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Justicia pendiente

Cifras de feminicidios sin investigar alarman a madres de desaparecidas en Juárez

Más de 230 cuerpos guardados en la morgue por años sin identificar son parte de las cifras de feminicidios ocultados por las autoridades de Chihuahua.

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Fotocomposición: Miguel Valdez, Diseñador Gráfico, México, DF.

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- El 27 de febrero de 2012, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo ante un grupo de madres de desaparecidas en Ciudad Juárez, que tenían cinco cuerpos de mujeres guardados en la morgue. Agregó que “no eran del Comité”. Se refería al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, organismo civil que ha estado atento a la entrega de osamentas por parte de las autoridades con la esperanza de que no sean sus hijas.

El Comité de Madres ha sostenido varias reuniones con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua para exigir la búsqueda de hijas adolescentes secuestradas. El gobernador atendió directamente a este grupo de madres. Después de que lo obligaron a dar el pésame a María García, quien velaba a su hija frente a la fiscalía como forma de protesta por la indiferencia de las autoridades ante el secuestro masivo de las jóvenes, Duarte, igual que sus antecesores, prometió que se harían las investigaciones, y dio la cifra de las osamentas retenidas en la morgue.

La información del gobernador, sin embargo, no resultó precisa y, horas más tarde, las autoridades de la fiscalía dijeron que “las antropólogas argentinas” habían dejado 39 cuerpos en un cuarto del Servicio Mexicano Forense (Semefo) de la ciudad. El gobernador se había equivocado, dijeron. No eran cinco, sino 39 cuerpos en espera de ser identificados genéticamente.

Quince días después, para el 16 de marzo, la información se había difuminado hasta las antropólogas forenses aludidas, y la fiscalía se vio obligada a corregir de nuevo la cifra. No eran 39, sino 51 cuerpos guardados en el Semefo. El Equipo Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF), integrado por quince especialistas y liderado por Marcela Doretti, a través de su reporte escrito, corrigió a la fiscalía que sus antropólogas dejaron 75 cuerpos en 2009: 51 con perfil genético, 12 cuerpos desarticulados encontrados en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otros 12 en un anfiteatro antiguo del Hospital General. A estos 75 cuerpos en proceso de análisis, sumaron 33 más que fueron plenamente identificados por el equipo de forenses y que las autoridades han ido entregados paulatinamente desde 2008 a la fecha. Dejaron la base genética de ADN y señalaron que correspondía a la fiscalía buscar a quién pertenecen.

Olga Esparza, madre de Mónica Janet Alanis, desaparecida el 26 de marzo de 2009 Foto: Javier Juárez

Los impactos del dolor en la salud de las madres

La desgarradora sorpresa para las madres con hijas desaparecidas ha ido en aumento como el número de cuerpos femeninos guardados en la morgue. La angustia y el dolor, en algunas madres, se empieza a manifestar en el deterioro de su salud, con enfermedades como anemia, tumores cancerígenos, fragilidad emocional, diabetes, depresión y estrés, entre otras. Uno de los casos más recientes ha sido el de María García, quien recientemente ha sepultado a su hija Jéssica Leticia Peña García, desaparecida desde el 29 de mayo de 2010 y entregada como restos óseos el 24 de febrero de este año. María fue ingresada al hospital e intervenida quirúrgicamente, y ahora se encuentra en recuperación.

Otro caso es el de la señora Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010, sin rastro de ella hasta ahora. Norma ha sido víctima de extorsiones por información sobre su hija y está seriamente delicada de salud.

El caso de Bertha García también estremece. Ella es madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida a los 18 años de edad, el 6 de enero de 2009. La ilusión de Bertha y de su otra hija Sara, creció al obtener evidencia de que Brenda estaba viva en mayo de 2011, en Los Ángeles, California. Al realizar la investigación nuestro medio, se le informó que las evidencias habían sido obtenidas entre abril y julio de 2009. Y pese a que no ha perdido la esperanza de que su hija se encuentre con vida, los vaivenes emocionales, la angustia y el miedo por ella, no dejan de oprimirle fuertemente el corazón.

Bertha, junto con su hija Sara, han sido llamadas varias veces por las autoridades de la fiscalía para que revisen las prendas que han encontrado con las osamentas. Al ver las prendas, el dolor vuelve a intensificarse y a cortarles la respiración, mientras se exigen así mismas recordar qué cinto llevaba su hija, de qué color era el broche con el que prendía su pelo, o la falda que llevaba puesta el día que la vieron por última vez.

“Hay 143 cuerpos femeninos guardados en la morgue de Juárez”

Una nueva cifra espeluznante en menos de una semana provocó estupefacción entre las madres. La fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, les confirmó públicamente en reunión con otras autoridades que “había 143 cuerpos en la morgue de Juárez, todos femeninos y la mayoría adolescentes”. El tiempo siguí en cámara lenta sin que nadie dijera nada.

No obstante, el silencio fue cortado de tajo por la voz de la fiscal que las volvió a una realidad de terror: “¿Querían transparencia? ¡Pues ahí está!. Ya es una cifra oficial: Son 41 cuerpos por muerte natural. Otros 49, por muerte violenta. Tres cuerpos, por muerte indeterminada. Y 29, en estudio».

Pero a las madres no les resultaron las cuentas. El total que da la fiscal son 122, hay 21 cuerpos que lo único que se sabe de ellos son que pertenecen a Chihuahua capital, no hay ninguna información que identifique la causa de sus muertes ni mucho menos quiénes eran en vida. Sólo se sabe que eran mujeres y jóvenes. Y las madres lanzan preguntas al aire, entre dientes, con miedo, con indignación, atónitas todavía.

¿Se incluye a las 75 que ya fueron identificadas por las antropólogas argentinas? ¿O ésas son aparte? ¿Qué significa de “muerte natural” en una adolescente desaparecida? ¿Cuál es la diferencia con la “muerte indeterminada”? ¿Por qué el gobernador dijo que sólo eran cinco al principio de su discurso? ¿Cómo van a hacer para entregar todos esos cuerpos? La fiscal sólo respondió a esta última pregunta: “Vamos a volver a la investigación que en eso estaba. Además, tenemos el mejor laboratorio de genética”.

 

“El acopio de jovencitas”

Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, cuestiona que no hay ninguna línea de investigación sobre los culpables. “No queremos que nada más estén dándonos cifras de muertes. Hasta ahora no hay ningún responsable por el crimen contra esas jovencitas”. Pero, “además, –abunda– tampoco hay una política de prevención para evitar más feminicidios. Las jóvenes siguen desapareciendo y ni tampoco se está buscando la manera efectiva para que todos esos cuerpos regresen a sus familias”.

Galván explica que el centro de Ciudad Juárez se ha convertido “en el acopio de jovencitas”. Hay un patrón que siguen los criminales, “y la situación está así desde hace veinte años”, señala. “Sabemos que si atienden la zona del centro, para prevenir a las mujeres, los criminales pueden operar en otra zona, pero al menos ya se hizo algo en donde ha sido un problema por mucho tiempo”, dice.

Para la nueva Fiscalía de género se nombraron 51 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público para operar en las cuatro zonas de Juárez. A cargo de esta dependencia se encuentra el fiscal Ernesto Jáuregui. Sin embargo, Galván Segura, considera que por la magnitud del problema y la ineficiencia deberían contratarse a investigadores judiciales internacionales expertos en criminología.

–“Traer a expertos internacionales es mucho dinero”, respondió uno de los fiscales.

–“¿Qué es mucho dinero?”, refutó Galván, “si México es uno de los países con más violaciones de derechos humanos y en este problema el estado no ha hecho absolutamente nada?”.

«Si el Protocolo Alba funcionara»…

La asesora jurídica, Francisca Galván, comenta que en muchos casos es un error poner un reporte de desaparecida a la víctima, “porque puede salir contraproducente”. Retrasa la búsqueda de las jóvenes hasta 48 o 72 horas, “que en esos momentos resultan vitales para ellas”. Observó que el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres, nunca ha operado con eficiencia.

Ya la organización de derechos humanos de mujeres de Chihuahua (Cedehm) denunció que de 2005 a 2010 sólo se había activado en 31 ocasiones, en todo el estado y sin ningún resultado favorable. Galván Segura recuerda que en el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años de edad, secuestrada el 18 de enero de 2008, fue asesinada a los tres días de su secuestro. Según la información de la fiscalía a la madre, encontraron el cuerpo de la joven el 5 de noviembre de 2009, y lo retuvieron en la morgue hasta el 30 de noviembre de 2011. Con la operación eficiente del Protocolo ALBA, en la que también participan militares, Adriana Sarmiento, y muchas de las niñas, deberían de estar vivas.

 

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CNDH emite medidas cautelares a favor de científicos del Conacyt

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, en favor de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que son investigados por presuntos desvíos de recursos económicos al considerar que hubo violación a sus derechos humanos.

El organismo independiente señaló que el pasado 15 de octubre recibió la solicitud de los científicos de Conacyt que acusaron que han sido violados sus derechos humanos por el proceso penal que desarrolla la FGR en su contra al tratarlos como presuntos delincuentes.

De acuerdo con la CNDH, la FGR no debe dar a conocer los nombres de los científicos investigados, aunado a que tampoco deberá dar a conocer información judicial sobre el caso que sólo debe ser parte de las pesquisas que deben implementar las autoridades ministeriales.

El organismo defensor de derechos humanos pidió que se garantice la dignidad y el honor de los científicos investigados por la FGR, aunado a que deberá facilitar las carpetas de investigación que están abiertas en contra de los académicos que fueron acusados por la fiscalía federal.

La CNDH ordenó un plazo de 24 horas para atender esta exigencia general por parte de la FGR, por lo que de lo contrario serán acreedores a una sanción por incumplimiento de las acciones específicas para preservar el cuidado de los derechos humanos de los científicos.

La FGR acusó a un grupo de 31 científicos que fueron acusados de crear un fondo de Conacyt durante la administración federal pasada para utilizar recursos públicos, no obstante, la Ley General de Ciencia y Tecnología así lo estableció y por ello ninguno de los académicos ha sido detenido por las autoridades.

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Tribunal otorga amparo a Guillermo Padrés por delito de defraudación fiscal

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El Décimo Tribunal Colegiado Penal concedió al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, un amparo que ordena al Segundo Tribunal Unitario dejar sin efecto la formal prisión que dictó el 31 de mayo de 2018 y reponer el procedimiento, por lo que ex mandatario estatal seguirá el proceso en libertad.

Los magistrados Silvia Estréver Escamilla y Carlos López Cruz votaron a favor de confirmar el amparo para que el Quinto Tribunal Unitario deje sin efecto uno de los señalamientos en contra del exgobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) por la defraudación fiscal de 70 millones 415 mil 367 pesos durante su gestión.

Al regresar a Sonora, Guillermo Padrés fue recibido por amigos y familiares, así como ex colaboradores que lo felicitaron por haber librado su proceso penal fuera de la cárcel, pero deberá regresar a la Ciudad de México para presentarse ante los Juzgados Federales por la situación legal que enfrenta.

Padrés dijo que se ha comprobado que se trató de una persecución política en su contra encabezada por su sucesora, Claudia Plavovich, por lo que, aseveró, no incurrió en ilícitos en el manejo de las finanzas del gobierno de Sonora durante su sexenio.

Guillermo Padrés fue acusado por la fiscalía estatal de Justicia de Plavovich de haber incurrido en desvío de más de 70 millones de pesos durante su gestión, por que fue aprehendido en mayo de 2016 y desde entonces permaneció en prisión en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya intervenido para favorecer la liberación del exgobernador panista, por lo que descartó que exista algún tipo de acuerdo con el exmandatario estatal que le envió una misiva para solicitar su apoyo.

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Alerta Temprana de Periodistas y Activistas pide salvaguardar integridad de indígenas de Coyomepan

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El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas pidió al gobierno federal que se salvaguarde la integridad de la comunidad indígena del municipio de Coyomepan, los cuales se encuentran en riesgo.

Por medio de una carta enviada al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra; así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el colectivo solicitó su intervención para evitar algún riesgo para la población más vulnerable.

El organismo defensor de los derechos humanos denunció que defensores de derechos humanos indígenas han sido víctimas de despojos de tierras, fabricaciones de delitos, así como el encarcelamiento de los defensores Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar, Gómez, Gonzalo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para reprimir movimientos sociales.

De acuerdo con el colectivo, en los próximos días esta comunidad indígena podría ser reprimida de forma violenta por parte del gobierno estatal, así como del grupo armado conocido como “Los Celestinos”, a quienes responsabilizaron de cualquier agresión que padezcan.

De la misma manera, acusaron al gobierno de Puebla de fabricar 31 delitos del uso y manipulación para castigar la libertad de expresión, por lo cual consideraron que se encuentran en riesgo cinco mil familias indígenas, debido a que se permitirá a la familia de Celestino Rosas a través de Rodolfo García López seguir al frente del municipio de Coyomepan.

Por ello, pidieron la intervención del gobierno federal ante las constantes amenazas, agresiones y violaciones a los derechos humanos que han padecido los indígenas durante más de 15 años y que se seguirán presentando en los siguientes meses con la nueva administración municipal.

 

 

Carta Integra del Colectivo:

Andrés Manuel López Obrador.
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

Adán Augusto López Hernández.
Secretario de Gobernación.

Alejandro Encinas Rodríguez.
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y  Migración.

Enrique Irazoque Palazuelos.
Titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación.

María del Rosario Piedra Ibarra.
Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Lorenzo Córdova Vianello
Titular del Instituto Nacional Electoral

A la Comisión Nacional para el Diálogo con los Pueblos Indígenas

Instituto Nacional Electoral de los Pueblos Indígenas

CC: Carlos Armando Popoca Bermúdez.
Titular de la Oficina de la Representación SEGOB en el Estado de Puebla.

A las Organizaciones Nacionales e Internacionales encargadas de la Defensa de los Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

A la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Amnistía Internacional.

A los medios de comunicación nacionales e internacionales

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y Activistas lanza un llamado urgente de auxilio nacional e internacional para que se vigile y se garanticen conforme a derecho y como  lo marca el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la OIT la salvaguarda de hombres y mujeres indígenas del Municipio de Coyomepan quienes se encuentran en grave peligro.

Este Colectivo ha denunciado las amenazas a 26 defensores de derechos humanos indígenas, despojo de tierras, fabricaciones de delitos, el encarcelamiento de cuatro defensores: Basiliza Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Gonzálo Martínez, Anastacio González Sanguinez y el abuso excesivo de autoridad del Gobernador del Estado de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta para reprimir los movimientos sociales.

Se advierte que en los próximos días este pueblo indígena podría ser objeto de represión y violencia por parte del gobierno del estado y del grupo armado Los Celestinos, mismos a los que hacemos responsables de cualquier acto de violencia en el que se pudiera reprimir a cualquier habitante del pueblo indígena de Coyomepan.

Acusamos abiertamente al gobierno del estado de Puebla de las 31 fabricaciónes de delitos con el uso y la manipulación de las dependencias estatales como de la Fiscalía del estado para castigar la libertad de expresión de los pueblos indígenas, movimientos sociales, Defensores de la tierra, Activistas y periodistas.

La vida de más de 5 mil familias indígenas mujeres, hombres y niños se encuentran en grave peligro, esto derivado del último fallo que emitió el día de ayer el Tribunal Electoral que favorece de nueva cuenta la sucesión cacique del gobierno a cargo de la  familia Celestino Rosas para ocupar el cargo de Presidente municipal Rodolfo García López, esposo de la actual Diputada Federal Araceli Celestino Rosas ex alcaldesa de este municipio y hermana de David Celestino Rosas.

El pueblo de Coyomepan ha resistido 11 años de amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, asesinatos, despojo de tierras, delincuencia organizada aunado a la presencia de grupos armados amparados por la Diputada Araceli Celestino Rosas y David Celestino Rosas

Es de vital importancia la intervención de todas las instancias de gobierno federal responsables de la salvaguarda de la vida de defensores de derechos humanos y de los pueblos indígenas para que se brinde la seguridad Federal a los habitantes de Coyomepan como a los defensores indígenas encarcelados y la anulación de las 31 órdenes de aprehensión en contra de los defensores indígenas.

Ciudad de México a 14 de Octubre 2021

Claudia Martínez Sánchez
Presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas Defensores de Derechos Humanos y Activistas.

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