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Justicia pendiente

Comisión de DDHH atenderá caso de violencia a joven con discapacidad visual y mental

El caso impune de la joven con discapacidad visual y autismo que fue víctima de violación por parte de su maestro hace ocho años, Rosa Icela Rodríguez Luna, será atendido por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados

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Redacción

CIUDAD DE MÉXICO.- En marzo de 2010, Gabriela Sánchez López llevó a su hija, Rosa Isela Ramírez Luna, a la Agencia 8, Especializada en Delitos Sexuales del estado de Jalisco a denunciar a su médico y profesor de música, Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, por violación.

Rosa Isela, que en ese entonces tenía 13 años, tiene discapacidad visual e intelectual, y vivía junto con su madre en Guadalajara, Jalisco. La menor fue sometida a pruebas médicas, psicológicas y psiquiátricas que comprobaron las agresiones sexuales en su contra y las secuelas emocionales que conllevan. También comprobaron sus padecimientos mentales y visuales en dichas pruebas.

No obstante, a la averiguación previa sólo se integraron los informes médicos y psicológicos, y quedó fuera el dictamen del examen psiquiátrico que comprobaba que la menor padecía de sus facultades mentales.

Alejandro Meneses fue detenido en 2010, acusado de estupro y corrupción de menores, delitos que son considerados menores que los de violación. Por esas faltas, salió después de pagar una fianza de 25 mil pesos. El juzgado décimo tercero de lo criminal en el estado decidió que no había elementos para juzgarlo por violación.

Gabriela Sánchez denunció el hecho ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y evidenció las anomalías en que incurrió el personal judicial. También solicitó que el acusado fuera procesado por el delito de violación.

Han pasado ocho años desde entonces y Rosa Isela ahora tiene 21 años de edad y el caso continúa impune. Todo lo que se sabe es que un tribunal colegiado en Zapopan revocó la sentencia violatoria de Derechos Humanos de la quejosa, madre de Rosa Isela, quien ahora dirige la asociación “Madres Afortunadas” para mujeres que han sido víctimas de violencia en Ecatepec, Estado de México. Además, ha sufrido siete atentados desde su primera denuncia ante los agentes del Ministerio Público de Jalisco.

El peligro de buscar justicia en México

La búsqueda de justicia de Gabriela Sánchez para su hija, la ha puesto en riesgo varias veces. En 2003, inició su lucha en la Ciudad de México como defensora de los derechos humanos de su hija, quien había sido víctima de discriminación y maltrato. A su esfuerzo, se fueron sumando otras mujeres, madres voluntarias de otras víctimas. Formó la asociación Madres Afortunadas, AC, para dar apoyo a niñas y niños con discapacidad que sufrían discriminación y falta de atención gubernamental a este sector.

En 2010, su hija, con 13 años de edad, fue víctima de violación por parte de su maestro Alejandro Meneses. Gabriela inició un recorrido por las instancias de justicia, para que detuvieran al agresor. Sin embargo, redujeron los cargos a estupro y corrupción de menores y salió libre bajo fianza. Gabriela recurrió a la denuncia pública ante los medios de comunicación. Poco después, recibió la primera agresión, el 15 de marzo de 2011. Fue un intento de desaparición forzada por señalar que el agresor sexual de su hija quedaba en libertad por la corrupción de las autoridades judiciales. El intento por desaparecerla fue frustrado cuando un grupo de personas, testigos de los hechos, intervinieron para ayudarla.

Un par de semanas después de esa agresión decidió dejar el estado de Jalisco y volver a la Ciudad de México, para retomar la labor que había dejado en la asociación civil Madres Afortunadas. Se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. A partir de entonces, consciente de la situación de violencia que viven las mujeres en el Estado de México, decidió crear un refugio para madres solteras, víctimas de violencia intrafamiliar y mujeres que viven en condiciones de extrema pobreza.

Pese a que Gabriela Sánchez es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde el 18 de febrero de 2014, ha recibido incontables amenazas de muerte y cinco intentos de homicidio con armas de fuego y violencia física, incluyendo la agresión de agentes ministeriales de la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Las agresiones se intensificaron después de denunciar la extorsión y lucro a costa de las víctimas de derechos humanos por parte de Carmen Zamora Villedas, quien se ha dedicado a reclutar víctimas a base de engaños, les pide dinero para su supuesta defensa, y hace mal uso de los expedientes. Incluso, Zamora ha sido denunciada por divulgar información a los agresores de las víctimas.

Comisión Legislativa de Derechos Humanos atenderá al sector con discapacidad

Dip. Fed. Hugo Ruiz Lustre, presidente de la Comisión de DDHH

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Ruiz Lustre, señaló que hará un punto de acuerdo para la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que se dé seguimiento a la denuncia contra el agresor sexual, y se dé la atención necesaria a la víctima. Ruiz Lustre es el primer diputado con discapacidad visual que preside esta comisión legislativa, y recientemente impulsó una iniciativa para eliminar todo tipo de discriminación a las personas con discapacidad, que puedan respetarse sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En entrevista, señaló que desde que practicaba deporte observaba y padecía los abusos y la discriminación por su discapacidad visual. «La lucha no ha sido fácil, he tenido que navegar contra corriente», dice Ruiz Lustre, al hablar de los derechos humanos y desarrollo del colectivo de personas con discapacidad.  

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Justicia pendiente

Corte avala que funcionarios del Inegi ganen más que AMLO

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Los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) avalaron la suspensión para que los funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) perciban salarios más elevados que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los ministros determinaron que el tope salarial para los servidores públicos previstos en la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos vigente desde el 20 de mayo de este año.

De acuerdo con los representantes de la SCJN, los funcionarios del Inegi podrán percibir un salario mayor al del presidente de la República en tanto se resuelva la controversia constitucional presentada por el Inegi para que tengan una reducción en sus salarios.

Esta modificación se presenta después de que el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley Federal de Remuneraciones Económicas de los Servidores Públicos en la que se establece que ningún funcionario podrá percibir un salario mayor al del presidente de México que se estableció de 108 mil pesos al mes.

Situación por la cual tanto los altos funcionarios del Inegi como del Instituto Nacional Electoral (INE) se ampararon contra esta reforma, por lo que será la Corte la instancia encargada de revisar esta reforma y si será procedente contra los funcionarios de los organismos públicos autónomos descentralizados.

Apenas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que era inmoral que un funcionario de la administración pública federal percibiera un ingreso económico mayor al del jefe del Ejecutivo federal, debido a que son señalados por la ciudadanía como corruptos y distantes a las necesidades de la ciudadanía.

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Sedena detiene a esposa del líder del CJNG

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Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alías “El Mencho”, en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la Sedena, la detención se logró como parte de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, por lo que es acusada de operación financiera de un grupo de la delincuencia organizada.

Las autoridades federalres refirieron que con la aprehensión de la cónyuge del líder del CJNG se ha logrado un golpe contundente a la organización delictiva, sin embargo, aunque las autoridades federales la acusaron de delincuencia organizada, únicamente pudieron vincularla a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La esposa del capo ya había sido detenida en mayo de 2018, pero ante la falta de pruebas en su contra, fue liberada por un delito menor, mientras que su hermano, Abigael González Valencia es identificado como el segundo al mando del CJNG y líder de Los Cuinis, y operador financiero, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos y es colaborador de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) la acusó de ser la principal responsable del manejo financiero de la estructura criminal más grande del país que también tiene operaciones en otros países.

Su esposo ha sido señalado por la FGR como el principal responsable de la violencia en el país en los últimos años a consecuencia del crecimiento de la organización delictiva en diferentes regiones del país.

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Justicia pendiente

Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgen a México a combatir este delito

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El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada urgió al gobierno de México a combatir de forma más eficiente este delito y generar estrategias transversales para localizar a las víctimas de desaparición forzada en el país.

El organismo internacional reconoció que en la actual administración federal ha existido mayor apertura para vigilar estos casos de desaparición forzada, pues recordó que en 2017 solicitaron al gobierno de Enrique Peña Nieto tener acceso a los expedientes de los reportes de personas no localizadas, pero se negaron, misma situación que ocurrió con el gobierno de Felipe Calderón.

Sin embargo, el comité internacional manifestó que esta apertura no es suficiente para lograr que reduzca la impunidad en este delito, pues enfatizó que México ocupa el segundo lugar mundial en acciones urgentes ordenadas por este organismo con este delito, sólo por debajo de Irak.

De la misma manera, lamentó que las desapariciones forzadas permanezcan como un delito constante que se comete en todo el territorio nacional, en donde prevalece la impunidad y la revictimización por parte de las autoridades fiscales y por ello se siguen presentando casos de personas no identificadas en fosas clandestinas.

Ejemplificó que los diferentes colectivos de víctimas mantienen los reclamos constantes para casos individuales con la consolidación de un nuevo marco legal e institucional que forma parte de la impunidad que ha permanecido en el estado en los últimos años.

Recordó que los delitos de desaparición forzada persisten en Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero y Jalisco, en donde se ha observado con mayor presencia las organizaciones relacionadas al crimen organizado que operan de forma regular con la desaparición de personas cuyos cuerpos no son localizados.

 

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