Connect with us

Con voz propia

Combate al narcotráfico o la Teoría de la Pirámide de Naipes

El combate efectivo al narcotráfico en México es posible si optara por estrategias alternativas a la visión acostumbrada del gobierno

Published

on

Tomás Borges

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe de ser ley, porque es justa”.
Montesquieu

Cuando en diciembre del 2018, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y particular las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos por los que se puede aplicar la extinción de dominio, se dio “luz verde” para “…desarmar a las organizaciones criminales de su mayor fúsil: El dinero”.

Héctor Aguilar Camín, “Las Rentas del Crimen”, Día a Día, Milenio Diario 06/10/2010.

La Ley de Extinción de Dominio consiste en la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, de aquellos en los que se acredite el hecho ilícito en los casos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito y trata de personas, cuando aquellas personas no logren comprobar la procedencia lícita de los bienes y su afectación de buena fe».

Esta ley –pese a su modificación– se debe de ampliar para que no sólo se confisque el inmueble o las propiedades utilizadas en algún ilícito comprobado, sino a los bienes materiales y financieros de los familiares de los delincuentes tanto directos en línea ascendente, como descendente.

¿Por qué? Debido a que los delincuentes saben que, en el mundo del hampa, ellos como criminales tienen fecha de caducidad, por lo que buscarán como consecuencia, asegurar el futuro de su prole para que su arresto o muerte sea redituable para los suyos. Por eso vemos a los familiares del Chapo llevar una vida de lujos y viajes, pese a que su familiar, se encuentra privado de su libertad en una prisión estadounidense, lo que no impide que Ema Coronel Aizpuru, su última esposa, radique en Nueva York y sea la nota en las redes sociales por la vida de lujos que presume en las mismas.

Por consiguiente, si se modifican las leyes para que los familiares de los criminales sean privados de las ganancias producto de actividades ilícitas, se le quitaría un aliciente a los desadaptados en potencia para delinquir, sabedores que al no tener la garantía de sacrificar incluso su vida en las actividades delictivas y que tras su muerte, todo sería en vano, muy pocos buscarían ingresar a la delincuencia, sabedores del riesgo y de lo pingüe que sería su ganancia post mortem.

Un ejemplo banal, sería el similar al utilizado por las autoridades mexicanas para inhibir el robo de autos, donde gracias a las adecuaciones de ley pertinentes, se eliminó la figura del “comprador de buena fe”, inhibiendo con ello la compra ilegal de automotores.

También se podría utilizar el criterio punitivo que aplican los jueces al castigar a todos los integrantes de una banda de secuestradores, donde se les condena de acuerdo a lo estipulado en la última modificación a la ley para prevenir y sancionar el secuestro (junio 2013), la pena de cárcel de entre 40 a 80 años y, si la víctima es asesinada, la pena puede ser de hasta 140 años, haciendo que estas penas aunadas al despojo de todo lo robado, hagan que el delito de secuestro ya no sea tan rentable e impune.

De igual modo, al modificar el aparato jurídico, donde se castigue con penas punitivas más severas a los estratos más bajos de los grupos criminales y sean encerrados a más de 5 años de prisión sin derecho a fianza, por el sólo hecho de ser miembros de un grupo criminal, aun cuando sean empleados de baja ralea.

La impunidad con la que vivimos y de la que gozan los criminales es gracias al nuevo sistema penal acusatorio que, ha hecho que las leyes sean más laxas en beneficio de los criminales, so pretexto de la llamada presunción de inocencia, aunado a que los agentes del Ministerio Público, son abogados que en el ámbito privado son incompetentes en su mayoría y a que el aparato de procuración de justicia mexicano incentiva el chambismo sobre el profesionalismo.

Un ejemplo de lo anteriormente citado es la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) que ha fallado al no esclarecer los homicidios en México, debido a que, en los últimos ocho años, la dependencia inició o atrajo la investigación de más de 400 homicidios en el país, pero en ese mismo plazo solo cerró dos casos con sentencias condenatorias.

De hecho, la PGR detuvo sólo el dos por ciento de los casos que ha trabajado. Este nivel es aún peor que el de las procuradurías locales que, en conjunto, resuelven el cinco por ciento de los casos que indagan, según datos oficiales de la PGR, obtenidos por el portal Animal Político vía solicitud de Transparencia, los cuales arrojaron que de enero de 2010 a mayo de 2018, dicha dependencia federal inició 402 averiguaciones previas y carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso.

Este promedio de resultados es “aún peor que el de las fiscalías locales”, citó la publicación, lo que a todas luces se ve porque no se puede combatir eficazmente al crimen organizado bajo estas circunstancias tan adversas.

 

Teoría de la Pirámide de Naipes

¿Por qué llamar a mi teoría de la Pirámide de Naipes? Simplemente, porque al quitarle las bases al entramado criminal, la parte superior se desmoronaría como si de una pirámide de naipes se tratase, y al no haber quién sostenga la punta de la torre o cabeza de una organización, ésta simplemente caería.

¿Ejemplos? El enfoque utilizado por los Estados Unidos en la segunda Guerra del Golfo, donde una vez controlado el país, se dio la consigna de «asesinar, perseguir o capturar» a los dirigentes más importantes del régimen iraquí. Y para facilitarlo, el mando distribuyó entre las tropas una baraja con 52 cartas que representaban a los hombres más buscados.

Si se modificasen las leyes y fueran más severas hacia los estratos más bajos de las organizaciones criminales, harían que no hubiera un incentivo para delinquir ya que, al tener penas altas por el simple hecho de llevar droga, y enfrentarse a un sistema implacable como el que impera en países totalitarios como China o Corea del Norte (donde las condenas fluctúan desde la cadena perpetua hasta la pena de muerte), harían que nadie quisiera realizar el trabajo sucio.

Pero como vivimos en un país con alto índice de impunidad y las condenas de acuerdo con la legislación mexicana vigente son muy laxas, hace que los peones o mulas del narco, sepan que no se les castigará severamente, haciendo que sus visitas a los centros de reclusión sean breves, y la prisión sea como una puerta giratoria a la impunidad.

En cambio, sí se les acusara como en la República de Ucrania –por citar otro ejemplo–, donde se penaliza el número de visitas a las cárceles, independientemente del delito, cantidad o posesión, harían que el estar en prisión ya no fuera tan redituable.

Pongamos de ejemplo de la muerte de Pablo Escobar, cuya organización fue eliminada por los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo paramilitar que ejecutó y sembró el pánico en los barrios bajos de Medellín y en las bases de la organización (como si fueran naipes), al eliminar a los sicarios y sus familiares, sembrando tal terror entre ellos y sus simpatizantes, de tal manera que orillaron a que algunos de los lugartenientes del capo, prefirieran la seguridad penitenciaria, que el peligro de las calles y la paz del sepulcro.

Lógicamente, el ejemplo arriba citado es demasiado extremo, producto de una guerra sucia entre grupos opositores al narco, pero en México se puede hacer que las mulas y las personas que hacen labores de halconeo, mensajería, o simplemente de pistolero, tengan penas aún mayores que los barones de la droga.

Jueces sin rostro

Esta controversial figura, surgida tras el artero crimen del juez Giovanni Salvatore Falcone en Palermo, Italia, en 1992, fue implementada con cierto éxito en nuestro continente, específicamente en Colombia y Perú en una respuesta extrema a las amenazas de los grupos de narcotraficantes y terroristas que asolaban a ambas naciones.

En Colombia, se implementó dicha figura ante los arteros crimines a los funcionarios gubernamentales realizados por el crimen organizado, como el del fiscal Rodrigo Lara, asesinado por los sicarios de Pablo Escobar, lo que trajo como imperativa necesidad al gobierno promulgar el Decreto 2970 (conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia), el cual fue la normativa que contemplaba mecanismos de protección y defensa derivados de la violencia extrema que se vivía en dicha nación.

Mientras, en el país andino del Perú, en los tiempos de Alberto Fujimori, se utilizaron los jueces sin rostro en los procesos penales, para condenar y castigar a los integrantes del grupo terrorista “Sendero Luminoso” y su líder Abimael Guzmán, mejor conocido como el “presidente Gonzalo”.

Pese a que, en nuestro país se sugirió en el 2016 la implementación de dicha figura, tras el asesinato de seis jueces vinculados con procesos en contra de capos del narcotráfico, agrupaciones defensoras de los derechos humanos (y abogados pagados por los capos) y estudiosos de la ley se opusieron a la instauración de dicha figura, debido a que era sinónimo de “claudicar” ante los criminales.

En el plano de las organizaciones criminales, la captura o eliminación de un capo, sólo ha traído más violencia y reacomodos, haciendo que los grupos criminales se vuelvan más violentos, por lo que como dice la vieja conseja popular, “sale peor el remedio que la enfermedad”, tal como manifesté el mi libro El Arte de la Guerra para Narcos (Temas de Hoy, 2011).

Tal pareciera que la estrategia es señalar al capo en turno como el origen de todos los males y su captura sea un asunto de vida o muerte, dejando de lado una estrategia a largo plazo, apostando por algo mediático e inmediato.

Pero ¿qué sucedería si en lugar de perseguir y buscar encerrar a los capos, a las cabezas, se buscase encarcelar y condenar con penas más severas a las piezas más pequeñas de la estructura criminal? Simplemente, la maquinaria dejaría de funcionar a la perfección y más aún sí también se aplicara realmente la “Ley de Extinción de Dominio”? Al expropiarles las propiedades y los recursos, no sólo a ellos sino a sus familiares directos, haría que el ser criminal y pertenecer a un grupo delictivo ya no fuera tan lucrativo.

No hay que olvidar que, sin dinero no se podrían pagar los abogados ni los gustos de estos criminales, ya que el dinero es el combustible y la razón por la que estos racionalistas, buscan salir de la pobreza al menor costo.

Como dijo el jefe de sicarios de Pablo Escobar, Jon Jairo Velázquez (a) Popeye, “un arma es el acceso a la riqueza”, pero si se evita que estos sujetos acumulen y gocen de su botín, al igual que sus familiares, se acabaría un incentivo más para delinquir.

Para finalizar, se deberá criminalizar a las bases, a cualquier persona por ínfima que sea su labor en la organización, tal como se hace con los secuestradores, donde se reciben penas altas para todos los integrantes del grupo, independientemente sí sólo fungieron como cuidadores o ejecutores de las víctimas.

Castigadas con severidad las bases, harán que no sea redituable para ellos ganar poco y arriesgar mucho, por lo que los capos o líderes al no tener soldados o elementos a quienes mandar y ver de esta manera mermadas sus fuerzas, se verán copados por las fuerzas del orden.

Sí aplicamos el castigo severo en las bases, en vez de utilizar esa lógica absurda de que como tiene sólo unas pocas armas, sólo es el mensajero, sólo es el halcón o el emisario, no se les castiga con severidad por ser de menor relevancia en el entramado criminal. Las bases seguirán mimetizándose y moviéndose impunemente, y serán los oídos y los ojos de un cerebro maligno.

Además de severidad, se requerirá voluntad, y el simple hecho de postularlo hará que defensores de los derechos humanos y abogados pagados por los cárteles se rasguen las vestiduras, so pretexto de evitar abusos.

Como en su momento dijo el periodista y escritor argentino Ernesto Mallo: “Leyes hay, lo que falta es justicia” y es un deber del Estado aplicarla.

@borgestom

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Con voz propia

Las urgencias de Andrés Manuel

Published

on

By

El presidente López Obrador prioriza la militarización en su gobierno que, por ejemplo, esclarecer lo que pasó con segalmex

 

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa.

El tiempo de la unidad y reconciliación se terminó. A dos años del término de su mandato, Andrés Manuel López Obrador decidió dejar de ser el presidente de los mexicanos y se convirtió en sujeto activo de una de las partes que contenderá por el poder.

A la luz de los desastres financieros, económicos, sociales y ecológicos que se avecinan al término de este sexenio, a Andrés Manuel le urge: 1) Consolidar a su partido, 2) Dejar en el poder a uno de sus fieles y 3) Consumar la militarización que mantenga el statu quo.

De no lograrlo, será el primer presidente de la república que pise la cárcel. Y es que el tamaño del desastre que se vislumbra en las obras estelares como el Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto AIFA es descomunal. Dejará al erario al borde del colapso, con una inflación galopante y un compromiso social mayúsculo.

Por eso su dramático “cambio de opinión” y la entrega indiscriminada de obras y funciones al Ejército y Marina. Gane quien gane, nadie se atreverá a pedirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Se mantendrán bajo reserva por más de un lustro, los datos del desastre.

Están documentados, en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pagos indebidos en el Tren Maya y Dos Bocas; pagos de pensiones y becas a gente no inscrita en los padrones de adultos mayores y Jóvenes Construyendo el Futuro. Tan sólo el gobierno federal acumula irregularidades por 11 mil 848 millones de pesos.

Para leer más del autor: CDMX: La última Madre de todas las Marchas  

Otros 37 mil 917 millones corresponden a anomalías detectadas en las cuentas de estados y municipios. Ha sido, pues, un desfalco descomunal que se ha gestado en la actual administración y hoy tenemos padrones de 10 millones de pensiones y 11 millones de becas que no sabemos cómo vamos a mantener.

A esto debemos sumar desvíos por más de 2 mil millones de pesos por irregularidades en contratos de compra en el sector salud para el presunto combate al Covid19 pero que no se cumplieron, como fue el caso de los famosos ventiladores que nunca se entregaron.

El Tren Maya es el ejemplo más claro y monumental de los abusos y falta de planeación en que ha incurrido el régimen lobradorista, pasando por encima de la Constitución, de las leyes secundarias, de las comunidades y ejidos; de las reservas históricas y ecológicas.

Costará alrededor de 20 mil millones de dólares, tres veces más de la estimación inicial; cruzará la selva maya; mutilará miles de árboles y quedará asentado sobre cuevas de piedra caliza, que no garantizan seguridad para los pesados trenes que pasarán por ahí.

Bajo el eufemismo de “Seguridad Nacional”, toda la información de trazos, costos y daño ambiental se mantendrá bajo reserva por 5 años o más. AMLO dobló a los jueces, a la Suprema Corte, impuso su voluntad, y dejará en manos de los militares la protección, administración y usufructo financiero de la obra.

Lee más: ¿Quién será culpable del estallido en México?

Tan sólo el caso SEGALMEX sería suficiente para fincar responsabilidades a varios del gabinete en la presente administración. En la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó posibles irregularidades en Segalmex y sus empresas Liconsa y Diconsa, superiores a los ocho mil 600 millones de pesos.

Es una trama parecida a la ocurrida en Conasupo, antecesora de Segalmex, pero a la “N” potencia. AMLO la ha tratado de mantener en el silencio. Apenas en abril pasado, Leonel Cota Montaño fue designado nuevo director general del organismo descentralizado en sustitución de Ignacio Ovalle Fernández.

López Obrador mantiene protegido a este último, ahora como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). Por eso el mandatario hace olas y tsunamis distractores, como la marcha del 27 de noviembre, con la que se siente renacido, fortalecido.

Pero es de escándalo el dispendio de recursos públicos; el uso y abuso de los puestos y recursos de la administración federal. René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas, de Segalmex fue acusado penalmente en 2019 por este tipo de abusos.

En julio de 2019, Gavira fue acusado por trabajadores de Segalmex y de sus empresas Diconsa y Liconsa ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por irregularidades como:

  • Contratar a parientes cercanos
  • Incrementar injustificadamente el número de plazas de altos funcionarios
  • Pagar a un guardaespaldas con recursos públicos.
  • Realizar despidos injustificados.

Está vinculado a proceso por las acusaciones de utilizar 100 millones de pesos de Segalmex para “invertir” en la bolsa, según informó la Fiscalía General de la República (FGR), es una figura central de la red de corrupción que ha lastrado a ese organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Además. es señalado de ser responsable de ​​la adjudicación directa de siete contratos por cerca de 800 millones de pesos a empresas cuyos propietarios han sido señalados por la ASF de participar en un esquema de contratación ilegal.

Los abusos y el encubrimiento  

El uso y abuso es notorio. Así se vio con el desfile de más de 200 camiones para trasladar gente a la marcha del 27 de noviembre; la colocación de propaganda en espacios públicos y del Sistema de Transporte Colectivo. Todo, para demostrar que es un presidente adorado por más de 30 millones de mexicanos.

Pero nada de esto es nuevo. Desde el inicio de su mandato ha hecho todo lo legal e ilegal para blindar sus acciones y mantenerlas en la opacidad. Así, está reservada por 5 años o más toda la información referente a:

  • Planes de factibilidad de Santa Lucía y el AIFA
  • Contratos de la compra de vacunas para Covid19
  • Estudios clave del Fonatur sobre el Tren Maya.
  • Detalles sobre coberturas petroleras realizada por Hacienda
  • Informe del caso Tlahuelilpan y daños por ordeña de ductos de Pemex
  • Información del Culiacanazo y liberación de Ovidio Guzmán
  • Investigaciones sobre el general Cienfuegos hasta 2028
  • Venta del avión presidencial
  • Venta de acero proveniente del fallido aeropuerto de Texcoco

 

Pueblo dócil  

Por todo esto, resulta preocupante la docilidad con la que el pueblo mexicano va al matadero. López Obrador sabe que constitucionalmente no puede modificar ya el tamaño de las Cámaras de Diputados y Senadores, ni del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, no está claro si legalmente el gobierno federal puede adjudicarse el control del padrón electoral y del listado nominal, como lo tenía antes el PRI. Tampoco se sabe si puede cambiar de nombre al INE, para incluir entre sus funciones las consultas populares.

Ese pequeñísimo cambio es fundamental, pues implica una modificación jurídico-administrativa que implicaría sustituir la credencial de elector actual, lo que permitiría al régimen controlar el listado electoral y el principal documento con los datos completos de los ciudadanos. Así empezó la dictadura de Venezuela.

El caso de Venezuela nos parece tan ajeno y distante, que ni en nuestros peores sueños podemos imaginarnos tan cerca de una dictadura de ese tamaño, pero la reforma electoral que se avecina nos puede colocar en esa situación. Por eso la radicalización del discurso de AMLO.

Andrés Manuel se ha quedado ya sin posibilidad de reconciliación o de tregua. La polarización es su único camino porque, en medio de la calma, sus detractores lo harán pedazos y lloverán las demandas penales en su contra. De ahí esos nuevos intentos de victimización: “todos nos atacan, es una campaña brutal

Sí, la del 27N fue una especie de tsunami, pero el que se avecina para fines de sexenio puede ser descomunal. Dios nos agarre confesados.

La editora recomienda: Efecto Búmeran o premio del fin del sueño llamado MORENA

 

El presidente miente todos los días. No hay mejora. Al 53% de los mexicanos no le alcanza para cubrir el consumo de la canasta básica; el Producto Interno Bruto per cápita es de los más bajos del mundo y casi el 55% de la Población Económicamente Activa (PEA) vive de la informalidad.

¿De qué demonios sirve, en esas circunstancias, decretar un salario mínimo que no llegará a todos y que sólo sirve para tasar costos y pagos de impuestos? El príncipe de las mareas, el amo de las manifestaciones y la protesta, hoy se queja de los reclamos de la oposición.

“Andanada brutal”, “Acción concertada”, le llama a la inconformidad de la sociedad. Van más de 140 mil asesinatos violentos en el país y matan por igual a ciudadanos que a jueces.

Vivimos un caso parecido al de la selección de futbol mexicana: la gente sabe que no da para más, pero mantiene la esperanza, la fe, aunque no existan posibilidades.

 

Continue Reading

Con voz propia

Estafa Siniestra en Hidalgo se fraguó incluso sin la intermediación de alcaldes

Published

on

En la Estafa Siniestra se detectó que el gobierno de Omar Fayat, incluido el otorgamiento de contratos a empresas fachada

Incluso sin la intermediación de alcaldes, la administración de Omar Fayad usó empresas fachada para desviar recursos. Es el caso de Aktaion Digital, una empresa que realiza páginas web que recibió un contrato por 7.2 MDD para recuperar datos hackeados, o eso afirmaron. Ésta es la tercera entrega de la serie Lavandería de contratos en Hidalgo

Por Emmanuel Ameth

El esquema de desvío de recursos mediante simulación de obras y servicios a través de empresas fachada denominado Estafa Siniestra, mismo que tiene en la cárcel a 3 alcaldes hidalguenses, 2 prófugos y 8 más investigados, no necesitó de los ayuntamientos para desviar recursos ni fueron ellos los únicos responsables: todo operó desde las entrañas de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses. En esta tercera entrega de la Lavandería de contratos en Hidalgo se analizan 220 millones de pesos otorgados a Aktaion Digital, entre los que se encuentra un contrato de 144 millones de pesos que tuvo un proceso turbio.

A los 220 millones de pesos que en esta investigación se demuestra fueron otorgados mediante irregularidades, se suman los 228 millones de la segunda parte de esta serie y los 40 millones de la primera, los que en conjunto prácticamente igualan los 500 millones por los que se investiga a 13 alcaldes… y la presente no es la última entrega.

 

El contrato millonario que se celebró en lo oscurito

El departamento 5 del piso 14 en el edificio ubicado en la calle Coyoacán 1878, Acacias, en el ayuntamiento de Benito Juárez, alberga una cantidad considerable de presuntas empresas fachada que han sido beneficiadas por decenas de millones de pesos en procesos de licitación cuestionables a lo largo de los años. Sus ganancias sin embargo, llegaron a un nuevo nivel cuando el gobierno de Hidalgo se prestó a hacer operaciones con ellos, pues de 22 millones obtenidos a través de distintas instituciones, con el Gobierno de Omar Fayad pasaron a facturar 220 millones de pesos, es decir, 10 veces más.

Para saber más del tema: El Gobierno de Hidalgo gastó 228 millones para estudio de Salud con una institución cuestionable

Y es que habiendo sido exhibidos por cobrar cuantiosas sumas por la realización de estudios que nunca existieron y que fueron ordenados por Movimiento Ciudadano y el PRI, las personas detrás de Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección, entre otras, encontraron en Hidalgo un oasis para seguir operando de la forma que más les agrada: recibir jugosos contratos, todos a sobreprecio y en procesos amañados. Incluso, el más costoso fue escondido del escrutinio público, lo cual no impidió que se tuviera acceso al mismo.

Fue el pasado 31 de marzo que el Instituto Hidalguense de Educación representado por Pablo Moreno Calva, subordinado del entonces secretario Atilano Rodríguez Pérez, celebró un contrato con Aktaion Digital bajo la figura de Tania Edith Ayala Trejo.

El concepto fue por “Servicios especializados en recuperación de datos e información de diversas máquinas virtuales (VMWare, Sphere, Hypere, HyperV y VCenter) y recuperación de datos en sistemas basados en VM. Impresoras para oficina y Recuperación de discos duros virtuales de sistemas RAID fallidos para reconstrucción de máquinas virtuales”.

El monto del contrato fue por 144 millones de pesos y los archivos se solicitaron en almacenamientos físicos para el 7 de abril además de reactivarse el servicio.

Así, según las mismas condiciones del documento, la empresa se hizo beneficiaria del contrato apenas 3 días antes de iniciar las campañas por la gubernatura y recibió 20.57 millones cada día que prestó sus servicios, siendo liberado el pago el 7 de mayo.

Al respecto Natividad Castrejón Valdez, titular de Educación Pública en la entidad (SEPH), precisó que actualmente la Procuraduría General de Justicia en Hidalgo realiza indagatorias sobre diversos contratos, teniendo este la particularidad de que previamente existió el “secuestro” de datos sensibles y que se pidió un rescate ellos, condición que no se aceptó.

Lo raro del asunto, aseguró el funcionario, es que los supuestos “hackers” no se hicieron de información sobre la nómina, habiendo una presunta colusión para no afectar a trabajadores de la SEPH.

Pero aunado a lo expresado por Castrejón, quien se reservó datos para no entorpecer las investigaciones que actualmente se encuentran en curso, existieron otras irregularidades con el contrato.

Lee más: El escándalo de corrupción de las Lavanderías de contratos en Hidalgo

Primero, no hubo convocatoria alguna para concursar el contrato ni tampoco existió asamblea alguna y/o sesión por un comité de adquisiciones para adjudicar de manera directa. En segundo lugar, el monto de 144 millones fue exagerado, especialmente para un “servicio” que se realizó en apenas una semana. Por si hacía falta, el domicilio de la empresa tiene las características de ser una empresa fachada, además de cambiar de representantes legales según el proceso, característica que comparte con las demás Lavanderías de contratos e incluso con La Estafa siniestra.

 

La empresa fachada donde se lavaron los contratos

Según la información recabada en el padrón de proveedores, para el PRI en el Estado de México, Aktaion Digital realiza servicios de estrategias de comunicación, publicidad y asesoría de contenidos en plataformas digitales, además de producción audiovisual y hasta venta de mobiliario: para Movimiento Ciudadano, realizan estudios académicos además de la elaboración de monitoreos de medios, siendo también proveedores de papelería; para el INE son contratistas de trabajos de construcción, mientras que para el gobierno de Hidalgo, se trata de proveedores especializados de servicios y de equipos de informática.

Lo cierto es que su única especialidad sería la de confabularse con funcionarios para realizar jugosos contratos en los que ambos se vean beneficiados, o al menos eso se puede concluir de un análisis rápido sobre su información.

Y es que si vamos a su página web, Aktaion Digital describe como únicas áreas de especialidad las del diseño de páginas y de posicionamiento SEO. Pese a ello, incluso para su propia web contrataron a una empresa externa y sólo habrían invertido mil pesos anuales para la misma, adquiriendo la más económica del portafolio del proveedor.

Aunado a ello, Aktaion Digital se encuentra domiciliada en el departamento 1405 de Coyoacán 1878 en la Col. Acacias, un edificio habitacional donde los condominios son rentados como oficinas.

Como empresas ligadas a ese domicilio o bien vinculadas a los representantes legales de las entidades que allí se ubican, la Plataforma Nacional de Transparencia destaca a las entidades Ciprom Medical (CME181003C76), Consumer Consulting and Research (CCR020625BW3) -y Comercializadora Construmax-, Comercializadora Lorgies (CLO170208MM6), Tecmoin (TEC141027882), GSAU Pachuca (GPA190731J66) -y Grupo Susuki-, Ecopro Evaluación y Coordinación de Proyectos (EST1502265N6) -y Grupo Constructor Barocsa, Ackme Inc., Meridiano RL Consultorías y Estrategias, Estrem, Highway Signs de México, A.R. Consultores en Ingeniería Estructural, MT Instalaciones y Servicios, Promotora y verificadora de la Construcción-, Immanem (IMM1911255P3), Grupo Comercial Textilero Montes (GCT160804CK7) -e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald-, Tony Gon Promocionales (TGP111213f78) -y RaMexico Consultores-, Corporb (COR180509Q32), Rocher Ingeniería (ARS160920CP0) -y All Risk Supervisión y Construcción, Servicios Interdisciplinarios para Inversiones y Proyectos, Euro Estudios, Precisa Industrial, Proyección y Construcción en Sistemas Inteligentes Jili, Desarrollo M70, Consultores y Constructores Escalante-, DivyMax México (DME1902141N6), Vortex Bussines (VBU171020520) -y Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral-, Grubiem (GRU190719HK5), e Inmobiliaria de Bienes y Raíces Orald (IBR160822G4A) -y Oaxaca manos de Ayuda AC-.

 

Es así que al menos 15 empresas se encuentran domiciliadas en Coyoacán 1878 Depto. 1405 de las que derivan otras 21 a dichos representantes legales. Cabe señalar que el área de alrededor de 70 m2 es fraccionada hasta en 5 cubículos por los que cada uno paga una renta promedio de 5 mil pesos pese a que el departamento completo no suele rebasar los 15 mil mensuales y supuestamente no se puede subarrendar.

*NOTA Para evitar la investigación de otros cientos de contratos vinculados a las 36 entidades referidas y sus representantes legales en el domicilio antes referido, que a la autoridad corresponderá investigar con los recursos suficientes para ello, nos enfocaremos específicamente a Aktaion Digital y sus representantes legales.

 

Una mina de oro el gobierno de Hidalgo para Aktaion Digital

Aktaion Digital ha sido representado por Tania Edith Ayala Tejo (EA-913003989-N019-2021, 7-03-2022/PRI, EA-913003989-N18-2021, AT-2021-140), Vianey Yadira Mora Marín (C-020-21, IA-913009982-E5-2020, EA-913003989-N386-2020), Edith Martínez Martínez (EA-913003989-N283-2021, EA-913003989-N197-2021), Alejandro Ríos Ortega (EA-9130039898-N436-2021) y María de los Ángeles Martínez Castillo (EA-913003989-N191-2022).

A su vez, Vianey Yadira Mora Marín representa a Tecnologías del Comercio Descentralizado, siendo también socia a partes iguales de Miguel Ángel Velázquez Argüello en Humanity Asesores en Dirección.

Con el PRI del Estado de México, Movimiento Ciudadano, la alcaldía de Tlalpan y el INE, Aktaion Digital, Tecnologías del Comercio Descentralizado y Humanity Asesores en Dirección suman 22 contratos por un total de 20 millones 832 mil 304.10 pesos. Como particularidad, 16 de estos contratos los firmaron con Movimiento Ciudadano el mismo día y en conjunto sumaron 10.2 millones de pesos, todos ellos por supuestos “estudios” que como reveló el periodista Álvaro Delgado de Sin Embargo, no se tiene certeza alguna de que efectivamente hayan sido realizados.

Con el Gobierno de Hidalgo sin embargo, vivieron su verdadera bonanza, pues de los contratos disponibles en transparencia, bastaron 8 de ellos para obtener 75 millones 448 mil 202.78 pesos, que sumado al de 144 millones firmado “en lo oscurito” nos da 219.5 millones de pesos, prácticamente 10 veces más que los obtenidos con otras instituciones.

La editora recomienda: Acusan despojo de predio donado por gobierno de Hidalgo

Aktaion Digital y “La Estafa Siniestra”

Elías S. S., alcalde de Yahualica, es uno de los tres presidentes municipales que se encuentran en prisión por su probable responsabilidad en el desvío de 29 millones 224 mil 736 pesos por el esquema de saqueo denominado La Estafa Siniestra.

Según lo rescatado por versiones periodísticas, funcionarios a nivel Secretario del Gobierno de Hidalgo contactaron presidentes municipales para ofrecerles un negocio mediante recursos extraordinarios de la Federación, el cual consistía en simular obras o servicios, quedarse con el 30% de la asignación y regresar el 70% mediante depósitos a empresas fachada, entre las que presuntamente se encontraban Aktaion Digital, Grupo Constructor Integral Cardavi y Team Xao.

Para el caso de Aktaion, en Yahualica, en su manual de registro de gastos se menciona como ejemplo la captura de una supuesta factura por 7.5 millones de pesos que le habrían sido transferidos por servicios informáticos.

 

 

Continue Reading

Con voz propia

La persecución del periodismo independiente en México: Seminario Kapuscinski en Chihuahua

Published

on

La violencia contra el periodismo independiente y quienes lo ejercen se mostró en el Seminario Kapuscinski

 

Por Miguel Montesinos León

El fin de semana fue muy intenso en la vida política nacional, sin embargo, los medios masivos de información no hicieron eco del asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul en Veracruz.

Durante los cuatro años de este gobierno, la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos se acrecentó a tal grado que para la sociedad es normal la persecución, la fabricación de carpetas de investigación en contra de periodistas qué sufren persecución, encarcelamientos injustos o son asesinados por decir la verdad.

Te puede interesar: Gobierno de México omite casos de periodistas asesinados y de autores intelectuales en las investigaciones

En el X Seminario Internacional Ryszard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras, fundado por la Universidad Miguel Hernández, de Elche España, y que ahora se realizó en Chihuahua por primera vez, del 16 al 18 de noviembre, donde periodistas de diversos países expusieron los peligros y desafíos de la prensa, específicamente de medios y periodistas independientes que manifestaron su preocupación por la ola de violencia en contra del gremio periodístico en México. Un seminario qué cruzo el Atlántico para darle vida al periodismo, que en palabras de los conferencistas de talla internacional se encuentra postrado al poder político de México.

Marco Lara Klahr, en su ponencia destacó la importancia del periodismo en su magistral participación denominada Acoso, desprestigio y criminalización de periodistas, en la que destacó que el periodismo no es un oficio, porque no se basa en prácticas reiterativas. El periodismo es una función crecientemente compleja, el periodismo es una profesión. El periodismo se ejerce en el marco de un derecho humano qué es la libertad de expresión, en un segundo nivel al ser un derecho humano es un mecanismo de información, especificó el ponente.

El periodismo mexicano, en efecto, está postrado al poder político porque muchísimos periodistas que ejercían de contrapeso democrático ahora son voceros del gobierno en turno. Periodistas como voceros oficiosos que antes ejercían el saludable contrapeso democrático en la sociedad mexicana. Pero el periodismo está de luto en ese sentido, y en ese sentido el periodismo ha dejado de ser el cuarto poder.

Lee más: INAI ordena a Segob informar sobre medidas de protección para periodistas

Hoy en la boca de populistas como López Obrador o Bukele el cuarto poder es algo denigrante. Sin embargo, cuando el periodismo ejerce la función de cuarto poder en un sentido de contrapeso de los otros tres poderes, se vuelve un poder necesario, indispensable para la salud democrática, porque sin periodismo profesional, que sirva de contrapeso, no hay salud democracia.

¿Dónde dice qué la libertad de expresión es un derecho humano y tiene contraprestaciones?, pregunta Lara Klahr ante la audiencia del seminario.

Está en los tratados internacionales, específicamente está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, en el Artículo 19, y está en el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y también está en el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos y en el artículo sexto de la Constitución Mexicana donde se establece el derecho a la libertad de expresión como un derecho humano.

No obstante, el periodismo está postrado hoy en México, y tiene que recapitalizarse.

¿Quién es el sujeto obligado, quién está obligado a garantizar el derecho humano a la libertad de expresión? De acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución mexicana la obligación de garantizar la libertad de expresión es del Estado, y en consecuencia quienes ejercen el poder público. Ese sujeto obligado de acuerdo con los tratados internacionales y la Constitución está obligado a respetarla, está obligado a protegerla, pero ahora en México tenemos un presidente qué es el redactor en jefe, es el que arma las primeras planas a la luz de los Guacamaya Leaks.

En esta magistral conferencia el maestro Marco Lara dejó en claro que los medios están postrados al poder público ya que dependen del presupuesto público y por ende no pueden morder la mano de quien les da de comer. Es de suma importancia que los periodistas profesionales sean independientes, pero eso en México se traduce en persecución política, fabricación de carpetas penales o incluso en asesinato.

El caso del periodista Héctor Valdez, quien acudió a Palacio Nacional y le pidió la protección y apoyo al presidente de México lleva dos años preso en el penal de Santa Martha Acatitla, caso que fue expuesto en Chihuahua en el marco del seminario, al igual que las agresiones, amenazas de muerte y persecución al periodista Alfredo Griz.

El periodismo en México tiene que empoderarse, tener aliados, crear redes internacionales, volver a inyectarle la dignidad para ser un pilar en la democracia. De lo contrario, será más de lo mismo, cárcel, muerte o exilio, fueron parte de las conclusiones del evento en los salones de Palacio Nacional del gobierno del estado de Chihuahua, donde se habló sin tapujos de los problemas del ejercicio de la libertad de expresión.

La editora recomienda: Persecución judicial y tortura a periodistas de Quintana Roo, expuestos en el Seminario Kapuscinski en Chihuahua

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: