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Justicia pendiente

Cifras de feminicidios sin investigar alarman a madres de desaparecidas en Juárez

Más de 230 cuerpos guardados en la morgue por años sin identificar son parte de las cifras de feminicidios ocultados por las autoridades de Chihuahua.

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Fotocomposición: Miguel Valdez, Diseñador Gráfico, México, DF.

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- El 27 de febrero de 2012, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo ante un grupo de madres de desaparecidas en Ciudad Juárez, que tenían cinco cuerpos de mujeres guardados en la morgue. Agregó que “no eran del Comité”. Se refería al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, organismo civil que ha estado atento a la entrega de osamentas por parte de las autoridades con la esperanza de que no sean sus hijas.

El Comité de Madres ha sostenido varias reuniones con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua para exigir la búsqueda de hijas adolescentes secuestradas. El gobernador atendió directamente a este grupo de madres. Después de que lo obligaron a dar el pésame a María García, quien velaba a su hija frente a la fiscalía como forma de protesta por la indiferencia de las autoridades ante el secuestro masivo de las jóvenes, Duarte, igual que sus antecesores, prometió que se harían las investigaciones, y dio la cifra de las osamentas retenidas en la morgue.

La información del gobernador, sin embargo, no resultó precisa y, horas más tarde, las autoridades de la fiscalía dijeron que “las antropólogas argentinas” habían dejado 39 cuerpos en un cuarto del Servicio Mexicano Forense (Semefo) de la ciudad. El gobernador se había equivocado, dijeron. No eran cinco, sino 39 cuerpos en espera de ser identificados genéticamente.

Quince días después, para el 16 de marzo, la información se había difuminado hasta las antropólogas forenses aludidas, y la fiscalía se vio obligada a corregir de nuevo la cifra. No eran 39, sino 51 cuerpos guardados en el Semefo. El Equipo Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF), integrado por quince especialistas y liderado por Marcela Doretti, a través de su reporte escrito, corrigió a la fiscalía que sus antropólogas dejaron 75 cuerpos en 2009: 51 con perfil genético, 12 cuerpos desarticulados encontrados en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otros 12 en un anfiteatro antiguo del Hospital General. A estos 75 cuerpos en proceso de análisis, sumaron 33 más que fueron plenamente identificados por el equipo de forenses y que las autoridades han ido entregados paulatinamente desde 2008 a la fecha. Dejaron la base genética de ADN y señalaron que correspondía a la fiscalía buscar a quién pertenecen.

Olga Esparza, madre de Mónica Janet Alanis, desaparecida el 26 de marzo de 2009 Foto: Javier Juárez

Los impactos del dolor en la salud de las madres

La desgarradora sorpresa para las madres con hijas desaparecidas ha ido en aumento como el número de cuerpos femeninos guardados en la morgue. La angustia y el dolor, en algunas madres, se empieza a manifestar en el deterioro de su salud, con enfermedades como anemia, tumores cancerígenos, fragilidad emocional, diabetes, depresión y estrés, entre otras. Uno de los casos más recientes ha sido el de María García, quien recientemente ha sepultado a su hija Jéssica Leticia Peña García, desaparecida desde el 29 de mayo de 2010 y entregada como restos óseos el 24 de febrero de este año. María fue ingresada al hospital e intervenida quirúrgicamente, y ahora se encuentra en recuperación.

Otro caso es el de la señora Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010, sin rastro de ella hasta ahora. Norma ha sido víctima de extorsiones por información sobre su hija y está seriamente delicada de salud.

El caso de Bertha García también estremece. Ella es madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida a los 18 años de edad, el 6 de enero de 2009. La ilusión de Bertha y de su otra hija Sara, creció al obtener evidencia de que Brenda estaba viva en mayo de 2011, en Los Ángeles, California. Al realizar la investigación nuestro medio, se le informó que las evidencias habían sido obtenidas entre abril y julio de 2009. Y pese a que no ha perdido la esperanza de que su hija se encuentre con vida, los vaivenes emocionales, la angustia y el miedo por ella, no dejan de oprimirle fuertemente el corazón.

Bertha, junto con su hija Sara, han sido llamadas varias veces por las autoridades de la fiscalía para que revisen las prendas que han encontrado con las osamentas. Al ver las prendas, el dolor vuelve a intensificarse y a cortarles la respiración, mientras se exigen así mismas recordar qué cinto llevaba su hija, de qué color era el broche con el que prendía su pelo, o la falda que llevaba puesta el día que la vieron por última vez.

“Hay 143 cuerpos femeninos guardados en la morgue de Juárez”

Una nueva cifra espeluznante en menos de una semana provocó estupefacción entre las madres. La fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, les confirmó públicamente en reunión con otras autoridades que “había 143 cuerpos en la morgue de Juárez, todos femeninos y la mayoría adolescentes”. El tiempo siguí en cámara lenta sin que nadie dijera nada.

No obstante, el silencio fue cortado de tajo por la voz de la fiscal que las volvió a una realidad de terror: “¿Querían transparencia? ¡Pues ahí está!. Ya es una cifra oficial: Son 41 cuerpos por muerte natural. Otros 49, por muerte violenta. Tres cuerpos, por muerte indeterminada. Y 29, en estudio».

Pero a las madres no les resultaron las cuentas. El total que da la fiscal son 122, hay 21 cuerpos que lo único que se sabe de ellos son que pertenecen a Chihuahua capital, no hay ninguna información que identifique la causa de sus muertes ni mucho menos quiénes eran en vida. Sólo se sabe que eran mujeres y jóvenes. Y las madres lanzan preguntas al aire, entre dientes, con miedo, con indignación, atónitas todavía.

¿Se incluye a las 75 que ya fueron identificadas por las antropólogas argentinas? ¿O ésas son aparte? ¿Qué significa de “muerte natural” en una adolescente desaparecida? ¿Cuál es la diferencia con la “muerte indeterminada”? ¿Por qué el gobernador dijo que sólo eran cinco al principio de su discurso? ¿Cómo van a hacer para entregar todos esos cuerpos? La fiscal sólo respondió a esta última pregunta: “Vamos a volver a la investigación que en eso estaba. Además, tenemos el mejor laboratorio de genética”.

 

“El acopio de jovencitas”

Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, cuestiona que no hay ninguna línea de investigación sobre los culpables. “No queremos que nada más estén dándonos cifras de muertes. Hasta ahora no hay ningún responsable por el crimen contra esas jovencitas”. Pero, “además, –abunda– tampoco hay una política de prevención para evitar más feminicidios. Las jóvenes siguen desapareciendo y ni tampoco se está buscando la manera efectiva para que todos esos cuerpos regresen a sus familias”.

Galván explica que el centro de Ciudad Juárez se ha convertido “en el acopio de jovencitas”. Hay un patrón que siguen los criminales, “y la situación está así desde hace veinte años”, señala. “Sabemos que si atienden la zona del centro, para prevenir a las mujeres, los criminales pueden operar en otra zona, pero al menos ya se hizo algo en donde ha sido un problema por mucho tiempo”, dice.

Para la nueva Fiscalía de género se nombraron 51 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público para operar en las cuatro zonas de Juárez. A cargo de esta dependencia se encuentra el fiscal Ernesto Jáuregui. Sin embargo, Galván Segura, considera que por la magnitud del problema y la ineficiencia deberían contratarse a investigadores judiciales internacionales expertos en criminología.

–“Traer a expertos internacionales es mucho dinero”, respondió uno de los fiscales.

–“¿Qué es mucho dinero?”, refutó Galván, “si México es uno de los países con más violaciones de derechos humanos y en este problema el estado no ha hecho absolutamente nada?”.

«Si el Protocolo Alba funcionara»…

La asesora jurídica, Francisca Galván, comenta que en muchos casos es un error poner un reporte de desaparecida a la víctima, “porque puede salir contraproducente”. Retrasa la búsqueda de las jóvenes hasta 48 o 72 horas, “que en esos momentos resultan vitales para ellas”. Observó que el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres, nunca ha operado con eficiencia.

Ya la organización de derechos humanos de mujeres de Chihuahua (Cedehm) denunció que de 2005 a 2010 sólo se había activado en 31 ocasiones, en todo el estado y sin ningún resultado favorable. Galván Segura recuerda que en el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años de edad, secuestrada el 18 de enero de 2008, fue asesinada a los tres días de su secuestro. Según la información de la fiscalía a la madre, encontraron el cuerpo de la joven el 5 de noviembre de 2009, y lo retuvieron en la morgue hasta el 30 de noviembre de 2011. Con la operación eficiente del Protocolo ALBA, en la que también participan militares, Adriana Sarmiento, y muchas de las niñas, deberían de estar vivas.

 

Justicia pendiente

Madre de culpable fabricada presa en Edomex denuncia falta de pruebas por supuesto secuestro

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Dulce María Alfaro, madre de Berenice Trinidad Severiano Alfaro, recluida desde el 29 de marzo de 2021 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco, Estado de México, por el delito de secuestro, denunció la falta de pruebas que acrediten su culpa en los delitos de que se le acusa, por lo cual pidió su inmediata liberación.

Por medio de una misiva, la madre y representante de la madre de dos menores de edad expuso que el día en que su hija fue arrestada, salió de su domicilio en el municipio de Chalco, Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, acompañada de sus dos hijos, que entonces tenían tres y cinco años de edad y de su vecina, Michel Alejandra Soto Pacheco, y su hija de dos años de edad y se dirigían al médico por un padecimiento de la infante, sin embargo, en ese momento fue detenida por elementos de la policía municipal.

De acuerdo con la madre de la víctima, uno de los uniformados la golpeó y obligó a descender del vehículo en que viajaban, pues la camioneta tenía placas de un vehículo en el que se cometió un secuestro.

Al llegar al Ministerio Público de Nezahualcóyotl los policías municipales acusaron a Berenice del secuestro de un hombre, aunque no presentaron pruebas sobre ello y la obligaron a firmar una presunta confesión del delito después de ser torturada, golpeada y amenazada.

Después fue trasladada al área Covid-19 del centro de reclusión de Chalco, y posteriormente fue vinculada a proceso por el delito de secuestro, a pesar de que la policía nunca presentó pruebas, sólo con los dichos de los cuatro policías municipales.

De la misma manera, la madre de la víctima refirió que ocurrieron una serie de anomalías durante el proceso para impedir la defensa de Berenice, además de que las autoridades realizaron un allanamiento ilegal en su domicilio, pues nunca presentaron una orden de cateo, además de que sembraron evidencia en su contra.

También los infantes fueron maltratados y fueron entregados en resguardo a la Procuraduría de la Defensa del Menor durante tres meses, por lo cual su abuela acusó de abuso de autoridad y las secuelas emocionales que les provocaron ser testigos del arresto ilegal de su madre y la manera en que fueron entregados a esa procuraduría.

El juicio está por concluir, pero Berenice no ha tenido acceso a una adecuada defensa legal, pese a que la parte acusadora no ha presentado pruebas científicas ni tecnológicas, además de que no hay testigos que hagan veraces las acusaciones contra ella. Es por ello que la señora Alfaro demanda la liberación de Berenice por la falta de pruebas.

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Justicia pendiente

Lizbeth Victoria Huerta, a dos años de su crimen contra la activista británica, podría quedar en libertad

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Jueza María Teresa Quevedo Sánchez modificó sentencias y cargos de todos los implicados

Por Miguel Montesinos León

Ayer 26 de marzo se cumplieron dos años de la desaparición forzada y asesinato de la activista Claudia Uruchurtu Cruz en Asunción Nochixtlán, Oaxaca. Un crimen ordenado por la entonces presidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, del gobierno de la 4T, que podría quedar en impunidad, por la protección de MORENA, que se observó desde el momento que se cometió el crimen.

El entonces senador por Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ahora gobernador del estado, trató de proteger desde el senado mexicano a Lisbeth Victoria Huerta, a quien se le veía como su pupila, aunque no pudo evitar fuera detenida y encarcelada con los servidores públicos que actuaron en complicidad con ella.

A tan solo 15 días de asumir el cargo como gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pretendió que fuera liberada la expresidente municipal de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pese a la sentencia como autora intelectual de la desaparición forzada y asesinato de la activista británica Claudia Uruchurtu Cruz. Para ello, Jara Cruz contó con la colaboración de la juez de control Meria Teresa Quevedo Sánchez con sede en Huajuapan de León.

Leer más: Agresores de la activista Claudia Uruchurtu confirman su ejecución, sin revelar ubicación de su cuerpo –  (losangelespress.org)

 

Al modificar las sentencias a la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, la jueza Quevedo Sánchez también modificó los cargos desaparición forzada y homicidio a «entorpecer búsqueda de persona», y le redujo la pena a cuatro años dos meses de prisión, por lo que Victoria Huerta podría quedar en libertad en poco tiempo, e incluso se cree que podría también ejercer cargos en la administración pública al amparo y protección de Salomón Jara Cruz.

Demanda en el olvido

El 26 de marzo de 2021, Claudia Uruchurtu Cruz se encontraba en la Ciudad de México pidiendo justicia por la corrupción de la presidente municipal. De inmediato, viajó a Nochixtlán en apoyo a la convocatoria para exigir la atención médica y liberar a Alfonso Avendaño, detenido y golpeado por la policía bajo órdenes de la edil Lizbeth Victoria Huerta y el fiscal en jefe adscrito al Distrito de Nochixtlán Rey Velasco Carranza.

La demanda de justicia que hacía la activista, quedó en el olvido. También se encuentra en el limbo de la justicia en la Fiscalía Anticorrupción, de Oaxaca donde su titular Jorge Emilio Iruegas Álvarez dice que no existe ningún avance en la carpeta de investigación.

Con esta negativa a concluir la carpeta de investigación iniciada por Alfonso Avendaño Rodríguez en contra de la expresidente municipal Lizbeth Victoria Huerta, policías municipales y ministerio público, la justicia en Oaxaca seguirá pendiente.

Entérate: Alcaldesa de MORENA en Nochixtlán detenida por la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu –  (losangelespress.org)

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Presidencia impugnará suspensión al Plan B; aspirantes al INE hermanos y allegados de morenistas

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Por Ignacio García

Luego de que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, otorgara la suspensión al ‘Plan B’, de la reforma electoral impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica de la presidencia de la república anunció que impugnará dicha decisión al considerar que viola la Constitución Política Mexicana.

Por medio de un comunicado, la Consejería refirió que el ministro Laynez Potisek cometió una serie de arbitrariedades para impedir que se implemente el ‘Plan B’, como se ha identificado a la propuesta de reforma electoral de López Obrador. Y según el comunicado, estas irregularidades fueron aprobadas por el Poder Legislativo federal. De acuerdo con la Consejería, los ministros del Poder Judicial deben actuar de forma congruente y garantizar el orden constitucional, además de proteger los derechos y libertades.

Apenas el viernes pasado la Suprema Corte de Justicia suspendió la implementación del ‘Plan B’ electoral que fue solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual fue criticado por el presidente de México, quien acusó que los ministros defienden intereses de los consejeros electorales con elevados sueldos, superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal.

Asimismo, el INE dio a conocer la quinteta de las personas que podrían ocupar las cuatro consejerías electorales pendientes, de las cuales están relacionadas en su mayoría con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

Para encabezar el INE se encuentra considerada Bertha Luján, hermana de la actual titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Luján, situación que ha provocado inconformidad por parte de diferentes representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos. Así también el hermano de la Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, Netzaí Sandoval Ballesteros, quien estaba al frente del Instituto Federal de Defensoría Pública y durante su gestión despidió de manera masiva a abogados defensores con hasta 20 años de servicio en e Poder Judicial, cometiendo irregularidades y dejando en indefensión a personas privadas de libertad.

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