Connect with us

Con voz propia

Masacre de campesinos, estrategia de gobierno en Colombia

El Gobierno de Juan Manuel Santos responde con fuego al Paro Nacional Agrario que protesta por el ahogamiento del campo debido al Tratado de Libre Comecio

Published

on

Alberto Buitre*

Una mano destrozada. El joven campesino Ricardo Amado bajaba el monte, desplazado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que había tomado el municipio de Sinacota, Santander, cuando una granada de fragmentación lanzada por los militares se la quebró. Bajó como pudo la loma, hincado de dolor, chorreando sangre, cartílago y hueso de su brazo derecho. Eso ya no era mano, ni siquiera un amasijo de carne; sino un trozo deshebrado de algo. Uno de los suyos le puso un trapo encima. Por todos lados volaban esquirlas y gases lacrimógenos. Los gritos lo inundaban todo. Era el paro de productores cafeteros del pasado marzo.

En respuesta y desde el 19 de agosto, campesinos e indígenas de once regiones agrarias colombianas iniciaron el Paro Nacional Agrario que dura hasta la fecha. Están sumados los departamentos de Putumayo, Caquetá, Tolima, Cauca, Nariño, Santander, Meta, Valle, Antioquia, Casanare y Arauca, de muchos sectores agrícolas: cafeteros, paperos, lecheros, cacaoteros, arroceros, algodoneros; pero también trabajadores hospitalarios, mineros, estudiantes, sindicatos obreros y fuerzas políticas.

Un muerto en el parto cafetero del Catatumbo. Foto: Agencia Rural

Un muerto en el parto cafetero del Catatumbo. Foto: Agencia Rural

Las demandas son muy concretas:

Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los minero-energéticos; Renegociación inmediata de los Tratados de Libre Comercio; Moratoria y renegociación de la deuda pública (interna y externa); Política agraria democrática centrada en apoyo a la economía campesina; Reforma estructural de la Ley 100 de salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad y pagada por el Estado.

Pero el Gobierno de Juan Manuel Santos ha respondido con fuego a las manifestaciones.

En la carretera que comunica a Boyacá con la capital Bogotá, más de 350 mil familias dedicadas al cultivo de papa se sumaron al paro. Tomaron la vía y a los pocos días llegó la Esmad a reprimir. No se conformaron con lanzar bombas ni con lanzar disparos al aire. Se adentraron en las comunidades, entre los breñales, a destrozar las casas. Ataviados con cascos y armaduras, rompieron vidrios, quemaron los patios. Y es el día en que no les importa aterrorizar a niños y niñas, golpear ancianos.

A pocos días del inicio del Parro, el Estado colombiano detuvo arbitrariamente al líder agrario, Huber Ballesteros, y lo acusó de «rebelión y terrorismo». El hoy preso político es líder de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) y uno de los principales activos del movimiento, por quien hoy se reclama su liberación.

En la región del Catatumbo, en el departamento de Santander, ya mataron a dos campesinos y dejaron varios heridos. Medios alternativos hablan de cuatro asesinados y más de cien mutilados.  El movimiento grabó el momento mismo en que desfallecían, ensangrentados, con las balas quemando sus órganos. Quien mire las escenas no tendrá duda de la actuación fascista del Estado colombiano. Así responde Santos a las exigencias de precios justos y apoyo frente a la entrada de productos abaratados desde Estados Unidos y la Unión Europea. Así responde la Casa de Nariño a los indígenas y campesinos que piden lo que consideran necesario: no dejarlos morir. Y sin embargo, los mata.

Un viejo agrarista denuncia llorando los abusos del Ejército antimotines. Pues cómo no. Si ya de viejos, los campesinos ahora tienen que sobrevivirle a los militares.

“Son unos chupasangres de nosotros los cafeteros. Nosotros hemos hecho crecer la economía colombiana. Ochenta años produciendo riquezas. Yo, 77 años, y todavía pisoteados, abusado. A una niña aporreada por ellos (los militares) y uno de mis compañeros, pisoteado en las costillas. Uno es noble pero es rebelde. Nos están obligando a buscar otras maneras. Nosotros así no podemos vivir del campo”.

Debido a las políticas que privilegian la importación de granos y productos del extranjero, el Gobierno de Colombia ha obligado el desperdicio de una reserva de cinco mil millones de sacos de café en Antioquia: “Y la respuesta del Gobierno es matarnos, acribillarnos”, dice el viejo.

“Es una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, de trabajar como bueyes y viejos. Y tener que protestar ante un Gobierno oligarca, que aprovecha la debilidad en las capacidades de fuerzas, porque no tenemos armas en la mano. Si tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellas. A ver si era verdad. Llegar a sus casas y romperles las ollas de comida, envenenárselas. Es injusto “

En el Paro Nacional Agrario colombiano participan las organizaciones articuladas en la Coordinación de organizaciones y movimientos sociales y políticos de Colombia, conformada por  Marcha Patriótica, Congreso de los pueblos, Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo (MIA – Nacional), Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA), Asociación de Trabajadores Hospitalarios (ANTHOC), Coalición de Movimientos Sociales de Colombia (COMOSOC), Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Unión Sindical Obrera (USO).

Y sin embargo, Juan Manuel Santos ha acusado a una sola organización en particular, la Marcha Patriótica, de entorpecer los diálogos para la solución del conflicto. En una alocución el pasado 30, el presidente colombiano dijo que la organización -que como causa se propone la “segunda independencia de Colombia”-, pretende imponer su propia agenda. Al tiempo, los acusó de “vándalos” y les impuso una recompensa de cinco millones de pesos por su captura. Ordenó a sus ministros levantarse de la mesa de negociación instalada en la localidad de Tunja, Boyacá. Por si fuera poco, mandó militarizar Bogotá y sus al rededores con 50 mil soldados. Como si las autopistas no estuvieran ya sometidas al terror de facto del Ejército y la Policía.

En tanto, Marcha Patriótica ha denunciado las estrategias disuasorias del Paro por parte del Estado colombiano; negociando con unos sectores y negándose al diálogo con otros. El movimiento reconoce que esto es una debilidad subyacente por la falta de centralización de la lucha. Sin embargo, ha convocado a Santos: “Si quiere acabar con este paro, dialogue con todo el movimiento campesino. Si quiere auténtica democracia reciba a la oposición política y social. La paz no puede ser una predica vacía, mientras se ordena represión. La paz sólo será posible resolviendo, de raíz, las exigencias que hoy plantea el conjunto del movimiento campesino, social y popular”.

 http://albertobuitre.wordpress.com/

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Con voz propia

¡Menos días, presidente AMLO!

Published

on

By

TRAS BAMBALINAS

Por Jorge Octavio Ochoa

El único anuncio halagüeño que podrá hacer AMLO en los próximos días, será la participación de Los Tigres del Norte en los festejos patrios del 16 de septiembre. Pan y circo, la receta.

El accidente en la mina “Las Conchas”, en Coahuila, amenaza convertirse en otra piedra en el zapato de la 4T, debido a las graves implicaciones que hay en el fondo.

Se trata de una desgracia anunciada, que viene de antes, pero que no se resolvió y, de hecho, empeoró con el actual régimen pues, para empezar, el citado “pocito” no contaba con bitácora de funcionamiento actualizada.

El gobierno no ha aclarado ni desmentido este dato.  Tampoco tenía la respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y, lo peor: pese a estas irregularidades, la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por 70 millones de pesos a la empresa que la operaba.

Se trata de la Compañía Minera El Pinabete, que aparece como responsable de la operación desde hace 10 años. Al menos la CFE no ha desmentido tampoco esta información publicada en El Universal.

De acuerdo con datos de El País, “en la región se extrae el 99% del carbón que compra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno de los pilares de la reforma eléctrica del presidente, López Obrador.

“Unas 3 mil familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11 mil de empleos indirectos».

“Siete trabajadores murieron en junio del año pasado. En 2006, 65 obreros murieron por una explosión de gas en Pasta de Conchos, en la que es hasta el momento la mayor tragedia minera de la historia de México”.

Hace ocho años, existía un Fondo Minero al que las empresas del sector pagaban el 7.5% de sus ganancias netas. Este dinero supuestamente se utilizaba para mejoras en los municipios de las zonas mineras.

Pero ya sabemos la historia: López Obrador dijo que había corrupción en el manejo de ese fondo y determinó que los recursos ya no irían a parar a estados y municipios sino a la federación.

Lejos de mejorar la situación, los pocitos siguieron sin regulación, casi nulas visitas de inspectores y, como decíamos, sin manifestación de impacto ambiental. No sabemos si los trabajadores tenían seguridad social.

Pero la Comisión Federal de Electricidad, esa que López Obrador quiere imponer como monopolio paraestatal, sigue inyectando millonarios recursos para la compra del carbón.

 ¿Qué va a hacer sin las mañaneras? 

Aquí, la pregunta que empieza a surgir es: ¿Qué va a hacer López Obrador cuando ya no tenga las mañaneras? ¿Cuál será su ánimo cuando empiecen a menudear las traiciones?

La historia nos demuestra que ningún presidente electo voltea a ver a su antecesor, salvo que sea para pintar su raya con el pasado y abrir expedientes criminales que le abonen simpatía popular.

Cada sexenio tiene sus chivos expiatorios. Éste seguramente no será la excepción. Por eso ahora AMLO empieza a pedir “treguas”, mundiales o nacionales, porque los bombazos vendrán de todas partes.

Para nadie es un secreto que la crisis que vive México se acrecentó en proporción directa con las inversiones fallidas en el AIFA, Dos Bocas, Tren Maya. Todas ellas, reflejo de una pésima administración de los recursos públicos.

A ello se suma la desastrosa política de salud asumida por el gobierno de López Obrador desde que empezó la pandemia. Ahora tenemos, además, toda una crisis en los esquemas de vacunación, sobre todo infantil.

El “ogro filantrópico” de la política mexicana que mencionaba Octavio Paz, renació con toda su fuerza en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El estatismo, el presidencialismo feroz, la burocracia más corrupta se ha reinstalado.

Regresa en medio de manotazos autoritarios, expropiaciones y promesas populistas., como en los viejos tiempos de Luis Echeverría o López Portillo.

Pero, como en todos los anteriores sexenios, alguien tendrá que pagar los platos rotos, de una u otra manera.

Delfina ¿el principio del-fin? 

En medio de esta reflexión, resulta curioso observar la candidatura de Delfina Gómez al gobierno del Estado de México. Al margen de las encuestas dudosas, ella resulta ser la más débil, por decirlo de la manera más amable.

La cola que le pisan es más visible que los kilómetros del fallido aeropuerto hasta el centro de Texcoco. Ella tiene un expediente abierto por el Tribunal Electoral y una multa por más de 4 millones de pesos.

Literalmente esquilmó parte de 72 quincenas de los trabajadores de ese municipio, para entregarlo a campañas del partido en el poder: Morena, que hoy la premia con la posible gubernatura.

Así, el “delfín” o Delfina de AMLO podría ser una especie de sacrificio para los dioses, porque si la oposición se une, no habrá nada que impida una derrota en toda la línea a Morena y el inicio de la debacle morenista.

Ese es el tamaño de lo que se juega en el Estado de México, donde el PRI también apuesta su futuro. Sus días están contados. Quedará sólo como partido marginal, como ocurre con el PRD.

Todo está en manos de la oposición, pero el país en general puede darse un respiro. La salida de Delfina de la SEP es una buenísima noticia. Los relevos en dicho sector hacen insostenible la intentona ideologizante de López Obrador.

Junto con Esteban Moctezuma, Delfina Gómez deja un verdadero hoyo negro de rezagos y desvíos financieros que tarde o temprano se tendrán que ventilar. Sus logros son = a 0.0

Tras la pandemia, más de 1.4 millones de niños y jóvenes abandonaron los estudios y buscarán reacomodarse en los próximos ciclos escolares, en medio de un rezago educativo abrumador.

Lo peor es que, de acuerdo con datos preliminares, bajo la férula de Delfina Gómez, la Secretaría de Educación Pública registró un subejercicio por 25 mil millones de pesos ¡tan sólo en un semestre!

El régimen de la 4T no sólo no apostó nada para enfrentar la emergencia sanitaria, simplemente, no invirtió. Hay subejercicios por más de 900 millones de pesos en Ciencia y Tecnología; por 5 mil millones en La Escuela es Nuestra.

También hay subejercicios por más de mil millones en la producción y distribución de libros. Así que, cambiar los libros de texto gratuitos, para ideologizar a las juventudes, hoy ya sólo se ve como otra de las quimeras de López Obrador.

La realidad lo ha atascado, por eso hoy empieza a pedir treguas, para apaciguar a ese ogro, que él mismo despertó y alimentó.

Continue Reading

Con voz propia

El acaparamiento del agua en México: corrupción y concesiones

Published

on

 

Por Miguel Montesinos León

En la crisis de agua potable que vive en Monterrey sale a relucir la corrupción del mismo gobierno federal, que sostiene que en esta era de la 4T se combate la corrupción. Abundemos en ello.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha otorgado concesiones a empresas no sólo mexicanas sino a extranjeras. Pero entre esas concesiones mexicanas, se destaca las de la senadora Olga Sánchez Cordero, asunto que ningún medio corporativo retomó para su investigación.

Ahora que se agudizó la escasez de agua en Nuevo León, el presidente de México anunció la implementación de un decreto en torno a que el agua es un derecho humano y que se encuentra en la Constitución Mexicana.  Ya sabemos que es letra muerta, pero ahora el derecho al agua no sólo es un derecho humano, sino que el agua es un asunto de seguridad nacional, por lo que las empresas refresqueras, las distribuidoras de agua embotellada y las cerveceras, en un gesto de solidaridad están apoyando a Nuevo León.

Ese apoyo no es en realidad un apoyo al pueblo neoleonés, es más bien una estrategia para no perder sus concesiones, y de esa manera impunemente seguir saqueando el agua no sólo de Nuevo León, sino de todo el país donde tienen establecidas sus empresas.

Lo peor que se vive en el saqueo del agua en México es que los productos como son la cerveza y los refrescos son exportados a otros países, lo que significa un saqueo a México, obteniendo millonarias ganancias a costa de la escasez para los mexicanos. No sólo se trata del desabasto del agua potable para uso doméstico, también la escasez de agua para la agricultura y con ello abastecer la red alimentaria.

La alimentación de los mexicanos no se compone sólo de granos básicos, por lo que se requiere agua para las verduras, las frutas, las legumbres y en el cuidado de animales para consumo humano.

Así que las empresas que se dicen apoyar a Nuevo León en realidad se burlan del pueblo mexicano y aun con el decreto firmado por el presidente de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación no impide que los saqueadores del vital líquido lo sigan haciendo sin importarles el sufrimiento de millones de personas, además de causar la muerte de hortalizas, de siembras de maíz, frijol y demás productos de la canasta básica.

Ahora se puede demostrar que el petróleo no es el energético más codiciado. En un futuro no muy lejano será el agua y ya se inició la guerra por este vital líquido; sólo falta que la ciudadanía concientice que podría no tener gasolina, gas y electricidad; pero, no obstante, si no tiene agua para lo más elemental en sus hogares, en sus parcelas en el caso de los campesinos, la vida se irá extinguiendo, de tal manera que lo que se está viviendo en Nuevo León es el inicio de la alerta por el agua.

Los gobiernos federal y estatales tendrían que tomar medidas más severas en cuanto a la instalación de empresas depredadoras del agua potable de México. El único problema es que son los mismos funcionarios públicos que participan de este acaparamiento, como en el caso mencionado de la senadora Olga Sánchez Cordero.

El medio independiente lacoperacha.com.mx elaboró un mapa en Google con las concesiones de agua a la senadora Sánchez Cordero y a su esposo. Olga Sánchez Cordero obtuvo 18 concesiones para un total de 1,224,500 metros cúbicos al año desde 1997, la mayoría habiendo sido obtenidas en noviembre de 2018, cuando su esposo, Eduardo Alejandro Francisco García Villegas obtuvo también una concesión para 1,420,000 metros cúbicos al año. Este acuífero es vedado y sobreexplotado. Al ser todas para uso agrícola, el aprovechamiento de estas aguas es exento del pago de derechos. Se notará que las dos concesiones más grandes de Olga Sánchez para uso agrícola se encuentran en medio de una zona urbana. Aquí el enlace:

Continue Reading

Con voz propia

Se agrava la tortura en las cárceles de México

Published

on

Por Carlos Barrachina Lisón*

El general de brigada retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió a principios del año 2019 como coordinador operativo de todas las cárceles federales de México. De la mano del entonces comisionado del sistema penitenciario, Francisco Garduño Yáñez, inició la administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte del nuevo gobierno para reconducir la política penitenciaria. Fue nombrado con el respaldo de una brillante carrera militar, en la que llegó a ser director del Heroico Colegio Militar; y ya retirado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. En el 2020 incluso sonó con fuerza como candidato para sustituir a Alfonso Durazo, como Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, cuando éste se lanzó como candidato a la gobernatura del estado de Sonora.

Existían altas expectativas en la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar la política penitenciaria mexicana. Se habló en la campaña y los primeros momentos de su administración de conceptos como “reconciliación”, “derecho humano”, e incluso se emitió un decreto, para que todas las personas que hayan sido torturadas en prisión fueran liberadas.

A día de hoy, la Secretaría de Gobernación ni siquiera ha instalado la mesa de preliberación y empiezan a organizarse colectivos que señalan que el gobierno está prestado oídos sordos a los planteamientos de familiares e internos sobre la continuación, e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS), en especial los gestionados de forma privada, que se conocen por el nombre de Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

Las principales quejas tienen que ver, en el mejor de los casos, con la escasa y deficiente alimentación, con la falta de médicos, dentistas, psiquiatras y medicinas; con la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de hacer deporte, de estudiar, o de desarrollar una actividad laboral. En el peor de los casos, con el abuso de autoridad, con la tortura y con la sistemática utilización de amenazas, tanto a los internos, como a sus familiares.

En el último año aproximadamente 1500 personas privadas de la libertad, de la mano de la asociación civil “Dignidad y Derechos Humanos”, han presentando más de doce amparos frente a la justicia federal para mejorar sus condiciones de vida en los CEFERESOS de Michoacán, Chiapas, Durango, Oaxaca y Guanajuato. Por otra parte, la periodista Guadalupe Lizárraga a través del medio Los Ángeles Press, ha visibilizado múltiples casos de abusos a derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario federal como local y se ha implicado en el activismo para mejorar las condiciones de vida de los presos; así como en detener las actividades de tortura que cada vez son más recurrentes.

El pasado 18 de julio, el Día Internacional de las Reglas Mandela, este colectivo se manifestó a las oficinas del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en la Ciudad de México, para denunciar al Estado mexicano por esta serie de violaciones sistemáticas y generalizadas, y demandar una intervención del organismo internacional.

Inicialmente los amparos tuvieron efectos positivos, y se atendieron alguna de las reclamaciones; pero últimamente se han empezado a incumplir las demandas, y se ha desatado una campaña de represión en contra tanto de los internos que denuncian, como de sus familiares, por parte de las autoridades del sistema penitenciario. Ello se ha manifestado en golpes, negación de alimentos, agua, medicinas, y tiempo fuera de la celda; en traslados arbitrarios, y en acciones directas de abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo de 2021 los internos del CEFERESO número 4, que se encuentra en el estado de Nayarit, se rebelaron y señalaron a la directora Jazmín Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura. Estalló una huelga de hambre e incluso se acusó a la directora de la muerte de un interno.

El 14 de marzo del 2022 fue en el CEFERESO número 17, de Michoacán, en dónde los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al director Alfredo Reyes Vázquez y al comandante de seguridad Roberto Lázaro Chavarría por abusos de autoridad. Derivado de ello, entró la Guardia Nacional al penal, y George Khoury Layón, a cuatro días de su audiencia de preliberación, y ocho internos más fueron trasladados a Guanajuato, y torturados tanto en su traslado, como en su llegada al nuevo centro penitenciario.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos, en el CEFERESO número 15, que se encuentra en Chiapas; la directora del penal Erika Adriana Tenopala Chausse, decidió no cumplir con las medidas ordenadas por los jueces, y endureció las medidas de represión en contra de las 235 personas amparadas. Derivado de ello, desde el día 4 de julio iniciaron los internos una huelga de hambre, que en estos momentos ha cesado, pero que ha continuado en rebelión al no regresar los internos a sus celdas.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder en el interior del penal y los traslados sin notificación, con efectos de represión, son algunas de las medidas que se han ido complicando en los últimos meses en el sistema penitenciario federal.

Las autoridades enfrentan un gran reto para quebrar esta cultura penitenciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrupción. Ello no sucede únicamente con el sistema federal, ni específicamente en los CPS.

El sistema local es todavía mucho más difícil de controlar, y los abusos a los derechos humanos, y los casos de tortura están a la orden del día. Todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada.

En el caso de la Ciudad de México, el caso del periodista desplazado Héctor Valdez Hernández, está evidenciando la falta de control tanto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, como del Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch. Desde el Reclusorio Oriente varonil, el periodista denunció no sólo las golpizas a las que había sido sometido, sino incluso las amenazas directas de Enrique Serrano, subsecretario del sistema penitenciario. Finalmente fue trasladado de forma intempestiva a mediados del mes julio del 2022 al reclusorio de Santa Martha Acatitla, siendo golpeado en el traslado y a la llegada del centro penitenciario. Estuvo cinco días sin tomar agua, y fue arrojado a una celda insalubre, que deliberadamente había sido entregada con excremento humano regado por todo el espacio.

+++

*El autor es Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas en Puebla (UDLAP)

Continue Reading

Trending

A %d blogueros les gusta esto: