Todos los casos en impunidad revelan la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a las familias de los periodistas asesinados

Por Joyce Chimbi

NAIROBI – El nuevo año trajo malas noticias para la libertad de prensa en el continente africano, con el brutal asesinato de un periodista y la sospechosa muerte de otro.

La jefa del programa para África del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), Angela Quintal, dijo que comenzar el año con la muerte de al menos dos importantes periodistas en una semana es una muy mala noticia y se espera que no sea una señal abominable para el año que comienza.

“El brutal asesinato del periodista camerunés Martínez Zogo, que fue secuestrado, torturado y asesinado en la capital, Yaundé, y la sospechosa muerte en accidente de tráfico de John Williams Ntwali, el periodista independiente ruandés, en Kigali, han dejado conmocionada a la comunidad de los profesionales de los medios, me siento mareada, y solo estamos a principios de año», declaró Quintal.

El Foro de Editores Africanos (TAEF, en inglés) también ha expresado su conmoción e indignación por estas muertes y tiene previsto realizar gestiones ante los gobiernos de Ruanda y Camerún para «exigir informes públicos completos sobre las circunstancias que condujeron a sus muertes».

Por desgracia, no se trata de incidentes aislados.

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Sólo en 2022, el CPJ documentó al menos seis periodistas asesinados en África subsahariana murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, y confirmó que cuatro de ellos, los somalíes Ahmed Mohamed Shukur y Mohamed Isse Hassan, y los chadianos Evariste Djailoramdji y Narcisse Oredje, fueron asesinados por su labor informativa.

“En estos cuatro casos, los periodistas murieron en misiones peligrosas o en fuego cruzado, en relación con su trabajo. Seguimos investigando la muerte en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sharif y de Jean Saint-Clair Maka Gbossokotto en la República Centroafricana para determinar si sus muertes están relacionadas con su trabajo periodístico», explicó Quintal.

La jefa para el continente del CPJ afirmó desde Nueva York que Somalia sigue encabezando el Índice Global de Impunidad del Comité como el peor país en el que «los asesinos de periodistas invariablemente salen libres, y no hay rendición de cuentas ni justicia por sus muertes».

Otros seis periodistas fueron asesinados en 2022 en casos relacionados con su trabajo en el continente:  Abdiaziz Mohamud Guled y Jamal Farah Adan (Somalia), David Beriain y Roberto Fraile (Burkina Faso), Joel Mumbere Musavuli (República Democrática del Congo), y Sisay Fida (Etiopía).

En total, es el mismo número de periodistas asesinados en África que durante 2021.

El CPJ ha solicitado una investigación de la muerte del periodista John Williams Ntwali en Kigali. Ntwali fue un periodista independiente que expuso los abusos contra los derechos humanos en Ruanda y denunció que era víctima de amenazas de muerte. Imagen: Captura de pantalla de CPJ / YouTube-Al Jazeera

Quintal ha declarado que la muerte de Sisay este mes es el primer caso confirmado desde 1998 de asesinato de un periodista en Etiopía. El CPJ sigue investigando la muerte de Dawit Kebede Araya en ese país en 2021 para determinar si estaba relacionada con su labor periodística.

“Con diferencia, la mayoría de los periodistas asesinados son reporteros locales. De los seis de 2021, dos periodistas rusos fueron asesinados en Burkina Faso, y seguimos investigando el asesinato el año pasado en Kenia del periodista paquistaní Arshad Sha para determinar si el motivo estaba relacionado con el periodismo”, añadió Quintal.

Añadió que “en 2022 y 2021 se produjo el mayor número anual de asesinatos de periodistas desde 2015, cuando el CPJ documentó al menos 11 asesinatos, y rezo para que no volvamos a los oscuros días de asesinatos de dos dígitos. Un periodista asesinado es un periodista de más».

Quintal denunció los niveles de impunidad y la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia a la mayoría de los periodistas asesinados y a sus familias, una tendencia que se refleja en otras partes del mundo.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En todo el mundo, según el informe anual 2022 del CPJ, los asesinatos de periodistas aumentaron casi 50 % en medio de la anarquía y la guerra, y en 80 % de ellos ha habido impunidad total.

“Esto ilustra un pronunciado declive de la libertad de prensa en todo el mundo, algo que también vemos en términos de cifras récord en el número de periodistas encarcelados en todo el mundo”, subrayó Quintal.

Precisó, además, que “en 2022 se registró el mayor número de periodistas encarcelados en todo el mundo en 30 años. Con la cifra récord de 363 periodistas entre rejas al 1 de diciembre de 2022”.

La directora editorial del CPJ, Arlene Getz, señala que «en un año marcado por el conflicto y la represión, los líderes autoritarios redoblan su criminalización de la información independiente, desplegando una crueldad cada vez mayor para sofocar las voces disidentes y socavar la libertad de prensa».

Ante este escalofriante panorama, Quintal dijo a que las soluciones a corto plazo incluyen la voluntad política de los gobiernos, acompañada de los recursos financieros y humanos necesarios, para detener, procesar y condenar a los culpables de crímenes contra periodistas.

“Es hora de que los gobiernos cumplan sus promesas… Deben envíer una señal clara de que habrá consecuencias por dañar a un periodista”, remarcó.

También hay una necesidad urgente de invertir en formación sobre seguridad, tanto para periodistas físicos como digitales, y en visados de emergencia para periodistas en apuros.

“Aquí es donde la comunidad internacional puede desempeñar un papel importante. Las misiones diplomáticas en países donde los periodistas están amenazados por los gobernantes, por ejemplo, pueden ayudar a los periodistas locales que necesitan trasladarse en caso de emergencia», dijo la activista por los derechos de los periodistas africanos.

A su juicio, “los gobiernos deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes para poner fin a la violencia contra los periodistas, y debe haber consecuencias políticas y económicas para quienes no lleven a cabo investigaciones adecuadas que cumplan las normas internacionales”.

Las soluciones a largo plazo, añadió, incluyen que los países establezcan e inviertan recursos en mecanismos especiales para proteger a los periodistas, como los que existen en lugares como México. Pero advierte de que no han cumplido sus promesas, en gran medida por falta de recursos, capacidad y voluntad política.

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Los gobiernos también deben dar prioridad a la protección, las investigaciones creíbles y la justicia.

Y cuando los gobiernos locales fracasen, a su juicio «los Estados extranjeros también deberían recurrir a la jurisdicción universal para perseguir a los acusados de asesinar a periodistas», tal como Alemania está procesando a un miembro del escuadrón del ex presidente de Gambia, Yahya Jammeh, responsable del asesinato de Dedya Hydara, redactor jefe de The Point.

Por su parte, TAEF, el Foro de Editores, sigue lamentando estas muertes, presionando a los gobiernos pertinentes para que respondan a la creciente lista de periodistas asesinados y hagan justicia a los afectados en la promoción de la libertad de prensa.

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Fuente: ipsnoticias.net

NUEVA YORK – Human Rights Watch (HRW) denunció este viernes 27 “abusos a gran escala” en las cárceles de El Salvador, recogidos en una base de datos que según esa organización humanitaria se filtró desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del país centroamericano.

El documento “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción” que impera en El Salvador desde marzo de 2022, expresó Tamara Taraciuk, directora en funciones para América en HRW.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Taraciuk.

La base de datos proporciona los nombres, las edades y el género de las personas procesadas durante el régimen de excepción, por delitos definidos de manera amplia, de modos que violan las garantías básicas del debido proceso, según HRW.

La organización sostuvo que una fuente confiable aseguró que la base de datos pertenece al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y para evaluar su autenticidad HRW comparó los nombres de la base de datos con otras fuentes.

Incluyó casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicación, e identificó más de 300 coincidencias, por lo que la información “resulta consistente con los hallazgos de HRW y Cristosal”, una organización humanitaria fundada por obispos anglicanos y que opera en América Central.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa “suspendió derechos fundamentales en respuesta a un incremento de la violencia cometida por las pandillas”, recordó HRW.

La medida se ha prorrogado 10 veces y aún se encuentra vigente.

Policías y soldados han detenido a más de 61 000 personas, según cifras oficiales. Alrededor de 3000 han sido liberadas de prisión, en muchos casos con medidas sustitutivas, y 58 000 permanecen encarceladas.

A fines de agosto pasado, 1082 menores detenidos durante el régimen de excepción, 918 niños y 164 niñas, habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 con edades de que tenían 12 o 13 años, sobre la base de una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 año.

La base de datos indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y La Esperanza, también conocido como Mariona.

En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo, “en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada”, señaló HRW.

Según sus datos, 39 000 personas fueron acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

En comparación, “muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148, es decir, menos de 0,3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0,6 %)”.

HRW sostiene que “el derecho salvadoreño define ´organización terrorista´ de una forma amplia que no resulta compatible con los estándares internacionales”, lo cual “abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas”.

También indicó ya para el pasado agosto “más de 50 000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86 000 personas”, siendo que el sistema penitenciario tenía capacidad para 30 000.

La mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7600 a 33 000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8500 a 23.300.

Según HRW y Cristosal, “en algunos casos los agentes se han negado a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

“Este hallazgo respalda las conclusiones de nuestros informes sobre las violaciones masivas de derechos humanos y especialmente en medio de una ausencia de procesos de investigación y el cumplimiento de garantías judiciales”, dijo Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.

Las autoridades “deberían reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, según HRW.

Tal estrategia debería “abordar las causas estructurales de la violencia de las pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social”.

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Fuente: ipsnoticas.net

Moscú, 1 ene (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pidió hoy al Ministerio de Defensa que impida los bombardeos en las regiones rusas fronterizas con Ucrania, como Bélgorod, Kursk o Briansk.

«Por supuesto, la tarea prioritaria es eliminar la posibilidad misma de bombardeos, pero esto es asunto del departamento militar», recalcó el jefe del Kremlin en una reunión sobre el apoyo a los ciudadanos de las regiones fronterizas.

Putin se refirió específicamente al apoyo para los residentes de la anexionada península ucraniana de Crimea y las regiones rusas de Bélgorod, Briansk y Kursk, cuyas «casas y apartamentos fueron dañados o destruidos debido a los bombardeos por parte de formaciones neonazis», en alusión a unidades militares ucranianas.

«Muchas personas se encontraron en una situación difícil: perdieron sus hogares, se vieron obligadas a trasladarse a casa de familiares o a lugares de residencia temporal, enfrentaron interrupciones en el suministro de agua, calefacción y electricidad», dijo el mandatario.

Putin sostuvo que los problemas de los ciudadanos «son muy agudos» y que «es necesario reparar o compensar la pérdida de casas, apartamentos, otras propiedades, devolver energía, calor y instalaciones de abastecimiento de agua a la operatividad normal».

«La solución de estos problemas no debe estancarse, atascarse en procedimientos burocráticos. Es necesario actuar con rapidez y eficacia», recalcó.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, su homólogo de Kursk, Román Starovoit, y el de Briansk, Alexandr Bogomaz, han denunciado a lo largo del último año múltiples ataques supuestamente cometidos por Ucrania.

El gobernador de Briansk sostuvo en la reunión por videoconferencia con Putin que 235 viviendas han sido dañados desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022, en tanto que en Kursk son 23 edificios de apartamentos y 379 casas, de acuerdo con el jefe de esta última región rusa.

En Crimea hubo también bombardeos, como en agosto pasado contra bases militares que Ucrania reconoció y en octubre una explosión en el puente de Kerch, que no llegó nunca a atribuirse oficialmente.

Putin también se refirió a las cuatro otras regiones ucranianas anexionadas por Rusia ilegalmente en septiembre pasado: Zaporiyia, Jersón, Lugansk y Donetsk, donde el Gobierno ha lanzado hipotecas a una tasa reducida del 2 % y ha empezado a reconstruir instalaciones sociales y comunales, carreteras y redes de comunicación «donde se han detenido las hostilidades», según dijo.

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(c) Agencia EFE