Guadalupe Lizárraga Domingo, 27 de Octubre del 2013, 09:09
Nestora Salgado habla con mujeres de Atlixtac durante una caravana informativa, días antes de ser recluida en Nayarit. Foto: Sergio Ferrer/Archivo
Por Sergio Ferrer
TLAPA,Guerrero- Hoy se cumple un año del levantamiento armado del pueblo de Olinalá Guerrero en contra de un grupo de la delincuencia organizada que estaba asolando a la comunidad con secuestros, robos, cobro de piso, narcomenudeo, corrupción de menores de 18 años. Una de sus principales líderes, Nestora Salgado García, la Comandante Nestora, aún sigue presa después de que denunciara a autoridades locales con vínculos de narcotráfico y robo, mientras continúa fuerte presencia del Ejército y Marina.
La gente recuerda que el 27 de octubre de 2012, día siguiente de que fuera encontrado un joven taxista asesinado, al entierro del joven llegaron habitantes a decir que había un presunto desaparecido, mucha gente se indignó y tomó su rifle, su machete -varios de éstos después se retractaron o se alejaron del movimiento- ese día hubo un llamado de unidad de una mujer de nombre Nestora Salgado García.
Pobladores comenzaron a organizarse, Nestora Salgado tomó el altavoz y a bordo de una patrulla comenzó a pedirle al pueblo que se uniera para sacar a las personas que estaban haciendo mal. Testigos de los hechos, que prefieren el anónimato porque áun reciben amenazas, narraron que en el lugar en el cual se resguardaban delincuentes encontraron a una menor drogada.
Los maleantes lograron irse, uno de ellos que fue retenido y entregado a la Policía Municipal de Olinalá pero fue liberado a las pocas horas. Ello incrementó el enojó de la población que ya de antes desconfiaba de la autoridad municipal e incluso del Ministerio Público. Aquella vez, el síndico procurador acudió para llevarse pruebas pertenecientes a los delincuentes.
Alcalde priista Eusebio Ruvalcaba y exalcalde perredista Luisa Ayala. Foto: Sergio Ferrer/Archivo
La delincuencia se reactivó al final del periodo de la presidente municipal actual diputada, local Luisa Ayala Mondragón, y se fortaleció considerablemente al entrar el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez.
Habitantes recuerdan que paseaban, cómo ahora se oyen carros a gran velocidad, camionetas con jóvenes armados que por las noches soltaban descargas de arma de fuego, «una situación insostenible», dicen los pobladores. Casi una semana después de la instalación de retenes de la Policía comunitaria en cada una de las entradas de esta localidad de La Montaña, el gobierno mandó representantes y arribó la Marina y el Ejército.
Gobernador Angel Aguirre y Sofío Ramírez en el evento de promesas a la población. Foto: Sergio Ferrer/Archivo
El gobernador llegó el 15 de noviembre de 2012. Primero, en el Tecnológico alabó en público el actuar de la Policía Comunitaria y dijo que se apoyaría la instauración de dicho sistema de justicia comunitaria, se reunió acompañado del senador Sofío Ramírez y otros funcionarios con el Concejo Social Olinalteco, a cuyos representantes les pareció positiva y llena de promesas la postura de Ángel Aguirre Rivero.
Ese día también anunció una inversión de 95 millones de pesos para la sustitución del Hospital de Olinalá, cuya construcción aún no se ha empezado, la inexistente obra tendrá espacio para 24 camas, quirófanos y varias áreas más.
Sin embargo, a pesar de haberse hecho públicas las denuncias de llamadas de extorsión, corrupción de menores de edad al presidente municipal y representantes del gobierno, junto a la petición de un Ministerio Público para que tomara cuenta la situación de riesgo que corrían jovencitas, hubo oídos sordos y se dejó al aire esta situación.
La convicción de la ciudadanía que se había organizado continuó acercándose al proceso legal a través de la adhesión de voluntarias y voluntarios a la Policía Ciudadana de Olinalá que se unió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) bajo el respaldo de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Comenzaron a actuar a través de denuncias en casos de violencia, abigeato, estupro, remitiendo a varios retenidos a la Casa de Justicia de Ayutla de los Libres, incluso a tres jóvenes a petición por escrito de las madres de familia.
Los familiares cambiarían la versión de su testimonio luego de que el síndico procurador fuera retenido en Huamuxtitlán cuando intentaba llevarse una vaca que era parte de las pruebas de un doble asesinato de hurtadores de ganado, lo cual generó una primera acusación de secuestro en contra de Nestora Salgado García que sería consiganda con rapidez para que fuera detenida por El Ejército y la Marina el 21 de agosto y trasladada a un penal de máxima seguridad violándose varios de sus derechos humanos durante este proceso, en el cual aún permanece aislada y practicamente incomunicada.