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Justicia pendiente

Cifras de feminicidios sin investigar alarman a madres de desaparecidas en Juárez

Más de 230 cuerpos guardados en la morgue por años sin identificar son parte de las cifras de feminicidios ocultados por las autoridades de Chihuahua.

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Fotocomposición: Miguel Valdez, Diseñador Gráfico, México, DF.

Por Guadalupe Lizárraga

CIUDAD JUÁREZ, México.- El 27 de febrero de 2012, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo ante un grupo de madres de desaparecidas en Ciudad Juárez, que tenían cinco cuerpos de mujeres guardados en la morgue. Agregó que “no eran del Comité”. Se refería al Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez, organismo civil que ha estado atento a la entrega de osamentas por parte de las autoridades con la esperanza de que no sean sus hijas.

El Comité de Madres ha sostenido varias reuniones con las autoridades de la fiscalía de Chihuahua para exigir la búsqueda de hijas adolescentes secuestradas. El gobernador atendió directamente a este grupo de madres. Después de que lo obligaron a dar el pésame a María García, quien velaba a su hija frente a la fiscalía como forma de protesta por la indiferencia de las autoridades ante el secuestro masivo de las jóvenes, Duarte, igual que sus antecesores, prometió que se harían las investigaciones, y dio la cifra de las osamentas retenidas en la morgue.

La información del gobernador, sin embargo, no resultó precisa y, horas más tarde, las autoridades de la fiscalía dijeron que “las antropólogas argentinas” habían dejado 39 cuerpos en un cuarto del Servicio Mexicano Forense (Semefo) de la ciudad. El gobernador se había equivocado, dijeron. No eran cinco, sino 39 cuerpos en espera de ser identificados genéticamente.

Quince días después, para el 16 de marzo, la información se había difuminado hasta las antropólogas forenses aludidas, y la fiscalía se vio obligada a corregir de nuevo la cifra. No eran 39, sino 51 cuerpos guardados en el Semefo. El Equipo Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF), integrado por quince especialistas y liderado por Marcela Doretti, a través de su reporte escrito, corrigió a la fiscalía que sus antropólogas dejaron 75 cuerpos en 2009: 51 con perfil genético, 12 cuerpos desarticulados encontrados en la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otros 12 en un anfiteatro antiguo del Hospital General. A estos 75 cuerpos en proceso de análisis, sumaron 33 más que fueron plenamente identificados por el equipo de forenses y que las autoridades han ido entregados paulatinamente desde 2008 a la fecha. Dejaron la base genética de ADN y señalaron que correspondía a la fiscalía buscar a quién pertenecen.

Olga Esparza, madre de Mónica Janet Alanis, desaparecida el 26 de marzo de 2009 Foto: Javier Juárez

Los impactos del dolor en la salud de las madres

La desgarradora sorpresa para las madres con hijas desaparecidas ha ido en aumento como el número de cuerpos femeninos guardados en la morgue. La angustia y el dolor, en algunas madres, se empieza a manifestar en el deterioro de su salud, con enfermedades como anemia, tumores cancerígenos, fragilidad emocional, diabetes, depresión y estrés, entre otras. Uno de los casos más recientes ha sido el de María García, quien recientemente ha sepultado a su hija Jéssica Leticia Peña García, desaparecida desde el 29 de mayo de 2010 y entregada como restos óseos el 24 de febrero de este año. María fue ingresada al hospital e intervenida quirúrgicamente, y ahora se encuentra en recuperación.

Otro caso es el de la señora Norma Laguna, madre de Idalí Juache, desaparecida el 23 de febrero de 2010, sin rastro de ella hasta ahora. Norma ha sido víctima de extorsiones por información sobre su hija y está seriamente delicada de salud.

El caso de Bertha García también estremece. Ella es madre de Brenda Berenice Castillo García, desaparecida a los 18 años de edad, el 6 de enero de 2009. La ilusión de Bertha y de su otra hija Sara, creció al obtener evidencia de que Brenda estaba viva en mayo de 2011, en Los Ángeles, California. Al realizar la investigación nuestro medio, se le informó que las evidencias habían sido obtenidas entre abril y julio de 2009. Y pese a que no ha perdido la esperanza de que su hija se encuentre con vida, los vaivenes emocionales, la angustia y el miedo por ella, no dejan de oprimirle fuertemente el corazón.

Bertha, junto con su hija Sara, han sido llamadas varias veces por las autoridades de la fiscalía para que revisen las prendas que han encontrado con las osamentas. Al ver las prendas, el dolor vuelve a intensificarse y a cortarles la respiración, mientras se exigen así mismas recordar qué cinto llevaba su hija, de qué color era el broche con el que prendía su pelo, o la falda que llevaba puesta el día que la vieron por última vez.

“Hay 143 cuerpos femeninos guardados en la morgue de Juárez”

Una nueva cifra espeluznante en menos de una semana provocó estupefacción entre las madres. La fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, les confirmó públicamente en reunión con otras autoridades que “había 143 cuerpos en la morgue de Juárez, todos femeninos y la mayoría adolescentes”. El tiempo siguí en cámara lenta sin que nadie dijera nada.

No obstante, el silencio fue cortado de tajo por la voz de la fiscal que las volvió a una realidad de terror: “¿Querían transparencia? ¡Pues ahí está!. Ya es una cifra oficial: Son 41 cuerpos por muerte natural. Otros 49, por muerte violenta. Tres cuerpos, por muerte indeterminada. Y 29, en estudio».

Pero a las madres no les resultaron las cuentas. El total que da la fiscal son 122, hay 21 cuerpos que lo único que se sabe de ellos son que pertenecen a Chihuahua capital, no hay ninguna información que identifique la causa de sus muertes ni mucho menos quiénes eran en vida. Sólo se sabe que eran mujeres y jóvenes. Y las madres lanzan preguntas al aire, entre dientes, con miedo, con indignación, atónitas todavía.

¿Se incluye a las 75 que ya fueron identificadas por las antropólogas argentinas? ¿O ésas son aparte? ¿Qué significa de “muerte natural” en una adolescente desaparecida? ¿Cuál es la diferencia con la “muerte indeterminada”? ¿Por qué el gobernador dijo que sólo eran cinco al principio de su discurso? ¿Cómo van a hacer para entregar todos esos cuerpos? La fiscal sólo respondió a esta última pregunta: “Vamos a volver a la investigación que en eso estaba. Además, tenemos el mejor laboratorio de genética”.

 

“El acopio de jovencitas”

Francisca Galván Segura, representante jurídica del Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas, cuestiona que no hay ninguna línea de investigación sobre los culpables. “No queremos que nada más estén dándonos cifras de muertes. Hasta ahora no hay ningún responsable por el crimen contra esas jovencitas”. Pero, “además, –abunda– tampoco hay una política de prevención para evitar más feminicidios. Las jóvenes siguen desapareciendo y ni tampoco se está buscando la manera efectiva para que todos esos cuerpos regresen a sus familias”.

Galván explica que el centro de Ciudad Juárez se ha convertido “en el acopio de jovencitas”. Hay un patrón que siguen los criminales, “y la situación está así desde hace veinte años”, señala. “Sabemos que si atienden la zona del centro, para prevenir a las mujeres, los criminales pueden operar en otra zona, pero al menos ya se hizo algo en donde ha sido un problema por mucho tiempo”, dice.

Para la nueva Fiscalía de género se nombraron 51 policías ministeriales y agentes del Ministerio Público para operar en las cuatro zonas de Juárez. A cargo de esta dependencia se encuentra el fiscal Ernesto Jáuregui. Sin embargo, Galván Segura, considera que por la magnitud del problema y la ineficiencia deberían contratarse a investigadores judiciales internacionales expertos en criminología.

–“Traer a expertos internacionales es mucho dinero”, respondió uno de los fiscales.

–“¿Qué es mucho dinero?”, refutó Galván, “si México es uno de los países con más violaciones de derechos humanos y en este problema el estado no ha hecho absolutamente nada?”.

«Si el Protocolo Alba funcionara»…

La asesora jurídica, Francisca Galván, comenta que en muchos casos es un error poner un reporte de desaparecida a la víctima, “porque puede salir contraproducente”. Retrasa la búsqueda de las jóvenes hasta 48 o 72 horas, “que en esos momentos resultan vitales para ellas”. Observó que el Protocolo Alba, mecanismo de búsqueda rápida de niñas y mujeres, nunca ha operado con eficiencia.

Ya la organización de derechos humanos de mujeres de Chihuahua (Cedehm) denunció que de 2005 a 2010 sólo se había activado en 31 ocasiones, en todo el estado y sin ningún resultado favorable. Galván Segura recuerda que en el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, de 15 años de edad, secuestrada el 18 de enero de 2008, fue asesinada a los tres días de su secuestro. Según la información de la fiscalía a la madre, encontraron el cuerpo de la joven el 5 de noviembre de 2009, y lo retuvieron en la morgue hasta el 30 de noviembre de 2011. Con la operación eficiente del Protocolo ALBA, en la que también participan militares, Adriana Sarmiento, y muchas de las niñas, deberían de estar vivas.

 

El Caso Wallace

Caso Wallace: el ‘pacto’ entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

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Caso Wallace: el 'pacto' entre el ministro Arturo Zaldívar y George Khoury Layón

 

Por Guadalupe Lizárraga

Según Isabel Miranda Torres, alias Isabel Miranda de Wallace, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, tiene un pacto con George Khoury Layón para liberar a los “secuestradores” de su hijo Hugo Alberto Wallace.

Escuchar a Isabel Miranda de Wallace en Grupo Imagen, en su acostumbrado espacio, para insistir después de 17 años en el supuesto secuestro de su hijo, me evoca la frecuentada frase de Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en la que cita a Hegel sobre su referencia a que la historia se repite dos veces, “pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. La idea básica de Marx en esta figura retórica es que con el paso del tiempo hay una falta de reconocimiento de las circunstancias y contexto, lo que antes eran acciones y creencias llenas de vitalidad, al repetirse se convierten en un circo de simuladores.

Para entender el caso: ¿Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace?

 

Y es lo que estamos viviendo con el falso caso Wallace. En tiempos de Felipe Calderón, el poder y la credibilidad de Isabel Miranda de Wallace eran fortalecidos por las autoridades y los medios de comunicación con recursos del erario, alimentados por la ignorancia de la sociedad.

Hoy sabemos que todo el caso fue fabricado y que el hijo de Isabel Miranda no fue secuestrado ni asesinado por quienes ella dice ni en las circunstancias que describe. Durante siete años, he investigado los rastros de vida de Hugo Alberto Wallace y he dado voz a los testigos de su existencia que han sido intimidados y perseguidos por el propio gobierno mexicano. No obstante, ni con tres actas de nacimiento y dos actas de defunción que de manera corrupta ha pagado Isabel Miranda de Wallace a jueces para su legalidad imposible, la credibilidad sobre el caso está completamente fracturada.

Lo que antes se veía como la tragedia de una madre dolida, hoy se ve como la miserable farsa de un circo mediático, que acompañan todavía algunos personajes del poder público; mientras a las víctimas se les extingue la vida en prisión.

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En la actuación de entrevista de Isabel Miranda en Grupo Imagen, el 11 de agosto, el mismo día que la SCJN admite revisar su amparo contra la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, Miranda juega ahora el papel de “una simple ciudadana” contra “el enorme poder del presidente de la SCJN”.

La mujer que, a finales del gobierno de Salinas de Gortari, en 1994, de ser una secretaria recepcionista, de la noche a la mañana montó una empresa millonaria de publicidad exterior y un colegio bilingüe, usurpando funciones de pedagoga; que desde que inició el sexenio de Vicente Fox tenía injerencia en la PGR, en el área de secuestros, y se entrenaba para su montaje en 2005; que en el sexenio de Felipe Calderón tuvo todo el apoyo de éste y de Genaro García Luna, para jugar el papel de víctima y, después, de experta en seguridad pública, imagen construida con recursos del erario; que con Enrique Peña Nieto siguió de la misma manera, protegida su impunidad hasta este sexenio de López Obrador, hoy se presenta en televisión como “una simple ciudadana” que se siente amenazada por el ministro que han sido parte de su montaje.

Isabel Miranda deja ver con Ciro Gómez Leyva, que la ha acompañado en toda la farsa, que ya le había dado con antelación el nombre de George Khoury Layón, y menciona la causa que lo mantiene injustamente preso, poniendo de manifiesto su propia injerencia con la juez Hermelinda Silva Meléndez, del Juzgado 25, de la Ciudad de México.

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Se trata de la causa 80/2012. Una aberración jurídica, a decir de los abogados defensores de los inculpados, que ha sostenido Isabel Miranda de Wallace de la mano de Eduardo Margolis Sobol, con la que han mantenido en prisión ilegal tras múltiples detenciones arbitrarias y torturas a George Khoury Layón, involucrado en un homicidio a confesión bajo tortura por Jacobo Tagle Dobín, quien también involucró a César Freyre Morales. El objetivo fue simularles una trayectoria delictiva a todos los inculpados del caso Wallace.

La jueza Hermelinda Silva sentenció a George Khoury a 20 años de prisión en 2014, con la confesión de Jacobo Tagle en 2010, sustraída de la causa penal 35/2006-II, diferente en hechos y circunstancias, y tras alegaciones de tortura de los tres inculpados que arrojaron tres protocolos de Estambul positivos en tortura de Tagle, uno de ellos del Consejo de la Judicatura de la Federación, otro de César Freyre Morales, aplicado por el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura y CNDH, y el de George Khoury Layón, quien además del protocolo positivo en tortura tiene una opinión de libertad inmediata del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU y el reconocimiento de inocencia de la Secretaría de Gobernación en 2019.

En el único testigo que se basó la jueza para sentenciar a George Khoury fue Jaime Rivera Ocaña, con contradicciones en sus declaraciones y coaccionado, según su propia confesión, por el agente del Ministerio Público Braulio Robles Zúñiga, brazo derecho en la SIEDO de Isabel Miranda de Wallace.

Nada de esto desconoce el ministro Arturo Zaldívar, puesto que estos hechos son parte de los casos fabricados que ya eran mediáticos cuando él fue designado por Felipe Calderón en 2009 como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

George Khoury Layón, el 12 de junio, a cuatro días de su audiencia de preliberación como beneficio de ley por haber compurgado el 50 por ciento de la condena, fue golpeado en prisión, quemado con toques eléctricos y trasladado ilegalmente del cefereso #17, de Michoacán, al cefereso #12, de Guanajuato, junto con otras siete personas, quienes fueron marcados con una señal para indicar que iban bajo consigna. A la llegada al penal de Guanajuato, volvieron a ser golpeados, toques eléctricos con la pistola taser y rociados con gas lacrimógeno. Actualmente, Khoury sigue aislado, sin suficiente agua ni comida.

La situación es clara: si Khoury tuviera un pacto con el poderoso presidente de la Suprema Corte de Justicia ¿habría sido torturado de esa forma? ¿Seguiría en prisión, pese a tener compurgado el 50 por ciento de la pena sin haber cometido el delito?

Todos sabemos quién es María Isabel Miranda Torres. Su credibilidad es nula y su corrupción absoluta, al igual que los periodistas que le han dado voz, ocultando los verdaderos hechos como el mismo Ciro Gómez Leyva.

Más aún, que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México haya admitido para revisión un amparo interpuesto por Isabel Miranda Torres contra la atracción del caso de Juana Hilda González por la SCJN, después de estar imputada por tortura, secuestro y detenciones ilegales, sin ninguna acción de investigación o jurídica en su contra, revela el verdadero pacto.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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