza por sus condiciones marcadamente injustas e inhumanas. La Cárcel Central de Hombres, Men’s Central Jail, llega a encarcelar hasta 17 mil personas. Este sistema carcelario, además, está marcado por notables injusticias basadas en la raza y el ingreso de los arrestados.

Entrada de la MCJ en Los Ángeles. De la cronología en Twitter de @LApubdefunion

Los afroamericanos, además de los latinos e hispanos están marcadamente sobrerepresentados en las cárceles. En la MCJ, el 21 de marzo de 2023, estaban encarceladas un total de 14 mil 25 personas. De ellas, siete mil 657, poco más del 50 por ciento, eran latinas o hispanas, además de que poco más de cuatro mil se identificaban como afrodescendientes, poco menos de un tercio del total. Ello contrasta con el hecho que, de acuerdo a los datos de la Oficina del Censo, 70 por ciento de la población en el condado se identifica como blanca o caucásica, 49 por ciento lo hace como latina o hispana y sólo el nueve por ciento se ve a sí misma como afrodescendiente.

Lo que es peor, casi la mitad de las 14 mil personas en la tercera semana de marzo de 2023 en la MCJ están ahí en la etapa llamada de “pre-juicio”, es decir, los preparativos antes de que su caso sea resuelto por un juez y/o jurado. Además, siete de cada diez personas en la MCJ están ahí porque no cuentan con los recursos para poder pagar una fianza.

El 14 de noviembre de 2022, seis reclusos y la organización Clérigos y Laicos Unidos por la Justicia Económica (Clergy and Laity United for Economic Justice, CLUE), presentaron una demanda que cuestiona los criterios por los que establecen las fianzas luego de que se desahoga la etapa de la audiencia de arraigo. Esos criterios son especialmente dañinos para las personas pobres, los afrodescendientes y los latinos e hispanos, pues esas audiencias de arraigo ocurren entre dos y hasta cinco días después del arresto. La gran mayoría de las personas bajo arresto, además, no pueden recibir la ayuda de un abogado o hablar con un juez hasta que se les presenta para esa audiencia de arraigo. Sólo quienes pueden contratar los servicios de un abogado privado pueden consultarlo. Quienes dependen de los abogados de oficio (Public Defenders), no.

Lo que resulta de ese modelo es que se encarcela a las personas que no pueden pagar un abogado privado o no tienen el dinero o las propiedades para pagar una fianza. Ello hace que la población en las cárceles crezca sin límite. El propio condado de Los Ángeles lo admitió cuando respondió a un señalamiento de la American Civil Liberties Union, ACLU, como parte del caso Rutherford vs. Luna, caso que actualmente se encuentra en la etapa de litigio, pero del que es posible derivar conclusiones importantes.

Entre las más notables, Leslie Bailey, la directora del proyecto Justicia Pública para los Deudores de las Prisiones, Public Justice Debtors’ Prison, que forma parte del equipo que litiga los casos que el juez Riff decidirá mañana señala, en este sentido, que “la política del condado de Los Ángeles de encarcelar personas porque no pueden pagar una fianza, no sólo es inconstitucional. Es devastadora para las personas, para sus familias y sus comunidades. Nadie debería sufrir las condiciones inhumanas que existen en las cárceles o perder su empleo o su patrimonio porque no pueden comprar su libertad.

Ello es más importante pues, como ella misma explica, “las fianzas en efectivo no reducen los índices de crímenes ni ofrecen alguna garantía de seguridad”. Y concluye: “los angelinos merecen algo mejor que esto y seguiremos apoyando a nuestros valientes clientes en su lucha por un sistema justo, uno en el que el derecho fundamental a la libertad no dependa del tamaño de la cuenta de banco”.

Salil Dudany, abogado y miembro del equipo que litiga algunos de los casos que resolverá mañana 22 de marzo el juez Riff, hace ver que existen mejores soluciones al problema de la seguridad pública: “el condado de Los Ángeles sabe, gracias a sus propios datos, que los Criterios de Fianza de Emergencia, aprobados al inicio de la pandemia fueron un éxito. La severa sobrepoblación y las condiciones inhumanas que existen en las cárceles del condado son también una crisis de derechos humanos y reformar los criterios para establecer las fianzas es fundamental para resolver el problema».

Dudany se dice confiado en que «los líderes de la ciudad de Los Ángeles darán respuesta a este problema de las políticas sin sentido de fianzas e inviertan en alternativas que la ciudad necesita desesperadamente para encontrar una solución que de verdad ofrezca seguridad pública a las comunidades».

El pastor metodista Gary Williams, que además de promover estas reformas ha sido afectado por las políticas de fianzas, hace ver que encerrar a miles de personas porque no tienen dinero es absurdo e injusto y destaca la oportunidad que tiene el sistema judicial en Los Ángeles para resolver el problema.

Como señala el Vera Institute of Justice en uno de sus documentos de trabajo, la evidencia está ahí: «luego de décadas de lucha de distintas organizaciones sociales, la Junta de Supervisores (Board of Supervisors) del condado se comprometió a realizar cambios y a disminuir el uso del encarcelamiento mediante una estrategia de apoyo primero. Cuando comenzó la pandemia del COVID-19, la población encarcelada se redujo en un 30 por ciento, inspirando aún más interés de la Junta de Supervisores en reducir el número de personas en la cárcel y cerrar la MCJ».

El jueves 23 de marzo, una vez que se conozcan los fallos del juez Riff, la Coalición por la Justicia en Los Ángeles (JusticeLA Coalition), el Civil Right Corps y Public Justice, ofrecerán una conferencia de prensa en la que, además de discutir los resultados darán cuenta de los siguientes pasos en este proceso.