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Comisión Estatal de Derechos Humanos en BC: La necesidad de un juego limpio

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Raúl Ramírez Baena

Días atrás, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California, escuchó la comparecencia de las y los siete aspirantes a presidir la Comisión Estatal de los Derechos Humanos local. Pronto, la mayoría calificada del Congreso local tendrá que designar a la o el nuevo titular que sustituirá a la Lic. Melba Adriana Olvera.

Cuatro mujeres y tres hombres (primera vez que más mujeres aspirantes a esta posición) buscan la designación por el Congreso local para ocupar esa posición.

La dinámica de las comparecencias fue una exposición de no más de 15 minutos y luego, responder a preguntas de las y los legisladores lanzadas a discreción. Extraño que no estuviera la Dip. Trini Vaca, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la actual legislatura de Baja California.

En mi opinión, debe aprobarse una reforma a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Baja California, para que en la evaluación sobre el desempeño, la capacidad, los conocimientos, experiencia y compromiso con los derechos humanos y con las víctimas por parte de los aspirantes a presidir el organismo público estatal de protección, sean no sólo producto de un bonito discurso; que se conforme un panel de expertos en el campo de los derechos humanos, de alta calidad moral, que desarrolle una metodología y una serie de preguntas para orientar objetivamente al cuerpo legislativo en la elección de una terna, mediante un proceso que dé certidumbre, confiabilidad y validez al proceso de designación.

La anterior es importante porque los legisladores no son expertos en el tema y deben decidir en un tema muy sensible, y hay quienes tienen cercanía o ascendencia partidista con algunos de los aspirantes, lo que puede influir en la decisión para elegir al titular. El riesgo es que, como en otras ocasiones, se partidice la designación, lo que es veneno para la autonomía del organismo. No es menospreciar su capacidad, pero son quienes finalmente van a decidir con su voto.

Obviamente, ésta y otras decisiones legislativas pueden ser tomadas por los partidos mayoritarios en el Congreso y/o por el gobernador en turno. Pero estos procesos se deben blindar de estas inercias, máxime si es inminente el término de la gestión estatal a la par que una fuerte competencia electoral en la que el partido en el poder corre el riesgo de ser desplazado, con la tentación de dejar a cuadros partidistas en posiciones de poder político antes de irse.

La necesidad de desarrollar un proceso limpio en la designación del hoy llamado “ombudsperson”, es porque el Estado Mexicano debe contar con organismos públicos protectores de los derechos humanos realmente autónomos e independientes. Baja California ya sufrió en el pasado las consecuencias de soportar el nombramiento de titulares de derechos humanos impuestos arbitrariamente por el poder político que melló el principio de autonomía.

La importancia de contar con una institución ombudsman autónoma e independiente

En el seno de la ONU, la mayoría de los países han adoptado el modelo de protección de los derechos humanos en la figura de instituciones públicas autónomas. El principio es: “El Estado que vigila al Estado”, cuya máxima es contribuir a paliar las condiciones que provocan la desigualdad social, la falta de acceso a la justicia, la inequidad y la impunidad en los excesos de la autoridad.

Dado el carácter no vinculatorio de sus resoluciones, el Ombudsperson basa su fortaleza en su autoridad moral y en su autonomía de los órganos de gobierno y de otros poderes como los partidos, los caciques, los grupos empresariales y religiosos y otros poderes fácticos. La autonomía del ombudsman, elevada a rango constitucional, adquiere sentido por la naturaleza de su mandato, como vigilante imparcial de los actos de gobierno.

Las instituciones ombudsman se erigen como un mecanismo de “equilibrios de poder”, como un contrapeso de las acciones gubernamentales que lesionan la dignidad y los derechos de las personas. De ahí su necesaria autonomía e independencia.

Los organismos públicos de derechos humanos, como la CEDH de Baja California, representan el último reducto adonde puede acudir la ciudadanía, cuando se les han cerrado todas las posibilidades de atención, mediación y resolución en las instancias de prevención y procuración de justicia.

Por último, sirva el presente para extender un amplio reconocimiento a la labor de Melba Adriana Olvera al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, que deja el cargo a partir de 1 de junio, quien tuvo la fortaleza, el talento y la voluntad para recuperar y mantener durante su gestión la autoridad moral y la autonomía del organismo, dejando un legado en favor de los grupos en condición de vulnerabilidad, como un reto para quien la sustituya en el cargo.

 

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Justicia pendiente

CNDH recomienda a FGR reparar daño por caso de Israel Vallarta

Ignacio García

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) para reparar el daño a Israel Vallarta, acusado de secuestro en 2005 por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en montaje transmitido por Televisa.

El organismo autónomo emitió la recomendación al fiscal federal, Alejandro Gertz Manero, por violentar los derechos humanos de una persona a la integridad personal y de trato digno por actos de tortura atribuibles a la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones.

Esta recomendación de la CNDH se emitió después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima en 2008, pero fue hasta 2013 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor de su coacusada Florence Cassez,, cuando la comisión de derechos humanos inició una investigación por las violaciones graves de derechos humanos.

En la queja presentada por Israel Vallarta se refiere que fue detenido de forma ilegal por elementos federales, quienes lo sometieron junto a Florence Cassez y trasladados a un espacio donde los esperaban trabajadores de Televisa que comenzaron a realizarles preguntas en una simulación.

Por ello, la CNDH solicitó a la FGR que realice las investigaciones correspondientes para que se repare de forma integral el daño a las personas afectadas por los hechos acontecidos hace 16 años, después de que el Poder Judicial proporcionó estas ventajas.

Apenas la semana pasada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el montaje difundido en su momento por Televisa, en el cual se señalaba que tanto Cassez como Vallarta como presuntos secuestradores, lo que fue desmentido por las investigaciones posteriores.

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Justicia pendiente

Diputados aprueban eliminar el outsourcing

Ignacio García

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Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados federal aprobaron la eliminación del Outsourcing en cualquier tipo de contrato del gobierno federal.

Con 50 votos a favor y 10 en contra, los legisladores federales aprobaron la reforma para la eliminación de la subcontratación laboral, con la cual se eliminen este tipo de esquema de contratación por medio de terceros para afectar a los trabajadores.

La presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que se analizaron todos los puntos del proyecto, mismo que se prolongó por varias horas, después de que los legisladores del Partido del Trabajo (PT) consideraron que esa figura fue incompleta y se tendría que erradicar por completa esta figura.

La diputada federal del PT, Margarita García, sostuvo que era necesario incorporar que las empresas de seguridad y de limpieza que son considerados empleos no especializados, pues los trabajadores de estos sectores son de los más afectados por las malas prácticas de subcontratación.

Por su parte, la diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Martha Angélica Zamudio, indicó que en ningún esquema del gobierno federal se debe considerar la eliminación completa del esquema de subcontratación en cualquier área interna.

Esta iniciativa fue retomada en el pleno legislativo para que se incluya esta modificación para la atención de las personas que laboran en diferentes áreas de producción laboral y con ello se fortalezcan las defensas de los derechos sociales de las personas.

Previamente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que se necesita eliminar este esquema privativo de los derechos laborales de los trabajadores que desde la reforma laboral de 2012 han sido afectados por la falta de estas condiciones.

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Justicia pendiente

Familiares de víctimas del Ejército manchan de sangre la SEDENA en protesta

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Por Guadalupe Lizárraga

Con una protesta de sangre en el campamento por justicia afuera de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), familiares de víctimas del Ejército piden justicia al general Luis Crescencio Sandoval y que se atiendan sus demandas, entre éstas la libertad del Capitán Malagón y la reparación de daño a Óscar Kabata, sobreviviente de tortura a los 17 años.

Elizabeth Pérez familiar del capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón -quien fue torturado y acusado de homicidio en 2010 por la Policía Judicial Militar, después de resistirse a un secuestro por el escolta personal de Javier Lozano Alarcón, exsecretario de Estado vinculado al Cártel de Sinaloa- señaló que su protesta es porque han hecho caso omiso de la injustica y su familiar lleva once años en prisión sentenciado por un falso crimen pasional, después de denunciar la narco-corrupción de altos mandos militares bajo el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, Laura Kabata, madre de Óscar Alejandro Kabata De Anda, sobreviviente de tortura y violencia sexual a los 17 años a manos de militares bajo órdenes del general Felipe de Jesús Espitia, se sumó a la protesta manchando las paredes del edificio de la SEDENA con su propia sangre. Su hijo, junto con otros dos amigos, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos de manera ilegal por el general Espitia. Víctor Manuel Baca Prieto y Ramiro Unzueta Islas fueron ejecutados, uno de ellos frente a Kabata, quien fue liberado cinco días después con amenazas de muerte directamente de Espitia.

Se sumó a la protesta de sangre también Eric Guidchard Peña, quien exige justicia por su padre y tres tíos que fueron ejecutados por el ejército en Chiapas en 1974, y tienen el reconocimiento como víctimas del Estado sin que hasta la fecha le hayan reparado el daño a su familia.

El caso del capitán Malagón y el de Óscar Kabata fueron expuestos ante el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina del 6 de abril de 2021, estando presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a quien le pidió un informe, y se valoraría si se creaba una comisión de la verdad para crímenes del Ejército. No obstante, siguen sin ser atendidos.

Desde el 24 de marzo, montaron el campamento con dos tiendas de campaña y colgaron lonas y cartulinas con la información de los hechos y fotografías de exfuncionarios a los que responsabilizan de las injusticias.

 

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