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Mexico Violento

Comandante Nestora, inocente, recluida en penal de máxima seguridad

La Comandante Nestora, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue recluída e incomunicada en el penal de alta peligrosidad El Rincón, de Nayarit

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Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Por Guadalupe Lizárraga y Sergio Ferrer

LOS ÁNGELES, CA.- Nestora Salgado García fue recluida en el penal de máxima seguridad El Rincón, de Tepic, Nayarit, acusada por los delitos de secuestro y tortura. Coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá e identificada por su comunidad como “Comandante Nestora”, organizó a la gente para integrar la Policía comunitaria y terminar con la impunidad de criminales solapados por la alcaldía a cargo del priísta Eusebio González Rodríguez.

Salgado tiene doble nacionalidad. Mexicana de nacimiento, obtuvo su ciudadanía estadounidense hace más de cinco años. Es casada y tiene tres hijas mayores de edad, que viven en el Estado de Washington. Con una vida cómoda, pero de trabajo incansable en los Estados Unidos formó su vida cívica, que se acentuó por el amor a su país natal.

Su esposo, José Luis Ávila, entrevistado por Los Ángeles Press, narró cómo es que Nestora Salgado llegó a ser la “Comandante Nestora”. Desde hace cuatro años, ella decidió ir a su pueblo de origen, Olinalá, para visitar al resto de su familia. La angustiaban los clamores de justicia que alcanzaba a conocer por internet y por lo que le contaban sus propios familiares. Antes, Olinalá era un pueblo tranquilo, dedicado al tallado de madera, “pero las cosas han cambiado”, señaló Ávila.

Cuando Nestora llegó a Olinalá, pudo darse cuenta de lo que significaba la palabra “injusticia”, apunta su esposo. Mujeres jóvenes obligadas a vender droga y a prostituirse, ladrones de ganado que quedaban impunes, abusos de poder y corrupción de las autoridades, narcomenudeo y traficantes de estupefacientes a mayor escala que “levantaban” a las adolescentes para llevárselas como esclavas sexuales, mientras que a sus novios los reclutaban obligados a entrenarse como sicarios. Aquel pueblo pobre y pintoresco, se había tranformado en una boca de lobo llena de terror y desesperanza.

Las historias de dolor y tragedia fueron llegando a su vida en busca de ayuda. Unas tras otras, historias de pasado inmediato y del presente de cada año. Empezó a organizar a la comunidad. El primer paso era dejar de lado el miedo. Juntos tendrían el poder para terminar con la impunidad. Fue hablando con la gente, en el barrio, en la plaza, en el mercado, convenciéndolos de que el poder radicaba en la ciudadanía y no en la fuerza de las autoridades. Cuatro años, expandiendo la conciencia cívica. El segundo paso fue formar una asociación civil para determinar facultades y obligaciones colectivas en apoyo de la comunidad. El tercer paso fue atender las emergencias de seguridad pública y terminar con los delitos impunes.

Así surgió la Policía Comunitaria, a la cual dio cobijo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero.

Constitución legal de la Policía Comunitaria de Olinalá

El 30 de enero de 2013 se integró legalmente la Asociación civil Consejo Olinalteco 27 de octubre de 2012. Su consejo directivo sería el pilar de la Policía comunitaria, integrado por Nestora Salgado como presidenta, Miguel Zapoteco como secretario y Carlos Patrón como tesorero. Los apoyaban tres vocalías y una vocera.

Entre las principales tareas de la asociación se impusieron apoyar la alimentación de las familias más necesitadas, promover la equidad de género y erradicar la violencia doméstica, promover y vigilar los derechos humanos. Pero también involucrar a la comunidad en los asuntos de interés público, como es el desarrollo de la comunidad y su seguridad pública. Todos los acuerdos del Consejo fueron decididos por votación de la comunidad.

El marco normativo que faculta a la Policía comunitaria como autoridad autónoma es la Ley 701, el artículo 2o. Constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos Indígenas.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Reconocimiento del Gobierno a Policía comunitaria

La Policía comunitaria de Olinalá no sólo recibió la bienvenida del gobernador Ángel Aguirre cuando se creó. También reconoció el derecho de Olinalá a organizarse colectivamente para contribuir “en su propio desarrollo y protección”. Su forma de reconocer esta nueva entidad pública fue otorgándoles dos camionetas pick up marca Dodge RAM modelo 2013 y 300 mil pesos ($ 25,000 USD).

También recibieron donativos de otras organizaciones y voluntarios para montar la oficina y comprar uniformes a los 250 miembros de la Policía comunitaria, incluyendo a 15 mujeres.

En la medida en que fueron trabajando en las actividades propias de la comunidad, hubo comunicación oficial entre el presidente municipal de Olinalá y el secretario de Gobernación, ambos funcionarios reconociendo la legitimidad y legalidad de la Policía.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Ministerio Público coordinaba acciones de seguridad con Nestora Salgado

La Agencia del Ministerio Público de Olinalá llegó a solicitar el informe de los detenidos Benito Rosendo Sánchez, Juan Antonio Franco Mancilla, Eugenio Sánchez Gonzalez, Cobyeli Franco Reyes y Ricardo Villa Vicencio Guerrero por encontrarles la carne despedazada y presentar documentos falsos de propiedad de reses, en uno de los retenes de seguridad montados por la Policía comunitaria.

Se trataba de cinco reos, identificados así por el MP, detenidos el 16 de junio de 2013. Tres días después el Ministerio Público se dirigió a Nestora Salgado en su calidad de coordinadora regional y responsable de la seguridad pública autonómica pidiendo información sobre los reos y sus delitos.

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

La acusación del secuestro

La Comandante Nestora, reconocida y respetada en la comunidad por su valor y honestidad, ahora es acusada de secuestro y tortura al síndico Armando Patrón Jiménez. Las acusaciones provienen del alcalde de Olinalá, Eusebio González, y del propio síndico.

El alcalde, miembro del PRI, fue denunciado por vínculos de narcotráfico y corrupción en un comunicado público de la Policía comunitaria. El síndico, también del PRI, fue detenido por robarse una res, siendo evidencia de dos asesinatos de jóvenes que también habían robado ganado a la comunidad.

El síndico estuvo preso en la Casa de Justicia El Paraíso, y Nestora Salgado solicitó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias el apoyo para su re-educación. Un sistema que consiste en trabajar para la comunidad, pero retenido en la Casa de Justicia.

Las influencias del síndico y del alcalde empezaron a moverse, y el alcalde incitó a grupos de personas de otras comunidades enfrentar a la Policía comunitaria para liberar al síndico. El conflicto llegó hasta la Marina y el ejército, que sin orden judicial, se llevaron a Nestora Salgado.

Según reporte del periodista Sergio Ferrer, el síndico Patrón Jiménez advirtió: “voy con todo” contra la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García. Y aseguró que no permitirá que la Comandante Nestora, acusada de haberlo secuestrado, salga de la cárcel.

Pese a la documentación oficial de la Policía comunitaria sobre el delito cometido por el sídico, el vocero del gobierno del Estado dio a concoer que la había detenido por secuestro y tortura. Secuestro del síndico y tortura por el maltrato que le habían dado. Incluso, el funcionario mintió y dijo a radio Universidad que la Comandante nestora había pedido dinero por su liberación.

El Penal de máxima seguridad en Nayarit

La comandante Nestora, pese a seguir un marco normativo para organizar la Policía comunitaria y ser reconocida oficialmente, la Marina y miembros del ejército la detuvieron arbitrariamente.

El esposo de Nestora, habló a la Embajada de los Estados Unidos en México, DF, y la embajada investigó el paradero.

Sin juicio y sin comunicación con sus familiares, Nestora está recluida en el penal de El Rincón, de Tepic Nayarit, desde ayer jueves. Un penal de alta peligrosidad en el que han estado grandes capos como la Reina del Pacífico o El Chapo Guzmán.

La familia de Nestora fue informada por la embajada, la cual a su vez investigó el paradero con la Policía federal.

 

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán extorsiona, tortura, y viola derechos humanos, denuncian internos

Ignacio García

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas, amenazas, y extorsiones, pidiéndoles dinero a los internos para no que eviten el maltrato, sin haber sido sancionado por las autoridades federales, pese a 273 amparos en su contra.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado falsamente del delito de homicidio calificado y vinculado al falso secuestro de Hugo Wallace por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos, y ahora le pide 500 mil pesos para dejarlo en paz.

De acuerdo con Khoury Layón, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como no regresarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 70 testimonios y 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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