La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que elementos del Ejército mexicano dispararon 117 ocasiones contra siete jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde cinco murieron, uno resultó herido y otro ileso.

En la recomendación dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el organismo defensor de los derechos humanos refirió que los hechos ocurrieron durante la madrugada del 26 de febrero, cuando circulaban por las calles de la colonia Cavazos Lerma en Nuevo Laredo tras salir de un centro nocturno y dirigirse a sus respectivas viviendas.

El organismo autónomo expuso que sin amenaza previa y sin comunicaciones uno de los soldados accionó un arma de fuego en la parte trasera del vehículo particular y otros tres elementos militares replicaron.

Aunque los efectivos castrenses sostuvieron que los jóvenes les dispararon, no se presentaron evidencias sobre ataques con armas de fuego a los vehículos militares, aunado a que tampoco se identificaron armas en el interior de la unidad particular ni llevaba las luces apagadas.

Por ello, la CNDH solicitó a la Sedena colaborar con la Comisión Ejecutiva de la Atención de Víctimas (CEAV), para inscribir a las siete víctimas del ataque armado por parte de los efectivos militares y proceder a la inmediata reparación del daño.

De la misma manera, la CNDH enfatizó que se debe otorgar la atención médica, psicológica y tanatológica que las víctimas requieran, debido a que hubo una violación grave de los derechos humanos por los soldados en Tamaulipas.

Los periodistas en México padecen hostigamiento, intimidación y censura, lo que limita la capacidad de los medios de comunicación para investigar, aunado a que sufren ataques físicos y cibernéticos, de acuerdo con el Country Reports on Human Rights Practices 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El estudio norteamericano reveló que los periodistas mexicanos se autocensuran por temor a las represalias que padecen por parte de funcionarios y grupos criminales y desde septiembre pasado se contabilizaron 15 asesinatos de periodistas en el país.

De la misma manera, el estudio del Departamento de Estado de la Unión Americana expuso que los periodistas en los estados padecen una mayor precariedad laboral y peores condiciones para ejercer el periodismo por la intimidación y hostigamiento que se presenta en diferentes regiones del territorio nacional.

También recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desacreditó públicamente a los periodistas al calificarlos como corruptos, parciales y partidistas, situación que también se ha replicado en las entidades con los respectivos gobernadores.

Asimismo, el estudio del gobierno norteamericano detalló que los temas de violencia y agresiones contra los periodistas permanecen en la impunidad, debido a que se trata de un problema que no ha sido resuelto por las autoridades mexicanas federales y estatales.

El estudio enfatizó que en cuatro entidades del país aún se persiguen los delitos contra el honor como la calumnia y la difamación, lo que vulnera la libertad de expresión y la capacidad de ejercer el periodismo de forma transversal y más abierta en distintos escenarios.

FERRO la voluntad de ferrocarrileros en favor del programa de justicia social.

Tras una reunión del 2 de marzo en la Secretaría de Gobernación, representantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) buscan avanzar en el programa de compensación económica y justicia social para liquidados, no liquidados y jubilados, por lo que han realizado reuniones con extrabajadores ferrocarrileros para informarles los acuerdos establecidos hasta ahora en el proceso de negociación con el gobierno federal.

En algunas de estas reuniones se definieron representantes de FERRO en las distintas localidades y el organismo ha fortalecido su presencia, conociendo las inquietudes de los trabajadores del ferrocarril, entorno al programa de compensación económica y justicia social que se acuerda con el gobierno federal.

En la ciudad de Chihuahua, Sergio Legarda, encabezó una reunión el 4 de marzo y en Empalme, Sonora, se realizó una más por parte de Omar Flores Leyva. Entre los planteamientos que han hecho en las reuniones sindicales se destaca «la necesidad de democratizar la vida sindical del gremio».

El 5 de marzo en la ciudad de Campeche se efectuó una reunión informativa encabezada por Guadalupe Brito y Candelaria herrera, y al mismo tiempo una más en Hermosillo, Sonora,  por parte de Flores Leyva. Al siguiente día, Eduardo Canales, presidente nacional de FERRO, llevó a cabo una reunión con ferrocarrileros en la población de Magdalena, en el estado de Jalisco, al tiempo que en Tonalá, Chiapas, José Luis Godínez se reunía con ferrocarrileros de la zona.

El 7 de marzo en Ciudad Obregón y Navojoa, Sonora, se llevaron a cabo sendas reuniones coordinadas por Omar Flores y, ese mismo día, en la ciudad de Chihuahua, Marielena Antillón encabezó una más. En Mazatlán, Sinaloa, el 10 de marzo, se llevó a cabo una reunión más coordinada por Sonia Chávez y Javier Cañedo, en tanto que en el sur del país, en Suchilquiltongo, Oaxaca, José Luis Godínez Rasgado se reunía con ferrocarrileros para informar del acuerdo con SEGOB.

En Tomellín, Oaxaca, se designaron representantes de FERRO en el lugar y escucharon de voz de Godínez Rasgado cómo se encuentra el proceso de negociación, quien posteriormente, el 12 de marzo, en Tenosique, Tabasco, realizó una reunión más con apoyo de Candelaria Herrera y Guadalupe Brito.

El sábado 18 se reunieron con ferrocarrileros en Mazatlán, Sinaloa, y San Blas, Nayarit. El domingo 19 lo hicieron en Empalme y Hermosillo con nutrida participación. De esta manera en las diversas regiones del país se ha logrado conocer de forma directa la negociación de FERRO con la dependencia federal.

Al respecto, Eduardo Canales, manifestó que estas reuniones son una muestra del creciente apoyo que el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical está teniendo a nivel nacional, y de la conciencia que muchos ferrocarrileros tienen ahora con respecto a pelear por sus derechos afectados en el pasado, así como de la necesidad de modernizar y democratizar la vida sindical del gremio ferrocarrilero en México.

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