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Mexico Violento

Comisario de la Sierra de Guerrero pide auxilio por crimen organizado

El comisario de Los Morros Guerrero denuncia el avance del crimen organizado en la sierra y pide auxilio al Congreso local

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Ismael Castro Guzmán, comisario de Los Morros. Foto: Alondra García

Por Alondra García

LOS MORROS, Guerrero.- «En la primer balacera nos escondimos en nuestras casas, debajo de las camas, ese día hubo casi 30 muertos», relata Ismael Castro Guzmán, comisario de Los Morros, una comunidad de la sierra devastada por los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.

El primer tiroteo se registró el 04 de octubre entre dos grupos delincuenciales, el segundo enfrentamiento tan sólo una semana después, ahora entre el Ejército y los criminales. La última refriega ocurrió el 22 de octubre.

«Cada balacera dejó de 25 a 30 muertos en el pueblo», comenta Castro Guzmán. La ola de violencia también alcanzó comunidades cercanas, como Campo de Aviación, Tlacotepec y Filo de Caballo.

Tres días después de la primer balacera, el 07 de octubre, habitantes de 25 pueblos de la Sierra del Filo Mayor bloquearon la carretera interestatal Chilpancingo-Tlacotepec. Los pobladores protestaron por la inmovilidad de las autoridades ante la violencia del crimen organizado y anunciaron la creación de grupos de policías comunitarios. El bloqueo se mantuvo durante una semana, pero el momento de mayor tensión fue el 11 de octubre, con la retención del subsecretario de Asuntos Políticos, Misael Madrano Baza.

La medida se adoptó con el objetivo de forzar al secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo a visitar la comunidad de Los Morros para instalar una mesa de neglciación. Los campesinos que participaron en la protesta son originarios de Xochipala, Campo de Aviación, Filo de Caballos, Corralitos, Carrizal, La Laguna, El Mirabal, Los Morros, Ranchito, Puentecillas, Izotepec, Yextla, Carrizal de Bravo, La Felicidad, el Naranjo y Corralitos.

Este martes los representantes de 14 comunidades de la sierra solicitaron al Congreso local autorización para crear grupos de policías ciudadanas. En la reunión con los representantes de la sierra participaron los diputados locales Rubén Figueroa Smutny, presidente de la Comisión de Seguridad Pública; Jorge Camacho Peñaloza de Justicia y Elí Camacho Goycoechea, integrante de la fracción parlamentaria del PRD.

La reunión se desarrolló en la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso local, ahí los comisarios y comisariados denunciaron que en los últimos meses se disparó el índice de asaltos, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas.

«Este mes de octubre iniciaron conflictos fuertes en la sierra, tremendas balaceras, por eso tuvimos que organizarnos, porque estamos buscando la paz», explicó Ismael Castro Guzmán, comisario de Los Morros. Lamentó que a causa de la escalada de violencia los maestros y doctores abandonaron el pueblo, aunque desde hace unos días comenzó su regreso gracias a la presencia del Ejército y Policía Estatal que brindan seguridad a las comunidades.

Por su parte el comisario de Carrizal de Bravo, Rogelio Macías comentó: «Estamos sintiendo la presión muy fuerte en nuestra zona como nunca lo habíamos visto. La gente tiene miedo y más ahorita. Hace un mes un teniente nos comentó que los narcos están más fuertemente que ellos». Subrayó que los pobladores comenzaron a abandonar las comunidades ante la ola de violencia, secuestros, extorsiones, desapariciones, asesinatos y balaceras.

«Antes los delincuentes sólo nos asaltaban, ahora desaparecen a la gente, no es posible que nos quedemos con los brazos cruzados, por eso nos organizamos y se están uniendo las comunidades», destacó.

Rogelio Macías dijo que los habitantes de la sierra están desesperados y en el abandono gubernamental, por lo que se organizaron y con teléfonos celulares se avisan entre ellos sobre cualquier situación sospechosa o violenta. «Estamos pidiendo auxilio, que vean de qué manera nos pueden ayudar, ya no podemos ni salir a trabajar, la gente está cada vez más asustada porque a cada comunidad los delincuentes fueron a matar tantos ciudadanos que los zopilotes todavía no se los acaban», reclamó a los legisladores.

También criticó que la presencia de los cuerpos de seguridad se dio después de que ocurrieron los enfrentamientos y la ola de asesinatos. Al respecto el comisario Ismael Castro reprochó: «Si las autoridades estuvieran en nuestros zapatos, entre muertos y zopilotes, entenderían que no podemos esperar tanto tiempo a que creen una legislación que dé legitimidad a nuestro movimiento ciudadano».

Subrayó los habitantes de la sierra de Filo Mayor no quieren crear una Policía Comunitaria, ya que rechazan su esquema de operación. En cambio, dijo, su pretención es conformar policías ciudadanas en cada comunidad, que operen bajo usos y costumbres, estén bajo el mando del comisario, se renueven cada año y reciban capacitación, equipamiento y salario por parte del gobierno del estado.

En ese sentido, el diputado Jorge Camacho Peñaloza respondió que existe una iniciativa del gobierno de Guerrero para reglamentar el tema de las policías. Aseguró que la propuesta que el gobernador Ángel Aguirre Rivero presentó ante el pleno del Congreso local posee varias características planteadas por los habitantes de la sierra.

El presidente de la comisión de Justicia puntualizó que la iniciativa de ley plantea que las policías rurales tengan carácter de órgano administrativo auxiliar, formen parte de la Policía Estatal; mantengan la seguridad, tranquilidad y orden de las comunidades; coadyuven en la seguridad pública y desarrollen funciones únicamente dentro de su circunscripción.

Al respecto el diputado perredista Elí Camacho Goycoechea propuso que las policías rurales se conformen sin armamento y sin pago salarial. Expresó: «Me preocupa que se conviertan en policías, estamos fuera de lo primordial en su propuesta, yo considero que la razón de esto es ver por la comunidad, es un movimiento ciudadano, donde lo que quieren es paz, tranquilidad».

El comentario del legislador molestó a los representantes de la sierra: «Es pésimo que el Congreso y el gobierno estatal estén guardando los centavitos, que no quieran soltar el dinero, ¿cómo piensan que vamos a enfrentar a la delincuencia con despensas?», reprochó un comisario.

Agregó: «El crimen organizado no es nuevo y los ciudadanos estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque el ser humano tiene un límite. A los policías del estado no les pesa pagarles pero ellos sí trabajan para los delincuentes, ningún poblador se va a arriesgar a combatir el crimen, a arriesgar su vida tan sólo porque le den una despensa a su familia».

El diputado Rubén Figueroa Smutny respondió que aún no analizan el tema de la remuneración, pero aseguró que sí habrá. La reunión concluyó sin ningún punto de acuerdo; los representantes de la sierra reprocharon que el Congreso local no agilice la aprobación de la iniciativa de ley para regular a las policías rurales.

Reiteraron su exigencia de que mientras no se conformen las policías ciudadanas, el Ejército se ocupe de brindar seguridad en los poblados de Filo Mayor. El comisario de Los Morros, Ismael Castro subrayó que al inicio del movimiento ciudadano de pueblos de la sierra, solamente participaron 300 personas, actualmente son más de 5 mil.

Explicó que cada comunidad armó comisiones de cinco policías que acompañan a los comisarios, además de cien pobladores que se encargan de cuidar cada pueblo. Puntualizó que a la fecha hay 14 comunidades organizadas de los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri, aunque aseguró que se unirán algunos poblados de Heliodoro Castillo.

«Hasta ahorita no nos estamos metiendo con ningún delincuente, sólo queremos protección para nuestras familias, los criminales saben sus rollos, que luchen por lo que tengan que luchar, nosotros vamos a luchar por nuestras vidas», dijo.

El comisario Ismael Castro informó que los pueblos de la sierra actualmente cuentan con el resguardo de militares y tres patrullas de la Policía Estatal.

 

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Justicia pendiente

Sedena identificó a 20 alcaldes de Guerrero con el narcotráfico tras caso Ayotzinapa

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La Sedena identificó a 20 alcaldes vinculados con el caso Ayotzinapa; Morena, PAN, PRI son los institutos políticos a los que pertenecen estos ediles

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó a 20 alcaldes de Guerrero vinculados con el crimen organizado, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con un informe elaborado por la Subjetafura de Inteligencia del Estado Mayor que fueron difundidos por Guacamaya Leaks.

El informe reveló que estaban involucrados con el crimen organizado alcaldes de los municipios cercanos a Iguala, como César Miguel Peñaloza de Cocula, Saúl Beltrán Orozco de San Miguel Totolapan, Taurino Vázquez Vázquez de Arcelia, Efraín Peña Damasio de Apaxtla, Rey Hilario Serrano de Coyuca.

Para saber más del tema: Hackeo a SEDENA: lo que se sabe de la salud de López Obrador y el grupo de hackers ‘Guacamaya’

También fueron señalados los alcaldes de Tlapehuala, Everardo Wences; Pungarabato, Reynel Rodríguez; de Taxco, Salomón Majul González, de Huitzuco, Norberto Figueroa Almanzo; Buenavista, Elías Salgado; de General Canuto Neri, Eleuterio Aranda; Tlacotepec, Mario Alberto Chávez; Teloloapan, Ignacio de Jesús Valladares; Ixcateopan, Filiberta Hornelia Barrera, así como de Pilcalaya, Sandra Velázquez.

De la misma manera, la Sedena identificó a José Luis Abarca por su cercanía con el cártel de “Guerreros Unidos” en el municipio de Iguala, por lo que enfrenta un proceso penal por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Los ediles señalados forman parte de todos los partidos políticos, pues siete son del Partido de la Revolución Democrática (PRD), otros siete del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tres del Partido Acción Nacional (PAN) y uno del Partido del Trabajo (PT).

Lee más: Caso Ayotzinapa: los mensajes de WhatsApp que se ocultaron en el informe de la Comisión de la Verdad

 

La mayoría de los ediles tenían relación con Guerreros Unidos, con los cuales estaban vinculados ocho alcaldes y “La Familia Michoacana” con otros ocho munícipes en 2014, pero la configuración de estas organizaciones criminales se modificó en 2020.

La Sedena estimó la presencia del Cártel del Pacífico, los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia, Caballeros Templarios y Guerreros Unidos que se disputan el control y el tráfico de las drogas en Guerrero.

 

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Por intereses económicos, hijos atentan contra la integridad de su madre, adulta mayor

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María Rodríguez Lemus sufre el maltrato y abandono de dos de sus hijos; es un adulta mayor, con problemas auditivos

Juan Gabriel y Roberta Torres Rodríguez dan testimonio falso en la fiscalía en contra de sus hermanos acusándolos de secuestro de su madre

Por Zavianny Torres Baltazar

Hace 25 años, doña María Rodríguez Lemus se jubiló tras tres décadas de trabajo constante y asiduo. Servidora pública, laboró en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y en la Semarnat, y durante los últimos 25 años vivió en su casa ubicada en la delegación Tlalpan en la Ciudad de México, al cuidado de sus hijos Juan Gabriel Torres Rodríguez y su hija Roberta Torres Rodríguez.

Sus hijos tienen locales comerciales en el domicilio de doña María, espacios que están exentos de pago de renta. En esos 25 años todo transcurrió con “normalidad”, sus hijos menores, Marlein Torres Rodríguez y Marcos Javier Torres Rodríguez, podían visitarla con la frecuencia que desearan y estar al tanto de los cuidados de su mamá.

Con el paso de los años los hijos menores conformaron sus propias familias y dejaron el hogar materno. Doña María Rodríguez quedó al cuidado de los hermanos mayores Juan Gabriel y Roberta. Sin embargo, hace 7 años la situación se tornó dramática y preocupante, debido a que sus hijos Marlein y Marcos Javier empezaron a notar que a su madre la tenían en un estado de abandono total – por parte de sus hermanos Juan Gabriel y Roberta – pues el departamento donde vivía doña María estaba en completo abandono y en condiciones de insalubridad. Rodeada de decenas de gatos y perros.

Previo a la pandemia del Covid 19 que a todos nos obligó a resguardarnos en nuestras casas, sus hijos menores -Marlein y Marcos- ya habían tomado en sus manos el cuidado de su madre. Es cuando los hermanos mayores -Juan Gabriel y Roberta- empiezan a restringir el libre acceso a la casa de doña María y da inicio un conflicto intrafamiliar con repercusiones de tipo jurídico, que al día de hoy continúan en los juzgados del estado de Morelos- y que tienen acusados de manera dolosa (con testimonios y declaraciones falsas) a los hermanos menores.

En este proceso, Juan Gabriel y Roberta, han levantado denuncias de secuestro en contra de los dos hermanos menores. Acusan que se llevaron a su madre sin su conocimiento y por la fuerza. En el estado de Morelos levantaron una denuncia con carpeta de investigación FEDFPM/101/2021. Entre las acusaciones más delicadas están la de tener secuestrada a su madre y en contra de su voluntad, vivir con los hijos menores en sus domicilios en Temixco, Morelos.

Considerando que las acusaciones son muy serias, Marlein y Marcos Javier tuvieron que contratar los servicios profesionales de un abogado defensor, ya que en diversas ocasiones han sido asediados por elementos de la fiscalía del estado y agentes del Ministerio Público. Del mismo modo, personas que se identifican como representantes del poder judicial, han tratado de ingresar de forma ilegal al fraccionamiento donde habitan Marlein con su hijo menor de edad y Marcos Javier, sin contar con alguna orden de aprensión o presentación a los acusados.

En junio de 2021, la fiscalía general del estado de Morelos emitió una alerta para localizar a la María Rodríguez Lemus, en la que solicita la ayuda para encontrar a la supuesta extraviada. Ante estas circunstancias ajenas a una buena impartición de justicia por parte de las autoridades a las que corresponde esta responsabilidad, es que solicitamos el testimonio de Marlein Torres Rodríguez por estas falsas acusaciones y en entrevista nos narra.

Testimonio

“Mi mamá desde muy niña perdió el oído. A los ocho años inició un trabajo, a su corta edad fue muy trabajadora, y a pesar de su discapacidad pudo ser independiente, hasta incluso separarse de mi papá y hacerse cargo de sus cuatro hijos. A los 25 años de laborar se jubiló. Desde entonces, mis hermanos – Juan y Roberta- administraron todo lo correspondiente a sus ingresos. Aproximadamente al año que mi mamá se jubiló adquiere un terreno, pero le faltó dinero para completar su pago. Es ante esta circunstancia que nos percatamos que no tenía dinero para adquirirlo. En ese tiempo les pedimos a los hermanos mayores que explicaran el por qué mi mamá no tenía dinero, ambos se negaron rotundamente a responder.

Me asesoré legalmente, pero no pude hacer algo en ese momento porque mi mamá estaba en condiciones de decidir, me pidió respetar su decisión, que ella estaba consciente de lo que estaban haciendo. En ese momento respeté su decisión y salí de su casa. Mi hermano y yo no tenemos la libertad de visitar a mi mamá cuando nosotros lo deseamos, y mucho menos intervenir en el arreglo de su casa. Cuando se daban cuenta de que mi mamá nos daba llaves de su casa, con diferentes excusas ellos cambiaban la combinación. Hace siete años aproximadamente, era evidente el deterioro y el descuido en el que se encontraba la casa.

Por otro lado, mi mamá tenía problemas severos de circulación, colesterol, triglicéridos altos, retención de líquidos, hipertensión, sin que tuviera tratamiento médico alguno, además tenía problemas con mis hermanos y con mi mamá porque decían que ella estaba bien de salud. Tenía también mala alimentación, no tenía comida en su casa. En varias ocasiones me percaté que no tenía dinero, le dejaba yo dinero y se le perdía o se lo daba a mis hermanos. No tenía un super o despensa en su casa, su lavadora y boiler estaban oxidados en su caja, no se los habían instalado porque no tenía dinero; artículos o prendas que le regalábamos no las usaba, las regalaba o se le perdían. Vivía entre basura, con demasiadas cosas acumuladas, las paredes con bastante humedad, no tenía luz porque la misma humedad había provocado un corto en toda la instalación.

Vivía con 22 gatos y perros que adoptaba de la calle, viviendo en una situación inhabitable e inhumana. Después de algún tiempo se nos empiezan a negar las visitas a casa de mi mamá, poniendo excusas y diciendo que no quería ver a nadie, en ocasiones los vecinos le permitían brincarse la barda para poder verla. En agosto del 2020 mi hermano menor logra visitar a mi mamá. Roberta le comenta que mi mamá presenta comportamientos y actitudes extrañas, le dicen que no la ven bien y consideran internarla en una clínica psiquiátrica o en un asilo. Posterior a eso, uno de mis hermanos le llama a mi hermano Marcos para que vaya por ella y se la lleve unos días mientras acondicionan su casa.

Mientras mi mamá está con nosotros en Temixco, Morelos, inicia tratamiento médico, jamás presentó problemas de alimentación o que algo le hiciera daño, tampoco presentó cuadros depresivos, se adaptó inmediatamente a la rutina y hábitos que teníamos en casa. Nos quedó claro que lo que necesitaba era atención, compañía, amor y convivir con personas. En octubre del 2020 mi mamá regresa a su casa, Marcos y yo exponemos nuestras observaciones al convivir con mi mamá, proponemos estar al pendiente todos, que se contrate una persona para que conserve su casa ordenada, le tenga comida y ella pueda comer cuando lo disponga. Les preguntamos quién es el encargado de cobrar las pensiones de mi mamá y cuánto es lo que percibe.

Roberta y Juan se niegan a contestar y se ponen a la defensiva, rechazan el medicamento que mi mamá llevaba porque dicen que ella tenía a sus médicos, también se niegan a que una persona extraña entre a la casa de mi mamá y nos dicen que ejerzamos nuestro derecho de hijos e investiguemos cuánto cobra mi mamá. Dejamos que mi mamá se quede en su casa porque ella así lo quería, a pesar de que Marcos y yo no estábamos muy convencidos, dejándoles en claro que para tomar una decisión de internar a mi mamá debían consultarlo con nosotros, situación que no considerábamos fuera necesario, ya que nosotros estábamos dispuestos a cuidar de ella. En diciembre mi madre se enfermó de COVID, al hacerlo de su conocimiento, ella pidió que nos la trajéramos, ya que consideraba que mis hermanos mayores no le tenían paciencia ni empatía.

Actualmente está a nuestro cuidado, está sana, anímicamente se ve bien, se muestra más segura, ya se siente merecedora de recibir afecto, acepta abrazos y está sonriente, ya se preocupa por su aseo y su aspecto personal. Lo único que solicitamos es que nos dejen cuidar a mi señora madre. Que desistan de sus falsas acusaciones. Y respeten nuestros derechos a la privacidad. Finalmente, debo decir que hacemos responsables a mis hermanos Juan Gabriel y Roberta, ambos de apellido, Torres Rodríguez, de cualquier agresión o atentado físico y/o psicológico en contra de mi hijo menor, de mi mamá o de mi hermano Marcos, denuncia que hice pública en las redes sociales a través de Instagram«.

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‘Nos asesinan por querer una forma de vida más humana’: Ambientalista mexicano Rogelio Rosales Contreras

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activista Rogelio Rosales Contreras

Por Albison Linares

La última década ha sido mortal para los activistas del medioambiente: la organización Global Witness ha registrado 1,733 asesinatos, una cifra que equivale a una muerte cada dos días.

«Solo queremos una forma de vida más humana, más comunitaria, y nos andan asesinando por eso», dice Rogelio Rosales Contreras, activista medioambiental de Ayotitlán, Jalisco, que vive bajo amenaza por defender a su comunidad nahua–otomí. Su hermano y su hijo fueron asesinados.

Para saber más del tema: Activistas y ciudadanos protestan por cierre de oficinas de la PROFEPA en Tijuana y Ensenada

De los datos de 2021, Global Witness denuncia que México fue el país con el mayor número registrado de asesinatos con un total de 54 muertes, frente a las 30 del año anterior. Más del 40% de las personas asesinadas eran indígenas.

Además, la organización afirma que más de las tres cuartas partes de los ataques registrados en 2021 sucedieron en América Latina, por lo que sigue siendo la región más mortífera para los defensores.

Esta investigación también ha detectado que las comunidades indígenas enfrentan un nivel desproporcionado de ataques, casi el 40%, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial.

Lee más: La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

 

«Soy víctima de las amenazas por resistirnos a la explotación de los recursos que defendemos», asevera Higinio Trinidad de la Cruz, otro activista de Ayotitlán. A medida que se intensifica la crisis climática, la violencia contra los defensores de los territorios empeora.

 

Fuente: Muck Rack

La depredación del medio ambiente: una violencia que no se quiere ver en Colima

La violencia de los cárteles, la corrupción gubernamental, y los proyectos industriales son los principales factores de agresión al ecosistema natural de Manzanillo, Colima, con riesgo de especies en extinción, sin ninguna sanción para México. Revisa el reportaje aquí.

 

 

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