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Con voz propia

Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes

El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

Tomas Borges

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Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe”.

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

 

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de “asesinar, perseguir o capturar” a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

Con voz propia

Jorge Hank Rhon y Julián Leyzaola, una mancuerna electoral de terror en Baja California

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Por Kristian Camarena-Sánchez

Desde los nazis de hace 80 años, en los tribunales internacionales hay algo que no se perdona: la tortura. Y en pleno 2021, Julián Leyzaola y el Partido Encuentro Solidario (PES) de Baja California no lo han entendido, y se empeñan en que el exmilitar debe ser candidato a alcalde y acompañar a Jorge Hank Rhon en la Campaña Electoral de este año.

Lo cierto es que esto no sólo radica en el empeño del PES y de Leyzaola, sino también en el de Jorge Hank, quien sigue considerando que el exmilitar en retiro y prófugo de la justicia debe ser su candidato a la alcaldía de Tijuana.

Tan es así, que ayer en su acto de campaña en el Estadio Caliente, aplaudió la presencia de Juliana Leyzaola, la hija del ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana que lleva casi 10 meses sin dar la cara porque lo detiene la policía.

“Le tienen miedo”, dijo Hank Rhon, mientras juntaba los cinco dedos en señal de cuchi cuchi.

Hace unos días el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó que la Carta de Residencia no es el único formato para que los candidatos demuestren que viven en la ciudad y se puedan registrar para la Alcaldía.

Los aplaudidores incomprensibles de Julián Leyzaola modificaron las cosas y viralizaron que éste no necesitaba la Carta de Residencia, pero sin mencionar que cualquiera de los otros medios también requiere la presencia del exmilitar.

Fue así, como el jueves pasado la gente de Leyzaola Pérez diseminó en redes sociales que éste ya era prácticamente el candidato a la Presidencia Municipal de Tijuana por el PES.

Mentira en despoblado: Lo que el IEE resolvió es que la Carta de Residencia no es el único método que un candidato puede presentar para demostrarse tijuanense; sin embargo, los otros posibles requieren igualmente la llegada y presencia de Julián Leyzaola, y en cualquiera de estas posibilidades lo van a detener.

Independientemente de todos los entuertos locales que Hank Rhon busque desde su dinero, el exmilitar no será candidato a Alcalde porque la Constitución Política de México se lo prohíbe debido a que tiene una orden de aprehensión vigente.

En el artículo 38, inciso V, de la Carta Magna, se indica la suspensión de los derechos ciudadanos “por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.

Hank puede decidir desde hoy lunes, en el segundo día de su campaña, no seguir apoyando la faramalla de candidatura inexistente de Leyzaola, pero seguramente esperará hasta el 18 de abril para modificar sus pasiones, en vista de que al día siguiente inician las campañas para Alcalde.

El exreo por acopio de armas, Jorge Hank Rhon, va a gastar las primeras dos semanas de su campaña en proteger y sostener en el discurso al prófugo de la justicia por tortura, Julián Leyzaola Pérez.

Al parecer, está el canasto pa’l garrero

Esto lo saben todos en ese circulito pequeño de intereses creados. Lo sabe el presidente en funciones del Partido Encuentro Solidario (PES), Alfredo Ferreiro; lo sabe el diputado Héctor Cruz Aparicio, que obtiene favores usando el nombre de su jefe el exmilitar; lo saben Hank Rhon y Julián Leyzaola, los principales interesados.

Pero quienes no lo saben, son los ciudadanos. Porque desde el poder del dinerote les han hecho creer que todo es posible si llega un costal de dólares a la persona adecuada.

Muy mal hace el PES y Hank en poner a Leyzaola como una víctima del sistema que hoy lo busca por tortura, cuando en el pasado, fue el victimario del sistema que le dio trabajo como Secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana.

Engañan a la ciudadanía y ésta se alebresta en favor de un sujeto que pateaba detenidos con sus botas de casquillo tipo militar.

En el equipo del magnate Jorge Hank Rhon los que tienen miedo son ellos mismos, porque saben que van a perder la contienda si se siguen esforzando en darle cabida a la obsesión del ingeniero.

Pero Hank Rhon es obsesivo hasta los dientes; él está seguro de poder cargar con su leyendota negra y con la de Leyzaola durante la Campaña Electoral 2021.

A ver si cuando se esté lamiendo las heridas por haber perdido otra vez la gubernaturano se arrepiente.

DE LA AMENAZA: “Yo pienso hacer exactamente lo mismo del municipio cuando estuve aquí, pero ahora en el Estado”, dijo Jorge Hank Rhon en su evento de ayer en el Estadio Caliente.

Fuente: glocal.com.mx

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Con voz propia

Exfuncionarios hidalguenses detrás de inversión millonaria en torre habitacional

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Ambos políticos hidalguenses han edificado más de 10 mil viviendas en desarrollos inmobiliarios al interior del país y para ello han constituido diversas sociedades; aunque quieran esconder el origen de las inversiones, el rastro de los hombres de confianza que dejan al frente llevan siempre a ellos

Por Emmanuel Ameth

El pasado 24 de marzo fue anunciada una inversión de 260 millones de pesos para edificar la Torre AG en la zona plateada de Pachuca, misma que en sus 20 niveles albergará 97 departamentos y 176 cajones de estacionamiento; aunque la cara pública del proyecto fue el empresario Ricardo Mejía Pesquera, una serie de conexiones llevan a nombres como el del exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto así como del exdirector de Infonavit David Penchyna Grub, entre otros.

La riqueza generada a partir de información privilegiada y presuntos actos de corrupción confabulados desde distintos puestos públicos y sus conexiones, les han permitido constituir una serie de sociedades a partir de las cuales han podido comercializar más de 10 mil viviendas al interior del país.

La misma Policía Federal ha dado cuenta de estos manejos político-empresariales pero por alguna razón, las investigaciones no llegaron a judicializarse en el sexenio pasado y parece que en el presente tampoco se han tenido avances significativos, si bien existen otras pesquisas que podrían llevar a la cárcel a los involucrados.

Las dudas sobre el representante del proyecto

De acuerdo con la misma información que Spazios ha hecho pública, el grupo empresarial también ha edificado desarrollos como Mina Real en Zona Plateada, Los Frailes Residencial en Ex Hacienda la Concepción, Valle del Sol al sur de la ciudad, así como Don Carlos en Tizayuca (cabe señalar que pese a los millonarios ingresos, solamente la página de Spazios está activa y está “en construcción”).

Si bien el ramo de la construcción es altamente lucrativo y permitiría seguir invirtiendo en otros proyectos, destaca que en 3 de los 4 desarrollos citados, pese a llevar algunos más de una década en comercialización, la totalidad de lotes no han sido vendidos aún, lo que disminuye considerablemente la liquidez para hacer nuevas inversiones.

Dicho argumento planteó dudas que motivaron la presente investigación, pues a diferencia de un fraccionamiento, una torre requiere de una inversión inicial considerable de la que no podrían darse el lujo de inyectar capital conforme vayan avanzando las ventas, pues los propietarios del proyecto no pueden esperar años a que avancen las ventas -como sucedió en sus otros desarrollos- para ver el complejo terminado, pues en general se dificulta que habiten si continúa la construcción en pisos posteriores.

También está el currículum -en poder de este medio-, donde se establece que Mejía Pesquera es directivo y socio de Grupo MB desde 2006, dentro del cual destacan empresas como Vipegasa SA de CV, PAK Desarrollos Sa de CV, Argenta Condominial SA de CV y Spazios.

Si bien la sociedad le permitiría ser poseedor de algún porcentaje de la renta en los desarrollos, llama la atención que no se presente como dueño o principal accionista de ninguna de las anteriores, además de vislumbrarse que hay más personas involucradas en los proyectos.

Las conexiones que llevan a los probables verdaderos inversionistas

La Torre AG, de la que Mejía Pesquera es el rostro público, es desarrollada por Spazios.

Spazios, entre otros desarrollos, tiene a Los Frailes Residencial (VÉASE AQUÍ).

La constructora que edifica y “comercializa” los espacios -es decir, no es sobre pedido ni a petición de particulares- en Los Frailes Residencial es Constructora Maroja (VÉASE AQUÍ), misma que incluso es promocionada por el medio de Marín Huazo -vinculado a Núñez Soto en el escándalo del GACM donde el exgobernador lo favoreció con un contrato irregular por 5 millones de pesos-.

Constructora Maroja edifica en Valle del Sol -del mismo grupo que Spazios- así como en Bosques de Santiago (VÉASE AQUÍ).

Bosques de Santiago es un complejo propiedad de Desarrolladora E-Hogar (VÉASE AQUÍ).

Según el documento PF/DINV/CIC/DGIDA/5097/2018 de la Policía Federal, elaborado en noviembre de 2018, Desarrolladora E-Hogar es la única empresa de entre todas las que posee Manuel Ángel Núñez Soto, que es declarada como su propiedad (VÉASE AQUÍ). Incluso, figura en sus redes sociales (VÉASE AQUÍ).

Manuel Ángel Núñez Soto está al frente de la CAMORRA DEL ÁNGEL, grupo de políticos y empresarios que han desarrollado más de 10 mil viviendas en el país valiéndose de diversas irregularidades -que este medio ya ha documentado en una investigación especial- y donde figuran como socios el exdirector del Infonavit David Penchyna Grub así como el actual director de Bancomext y Nafin de la SHCP Carlos Noriega Romero, entre otros.

El negocio de la Zona Plateada

Como destacan las investigaciones “La Cofradía Tuza” de Proceso y “Las artimañas legales” de El Universal, la zona plateada se convirtió en un botín para los entonces funcionarios del más alto nivel en Hidalgo: primero con Jesús Murillo Karam y luego con Manuel Ángel Núñez Soto.

Primero cerraron los flujos de aguas negras para los ejidatarios de Venta Prieta con la intención de dejarlos en la hambruna y la desesperación. Posteriormente les ofrecieron un pago ínfimo por sus tierras, el cual además tardó años en llegar y sólo una fracción, pues aparentemente entre tantas manos, gestores de gobierno y representantes, la mayor parte del recurso se perdió.

En ese entonces les comentaron sobre un proyecto único a nivel nacional, donde participaría el gobierno, la iniciativa privada y los empresarios para el complejo denominado Zona Plateada.

El gobierno actualmente participa absorbiendo diversos gastos mientras que los entonces funcionarios se hicieron de grandes extensiones de tierra desde las cuales realizan sus negocios, siendo el preferido, el de bienes y raíces. A los ejidatarios no les tocó nada.

Familiares de Murillo Karam, prestanombres de Núñez Soto, así como empresarios ligados al fútbol como es el caso de Jesús Martínez Patiño fueron los grandes beneficiarios.

Y eso no fue todo. Tras diversos intentos, el único proyecto que les fue autorizado a los ejidatarios destinaba el 58% de las ganancias netas a los intermediarios -gestores de gobierno-, quienes tardaron años en capitalizar, y nuevamente jugando con el hambre de la gente, recompraron las acciones de quienes fueron despojados de sus tierras bajo amenazas.

Hoy el complejo Zona Plateada ostenta los desarrollos habitacionales con mayor plusvalía de la entidad y estos están en manos de exfuncionarios de Hidalgo, quienes para recaudar fondos, invitaron a inversionistas judíos a los que, como agradecimiento, incluyeron un busto de David Ben Gurión, considerado padre del sionismo e incluso como genocida.

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Con voz propia

El juicio a Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd

Amy Goodman

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Amy Goodman y Denis Moynihan

Nueve minutos y 29 segundos. Ése es el tiempo que Derek Chauvin, el ex oficial de policía de la ciudad de Mineápolis, quien ahora enfrenta un juicio por matar a George Floyd, mantuvo su rodilla presionada contra el cuello de Floyd el pasado Día de los Caídos. Floyd estaba esposado, tirado boca abajo en el pavimento, sin prestar resistencia y respirando con dificultad, mientras suplicaba por su vida. Las imágenes del incidente grabadas por una adolescente con su teléfono móvil desencadenaron protestas a lo largo y ancho del mundo en reclamo de justicia para George Floyd y por el fin de la brutalidad policial y el racismo sistémico. A lo largo del juicio contra Chauvin, vemos morir a George Floyd, una y otra vez, mientras se reproducen ante el jurado diferentes imágenes del hecho registradas por teléfonos móviles, cámaras de vigilancia y cámaras corporales de la policía.

Quienes fueron testigos presenciales describen con sombrío detalle una escena de linchamiento moderno —a plena luz del día— de un hombre afroestadounidense por parte de la policía. Si bien los testimonios reflejan de manera contundente la violencia policial, también exponen otra faceta de nuestra sociedad que, a pesar de las horribles circunstancias, debemos celebrar: el coraje y la compasión de los transeúntes que presenciaron el hecho, que se arriesgaron a enfrentarse a policías armados e intentaron desesperadamente salvar la vida de un extraño.

Una de las transeúntes que brindó su testimonio en el juicio fue Darnella Frazier: “Escuché a George Floyd decir: ‘¡No puedo respirar! Por favor, quítate de encima. ¡No puedo respirar!’”. Frazier tenía solo 17 años de edad cuando grabó a los oficiales Derek Chauvin, J. Alexander Keung y Thomas Lane mientras inmovilizaban a Floyd en el suelo, y a Tou Thao mientras los cubría, todos robándole a Floyd su vida.

La testigo continuó: “Pedía por su mamá. Estaba sintiendo mucho dolor. Parecía que sabía que todo había terminado para él. Estaba aterrorizado. Estaba sufriendo. Se trataba de un grito de ayuda. Cuando miro a George Floyd, veo a mi papá, veo a mis hermanos, veo a mis primos y a mis tíos, porque todos son negros. Tengo un padre negro, un hermano negro, amigos negros. Veo lo que le pasó a él y sé que podría haberle pasado a cualquiera de ellos.
En el video de Frazier, se escucha a Donald Williams, un luchador profesional de artes marciales afroestadounidense, implorar a los oficiales que dejen de presionar el cuello de Floyd.

“¡No reacciona, hermano! […] ¡Toma su pulso! Toma su pulso, Thao. Thao, toma su pulso. ¡Thao, toma su pulso, hermano!”. Conocedor de las técnicas de estrangulamiento, Williams le gritó a Chauvin que dejara de hacer lo que se denomina “estrangulamiento de sangre”, una maniobra de restricción que corta el flujo de sangre al cerebro. Williams afirmó que Chauvin hizo contacto visual con él al escuchar el término, lo que indica que Chauvin sabía lo que estaba haciendo.

El fiscal le preguntó a Williams sobre la llamada al teléfono de emergencias que hizo después de que el cuerpo de George Floyd fuera retirado en una ambulancia: “Llamé a la policía porque creí haber sido testigo de un asesinato”.

Genevieve Hansen, una bombero blanca y técnica en urgencias médicas del Departamento de Bomberos de Mineápolis, que se encontraba dando un paseo fuera de su horario laboral cuando vio a Chauvin arrodillado sobre el cuello de George Floyd, describió sus intentos de intervenir:

“Me identifiqué de inmediato, porque noté que Floyd necesitaba atención médica. No tardé en darme cuenta de que su nivel de conciencia estaba alterado. Por mi entrenamiento sabía que en esos casos se necesita atención médica de inmediato. Por tanto, dejé de concentrar mi atención en el Sr. Floyd y me enfoqué en cómo acceder al paciente y brindarle atención médica, o cómo instruir a los oficiales a que lo hicieran, pero los oficiales no me dejaron intervenir. Recuerdo que me ofrecí a indicarles lo que debían hacer o les dije ‘Si no tiene pulso, hay que hacerle compresiones’. Y eso tampoco se hizo”.

El fiscal Matthew Frank le preguntó entonces a Hansen: “¿Eso es lo que quería hacer usted?”. Hansen respondió entre sollozos: “Es lo que habría hecho por cualquiera. Se los supliqué y estaba desesperada”.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Charles McMillian, que tenía 60 años en el momento del asesinato y fue uno de los primeros en detenerse cuando ocurrió el incidente. La policía ya le había apuntado con un arma a Floyd, lo había esposado y, a pesar de las súplicas de Floyd porque era claustrofóbico, lo estaban metiendo en el asiento trasero de una patrulla. En el registro de video, se escucha que McMillian le grita a Floyd: “¡No puedes ganar!”, a lo que Floyd le contesta: “¡No estoy tratando de ganar!”. Ésa fue la última conversación que tendría George Floyd. Sin poder contener el llanto, McMillian expresó: “Porque he tenido interacción con la policía, tengo claro que una vez que te meten las esposas, no puedes ganar”.

En conversación con Democracy Now!, Mel Reeves, editor del periódico Minnesota Spokesman-Recorder, el periódico de propiedad afroestadounidense más antiguo del estado, expresó: “La gente se detuvo, pero sólo porque la policía la detuvo”.

Volvamos al testimonio de Darnella Frazier: “He pasado noches despierta disculpándome y disculpándome con George Floyd por no haber hecho más, por no intervenir físicamente y salvarle la vida”. Cada uno de los testigos carga con el trauma de haber presenciado el asesinato de George Floyd.

Este juicio nos muestra el profundo poder de la bondad humana, en cruda yuxtaposición con la crueldad demostrada por Derek Chauvin y los otros oficiales. Sin embargo, la bondad de los extraños no es suficiente para detener la violencia policial. Es hora de implementar leyes de aplicación efectiva y efectuar una revisión radical de los procedimientos policiales. Los movimientos populares y la organización de base son elementos clave para forzar ese cambio sistémico.

Democracy Now!

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