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Mexico Violento

Comandante Nestora, inocente, recluida en penal de máxima seguridad

La Comandante Nestora, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue recluída e incomunicada en el penal de alta peligrosidad El Rincón, de Nayarit

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Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Por Guadalupe Lizárraga y Sergio Ferrer

LOS ÁNGELES, CA.- Nestora Salgado García fue recluida en el penal de máxima seguridad El Rincón, de Tepic, Nayarit, acusada por los delitos de secuestro y tortura. Coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá e identificada por su comunidad como “Comandante Nestora”, organizó a la gente para integrar la Policía comunitaria y terminar con la impunidad de criminales solapados por la alcaldía a cargo del priísta Eusebio González Rodríguez.

Salgado tiene doble nacionalidad. Mexicana de nacimiento, obtuvo su ciudadanía estadounidense hace más de cinco años. Es casada y tiene tres hijas mayores de edad, que viven en el Estado de Washington. Con una vida cómoda, pero de trabajo incansable en los Estados Unidos formó su vida cívica, que se acentuó por el amor a su país natal.

Su esposo, José Luis Ávila, entrevistado por Los Ángeles Press, narró cómo es que Nestora Salgado llegó a ser la «Comandante Nestora». Desde hace cuatro años, ella decidió ir a su pueblo de origen, Olinalá, para visitar al resto de su familia. La angustiaban los clamores de justicia que alcanzaba a conocer por internet y por lo que le contaban sus propios familiares. Antes, Olinalá era un pueblo tranquilo, dedicado al tallado de madera, «pero las cosas han cambiado», señaló Ávila.

Cuando Nestora llegó a Olinalá, pudo darse cuenta de lo que significaba la palabra “injusticia”, apunta su esposo. Mujeres jóvenes obligadas a vender droga y a prostituirse, ladrones de ganado que quedaban impunes, abusos de poder y corrupción de las autoridades, narcomenudeo y traficantes de estupefacientes a mayor escala que “levantaban” a las adolescentes para llevárselas como esclavas sexuales, mientras que a sus novios los reclutaban obligados a entrenarse como sicarios. Aquel pueblo pobre y pintoresco, se había tranformado en una boca de lobo llena de terror y desesperanza.

Las historias de dolor y tragedia fueron llegando a su vida en busca de ayuda. Unas tras otras, historias de pasado inmediato y del presente de cada año. Empezó a organizar a la comunidad. El primer paso era dejar de lado el miedo. Juntos tendrían el poder para terminar con la impunidad. Fue hablando con la gente, en el barrio, en la plaza, en el mercado, convenciéndolos de que el poder radicaba en la ciudadanía y no en la fuerza de las autoridades. Cuatro años, expandiendo la conciencia cívica. El segundo paso fue formar una asociación civil para determinar facultades y obligaciones colectivas en apoyo de la comunidad. El tercer paso fue atender las emergencias de seguridad pública y terminar con los delitos impunes.

Así surgió la Policía Comunitaria, a la cual dio cobijo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero.

Constitución legal de la Policía Comunitaria de Olinalá

El 30 de enero de 2013 se integró legalmente la Asociación civil Consejo Olinalteco 27 de octubre de 2012. Su consejo directivo sería el pilar de la Policía comunitaria, integrado por Nestora Salgado como presidenta, Miguel Zapoteco como secretario y Carlos Patrón como tesorero. Los apoyaban tres vocalías y una vocera.

Entre las principales tareas de la asociación se impusieron apoyar la alimentación de las familias más necesitadas, promover la equidad de género y erradicar la violencia doméstica, promover y vigilar los derechos humanos. Pero también involucrar a la comunidad en los asuntos de interés público, como es el desarrollo de la comunidad y su seguridad pública. Todos los acuerdos del Consejo fueron decididos por votación de la comunidad.

El marco normativo que faculta a la Policía comunitaria como autoridad autónoma es la Ley 701, el artículo 2o. Constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos Indígenas.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Reconocimiento del Gobierno a Policía comunitaria

La Policía comunitaria de Olinalá no sólo recibió la bienvenida del gobernador Ángel Aguirre cuando se creó. También reconoció el derecho de Olinalá a organizarse colectivamente para contribuir “en su propio desarrollo y protección”. Su forma de reconocer esta nueva entidad pública fue otorgándoles dos camionetas pick up marca Dodge RAM modelo 2013 y 300 mil pesos ($ 25,000 USD).

También recibieron donativos de otras organizaciones y voluntarios para montar la oficina y comprar uniformes a los 250 miembros de la Policía comunitaria, incluyendo a 15 mujeres.

En la medida en que fueron trabajando en las actividades propias de la comunidad, hubo comunicación oficial entre el presidente municipal de Olinalá y el secretario de Gobernación, ambos funcionarios reconociendo la legitimidad y legalidad de la Policía.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Ministerio Público coordinaba acciones de seguridad con Nestora Salgado

La Agencia del Ministerio Público de Olinalá llegó a solicitar el informe de los detenidos Benito Rosendo Sánchez, Juan Antonio Franco Mancilla, Eugenio Sánchez Gonzalez, Cobyeli Franco Reyes y Ricardo Villa Vicencio Guerrero por encontrarles la carne despedazada y presentar documentos falsos de propiedad de reses, en uno de los retenes de seguridad montados por la Policía comunitaria.

Se trataba de cinco reos, identificados así por el MP, detenidos el 16 de junio de 2013. Tres días después el Ministerio Público se dirigió a Nestora Salgado en su calidad de coordinadora regional y responsable de la seguridad pública autonómica pidiendo información sobre los reos y sus delitos.

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

La acusación del secuestro

La Comandante Nestora, reconocida y respetada en la comunidad por su valor y honestidad, ahora es acusada de secuestro y tortura al síndico Armando Patrón Jiménez. Las acusaciones provienen del alcalde de Olinalá, Eusebio González, y del propio síndico.

El alcalde, miembro del PRI, fue denunciado por vínculos de narcotráfico y corrupción en un comunicado público de la Policía comunitaria. El síndico, también del PRI, fue detenido por robarse una res, siendo evidencia de dos asesinatos de jóvenes que también habían robado ganado a la comunidad.

El síndico estuvo preso en la Casa de Justicia El Paraíso, y Nestora Salgado solicitó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias el apoyo para su re-educación. Un sistema que consiste en trabajar para la comunidad, pero retenido en la Casa de Justicia.

Las influencias del síndico y del alcalde empezaron a moverse, y el alcalde incitó a grupos de personas de otras comunidades enfrentar a la Policía comunitaria para liberar al síndico. El conflicto llegó hasta la Marina y el ejército, que sin orden judicial, se llevaron a Nestora Salgado.

Según reporte del periodista Sergio Ferrer, el síndico Patrón Jiménez advirtió: “voy con todo” contra la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García. Y aseguró que no permitirá que la Comandante Nestora, acusada de haberlo secuestrado, salga de la cárcel.

Pese a la documentación oficial de la Policía comunitaria sobre el delito cometido por el sídico, el vocero del gobierno del Estado dio a concoer que la había detenido por secuestro y tortura. Secuestro del síndico y tortura por el maltrato que le habían dado. Incluso, el funcionario mintió y dijo a radio Universidad que la Comandante nestora había pedido dinero por su liberación.

El Penal de máxima seguridad en Nayarit

La comandante Nestora, pese a seguir un marco normativo para organizar la Policía comunitaria y ser reconocida oficialmente, la Marina y miembros del ejército la detuvieron arbitrariamente.

El esposo de Nestora, habló a la Embajada de los Estados Unidos en México, DF, y la embajada investigó el paradero.

Sin juicio y sin comunicación con sus familiares, Nestora está recluida en el penal de El Rincón, de Tepic Nayarit, desde ayer jueves. Un penal de alta peligrosidad en el que han estado grandes capos como la Reina del Pacífico o El Chapo Guzmán.

La familia de Nestora fue informada por la embajada, la cual a su vez investigó el paradero con la Policía federal.

 

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Fiscalía de Michoacán localiza 22 cadáveres en fosa clandestina

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán informó que fueron localizados 22 cuerpos humanos en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán, que podrían pertenecer a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) asesinados por el grupo criminal “Los Pájaros de la Sierra”.

De acuerdo con la fiscalía estatal, esta fosa clandestina fue hallada desde el pasado 19 de marzo en un terreno de la comunidad de “Los Negritos” que colinda con una presa, donde recientemente las autoridades federales y estatales localizaron dos osamentas humanas más para un total de 22 cuerpos recuperados.

Las autoridades estatales refirieron que estos cuerpos corresponden en su totalidad a varones, quienes formarían parte del CJNG, y habrían sido abatidos por el grupo criminal que controla la región, aunque hasta el momento no han sido identificados.

En total de los 22 cuerpos recuperados, 17 corresponden a varones y cinco mujeres, por lo que continúan con las labores de peritajes forenses para conocer la identidad de los asesinados, por lo que esta zona es acordonada por elementos de la Guardia Nacional que se encarga del resguardo del sitio.

Michoacán es uno de los estados más afectados por la violencia ocasionada por la disputa de los diferentes grupos delictivos dedicados al tráfico de drogas, por lo que las bandas escindidas de la Familia Michoacana buscan retomar el control del estado, mientras que el CJNG pretende apoderarse del mismo.

Aunque el gobierno federal se comprometió a reforzar la seguridad en la entidad, hasta el momento los niveles de inseguridad en ese estado no han disminuido, por lo que persiste el riesgo de nuevas agresiones entre las organizaciones delictivas que pretenden controlar el trasiego de estupefacientes.

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Colectivo Artículo 20 denuncia muerte de internas con enfermedades terminales tras su traslado arbitrario al Cefereso #16

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Los Ángeles Press

Familiar de una interna enferma de cáncer, en el Centro de Rehabilitación Social de Acapulco, Guerrero, denunció el fallecimiento tras su traslado arbitrario al Centro Federal número 16, en Coatlán del Río, Morelos. Según el testimonio dado al colectivo de derechos humanos Artículo 20, la interna de nombre Guadalupe Merino Sánchez, «iba estable» pero se le suspendió su tratamiento. Se trata de la tercera muerte tras el traslado arbitrario al mismo penal federal.

“La dejaron morir, yo tengo todos los audios grabados dónde mi mamá me decía que no le daban de comer y tampoco le daban la atención médica”, señaló en su testimonio la hija de la interna. Reiteró que nunca le dieron un medicamento, ni por humanidad, siendo una enferma en fase terminal, pero que además le piden 10 mil pesos (530 dólares) para el traslado del cuerpo nuevamente a Acapulco.

Durante los últimos cinco meses, se han realizado al menos unos 500 traslados de los centros estatales al CEFERESO número 16, de Morelos, sin justificación, ya que la mayoría de las internas son del fuero común, señala la organización Artículo 20.

El centro federal femenil, de acuerdo con la denuncia, se trata de un penal concesionado a una empresa privada presuntamente por el grupo Carso, del que es dueño el empresario Carlos Slim, y que en entrevista para Los Ángeles Press, las activistas de los derechos humanos de las internas en el movimiento «Ola Beige» habían denunciado una serie de irregularidades que iban desde el maltrato hasta la falta de atención médica.

El traslado masivo de mujeres y hombres en reclusión, con procesos judiciales del fuero común a penales federales, “es una violación de derechos humanos al alejarlos de sus familias a cientos de kilómetros, como pasó con las reclusas del puerto de Acapulco, del Cereso de Las Cruces”, apuntó la denunciante de Artículo 20.

Los familiares de las internas con traslados arbitrarios se han organizado en diversas protestas para exigir el retorno de sus familiares, sobre todo porque implicó que personas con enfermedades terminales, interrumpieran su tratamiento, lo que derivó en la muerte antes de tiempo.

También se enfatizó que la falta de atención médica en el Cefereso 16 se debe a la fata de personal, ya que sólo hay dos médicos para 1200 reclusas, además de que la comida es escasa y falta agua potable, les limitaron las llamadas telefónicas y la entrada de suministros.

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El CJNG se desplaza a Yucatán con ejecuciones y ‘cobros de piso’ a contratistas y trabajadores del Tren Maya

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El Cártel Jalisco Nueva Generación enfila sus baterías al estado de Yucatán, luego que estar siendo desplazado de Quintana Roo, a sangre y fuego.

Por Alfredo Griz Cruz

YUCATÁN, México.- Tras la presión del Gobierno federal para ceder el control de las plazas del Caribe mexicano a otros grupos del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ve obligado a desplazarse hacia Yucatán, desde hace apenas unos días, justamente cuando el sábado 25 de junio se daba cuenta de ocho ejecutados tirados en los limítrofes del estado de Yucatán.

Sus nombres eran José Luis Villalpando Pat, de 46 años; Édgar Medina Romero, de 19; Heber Crescencio Landeros Vidal, de 40; Flavio César Robledo García, de 24; David Azael Pool Poot, de 22; Moisés Nicolás Cuervo, de 41, y José Ismael Dzul Chan, de 20 años. Todos ellos “levantados” entre el 21 y 23 de junio en el poblado de Xcalac, de Quintana Roo.

El Cartel Jalisco Nueva Generación mandó un mensaje claro a la autoridad yucateca, mostrando fuerza y determinación para entrar a esa entidad; sin embargo, las autoridades policiacas de Yucatán reaccionaron de manera inmediata y blindaron el estado en espera de otro posible golpe.

Ha habido indicios de que ya se tenía presencia de ese cartel en la ciudad de Mérida. Un evento a lo referido es cuando la empleada de la Comisión Federal de Electricidad, Circe Viridiana Palma Martínez, intentó medrar con información confidencial que revelaba la corrupción de los servidores públicos de esta institución y tras su fracaso denunció ante la FGR a este reportero a petición de la paraestatal. En consecuencia, fue colocada una narco-manta en el domicilio de quien escribe con amenazas a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Dicha empleada que filtró información confidencial de las obras del Tren Maya y de sus jefes directos, Marco Antonio Flores y Víctor Manuel Tziu Sosa, fue coaccionada a denunciar a este periodista bajo supuestos delitos de extorsión para no ser despedida. La empleada, cuyo número de control es RPE: DB483, señaló que los desvíos de recursos de esa paraestatal se hace entre amigos y grupos del del crimen organizado. De ahí se deriva la narco-manta que fue colocada en el domicilio de este reportero y de la cual, la autoridad estatal se mantiene al margen, ignorando el asunto, y dejando el caso al Ministerio Público Federal.

Narcomanta del CJGN con amenazas al reportero.

Recapitulando los hechos

  • El día 22 de abril fue detenido en Progreso, Yucatán, un lugarteniente del CJNG en el más completo sigilo, lo que obra en diversas notas periodísticas regionales y nacionales.
  • El 7 de mayo, este reportero es amenazado por el CJNG, como respaldo a la empleada de la Comisión Federal de Electricidad que le filtró información, y luego lo denunció en la Fiscalía General del Estado por supuesta extorsión, para deslindarse de su responsabilidad ante el delito de revelación de secretos.
  • El 25 de junio, ejecutaron a ocho personas que fueron tirados en el municipio de Chikindzont, localizado al oriente de Yucatán, adjudicándose los hechos el CJNG.
  • El martes 28, en el barrio de San Sebastián, en pleno centro de la ciudad, se desplegó un intenso operativo para detener a ocho personas pertenecientes al CJNG quienes tenían a personas privadas de su libertad en un domicilio de esa céntrica colonia, lo que provocó activar el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, con vuelos constantes en las colonias, Campestre, Pedregales de Tamlun, Chuburna, Chichi Suárez, entre otras.

Tras el operativo de persecución y detención de los presuntos criminales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República; sin embargo, en un golpe de timón mediático, las autoridades estatales deslizaron la información de que fueron detenidas personas que se dedicaban a estafar a través de un call center. Lo que resulta inverosímil, ya que no se justifica ni la persecución por todo el norte de la ciudad ni el accionar de un helicóptero policial, por lo que es evidente que se está ocultando la información, para no poner en evidencia la fragilidad de la seguridad pública de Mérida.

A decir de Circe Viridiana Palma Martínez, quien filtró la información sobre la corrupción del Tren Maya y quien ahora es imputada en una denuncia federal, señala que los contratistas que laboran en los tramos del tren de Campeche a Quintana Roo, deben de dar su cuota a los residentes y también a los grupos del crimen organizado que tengan control sobre las zonas de construcción. De ahí se deriva la férrea lucha en la zona de Quintana Roo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación fue desplazado de las zonas turísticas, y ahora se quiere abrir paso en esos tramos de construcción del Tren Maya. Que de acuerdo con la información recibida, uno de los motivos del CJNG para establecer una base de operaciones en Yucatán es tomar el control de las obras del Tren Maya, donde normalmente se mueve la droga con los trabajadores y se hacen cobros de piso a los contratistas.

La ahora imputada servidora pública, quien ha mantenido silencio ante este medio de comunicación, pero vierte información sobre la denuncia federal en su contra, deja entre ver acuerdos no transparentes de la paraestatal y el Ministerio Público Federal en una clara obstaculización de la justicia.

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