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Con voz propia

Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes

El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

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Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe».

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

 

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de «asesinar, perseguir o capturar» a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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