Con voz propia
Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes
El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

Tomás Borges
“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu
Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.
Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.
La Ley de Extinción de Dominio “consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe».
Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.
¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.
Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.
Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.
También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.
De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.
La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.
Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.
De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.
Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.
Teoría de la Pirámide de Naipes
¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.
¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de «asesinar, perseguir o capturar» a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.
Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.
Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.
En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.
Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.
Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.
Jueces sin rostro
Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.
En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.
Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.
Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.
En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).
Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.
Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.
No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.
Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.
Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.
Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.
Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.
Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.
Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.
@borgestom
Con voz propia
La desinformación, la gran estafa de la opinión publicada

«Argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder»: analista
Por Alberto Vila
Cada vez se presta más atención al fenómeno de la desinformación qué opera como una gran manipulación de conductas políticas, sociales y económicas, de grandes colectivos sociales. El uso del falseamiento de informes, la proliferación de las mentiras intencionadas para favorecer a los intereses de los propietarios de los medios, son la expresión frecuente desinformativa. La desinformación sobre la guerra de Ucrania es un caso de censura informativa en el espacio OTAN.
Estas conclusiones sobre la desinformación partieron de los datos de un informe que la Universidad de Princeton publicó recientemente y que detectó que los adultos mayores tienen más probabilidades de compartir noticias falsas. En ese estudio los investigadores estadounidenses identificaron el aumento de usuarios hombres y mujeres de más de 65 años en Facebook y concluyeron que en esa red social los usuarios de mayor edad compartieron más del doble de artículos de noticias falsas que el grupo de edad más próximo, los de 45 a 65 años, y casi siete veces más que el grupo de edad más joven, de 18 a 29 años.
El efecto que tiene la información falsa sobre las empresas y la economía en general es enorme. Las audiencias tienden a ser receptivas a las noticias falsas. El control hegemónico de los grupos mediáticos facilita tal situación. Inclusive esos medios dicen actuar de fact-checking, de la información publicada. En cualquier caso, se verifica poco quién las fabrica y con qué motivos. Cómo combatir actualmente la desinformación, es la batalla que se libra en el mercado de los mensajes difundidos.
Sin razón aparente, el 29 de marzo de 2018, las acciones de Amazon bajaron un 5%, lo que equivale a la pérdida de 60.000 millones de dólares en valoración. Pero siempre existe un motivo para que una cotización baje tan repentinamente. Puede ser, simplemente, una percepción o una realidad, pero cuando hay un descenso de esta magnitud, significa que el mercado espera “algo”, y, en este caso, era una acción del Gobierno Federal Americano en contra de la compañía. El presidente Trump había usado su medio de comunicación preferido, Twitter, para quejarse de que Amazon no pagaba impuestos estatales ni locales, usaba el servicio de correos como su “chico de los recados”, causándole grandes pérdidas, y, además, era responsable de la quiebra de miles de comercios. Sin haberlo dicho explícitamente, el mercado de valores esperaba que la administración Trump actuara en contra de la empresa.
En Argentina, un grupo de investigadores, de Proyecto Desconfío y del Centro de Estudios sobre Medios y Sociedad (MESO), que trabaja para combatir el impacto de la desinformación en medios y redes sociales detectó que los adultos mayores de 60 años son los más afectados por las campañas de noticias falsas que circulan a través de WhatsApp. El consumo de mensajes engañosos y el desconocimiento de recursos para poder detectarlos motivó un estudio de campo con el fin de alertar sobre las consecuencias de la desinformación en esta población adulta y a aportar herramientas para poder combatirla.
En sus orígenes, la verificación de hechos era un proceso interno de los medios de comunicación que consistía en la revisión de los datos y los hechos de una noticia antes de su publicación. Los actores encargados de verificar eran los periodistas, que tenían que salir al exterior a buscar la noticia y tenían las herramientas y los conocimientos para identificar información falsa o engañosa. El paradigma cambia radicalmente con la llegada de internet. Este nuevo canal amplía el acceso a la información y permite al usuario generar y difundir sus propios contenidos, lo que abre las puertas a la infoxicación. El exceso de información y la llegada de múltiples canales por dónde difundirla, como son las redes sociales y la mensajería instantánea, entre otros, provoca una crisis de confianza hacia los periodistas, que redefine el ejercicio del fact-checking.
La infoxicación y los múltiples canales de difusión hacen que los periodistas no lleguen a todo. Los fact checkers actúan de manera reactiva desmintiendo hechos e información que ya circula en internet, pero nunca opiniones personales. Así pues, el fact-checking, tal como lo entendemos hoy, es un producto de la era digital. En 1994 nace en Estados Unidos Snopes, la primera plataforma de verificaciones en línea que aparece con el objetivo de validar y desmentir mitos, rumores y leyendas urbanas que circulaban por internet. La evolución de las falsedades en medios no ha hecho más que agravarse.
España es el escenario de imperios mediáticos que, a cualquier precio, sostienen el relato oficial de una monarquía directa heredera del franquismo. Para eso, argumentando el bien común, nos someten a la desinformación más conveniente al poder. Aquí, la tarea de los fact-checkers o verificadores es esencial en la era del exceso informativo y las redes sociales, pero para que la misión de acabar con la información falsa se cumpla, es necesario que cualquier ciudadano, alfabetizado digitalmente, sepa identificar este tipo de contenidos sin caer en falsedades o engaños.
***
El autor es economista y analista político, experto en comunicación institucional.
Este artículo se publicó originalmente en elobrero.es
Con voz propia
El Tren Maya, la ceguera de la ambición: Obispo Raúl Vera

Raúl Vera, fraile dominico y obispo emérito de Saltillo, reflexiona en este texto sobre su experiencia como jurado del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que condenó la construcción del Tren Maya durante la sesión del 9 al 12 de marzo de 2023 y de cuya sentencia dimos cuenta en Los Ángeles Press, el 13 de marzo.
La ceguera de la ambición: El Tren Maya
La Iglesia nos presenta el capítulo 9 del Evangelio de San Juan para este cuarto Domingo de Cuaresma, cuyo tema es la curación de un ciego de nacimiento.
Cuando van pasando frente a ese ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿Quién pecó, éste o sus padres? Ello para saber por qué estaba ciego. A lo que Jesús les dijo que ni él ni sus padres, sino que es así para que se cumpla la obra de Dios.
“Jesús escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió con vista (Jn.9,6-7). La gente preguntaba si era el ciego que se sentaba a pedir en la plaza, a lo que él respondía: «Soy yo». Y cuando le preguntaban qué había pasado, él explicaba lo que había sucedido, afirmando: «Jesús es un profeta». Por ello, porque él decía la verdad y porque los fariseos no querían reconocerlo, los fariseos lo expulsaron del lugar, quitándole con ello la protección y atención.
Quisiera reflexionar con ustedes este Evangelio junto a la experiencia que acabo de tener desde el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, celebrado del 9 al 12 de marzo pasado en algunos de los estados por donde atravesará el megaproyecto del llamado Tren Maya. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar testimonios de las personas que nos dijeron de manera contundente todos los daños que están haciendo a toda la naturaleza y cómo están dañando la vida de ellas y ellos, así como a la cultura maya. Ahí vimos la ceguera del gobierno federal.

El obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera y Mina Morsán, al visitar las áreas afectadas por la construcción del Tren Maya el 13 de marzo de 2023.
Vimos la ceguera de los encargados de construir este tren, los militares. Vimos la ceguera de quienes están alterando el sistema ecológico y la vida de nuestros hermanos maya. Eso es un ecocidio y un etnocidio y sólo lo pueden hacer personas que no ven, que no tienen la mirada para reconocer la riqueza cultural que el mundo maya tiene, ni el destrozo terrible de la selva, la destrucción de los cenotes, depósitos de agua dulce y casa para una gran cantidad de fauna de la región. ¿Cómo es posible que estén con los ojos cerrados? ¿Cómo es posible que sólo tengan una visión económica y de negocio? Hemos visto la ceguera de la ambición de parte de quienes están conduciendo la construcción de ese tren.
Les doy un abrazo,
Fr. Raúl Vera López, O.P.
Obispo Emérito de Saltillo
Lecturas del domingo 19 de marzo del 2023, Cuarto Domingo de Cuaresma:
1Sam.16,1b.6-7.10-13a;
Sal.22,1-3a.3b-4.5.6;
Ef.5,8-14;
Jn.9,1.6-9.13-17.34-38.
Con voz propia
México: Unidad perdida, agresión y difamación

TRAS BAMBALINAS
Por Jorge Octavio Ochoa
A menos de 48 horas de haberse conmemorado el día internacional de la mujer, el presidente de México arremetió verbalmente, el viernes 10 de marzo de 2023, contra la reportera Nayeli Roldán, de Animal Político.
La difamó. La señaló como parte de una prensa corrupta y rechazó la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata. “Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada, al servicio de los corruptos”, le dijo.
Así, sin hacer distingos, en una más de sus generalizaciones, sumó a la reportera a ese grupo de la corrupción, ¿Por qué les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?, remató en ese episodio, que dejó patente un inconmensurable abuso de poder.
Sin embargo, los mexicanos, acostumbrados a normalizar la violencia, simplemente reprocharon lo sucedido, expresaron solidaridad, pero hasta el momento no hay un sólo intento por emprender una acción legal por ese suceso.
Por lo menos, exigir al mandatario una disculpa pública tras lo dicho a una periodista que, con una gran madurez y altura, solo dejó el expediente sobre el uso de Pegasus por el Ejército contra luchadores sociales y le agradeció el espacio.
Como ha ocurrido con otros abusos en estos últimos dos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha guardado un pesado silencio. Lo más triste es que no parece haber institución alguna que detone un procedimiento de censura por agresión verbal y difamación.
Lo ocurrido en Palacio Nacional el viernes 10 de marzo es un hecho gravísimo, nunca visto, que echa por tierra la afirmación presidencial de que el suyo ha sido el régimen más feminista de toda la historia de México.
El 8 de marzo, en México, fue el Día del Macho Alfa. Un pequeño grupo de mujeres, reunidas en Palacio, protegidas por enormes vallas de acero, mientras afuera, más de 100 mil mujeres se arremolinaban para pedir justicia, sororidad y respeto.
A un costado del Palacio, en la Suprema Corte, otra mujer protagonizó uno de los episodios más grotescos que se han visto. Disfrazada con toga, birrete y ametralladora de juguete, le mentó la madre a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. Agresión de mujer a mujer. Ha cundido el mal ejemplo, las malas conductas. Los agravios e insultos aumentan. El presidente de la República debiera ser el más preocupado y comprometido en atacar este fenómeno. Pero, increíblemente, lo provoca, lo incita, lo alimenta y envía a sus huestes a agredir, incluso dentro de la Cámara de Diputados, a través de transgéneros que amedrentan mujeres.
No hay término legal que dimensione, en su real magnitud, lo ocurrido este 10 de marzo en Palacio Nacional. En medio de una crisis de feminicidios, el mandatario bañó de oprobio, infundios y descalificaciones sin pruebas a una reportera.
No, él no mató a nadie, pero sí a su proyecto de Nación. Un hombre así no merece respeto, mucho menos apoyo. Lo más triste es que la propia sociedad ha dejado pasar este incidente.
Para los medios nacionales como El Universal, Excelsior y La Jornada, ni siquiera mereció primera plana el sábado 11 de marzo. Otros, se fueron por la cabeza de que el nuevo régimen no espía, ahora es “inteligencia”.
Sí, periodísticamente eso es importante, pero jurídicamente esta agresión debe quedar plasmada, con posibilidades de sentar jurisprudencia, pues no sólo arremetió contra la prensa.

Nayeli Roldán. Fotografía publicada en su cronología de Twitter (@nayaroldan).
Él arremetió, desde la cúspide del poder, contra una mujer y ese es un acto doblemente cobarde. Hay un infundio, pues insultó y difamó sin pruebas. Eso jurídicamente se debe esclarecer.
Pero eso sí, ahora el presidente ha iniciado una campaña patriotera, para “defendernos de las acechanzas de Estados Unidos” que, según él, quieren intervenir militarmente a nuestro país.
Ahora sí quiere esa unidad a la que nunca ha convocado, porque llama “aspiracionista” y “fifís” a una clase media, “totalmente Palacio”, que únicamente quiere mejores niveles de vida y de disfrute.
El próximo 18 de marzo, de eso versará el discurso. Su concentración en el Zócalo de la gesta petrolera hablará del intervencionismo yanqui. Lloverán los insultos, pancartas. Renacerá el chauvinismo.
Está tentado a iniciar ese juego, pero antes tendrá que explicar varias cosas, como el arribo de “médicos” cubanos y militares venezolanos, aparejado con el anuncio de una reforma al artículo 33 de la Constitución.
¿Ahora ellos podrán, no sólo opinar, sino actuar libremente en el país? Mala apuesta, porque de igual manera los estadunidenses pretenderán inmiscuirse en nuestros asuntos electorales, así como AMLO lo hace ahora con los republicanos.
Se quiere empujar una penetración ideológica a través de dos proyectos fracasados. Los gobiernos de Cuba y Venezuela no son ejemplo de nada y lo más curioso es que todos los migrantes quieren irse, precisamente, a los Estados Unidos.
Por todo esto, llama la atención la convocatoria de una marcha de militares, este domingo 12 de marzo. Concurrida o desairada, el hecho concreto es que ya hay malestar también en ese sector.
Exigen respeto y posibilidad de defenderse del crimen organizado. Justo cuando hay cinco jóvenes acribillados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuando el nuevo gobernador de ese estado se ve señalado por complicidad.
En las redes sociales se dice que Américo Villarreal protege a una parte de los cárteles criminales y de ahí la increíble “disculpa” del Cártel del Golfo”, que entregó a cinco de los suyos, bajo la promesa de que “no volverá a ocurrir”.
¿Quién gobierna entonces? ¿Quién manda? Resulta sospechoso. Más aún porque en el caso de los estadounidenses secuestrados hubo una pronta acción, pero ahora el FBI revela que hay otros secuestros de los que no se ha dicho cosa alguna. Desde febrero pasado, tres mexicanas que viven en Estados Unidos, desaparecieron después de que cruzaron la frontera para vender ropa en un mercado de pulgas, según versiones dadas a conocer al otro lado del Bravo. En este caso no hay disculpa, ni información.
El fracaso es evidente. Por donde se le quiera ver, la lucha contra el narcotráfico no sólo tiene un saldo de 144 mil muertes violentas. Tiene al Estado mexicano contra la pared, profundamente penetrado.
En estos momentos, el presidente convoca a la unidad de los mexicanos para oponerse a las presiones de Estados Unidos, pero la respuesta es evidente: no sólo hay escepticismo; hay también un gran desprecio y polarización.
Las ofensas y la difamación que han salido de Palacio Nacional han sido muchas y escalonadas. A eso debemos añadir, auténticas campañas de propaganda, de desinformación, respecto a la verdadera intención para despedazar al Instituto Nacional Electoral.
El régimen de Morena gasta más en salarios para Servidores de la Nación, que en apoyos sociales a ciudadanos con becas y pensiones. Es evidente que el objetivo, es la compra de conciencias y votos.
La estructura con que los mueven, semeja más células de propaganda que la de una auténtica burocracia que cumple un trabajo de apoyo social. Invaden colonias y barrios para impulsar, también, propuestas como la revocación de mandato.
¿A eso llegaron los militares cubanos y venezolanos? Por ese patrioterismo exaltado ahora se enfrenta a sus propios demonios. ¿Qué impedirá que los gringos no traten de intervenir también? No hay rumbo, ni estrategia.
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