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Con voz propia

CNTE: El fracaso de la política de Peña Nieto

La violencia física a los maestros de la CNTE pone en evidencia el fracaso de la política de Enrique Peña Nieto ante un creciente vacío de legitimidad

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Francisco Bedolla Cancino*

El primer tiempo de la triste y lamentable historia sobre la que versan estos apuntes analíticos comenzó meses atrás, con la decapitación del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) y el encarcelamiento de su lideresa, Elba Esther Gordillo. Al amparo de El Pacto por México, continuó con la elaboración y aprobación de la reforma educativa, cuyos rasgos sobresalientes son, por un lado, la ausencia de propuestas y mecanismos orientados estratégica y eficientemente a la elevación significativa de los servicios educativos del sistema de instrucción pública y del aprovechamiento escolar de nuestras jóvenes generaciones; y, por el otro, un énfasis ostensible en la introducción de un nuevo esquema laboral, sustentado en la extinción de la figura de la inamovilidad de los maestros y el condicionamiento de su permanencia en las plazas a un sistema de evaluación que sanciona la reprobación con la separación del cargo, pese a que no ofrece a los evaluados como contraparte la descripción los mecanismos que darían certeza y objetividad al proceso. Y, quizás, terminó con la entronización de Juan Díaz como nuevo líder del SNTE, al más puro estilo del corporativismo presidencialista del México postrevolucionario.

El segundo tiempo inició con las movilizaciones encabezadas por el magisterio opositor al sindicalismo oficial del SNTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la estrategia de dilación a los reclamos del magisterio y de simulación de diálogo implementadas por el gobierno federal y, al amparo del Pacto, secundadas por las fracciones mayoritarias de diputados y de senadores. Continuó con una fría y calculada estrategia de linchamiento mediático, con cargo preponderante a la televisa y tv azteca, en el que, sin el menor asomo de recato y capitalizando el enojo por los bloqueos y el congestionamiento viales recurrentes, los líderes de opinión de las teleaudiencias pusieron en juego todas sus habilidades y recursos para dotar al movimiento magisterial disidente de la imagen de vándalos, belicosos, flojos, ignorantes e irresponsables. Y, probablemente, terminó dos días antes de la ceremonia conmemorativa de la independencia con el ultimátum hecho por o a nombre del secretario de gobernación de que se procedería al desalojo de la Plaza de la Constitución mediante el uso de la fuerza pública.

El tercer tiempo comenzó en el justo momento en el que el secretario de gobernación se percató de que el desalojo de los maestros de la plancha del Zócalo implicaría el uso de la fuerza física. Continuó, a partir de ello, con el despliegue de dos estrategias paralelas: por un lado, la puesta en marcha del operativo táctico a través del cual los cuerpos policiacos especializados del gobierno federal, en apenas unos cuantos minutos, sometieron por la fuerza al magisterio rebelde y dejaron libre la plancha para que el personal del gobierno del Distrito Federal hiciera las labores de limpieza; y, por el otro, con el despliegue de personeros de las comisiones de derechos humanos e integrantes del cuerpo de notarios, debidamente aleccionados para no ver las armas, los excesos ni las vulneraciones documentados a través de las redes sociales. Se acercó a su culminación con la implementación de una cuidadosa estrategia de cobertura mediática, basada en el uso recurrente de dos o tres tomas cuidadosamente seleccionadas y en el apresurado, poco convincente y reiterativo comentario editorial de que el desalojo había sido con saldo blanco y sin mediar el uso de las armas.

Resulta un tanto apresurado hacer ahora un balance de esta historia en tres tiempos. Es innegable, sin embargo, que el frío, desangelado y poco concurrido evento de conmemoración independentista del domingo pasado en el Zócalo capitalino barrunta el panorama de un gobierno federal colocado en un peligroso, y creciente, vacío de legitimidad, consenso y credibilidad sociopolíticos. Sea porque el tiempo les faltó para organizar el operativo de acarreo masivo, porque prefirieron un operativo de disfrace mediático de la precaria asistencia, o por una combinación de ambas, lo cierto es que la inusual inasistencia pública lanza un mentís al discurso gubernamental de que el uso de la fuerza habría estado motivado en la defensa de un acto conmemorativo que es de todos los mexicanos.

Las tanquetas militares en el zócalo para el desalojo a maestros el 13 de septiembre. Foto: Tomás Bravo

Las tanquetas militares en el zócalo para el desalojo a maestros el 13 de septiembre. Foto: Tomás Bravo

El gobierno federal no es por cierto el único damnificado con el desalojo violento. La brecha empeñosamente mostrada por las redes sociales entre la versión de la tv y los hechos documentables pone una vez más en evidencia la parcialidad de los emporios televisivos y su alineamiento estratégico hacia la versión gubernamentalista, que vulnera la sana pluralidad y pone en entredicho la vigencia del derecho constitucional de los mexicanos a la información. El curso de los acontecimientos a este respecto está por verse, si bien la historia reciente ofrece indicios de que la politización del mensajero, más que del mensaje, puede desatar un vacío de credibilidad de los partícipes en el contubernio: los empresarios mediáticos y las elites gubernamentales.

La inconformidad desatada en amplias franjas de la ciudadanía por la alteración vial y, con ella, de la cotidianidad de la capital del país no es un dato menor. Mal haría el magisterio si insiste en ignorar el dato. Más preocupante que ello resulta el manejo político y mediático que se ha hecho al respecto. Los indicios de que en nuestro país tiene lugar un proceso creciente de polarización están a la vista. Ye en esta situación, lo menos relevante sería indagar a cuál de los polos asiste la razón y en qué. Menos lugar hay a las dudas de que el alineamiento de las emporios mediáticos a los intereses de la coalición gobernante, divorciados de la verdad, el pluralismo y el profesionalismo, entraña un factor causal de relevancia; y de que la gobernabilidad del sistema político puede ser la consecuencia principal de dicha polaridad.

Como es de suyo evidente, esta triste y lamentable historia no se agota en los tres tiempos aquí caracterizados. La violencia del pasado viernes muestra ya brotes de reacción en las secciones más radicales de la CNTE, entre ellas la de Michoacán. Por si eso no bastara, han iniciado los ecos de solidaridad con el magisterio en el medio de la educación pública superior, particularmente en escuelas y facultades de la UNAM y del IPN. Hasta ahora, es una incógnita la respuesta que puede haber dentro de las instituciones de la educación privada, sede de origen del #yosoy132, así como de parte de los maestros que militan en el SNTE y que en el fondo de su alma comparten el temor y la incertidumbre de su permanencia laboral con los maestros de la CNTE.

Cualquiera sea el caso, con cargo a la responsabilidad que le es imputable al gobierno, una conclusión irrecusable es que la política falló y, junto con ella, el Estado de Derecho. La prueba de lo primero está dada en el uso del último de los recursos: la violencia física; y, por su parte, la prueba de lo segundo estriba en que el recurso de la sanción hizo entrar en crisis la validez de la norma invocada y que los agentes gubernamentales que la invocaron.

* Analista político

@franbedolla

 

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Lo populista se revierte

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Una Colorada (vale más que cien descoloridas) 

Por Lilia Cisneros Luján

Parece consecuencia inexorable, que algún líder político que inicia con altos puntos de populismo, termine siendo muy impopular. Sin que se pueda llegar a lo genérico, ése parece ser el destino de quienes, a fuerza de retórica, llegan al poder con altísimos márgenes de aceptación –tal cual ocurrió con Nerón en la antigua Roma, Hitler o Franco en Europa- siendo su final el rechazo popular casi siempre por su imposibilidad de reconocer con cierto grado de humildad sus imperfecciones.

En América podemos escoger de entre varios gobernantes populistas, que terminaron agredidos o quizá odiados por el mismo pueblo que en un principio les aduló; y el cuestionamiento es simple ¿Qué es lo que espera la gente que ellos realicen? ¿Por qué en Colombia es casi seguro el triunfo de un guerrillero amigo de narcotraficantes, autodefinido como de izquierda?

En nuestro país, son muchos los enunciados de campaña que emocionaron a los votantes en diversas etapas de “cambio” –en el caso del actual primer mandatario no solo los pobres- aunque la mayoría de ellos suponen un cierto grado de inclusión en términos laborales o económicos ¿En el ámbito emocional tiene algún peso la posibilidad de “cobrársela” a quien recientemente nos excluyó o dejó de considerarnos en sus planes? ¿Por ello es relativamente fácil allegarnos la voluntad de los desempleados, resentidos, temerosos o empobrecidos? No hay que tropezarse con la misma piedra, decían las abuelas, pero si alguien tiene propensión de hacerlo son justamente los seres humanos.

En esta fase de desarrollo gubernamental más que análisis cuasi académico, es pertinente pensar en cosas especiales que nos llevan al punto de justificar en la mitad de actual gobierno las bondades del PRI y hasta del PAN ¿Conoces gente que teniendo hasta maestrías no han sido convocadas a ser parte en gobiernos del cambio? ¿Sabes de personas convocadas que a la hora de la verdad son “corridas” sin que se les liquide o cuando menos se les den las gracias por el trabajo prestado?

En el ambiente impuesto por la pandemia y reforzado por el temor producido por el relato continuo de muertos, secuestrados, extorsionados, asaltados y hasta quemados, salvo el uso de la herramienta electrónica que sustituye la emoción de tener enfrente a un ser vivo que nos abrace y converse, la realidad universal se denomina soledad. A quienes están en el sexto piso y más de la vida, la televisión sirve de murmullo para imaginar que alguien les acompaña, los más jóvenes ponen su música estridente –con audífonos o al natural- y casi todos esperan con ansia el zumbido del celular, a fin de comprobar que estamos en la mente de alguien que nos ha enviado un mensaje. Los que tienen un gran espacio físico ocupado por casetes o diskettes, no encuentran como hacer funcionar su viejo y anticuado reproductor de tales materiales viviendo entonces la ironía de una opulencia que ni siquiera pueden escuchar menos disfrutar. Y así es como mucha riqueza se arroja a la basura.

A finales de los ochenta, con el acompañamiento de mexicanos sobresalientes[1][1], logramos llamar la atención acerca de un problema de salud que por sus números parecía no importar al sector ¡hasta construimos un hospital en Querétaro! A escasos metros de donde se terminó atendiendo un niño al que compañeros de la tele-secundaria, quemaron al parecer de forma intencional. ¿Saben cómo influyó un ex jefe de gobierno para atacar a esta OSC en favor de los niños quemados en la ciudad de México? ¿Qué hicieron los diversos gobiernos del cambio para defender esa obra de la sociedad civil en el bajío? ¿Cómo es posible que todavía hoy después de tanto esfuerzo por difundir medidas de prevención haya una maestra que recomiende ponerle cebolla en las heridas al infante víctima?

Quemar –bosques, coches, locales, ciudades o personas- como una forma de presión y hasta venganza, debiera ser entendida por los populistas como un aviso de que se está llegando al límite de la tolerancia. Ocurre por la impotencia de ser verdaderos agentes de cambio sobre todo a imprudentes votantes que lo hicieron con las vísceras y no con la cabeza ¿quiénes facilitaron la llegada de personas notables en algunos casos que a la hora de gobernar no la hacen, sienten culpa? ¿De que sirvió a los ciudadanos guiados por Nerón su poesía y gusto por la música? ¿Qué suponen elecciones de una minoría movida por la compra del voto? ¿El abstencionismo es solo un aviso o una verdadera tragedia democrática? Han escrito los entendidos que en el declive populista la abstención es hoy rey de reyes, que domina procesos electorales derrotando la democracia misma al permitir que déspotas y dictadores triunfen mediante la corrupción de los ciudadanos.

El desempleo, el hambre, el miedo al castigo y sobre todo el mal ejemplo –como pedir diezmos a trabajadores, no pagar a empleados o proveedores, mentir, proteger a los infractores o delincuentes- son aspectos que toman en cuenta los que tienen la inteligencia, y la humildad para reconocer que se equivocan al encumbrar a alguien que no lo merecía. Una vez reconocido el error “democrático” lo pertinente es actuar, dejando de promover, aun con críticas, al populista y sobre todo acercándose a la gente capaz, ¡que si la hay y México está pletórico de buenos mexicanos!

____________

[1][1] El paido-psiquiatra Eduardo Dallal y su alumna Patricia Romano, el epidemiólogo José Carrillo Coromina, el maestro en salud pública Rodolfo Gracia Robles, el Dr. Andrés de Witt Green, Fernando Ortiz Monasterio, entre muchos otros que son extraños para los actuales funcionarios.

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Con voz propia

Verdad, justicia, reparación de daño y no repetición, un largo y tortuoso camino en México

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Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la no repetición, habrá paz en cada corazón de las familias mexicanas, mientras eso no ocurra seguiremos caminando al lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos

Twitter: @kausirenio 

La Guerra Sucia empezó en Guerrero por miembros del Ejército mexicano en contra de la población civil en la década de los años 50, 60 y 70. En esa época hubo desaparecidos y pueblos arrasados para restarle la base social a la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Investigar los excesos por militares para llegar a la verdad y justicia.

Si bien es cierto que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reconoció que los militares participaron directamente en contra de la población, y eso es un avance, hay que esperar la apertura del archivo militar en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Además de investigar a los autores intelectuales de estos crímenes: Caballero Aburto, Alarcón, Figueroa… así como rastrear fosas y cárceles clandestinas donde fueron torturados y asesinados estudiantes, campesinos y colonos.

La participación directa de tropas del Ejército mexicano en la masacre de 17 personas en Chilpancingo, Guerrero, el 31 de diciembre de 1960.  El 18 de Mayo de 1967, en un mitin que convocó la Sociedad de Padres de Familia de la escuela primaria “Juan N. Álvarez, la Policía judicial del estado de Guerrero incursiona en el plantel y abre fuego en contra de la multitud, asesinando a 11 personas. Ese día Lucio Cabañas se refugió en la Sierra.

Las masacres fueron las formas de hacer política en Guerrero. En Acapulco, durante la asamblea de cada domingo, en las oficinas de la Copra, fueron asesinados 38 copreros a manos de pistoleros, El Chante Luna, El Zanatón, Pay Radilla y El Animal, el 20 de agosto;  años después, los asesinos fueron homenajeados con corridos por el valor prestado a la tiranía. Ellos no actuaron por sí solos, sino por órdenes de personajes oscuros del PRI-gobierno de entonces, que pronto escalaron como espuma en lo más altos niveles políticos. Rigoberto Pano Arciniega fue premiado como magistrado y después procurador de Justicia del estado; otro que premiado fue Orbelín Soberanis Núñez, quien llegó a ser diputado local.

Cuando se creía que el talante represor había desaparecido en Guerrero, el 28 de junio de 1995, en el Vado de Aguas Blancas, fueron asesinados 17 campesinos e hirieron a 23 más. Los responsables: policías judiciales, antimotines y la Policía Motorizada, al mando del mayor Manuel Moreno González.

La madrugada del 7 de junio de 1998, un operativo contrainsurgente cercó la Escuela Primaria Caritino Maldonado Pérez, ubicada en las faldas de los cerros antes de llegar a la  comunidad Ñuu Savi de El Charco, municipio de Ayutla. Al mando iba el comandante de la 27 Zona Militar, el general Alfredo Oropeza Garnica. La balacera duró una hora y media. Ahí fueron asesinados 11 personas y cinco resultaron heridas –un niño de 13 años de edad, entre las víctimas–  pero en el comunicado oficial solo se supo de la detención de 22 personas.

Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron asesinados por policías federales,  estatales y agentes ministeriales, durante el violento desalojo en la Autopista del Sol México-Acapulco, el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo.

En Iguala, el viernes 26 de septiembre de 2014, policías municipales, estatales y federales desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa con la complacencia del Ejército mexicano, y el saldo de ese día fue de seis personas asesinadas.

En todos estos hechos de violencia sistemática en contra de la población civil, el Ejército mexicano, la Marina, la Policía Federal y Estatal de Guerrero, actúan como escuadrón de la muerte, con total impunidad. Las autoridades civiles, lejos de investigar y sancionar, se han encargado de opacar y ocultar la información.

Cuando los mexicanos lleguemos a la verdad, justicia, reparación de daño y la no repetición, ese día habrá paz en cada el corazón de la familia mexicana, mientras esto no ocurra seguiremos caminando a lado de las víctimas para buscar a los desaparecidos.

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Eliminación de hospitales psiquiátricos, una orden del presidente López Obrador

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Por Alberto Farfán

La ansiedad y la depresión como algunos de los factores desencadenantes del suicidio, y asimismo, la imperativa necesidad de que los hombres y mujeres con algunas de estas condiciones mentales deben ser tratados de inmediato en hospitales psiquiátricos para preservar su vida, fue parte de lo que apuntamos en El suicidio en México con índices de gravedad. Ahora es importante resaltar lo que ha ocurrido desde el Gobierno federal con relación a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de eliminar dichos nosocomios.

Y sin dejar de lado el galimatías  seudolegal u oficioso ─lo digo como lingüista─, del decreto en el que hubo cambios a la Ley General de Salud en materia de Salud Mental y Adicciones, texto que provoca ambigüedad, confusión, contradicciones, aspiraciones vanas y hasta demagogia, tratemos de entender qué es lo que en realidad nos intentan decir en lo medular.

De entrada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 16 de mayo del año en curso se pontifica lo siguiente en el artículo 74 de la Ley General de Salud: “Asimismo, para eliminar el modelo psiquiátrico asilar, no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud”.

Esto quiere decir que los centros de internamiento psiquiátrico ─o sea, los monoespecializados, en los cuales el paciente es atendido por el tiempo que sea necesario bajo el modelo asilar; cuyo significado es dar asilo o albergar─ deben ser eliminados para dar paso a lugares en donde sólo se otorgue atención momentánea y transitoria ─los propiamente psiquiátricos que a partir de ahora serán ambulatorios u hospitales generales─, sin considerar en modo alguno a los sujetos afectados psicoemocionalmente, que requieren de ser ingresados por la gravedad que puedan presentar, como en los casos de intentos de suicidio, por ejemplo. Y en suma, no sólo se habla de ya no construir más nosocomios, cuando los actuales no se dan abasto para todos los solicitantes, sino de eliminar los ya existentes.

Más claro aún, el subordinado del presidente AMLO, el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, semanas previas al decreto, fue quien justificó en la conferencia matutina del jefe del Ejecutivo, del 24 de abril de este año, la desaparición de los hospitales psiquiátricos por la sencilla razón de que no era una situación propia de nuestro país, sino que era una tendencia en otras latitudes, la cual tiene a su favor que el aquejado con problemas de salud mental al no encontrarse internado podrá recibir toda la atención por parte de su familia y amigos. Y esto es francamente una estupidez, por más que en dicho decreto se diga que a los familiares se les va a informar y capacitar para la pertinente atención del allegado. Si médicos especializados suelen cometer errores, ¿qué va a ocurrir con aquéllos que son ajenos a conocimientos de esta índole? Nada bueno.

No vamos a negar que históricamente en los hospitales psiquiátricos de nuestro país por la irresponsabilidad de las autoridades competentes se suele abusar, agredir y hasta torturar a los pacientes que se encuentran ingresados indefinidamente. Pero eliminar per se a dichas instituciones no resuelve el problema y menos si nos prometen que con cursos de capacitación y sensibilización a médicos generales, auxiliares y familias la situación va a cambiar. En este sentido, los resultados positivos si es que se dan se podrán palpar en décadas. Por lo tanto, la demagogia es la que habla por sí sola.

Además del término asilar hay otro que repiten hasta el cansancio, el de voluntad anticipada. El cual significa en sentido llano que el individuo será quien determinará cómo, cuándo y dónde recibirá tratamiento médico, o negarse a él. ¿Ahora el afectado diagnosticará al especialista? Pero nótese lo que indica el artículo 75 Bis: “La persona con trastornos mentales… es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento”.

Por fin, es el indispuesto quien decide o no arguyendo su voluntad anticipada, cuando al final lo van a internar, pero además, ¿en dónde? Si ya no va a haber hospitales monoespecializados. Aunado a ello, un afectado con trastorno bipolar, esquizofrenia, con trastorno depresivo mayor o trastorno de ansiedad generalizada en plena crisis, ¿podrá tomar la decisión más adecuada? Me temo que no. Lo interesante del caso es que en el artículo 51 Bis 2, leemos: “No se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace”. ¿Si no tiene conciencia de lo que hace es prudente que él decida su tratamiento?

En conclusión, debo añadir que aún me pregunto cuál es el objetivo de todo esto. Pues la población que mayoritariamente requiere de estos servicios es de escasos recursos, y si mal no recuerdo AMLO ha dicho que “primero los pobres”, ¿entonces?

Contexto

En México existen 51 centros integrales de salud mental; 32 hospitales psiquiátricos para la atención asilar de 4 mil pacientes, y 54 villas de transición hospitalaria.

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