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Con voz propia

Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes

El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

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Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe”.

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

 

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de “asesinar, perseguir o capturar” a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

Con voz propia

Nosotros, los periodistas, “los que nos cuidan” y la subcontratación consentida por Jenaro Villamil

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Historias para armar la Historia

Ramsés Ancira

En el principio López Obrador anunció que iniciaría la sección “quién es quién en las mentiras” y los periodistas no vimos que esto era bueno. Más que bueno, resultó buenísimo.

Ahora ha quedado de manifiesto, que, sin la participación del periodismo libre, sólo queda lugar para un Estado Fallido.

El presidente tiene razón, escudados en el periodismo, muchas de las personas que tienen espacio en los medios informativos se dedican a la gacetilla, o como en los viejos anuncios del Aviso de Ocasión, al pago por palabra, sea para repetir las grotescas y falsas campañas de propaganda del PRI, Acción Nacional, y en menor medida las de los dueños del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, o bien por venganza por la ausencia de publicidad oficial.

En donde sí se equivocó López Obrador, y gravemente, es en ponernos a todos en el mismo saco. Incluso hizo famosa la frase “benditas redes sociales”, ignorando que éstas también se corrompieron y hay gobernadores que las patrocinan para esconder sus delitos de lavado de dinero. Otros actores, por cierto, de MORENA, lucran con los apoyos que el presidente Biden ofreció por el COVID a indocumentados mexicanos, como quedó plenamente demostrado con los ataques y montajes en contra de nuestro cónsul en Nueva York, Jorge Islas.

Sus fans más incultos, en consecuencia, se dieron a la tarea de motejar como “chayoteros” a todo periodista, que hiciera incluso las observaciones más amables y comedidas al presidente. Como buenos “bots”, pero sin inteligencia siquiera artificial, estas personas se aprendieron la palabrita, “chayoteros”, sin tener la más p…equeña idea de lo que esto significa.

La realidad es que en su afán de ahorro y protección a la sociedad que más lo necesita, al gobierno de la Cuarta Transformación se olvidó de un pequeño gran detalle: sin periodismo libre ni se hacen las revoluciones, ni se politiza a la sociedad, ni se le informa, y por lo tanto se fomenta el sub desarrollo; la dependencia a los programas de apoyo y la manipulación de gesticuladores, de los cuales Alfredo Jalife Rahme, quien se escuda en el trasero del presidente, sería un muy buen ejemplo.

Para no dejar el enfoque histórico, recuerdo que mi padre tuvo como compañero, en la cuarta década del siglo pasado, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México a Pedro Joaquín Chamorro. El estudiante nicaragüense era monotemático, de lo único que hablaba era de que regresaría a su país a hacer la revolución. Para ello, lo primero que hizo fue fundar un periódico La Prensa. Y en efecto, pese a todo el dinero que invirtió la CIA para comprar armas, con el dinero que obtenía de las drogas que importaba de Irán y vendía en Los Ángeles, la revolución triunfó. Usted lo recuerda, la historia recoge este suceso con el nombre de Operación Irán Contras.

Por cierto, al menos dos periodistas fueron asesinados por descubrir la trama, el mexicano Manuel Buendía y el estadounidense Gary Webb, Menos mal, el estadounidense pudo disfrutar, antes de ser “suicidado de dos balazos en la cabeza”, del reconocimiento máximo que se le puede dar a un periodista en el mundo, el Premio Pulitzer.

Continuamos. El asesinato de periodistas en México es a la fecha, uno de los de mayor alta tasa a nivel mundial, un promedio de dos cada mes. Esto es solo una muestra de la indefensión en que nos encontramos.

En tiempos del PRI, parte de los beneficios de ser reportero, era acceder a los programas de vivienda popular; sin embargo, más de la mitad del gremio no quiso, o no pudo, o por cualquier razón no aprovechó esta situación y de estos, una buena parte, al llegar a la edad de adulto mayor, divorciados, sin familia y enfermos sobreviven en una situación muy precaria, algunos en el Club de Periodistas de Filomeno Mata.

Justo es decir que, para muchos, el “chayo” resultaba tan vergonzoso, que, en lugar de acudir al sicólogo, se lo gastaban bebiendo”. Parece que fue el mismo Buendía quien dijo que un periodista sin aliento alcohólico era como “una flor sin aroma”.

Lo cierto es que había otras razones para el vicio: los periodistas generalmente éramos contratados por honorarios, sin seguro social, por lo que muchos no tenemos derecho a una pensión de retiro. Por otra parte, una jornada normal de trabajo es de 14 horas diarias, con lo que nuestra tasa de divorcios, es de las más altas entre todas las profesiones liberales.

Si no queríamos cobrar por honorarios, lo que permitía mejores salarios, teníamos que someternos a las condiciones de los sindicatos “charros”, entre los cuales ocupa el primer lugar mundial, el de la cadena de “los soles” desde que la adquirió, con dinero que le dio Luis Echeverría, Mario Vázquez Raña.

Le doy dos ejemplos, los reporteros nuevos trabajábamos en El Sol de México siete días de la semana, no teníamos descanso, pero sólo nos pagaban seis, el otro se lo robaba el sindicato.

Recuerdo que Rafael Loret de Mola, (hijo de Carlos, el ex gobernador de Yucatán y papá de Carlos, el de Latin Us), quien fue mi director en la agencia Lemus, fue contratado para encabezar uno de los periódicos de la cadena de “los soles”. Cuando preguntó que sueldo le asignarían, le respondieron que “para que se preocupaba por eso”. Llegando, le dijeron, “el gobernador se va a encargar de mandarle un coche, chofer y asignarle una casa para que viva dignamente”.

Si acaso el gobernador se negaba al chantaje, los ataques eran incesantes, hasta tirarlo “de la silla”.

Por eso Abel Quezada dibujaba a los periodistas como sujetos famélicos sostenidos por cuerdas en una posición muy incómoda.

Hoy, que tanto se ataca, justificadamente, desde el gobierno al “outsorcing”, (llamémoslo mejor en español, pues los anglicismos no son necesarios) la subcontratación en el sistema de Radiodifusión Pública que dirige Jenaro Villamil, es norma y no excepción.

Nuestro admirado “homozzapping” como él mismo firma sus videos, ha sido incapaz de exigirle al presidente López Obrador, las condiciones más elementales que el Artículo 123 ofrece a los trabajadores. Sí, no se sorprenda, aunque hay quienes no reparen en ello, los periodistas también comemos, tenemos necesidad de vivienda, y si no fuera mucho pedir, que nos paguen por nuestro trabajo, no estamos diciendo que nos den una retribución digna, solo digo que nos paguen o, lo que sea, pues solemos financiar nuestro internet, transporte y vestido, con otros ingresos, comúnmente como maestros, correctores de estilo, asesores de tesis, o la venta de nuestros libros.

Ya no se diga Notimex, que para evadir el para ellos molesto sindicalismo, recurre a la práctica de contrato de esquiroles. Tampoco los culpamos, tienen que comer, y no es fácil para 250 personas, hombres y mujeres, compartir el mismo baño en una bodega.

En este tema debemos hacer un pequeño paréntesis para hablar del Canal 21, administrado por el gobierno de la Ciudad de México, quizá sea la única señal del planeta, en que los conductores de noticiarios van vestidos apenas con una camiseta, a pesar de ello no solo hacen noticieros buenos y baratos, sino incluso programas especiales, como los que han narrado las atrocidades de Isabel Miranda de Wallace. Nuestra admiración y respeto a los colegas, pero también un llamado a Claudia Sheinbaum para que invierta más en la producción de este canal. No solo es una inversión social, sino que le va a dar réditos políticos. Consejo gratis:  por lo menos que los gobiernos de la Ciudad de México inviertan mil pesos en una campaña de Google para promocionar sus contenidos y que la gente los vea.

Finalmente: ¿Por qué será que quienes solicitan el apoyo del mecanismo de Protección de defensores humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación resultan los más amedrentados, encarcelados e incluso asesinados?

No lo hemos podido constatar, pero tampoco tenemos razón para dudar la denuncia que nos han enviado, sobre que este mecanismo, en pleno gobierno de López Obrador, es controlado por familiares de Genaro García Luna. Lo que sí sabemos es que escoltas del licenciado Alejandro Garduño, defensor público federal fueron esposados y encarcelados temporalmente en el Estado de México, y luego de que le quitaron el trabajo, recibió amenazas que lo llevaron a solicitar y obtener el asilo humanitario en Estados Unidos, apenas hace unas semanas, ya en la gestión del presidente Biden.

Otro periodista, quien acusó de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero al gobernador de Quintana Roo, ha sido sentenciado a 16 años de prisión por un delito aparentemente fabricado. No nos extendemos más, porque su abogado le ha recomendado que no se mediatice el caso. Sin embargo, esto nos da pie para concluir con nuestra final y acostumbrada…

Bitácora Suplementaria

29 de julio de 2021, 13:59

Olivia Arrieta, comenta a nuestro programa Defensoría Pública contra Isabel Miranda de Wallace: “Dejen de enfocarse en el hermano de Irma Eréndira y enfóquense en la Wallace”

Le respondo:

“Entendemos su postura, pero mire, tanto peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata. Primero Netzaí privó ilegalmente de la libertad a los abogados de Brenda Quevedo y Jacobo Tagle Dobín para obligarlos a renunciar, luego dejó sin defensor a Brenda, en la audiencia en la que se decidía su libertad, así que, es un corrupto, o un inepto, o las dos cosas.

Agrego:  intempestivamente la abogada de la Defensoría Pública Federal quien debía acudir a la audiencia donde se decidiría la libertad de Brenda Quevedo decidió que se iba de vacaciones. No me extraña, las amenazas y encarcelamiento de letrados que han defendido a las víctimas de Wallace, hacen que estos se hayan visto obligados.

Y digo más: Entiendo que el presidente López Obrador haya influido en el nombramiento de Netzaí Sandoval en el poder judicial. El nepotismo que esto representaba al tener en la nómina de la 4T a Irma Eréndira Sandoval, como secretaria de la Función Pública, a Pablo Amilcar Sandoval como super delegado en Guerrero y ahora como senador de Morena;  a Netzaí con doble cargo como director de la escuela de Derecho Ponciano Arriaga, (subsidiada por el gobierno federal) y como director de la Defensoría Pública; y a el esposo o  cuñado de estos personajes, John Ackerman, en la nómina de canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, es un exceso.

Cierto, el Poder Judicial, como lo admitió entre líneas el presidente López Obrador en la conferencia de este jueves, es una cloaca, pero recomendar a Netzaí no le ha traído ningún beneficio, y menos porque lo único que hizo para acusar a Wallace, fue “refritear” la denuncia legal que ya había emprendido la periodista Guadalupe Lizárraga y también argumentar la falsedad representada por el ADN, que no era de Wallace, lo que también fue posible gracias a la investigación periodística que logró encontrar al padre biológico, del multi nombrado Hugo Alberto y no gracias al trabajo que no quisieron hacer los gobiernos de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto, ni hasta ahora el de López Obrador.

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Con voz propia

Foro Público: La pandemia que revive por negligencia e irresponsabilidad social

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Foro Público

Durante las últimas semanas en México se ha registrado un incremento de casos de Covid-19 por la circulación de la variante Delta, la cual es más contagiosa, ante el lento avance de la campaña nacional de vacunación y la irresponsabilidad social que permea entre varios sectores de la población que se han rehusado a vacunarse y a seguir las medidas sanitarias.

Después de haber mostrado una tendencia a la baja a partir del segundo trimestre de este año por el avance de la campaña nacional de vacunación entre la población mayor de 60 años de edad, con el arribo de la variante Delta, surgida en la India, los casos comenzaron a aumentar, y con las nulas restricciones a la movilidad implementadas por el gobierno de México para recibir a viajeros internacionales con pruebas PCR, el virus comenzó a extenderse con mayor celeridad.

Mientras México ha recibido vacunas de forma paulatina en los últimos meses, la variante Delta se ha propagado en todo el territorio nacional causando una tercera ola de contagios que ha puesto nuevamente en jaque al sistema de salud público del país con un alza permanente de hospitalizados, y mientras las autoridades estatales y federales se resisten a volver a imponer confinamientos, la variante Delta puede provocar que la salida de la pandemia todavía sea lejana.

Por ello, nuevamente la responsabilidad no sólo recae en las autoridades en todos sus niveles, sino también entre la ciudadanía que debe recordar que la pandemia no ha terminado y si bien es cierto que hay un sector de la sociedad que ha sido vacunada, esto no garantiza una plena inmunidad, específicamente a la variante Delta que ha mostrado ser más resistente a los inoculantes, por lo cual todavía se deben mantener las medidas preventivas como el uso permanente de cubrebocas, lavado de manos y distanciamiento social.

Es por ello, que todos los establecimientos comerciales y espacios públicos deben evitar aglomeraciones para evitar nuevos contagios, ya que se han presentado nuevos casos, principalmente por la elevada movilidad entre los jóvenes, que ha sido también el sector que menos se ha vacunado.

Todavía no existen estudios científicos que muestren la razón por la cual existe un bajo interés de los jóvenes para vacunarse, pero el factor causal más común es la falta de confianza hacia las dosis inoculantes que no han garantizado su completa eficacia y que algunos producen efectos secundarios que pueden durar varias horas.

La pandemia de Covid-19 que inició en marzo de 2020 se ha prolongado por más de un año, debido a que se ha convertido en una enfermedad que ha amenazado a la economía y estabilidad del mundo, siendo la primera con estas características desde que comenzó el siglo.
La tercera ola de contagios representa nuevos riesgos para la población joven, que sigue siendo el principal ente contagiante fundamental de la variante Delta y en la medida que no se respeten las medidas sanitarias y se priorice la salud como un modelo que causará la caída de los padecimientos, esta enfermedad continuará en lo que resta del año.

El gobierno federal estima vacunar a más del 90 por ciento de la población al cierre de este año, sin embargo, hasta el momento menos de una tercera parte de la población ha sido inoculada, por lo que se requieren de nuevas medidas específicas para acelerar la vacunación para la población más vulnerable.

El gobierno federal debe instalar centros permanentes de vacunación en las cabeceras municipales de todo el país y promover una gran campaña de comunicación para dar a conocer la importancia de vacunarse como un mecanismo de escudos específicos para proteger a la ciudadanía o de lo contrario se mantendrá ese rezago permanente que seguirá afectando tanto la salud como la recuperación económica.

Nota aparte: Los jóvenes deben entender la importancia de resistir más tiempo el hedonismo que prioriza el interés individual sobre el colectivo, por lo que se debe ser consciente sobre la importancia de cuidar a las personas que los rodean a partir de estas medidas sanitarias.

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El genocidio de niños indígenas en Canadá: contubernio del gobierno con la Iglesia Católica

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Por Alberto Farfán

Información como ésta no puede ni debe ser soslayada bajo ningún aspecto, en todo caso debe ser expuesta todas las veces que sea necesario. Pues hablamos de 6 mil menores de ambos sexos asesinados a manos de personal de la Iglesia católica con la complicidad del gobierno canadiense, todo lo cual salió a la luz por la serie de descubrimientos de osamentas en fosas cercanas a los internados en que sometían a dichos niños.

Sin embargo, podría ser una cifra mayor si consideramos que alrededor de unos 150,000 niños nativos, mestizos e inuit, algunos con edad de tres años, fueron prácticamente secuestrados de sus hogares desde 1863 hasta la década de 1990, con el objeto de recluirlos en 140 de esos internados estatales de todo Canadá, donde fueron aislados de sus familias, idioma y cultura. Los forzaban a convertirse al cristianismo, a abandonar sus idiomas nativos y a hablar inglés o francés, entre otras imposiciones.

Cabe aclarar que este asunto surgió de tiempo atrás, cuando en 2008 se estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) para revelar todos los aspectos de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los recintos en cuestión, al darse a conocer los primeros hallazgos de tumbas. Esta comisión entrevistó a más de 6 mil sobrevivientes y concluyó su trabajo en 2015 con la publicación de un informe de 4 mil páginas en el que calificó los hechos como “genocidio cultural”, cuyo ridículo eufemismo me niego a utilizar. Fue genocidio y punto.

Estos supuestos colegios eran administrados por el gobierno y regidos por la Iglesia católica en su mayoría, como parte de políticas estatales para obligar a los menores a someterse a la visión occidental de los colonizadores, por ello no se les permitía hablar su idioma o ejercer su cultura ancestral y muchos eran maltratados y sufrían abusos. Tanto físicos, golpizas brutales, como de salud y psico-emocionales, y asimismo de índole sexual. E incluso fueron utilizados para pseudo experimentos nutricionales, muriendo de inanición.

En realidad, si somos claros, lo que ocurría era que gobierno e Iglesia buscaban mantenerlos en campos de concentración para exterminarlos y detener su futura progenie. ¿Exagero?  Si no fuera de otro modo, entonces por qué al llevar a cabo esta abyecta tarea era el Estado canadiense el que obtendría grandes ventajas, pues al cumplir con esta política de genocidio lograba desprenderse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes a lo cual estaba obligado jurídicamente, amén de que con ello obtendría el control de sus tierras y recursos sin mayor problema.

Más aún, si no fuera así, ¿por qué entonces ciertos expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortaron a Ottawa y al Vaticano a efectuar una investigación expedita y profunda sobre la gestión de esos internados? Porque además de todo ellos saben perfectamente bien que ambas instituciones deben tener bajo un riguroso resguardo documentación que confirme los hechos y acredite responsabilidades.

Ya ofreció disculpas el primer ministro Justin Trudeau: “lo sentimos. Fue algo que no podemos deshacer en el pasado, pero podemos comprometernos todos los días a arreglarlo en el presente y en el futuro”. Trudeau también hizo énfasis en que solicitaría al papa Francisco una disculpa oficial por la participación de la Iglesia católica, pero hasta ahora el sumo pontífice se ha negado. Esto es, ni cumplió con su petición a Francisco, así como tampoco en apoyar a los indígenas de su país, como veremos más abajo.

Retomando mis interrogantes, a continuación citaré a Mumilaaq Qaqqaq, representante del territorio norteño de Nunavut en la Cámara de los Comunes de Canadá, parlamentaria del grupo indígena inuit (comúnmente denominados esquimales), quien en entrevista coloca lo anterior expuesto en su justa dimensión (BBC NEWS, 08/07/21).

Puntualiza: “a través de los internados, cuando miras la experiencia del norte y los inuit específicamente, a través de la matanza de perros de trineo, la reubicación forzada, el traslado forzoso de familias para el tratamiento de la tuberculosis, entre muchas otras estrategias bien pensadas, la institución federal estaba tratando de eliminar de nuestras vidas a los indios, las Primeras Naciones, los inuit o cualquier aspecto de ser los primeros pueblos de este país”. Es decir, se buscó siempre el genocidio, en efecto.

Y acerca de en quién recae la responsabilidad de lo ocurrido en el pasado y el presente, dice: “La institución federal, la institución de la Policía Montada y quienquiera que dirija esas instituciones en este momento es responsable. El primer ministro Justin Trudeau puede decir todo lo que quiera, que no fue él quien implementó estas cosas, pero aún está llevando a los niños indígenas a los tribunales, sigue sin proporcionar agua potable a las reservas en todo el país…”. “Entonces, cuando él dice que la relación con los pueblos indígenas de Canadá es lo más importante, es ridículo porque se da la vuelta y no hace nada por los pueblos indígenas de Canadá”.

Y aún más esclarecedor y contundente. Ante la pregunta sobre si no es suficiente que el primer ministro haya llamado a reconocer los “terribles errores del pasado”. La parlamentaria declara: “Absolutamente no. Hay miles de registros que tiene la institución canadiense sobre estos depredadores, estos pedófilos que se enfocaron en los niños indígenas durante los tiempos de los internados. El Departamento de Justicia de Canadá tiene miles de nombres y siguen señalando con el dedo y diciendo que es la Iglesia católica, lo cual es verdad en cierto sentido, pero también es completamente falso. Necesitamos ayuda, pero la institución federal que se supone que nos representa se niega a darla”.

En definitiva, el genocidio que se perpetró nadie lo puede negar en modo alguno. Y jamás debe volver a ocurrir. Y por supuesto que se deben fincar responsabilidades en la medida de lo posible, pues han pasado décadas desde los hechos, pero por lo menos se deben dar a conocer nombres y apellidos de los criminales y las víctimas, y toda la información relativa a este terrible y ominoso exterminio en masa.

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