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Estados Unidos

Combate a impunidad en crímenes contra periodistas, tema de iniciativas digitales

Nuevos proyectos digitales son lanzados a la red para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas en México y Latinoamérica.

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Por Teresa Mioli

SAN ANTONIO, Texas.- Según la Unesco, se han registrado 930 asesinatos de periodistas en los últimos 11 años y nadie es castigado en nueve de cada diez casos. El año pasado, los números reportados por esta organización mostraron que en la década anterior, solo el 11% de los homicidios de periodistas ocurridos en América Latina y el Caribe habían sido resueltos.

Como parte de su campaña #MyFightAgainstImpunity (Mi Lucha Contra la Impunidad), que destaca seis entrevistas con periodistas, activistas de derechos humanos y familiares de periodistas que han sido asesinados, la Unesco compartió la historia de Oscar Cantú, fundador y editor del periódico Norte en Ciudad Juárez, México. Cantú cerró el periódico en abril de 2017 tras el asesinato de una de sus periodistas, Miroslava Breach.

“Saber de su muerte fue traumático para mí. No solamente porque perdí a una estimada colega, sino también porque me hizo dar cuenta de que aún no estamos libres de ejercer nuestro derecho de informar al público”, dijo Cantú a la Unesco. “Desde que Norte fue fundado hace 27 años, las condiciones de trabajo de los periodistas no han cambiado”.

El fundador del periódico señaló que más de 11 periodistas han sido asesinados en México solo en este año.

“Cerré mi diario como protesta, como reclamo para que los criminales que matan a periodistas sean llevados a la justicia. Cuando tengamos justicia, volveremos a abrir”, dijo. Cantú también pidió a los medios que le recuerden constantemente al público sobre los casos no resueltos de crímenes contra la prensa.

En el mismo estado de Chihuahua, en la capital, en septiembre de 2017, fue amenazado de muerte el director de La Opción, Manuel Osbaldo Salvador Ang, y ha sido blanco de permanente acoso por denunciar corrupción y hostigamiento por parte del gobierno del estado que encabeza el panista Javier Corral, quien además tiene amenazados de cárcel a otros 21 periodistas por ser críticos a su gestión.

Para conmemorar el IDEI, así como la Unesco y Cantú, las organizaciones de libertad de expresión y periodismo de América Latina y de todo el mundo publicaron casos de violencia contra el periodismo y la subsecuente impunidad, y están presionando a los gobiernos para que hagan más para proteger a los trabajadores de los medios.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó su Índice Global de Impunidad que una vez más ubicó a México y Brasil entre los países con los más altos niveles de impunidad en crímenes contra periodistas en el mundo.

IFEX y sus miembros continuaron la Campaña No Más Impunidad para elevar “las voces de las víctimas a la escena internacional”, solicitándole “a los gobiernos que mantengan los estándares más altos de justicia y rendición de cuentas”. Se concentraron en “cinco casos emblemáticos de impunidad”, incluido el de la periodista Jineth Bedoya en Colombia, que fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por miembros paramilitares mientras reportaba en una prisión en 2000. Aunque se han realizado algunos arrestos en su caso, los juicios siguen en curso y ella ha sido llamada numerosas veces para testificar en el tribunal. Ella creó la campaña #NoEsHoraDeCallar para luchar contra la violencia sexual contra las mujeres.

Para participar en las redes sociales y compartir sus propias historias, los usuarios pusieron en sus publicaciones las etiquetas #EndImpunity (Acabar con la Impunidad), #JournoSafe (Periodistas Seguros) y #SayNoToImpunity (Diga no a la Impunidad).

En los días previos al IDEI, algunas organizaciones lanzaron oficialmente proyectos no solo para crear más conciencia sobre los periodistas que fueron asesinados por su profesión, sino también para asegurarse de que sus investigaciones no sean detenidas.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji, por sus siglas en portugués) comenzó el Programa Tim Lopes para la Protección de Periodistas. Nombrado en honor al reportero de TV Globo que fue asesinado mientras reportaba en una favela de Río de Janeiro en 2002, el proyecto busca investigar homicidios, intentos de asesinato y secuestros de profesionales de los medios y continuar sus informes.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Freedom Voices Network lanzaron oficialmente el proyecto Forbidden Stories, que proporciona una plataforma para que los periodistas que están siendo amenazados suban al sistema su trabajo. En el caso de que un periodista no pueda continuar sus investigaciones, posiblemente debido a amenazas o muerte, la organización puede continuar y difundir su trabajo. La organización comenzó el proyecto promoviendo las historias de tres periodistas recientemente asesinados por su trabajo en México.

La Unesco y la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin) lanzaron la iniciativa “¿Quién investiga los crímenes contra los investigadores?”, en la conferencia que se realizó el 2 de noviembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina.

“Con el fin de estimular al periodismo investigativo sobre el tema de la impunidad en crímenes contra periodistas, tiene como objetivo principal aumentar la solidaridad entre los periodistas latinoamericanos y contribuir a la reducción de la impunidad y la violencia contra los periodistas”, anunció un comunicado de la Unesco. “El proyecto incluirá la producción de cuatro informes periodísticos dirigidos a periodistas, debates y la divulgación de un portal web que reunirá, publicará y promocionará los informes”.

También el 2 de noviembre, el Centro Knight, la UNESCO y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunciaron la última edición del curso en línea “Marco Jurídico Internacional de la libertad de expresión, acceso a la información pública y protección de periodistas”. Hasta la fecha, las cinco ediciones anteriores de este curso han capacitado a más de 5.200 jueces y operadores judiciales en América Latina y España sobre normas internacionales que rigen la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de periodistas.

 

Fuente: knightcenter.utexas.edu

Estados Unidos

Cruce masivo de miles de haitianos a Texas en espera de asilo

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Washington, 16 sep (EFE).- Más de 8.000 inmigrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad haitiana, están retenidos por las autoridades estadounidenses en un campamento improvisado en el sur de Texas tras un cruce masivo en la frontera.

Los migrantes han estado cruzando desde este martes a Estados Unidos por la zona de Del Río (Texas) y han desbordado a las autoridades migratorias, que han improvisado el campamento debajo del puente internacional que conecta con Ciudad Acuña (México) a la espera de ir procesando solicitudes de asilo.

Estos más de 8.000 migrantes, según cifras de las autoridades locales, duermen al raso y carecen de servicios básicos, unas condiciones que amenazan con crear una nueva emergencia humanitaria en la frontera sur.

La frontera entre Texas y México ha registrado cifras récord en las llegadas de inmigrantes irregulares desde que Joe Biden asumió el poder en enero pasado y ya ha sido foco de una crisis política para el nuevo presidente.

Según The Washington Post, muchos de los migrantes haitianos que han llegado a Texas emigraron de sus país tras el terremoto de 2010 a naciones suramericanas como Brasil o Chile, pero la crisis creada por la pandemia les ha impulsado ahora hacia Estados Unidos.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha enviado refuerzos al sector de Del Río para gestionar el campo y ante la incertidumbre de que más migrantes puedan cruzar en los próximos días.

“Para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, el área con sombra debajo del Puente Internacional Del Río está sirviendo como un puesto temporal de para mientras los migrantes esperan a estar bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza”, explicó en un comunicado este cuerpo.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, anunció este jueves el cierre de seis puntos de cruce fronterizo con México para “impedir que las caravanas de migrantes infesten” el estado, aunque posteriormente dio marcha y dijo que los agentes estatales solo harán acto de presencia para disminuir las llegadas.

El alcalde de Del Río, el demócrata Bruno “Ralphy” Lozano, urgió por su lado al Gobierno de Joe Biden a “reconocer que hay una crisis fronteriza ocurriendo en tiempo real en este momento con graves consecuencias para la seguridad y la salud”.

Lozano, que calificó el campamento de “favela”, también alertó de que si los agentes se concentran en este punto, el resto del sector, de unas 240 millas (400 kilómetros), está quedando desatendido.

“¿Quién está vigilando al resto del sector?”, dijo, en declaraciones recogidas por el Post.

Washington ha reducido los vuelos de deportación a Haití desde la crisis provocada por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio. Unos 30.000 haitianos habían cruzado a EE.UU. en el último año según datos oficiales.

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Estados Unidos

Ex preso de Attica, Nueva York, narra la masacre racista dentro del penal en 1971

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Por Guadalupe Lizárraga

Han pasado cincuenta años de la rebelión de los prisioneros en la cárcel de Attica, Nueva York, uno de los episodios más sangrientos en las cárceles de los Estados Unidos, en la que fueron acribillados 43 reclusos y 11 rehenes, todos -excepto cuatro- fueron víctimas de la policía y la Guardia Nacional. Quien dio la orden de ataque fue el gobernador Nelson Rockefeller. Entre las víctimas, Tyrone Larkins sobrevivió a la masacre con tres disparos y es entrevistado por el digital Democracy Now.

El 9 de septiembre de 1971, inició el motín de los prisioneros cuando tomaron la dirección del centro penitenciario en protesta por las torturas y malos tratos, así como las condiciones insalubres en los que los mantenían, narra Larkins. Para entonces, la prisión albergaba a 2300 hombres, muy por encima de de su capacidad máxima, y el motín duró cinco días.

A los presos les permitían ducharse una vez a la semana, y les daban un jabón y un rollo de papel al mes. Les entregaban sólo dos litros de agua al día, para beber y para usarla en su higiene personal. Las raciones de comida eran raquíticas y el Estado gastaba 63 centavos de dólar por preso al día para la comida. No se les permitía comunicación con el exterior, sus cartas eran destruidas y no se permitía la práctica de la religión musulmana.

La peor parte la llevaban los afroamericanos, quienes eran relegados a los puestos de trabajo con salarios más bajos y víctimas de torturas y la discriminación racial por los empleados blancos de la prisión.​

La Vanguardia Española daba seguimiento a la masacre

El periódico La Vanguardia Española, en septiembre de 1971 daba seguimiento a la masacre de Attica, y revelaba en español -en coordinación con The New York Times-, que los informes oficiales sobre los hechos eran falsos, y alegaban que los reclusos habían degollado y castrado a los custodios rehenes. Sin embargo, la investigación periodística daba cuenta de los hallazgos del Comité de Observadores, integrado por 18 profesionales, entre éstos periodistas y abogados, que confirmaron con las autopsias de los custodios asesinados que las causas de muerte habían sido por armas de fuego, después de que el gobernador diera la orden de ataque a los prisioneros rebeldes.

También argumentaron que la causa de la rebelión eran las malas condiciones en las que los mantenían y las torturas sistemáticas infligidas. Así mismo, el comité declaró que la matanza se había perpetrado por la intransigencia oficial y que el informe había sido preparado de antemano a la orden de ataque.

Tyrone Larkins, sobreviviente

En este contexto, Tyrone Larkins, ex preso sobreviviente, que fue herido de gravedad en la represión, el 13 de septiembre de ese año, describe Attica como “el lugar más brutal que conocí en mi vida” y recuerda por qué se produjo el motín el 9 de septiembre de 1971, día en que los presos redujeron a los guardias y tomaron gran parte de las instalaciones de esa penitenciaría ubicada en el norte del estado de Nueva York, en señal de protesta contra las condiciones de vida en ese lugar.

En aquella época, los presos pasaban la mayor parte del tiempo en las celdas y se duchaban una vez por semana. Larkins explica cómo se desarrollaron las tensas negociaciones con los prisioneros politizados y dice que el motín iba camino a resolverse a través del diálogo cuando el gobernador Nelson Rockefeller ordenó a la Policía estatal que atacara las instalaciones. La policía abrió fuego y mató a veintinueve reclusos y diez rehenes.

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Estados Unidos

Jueza federal ordena al Gobierno de Biden deje de impedir que inmigrantes soliciten asilo en la frontera con México

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La jueza federal estadounidense Cynthia Bashant falló en contra de la práctica del Gobierno de Joe Biden de impedir que los inmigrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. La política, conocida como “dosificación”, fue aplicada por primera vez durante la presidencia de Obama y limita la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en los pasos fronterizos de entrada al país y permanecer en Estados Unidos mientras se tramitan sus solicitudes.

El expresidente Trump amplió más tarde la política a la frontera sur, lo que obligó a que miles de solicitantes de asilo fueran colocados en largas listas de espera y tuvieran que permanecer durante meses en ciudades fronterizas mexicanas, donde corrían riesgo de ser secuestrados, sufrir agresiones sexuales o ser asesinados.

El abogado Stephen Medlock, quien argumentó el caso en nombre de los solicitantes de asilo, dijo en un comunicado: “Los mismos funcionarios gubernamentales que deberían haber dado la bienvenida y asistido a las víctimas de persecución y tortura tenían la orden de alejar a los solicitantes de asilo de Estados Unidos. El tribunal de distrito determinó que eso era claramente ilegal”.

La regla no escrita de rechazar a solicitantes de asilo en la frontera viola la Constitución de Estados Unidos, dijo el jueves una jueza federal de Distrito de San Diego (California), en respuesta a la demanda presentada por la organización sin fines de lucro Al Otro Lado y 13 inmigrantes.

La cuestionada política, basada en la discrecionalidad otorgada a los agentes federales por el Department Homeland Security (DHS), viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, dijo la jueza Cynthia Bashant.

En la práctica, la regla vigente deniega a los inmigrantes una oportunidad de pedir asilo en la frontera hasta que haya espacio para procesar una solicitud formal, siendo que el asilo se trata de un recurso legal disponible aprobado por el Congreso.

Si bien el dictamen no tiene un impacto inmediato, la decisión del tribunal puede impedir al gobierno, en este caso a los agentes del DHS, limitar o coartar el ingreso de solicitantes de asilo bajo el amparo que no existen recursos disponibles.

“¡La política de la era Trump que hizo retroceder a miles de solicitantes de asilo ha sido declarada inconstitucional!”, dijo la organización Al Otro Lado en su cuenta de la red social Twitter.

Con información de Democracy Now!
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