Connect with us

Mexico Violento

Comandante Nestora, inocente, recluida en penal de máxima seguridad

La Comandante Nestora, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue recluída e incomunicada en el penal de alta peligrosidad El Rincón, de Nayarit

Avatar

Published

on

Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Comandante Nestora el día de la protesta por privatización de Pemex Foto: Sergio Ferrer

Por Guadalupe Lizárraga y Sergio Ferrer

LOS ÁNGELES, CA.- Nestora Salgado García fue recluida en el penal de máxima seguridad El Rincón, de Tepic, Nayarit, acusada por los delitos de secuestro y tortura. Coordinadora regional de la Policía Comunitaria de Olinalá e identificada por su comunidad como “Comandante Nestora”, organizó a la gente para integrar la Policía comunitaria y terminar con la impunidad de criminales solapados por la alcaldía a cargo del priísta Eusebio González Rodríguez.

Salgado tiene doble nacionalidad. Mexicana de nacimiento, obtuvo su ciudadanía estadounidense hace más de cinco años. Es casada y tiene tres hijas mayores de edad, que viven en el Estado de Washington. Con una vida cómoda, pero de trabajo incansable en los Estados Unidos formó su vida cívica, que se acentuó por el amor a su país natal.

Su esposo, José Luis Ávila, entrevistado por Los Ángeles Press, narró cómo es que Nestora Salgado llegó a ser la “Comandante Nestora”. Desde hace cuatro años, ella decidió ir a su pueblo de origen, Olinalá, para visitar al resto de su familia. La angustiaban los clamores de justicia que alcanzaba a conocer por internet y por lo que le contaban sus propios familiares. Antes, Olinalá era un pueblo tranquilo, dedicado al tallado de madera, “pero las cosas han cambiado”, señaló Ávila.

Cuando Nestora llegó a Olinalá, pudo darse cuenta de lo que significaba la palabra “injusticia”, apunta su esposo. Mujeres jóvenes obligadas a vender droga y a prostituirse, ladrones de ganado que quedaban impunes, abusos de poder y corrupción de las autoridades, narcomenudeo y traficantes de estupefacientes a mayor escala que “levantaban” a las adolescentes para llevárselas como esclavas sexuales, mientras que a sus novios los reclutaban obligados a entrenarse como sicarios. Aquel pueblo pobre y pintoresco, se había tranformado en una boca de lobo llena de terror y desesperanza.

Las historias de dolor y tragedia fueron llegando a su vida en busca de ayuda. Unas tras otras, historias de pasado inmediato y del presente de cada año. Empezó a organizar a la comunidad. El primer paso era dejar de lado el miedo. Juntos tendrían el poder para terminar con la impunidad. Fue hablando con la gente, en el barrio, en la plaza, en el mercado, convenciéndolos de que el poder radicaba en la ciudadanía y no en la fuerza de las autoridades. Cuatro años, expandiendo la conciencia cívica. El segundo paso fue formar una asociación civil para determinar facultades y obligaciones colectivas en apoyo de la comunidad. El tercer paso fue atender las emergencias de seguridad pública y terminar con los delitos impunes.

Así surgió la Policía Comunitaria, a la cual dio cobijo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero.

Constitución legal de la Policía Comunitaria de Olinalá

El 30 de enero de 2013 se integró legalmente la Asociación civil Consejo Olinalteco 27 de octubre de 2012. Su consejo directivo sería el pilar de la Policía comunitaria, integrado por Nestora Salgado como presidenta, Miguel Zapoteco como secretario y Carlos Patrón como tesorero. Los apoyaban tres vocalías y una vocera.

Entre las principales tareas de la asociación se impusieron apoyar la alimentación de las familias más necesitadas, promover la equidad de género y erradicar la violencia doméstica, promover y vigilar los derechos humanos. Pero también involucrar a la comunidad en los asuntos de interés público, como es el desarrollo de la comunidad y su seguridad pública. Todos los acuerdos del Consejo fueron decididos por votación de la comunidad.

El marco normativo que faculta a la Policía comunitaria como autoridad autónoma es la Ley 701, el artículo 2o. Constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los pueblos Indígenas.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Mensaje sobre la entrega de camionetas y recursos a la Policía Comunitaria por parte del gobernador.

Reconocimiento del Gobierno a Policía comunitaria

La Policía comunitaria de Olinalá no sólo recibió la bienvenida del gobernador Ángel Aguirre cuando se creó. También reconoció el derecho de Olinalá a organizarse colectivamente para contribuir “en su propio desarrollo y protección”. Su forma de reconocer esta nueva entidad pública fue otorgándoles dos camionetas pick up marca Dodge RAM modelo 2013 y 300 mil pesos ($ 25,000 USD).

También recibieron donativos de otras organizaciones y voluntarios para montar la oficina y comprar uniformes a los 250 miembros de la Policía comunitaria, incluyendo a 15 mujeres.

En la medida en que fueron trabajando en las actividades propias de la comunidad, hubo comunicación oficial entre el presidente municipal de Olinalá y el secretario de Gobernación, ambos funcionarios reconociendo la legitimidad y legalidad de la Policía.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Oficio del MP solicitando informes judiciales a la Policía Comunitaria.

Ministerio Público coordinaba acciones de seguridad con Nestora Salgado

La Agencia del Ministerio Público de Olinalá llegó a solicitar el informe de los detenidos Benito Rosendo Sánchez, Juan Antonio Franco Mancilla, Eugenio Sánchez Gonzalez, Cobyeli Franco Reyes y Ricardo Villa Vicencio Guerrero por encontrarles la carne despedazada y presentar documentos falsos de propiedad de reses, en uno de los retenes de seguridad montados por la Policía comunitaria.

Se trataba de cinco reos, identificados así por el MP, detenidos el 16 de junio de 2013. Tres días después el Ministerio Público se dirigió a Nestora Salgado en su calidad de coordinadora regional y responsable de la seguridad pública autonómica pidiendo información sobre los reos y sus delitos.

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

Eusebio González Rodríguez, alcalde del PRI en Olinalá acusado de vínculos con el narcotráfico

La acusación del secuestro

La Comandante Nestora, reconocida y respetada en la comunidad por su valor y honestidad, ahora es acusada de secuestro y tortura al síndico Armando Patrón Jiménez. Las acusaciones provienen del alcalde de Olinalá, Eusebio González, y del propio síndico.

El alcalde, miembro del PRI, fue denunciado por vínculos de narcotráfico y corrupción en un comunicado público de la Policía comunitaria. El síndico, también del PRI, fue detenido por robarse una res, siendo evidencia de dos asesinatos de jóvenes que también habían robado ganado a la comunidad.

El síndico estuvo preso en la Casa de Justicia El Paraíso, y Nestora Salgado solicitó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias el apoyo para su re-educación. Un sistema que consiste en trabajar para la comunidad, pero retenido en la Casa de Justicia.

Las influencias del síndico y del alcalde empezaron a moverse, y el alcalde incitó a grupos de personas de otras comunidades enfrentar a la Policía comunitaria para liberar al síndico. El conflicto llegó hasta la Marina y el ejército, que sin orden judicial, se llevaron a Nestora Salgado.

Según reporte del periodista Sergio Ferrer, el síndico Patrón Jiménez advirtió: “voy con todo” contra la coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado García. Y aseguró que no permitirá que la Comandante Nestora, acusada de haberlo secuestrado, salga de la cárcel.

Pese a la documentación oficial de la Policía comunitaria sobre el delito cometido por el sídico, el vocero del gobierno del Estado dio a concoer que la había detenido por secuestro y tortura. Secuestro del síndico y tortura por el maltrato que le habían dado. Incluso, el funcionario mintió y dijo a radio Universidad que la Comandante nestora había pedido dinero por su liberación.

El Penal de máxima seguridad en Nayarit

La comandante Nestora, pese a seguir un marco normativo para organizar la Policía comunitaria y ser reconocida oficialmente, la Marina y miembros del ejército la detuvieron arbitrariamente.

El esposo de Nestora, habló a la Embajada de los Estados Unidos en México, DF, y la embajada investigó el paradero.

Sin juicio y sin comunicación con sus familiares, Nestora está recluida en el penal de El Rincón, de Tepic Nayarit, desde ayer jueves. Un penal de alta peligrosidad en el que han estado grandes capos como la Reina del Pacífico o El Chapo Guzmán.

La familia de Nestora fue informada por la embajada, la cual a su vez investigó el paradero con la Policía federal.

 

Mexico Violento

Defensoría pública cesa a abogado que llevaba caso de Jacobo Tagle por injerencia de Isabel Miranda

Avatar

Published

on

Por Guadalupe Lizárraga

“Ejercer la carrera de Derecho y litigar en México es estar con un pie en la cárcel y otro en el panteón”, señaló Alejandro Garduño Real, quien se desempeñaba como defensor público en el caso de Jacobo Tagle Dobin, al denunciar su cese laboral, después de haber recibido amenazas de muerte y acoso judicial por parte de Isabel Miranda Torres.

Con fecha del 13 de abril, su jefa inmediata, Claudia Maribel, lo convocó a una reunión bajo el argumento de que revisarían la carpeta de investigación iniciada en su contra por parte de “la señora Wallace”, sin embargo, en la reunión la funcionaria le notificó su cese de la institución en la que cumplía 20 años de servicio al Poder Judicial, señalando que Miranda Torres “era una figura pública” y que él “ya estaba causando muchos problemas”.

El abogado Garduño Real denunció en entrevista a Los Ángeles Press, que había un avance significativo en la defensa de Jacobo Tagle, conocido como el “caso Wallace” y así mismo en el de Francisco García Medel, conocido como el “caso Nelson Vargas”, del cual también ha tenido injerencia Miranda Torres.

Incluso, señaló el abogado defensor que una de las amenazas de muerte contra su persona fue al concluir una audiencia judicial, el 14 de enero de 2020, sobre el caso de García Medel, quien escuchó la agresión telefónica. Por lo que el juez solicitó al director del Instituto de la Defensoría Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, hiciera del conocimiento al Consejo de la Judicatura Federal para que se le asignara nuevamente una escolta. Sin embargo, señaló Garduño Real que no se le dio seguimiento a dicha petición, por lo que se encontraba en estado de indefensión.

Otra de las agresiones fue un atentado en Cuautitlán Izcalli, a pesar de traer escolta, al ser interceptado por un grupo de policías locales.

Garduño Real destacó que era una persona con capacidades diferentes, ya que utiliza silla de ruedas para trasladarse de un lugar a otro, y que se le estaban vulnerando sus derechos humanos. Señaló que irónicamente, el titular de la institución, el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros, publica en sus redes sociales “que está velando por los derechos humanos de personas detenidas en prisión, por personas sujetas a proceso o bien por imputados que se encuentran en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, como defensor público y con mi discapacidad, mis propios derechos humanos son pisoteados en este momento”.

Continue Reading

Justicia pendiente

Telefonistas acusan a Luisa María Alcalde de frenar reforma laboral

Ignacio García

Published

on

Trabajadores telefonistas y universitarios disidentes denunciaron que la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, Luisa María Alcalde Luján, ha frenado el avance de la reforma laboral para transformar el modelo sindical en el país.

Los inconformes acusaron que la funcionaria federal está influenciada por su padre, Arturo Alcalde, quien asesora desde hace años a los gremios sindicales del país y por ello se opone a un cambio en el modelo actual, lo que vulnera los derechos de los trabajadores organizados.

José del Refugio Cano Miramontes, integrante del Frente Telefonista Alternativo, señaló que la titular de la STPS no tiene interés en impulsar la reforma laboral que se planteó desde 2019, por lo que se sigue profundizando el rezago que prevalece en las demandas de justicia laboral.

De acuerdo con los telefonistas, no se ha impulsado la verdadera democracia dentro de las organizaciones sindicales y la pandemia de Covid-19 sirvió como un esquema para evitar el avance de la reforma laboral, por lo que expresaron que se debe eliminar por completo “el charrismo sindical”, cuyos secretarios generales se han perpetuado en el poder.

Indicó que los líderes sindicales han mantenido el control de las bases trabajadoras a partir de la represión, el hostigamiento y las amenazas a los trabajadores, por lo que recordaron que Francisco Hernández Juárez lleva al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana por más de 45 años y no se han cubierto las más de 16 mil vacantes causadas por jubilaciones y pensiones.

Por ello, insistieron en la necesidad de que se garantice un proceso democrático entre los sindicatos del país para que no se sigan reproduciendo este tipo de prácticas que vulneran los derechos de los trabajadores, pues constantemente los líderes sindicales se enriquecen a partir de las cuotas sindicales.

Continue Reading

Justicia pendiente

Familiares de activista Claudia Uruchurtu, víctima de desaparición forzada en Oaxaca, exigen su localización

Ignacio García

Published

on

Por Ignacio García y Miguel Montesinos León

Familiares de la activista Claudia Uruchurtu Cruz, víctima de desaparición forzada, el pasado 26 de marzo, en Oaxaca, tras una manifestación por el abuso de autoridad ejercido por el gobierno de la alcaldesa de MORENA en Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, exigieron su búsqueda y localización inmediata.

Por medio de una misiva firmada y conferencia de prensa, las hermanas de la activista, Elizabeth y Sara Uruchurtu Cruz, señalaron que a 19 días de la desaparición de la defensora de derechos humanos no han obtenido respuesta por parte de las autoridades, pese a la petición del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del gobierno de Reino Unido al gobierno federal para localizarla.

Reclamaron que el gobierno mexicano no ha dado respuesta a las exigencias sociales, por lo que la ONU -en su petición- solicita al gobierno de México una investigación clara para localizar a la víctima y a los responsables de la desaparición de la activista.

Recordaron que previo a la desaparición de la defensora de derechos humanos, la activista había denunciado insistentemente el desvío de recursos públicos y las arbitrariedades del Cabildo de Nochixtlán, encabezado por la edil emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y posteriormente tras acudir a la manifestación para pedir la libertad de Alfonso Avendaño Rodríguez el 26 de marzo, fue vista por última vez tras el arribo de los policías municipales que disolvieron la protesta.

Aseguraron que se trata del primer caso de desaparición forzada desde que comenzó la administración de Andrés Manuel López Obrador, por lo que solicitaron al gobierno federal la búsqueda y localización de la víctima.

Por parte de Alfonso Avendaño Rodríguez, ante la gravedad de su estado de salud, en la manifestación de hoy participó en su representación su hermano Francisco Avendaño Rodríguez, y explicó que Alfonso había sido detenido por policías municipales de Nochixtlán, y que la activista fue desaparecida cuando acudió a una protesta a las afueras del ayuntamiento para exigir su liberación por haber solicitado el adeudo pendiente que tenía la alcaldía por unos servicios de ferretería que se rehusó a pagar y por lo cual fue golpeado y aprehendido sin razón legal.

Continue Reading

Trending