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Investigaciones

Cierre de Defensoría Pública en Mexicali se dio con información falsa a la Judicatura: abogado Ureta Payán

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2019, la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública acordó el cierre de la delegación de Mexicali, Baja California, así como la creación de otra delegación en Hidalgo, ubicada en Pachuca. Sin embargo, los argumentos esgrimidos en nueve páginas para justificar el cierre de una delegación con más de 70 empleados y seis agencias del Ministerio público se dieron con información falsa al Consejo de la Judicatura, y sin tomar en cuenta las dos agencias del Ministerio Público de San Luis Río Colorado.

Así lo denunció el abogado Mario Alfonso Ureta Payán, quien después de enterarse  de la denuncia del abogado Alejandro Garduño Real por amenazas y acoso laboral durante la defensa que llevaba de una de las víctimas del caso Wallace, también decidió denunciar los agravios laborales y de derechos humanos por parte de sus superiores en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Señaló además que la falta de transparencia en la información sobre el cierre del Centro de Justicia en Mexicali y el tráfico de influencias para crear el de Pachuca, ha generado un impacto negativo tanto a los usuarios de los servicios de Defensoría como a los mismos defensores de la región noroeste, como fue en su caso.

Los argumentos oficiales del cierre

Según el acuerdo ACT-JD/ORD/11/25/06/2019.5, se creó la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Pachuca, Hidalgo, con el argumento de que la entidad no contaba con la prestación del servicio, pese a que se tienen tres agencias de la Fiscalía General de la República, mientras que en Mexicali, Baja California, solo una. Otro de los argumentos fue que dicha facultad formaba parte de la Ley Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, además del incremento de la demanda de servicios de defensa penal y asesoría jurídica bajo la coordinación de la Delegación Regional Querétaro, situación que complicaba el control administrativo y el eficiente seguimiento de la prestación del servicio sustantivo.

De acuerdo con el documento firmado por el director general Netzaí Sandoval Ballesteros, así como por los integrantes de la junta directiva Mónica González Contró, Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, Gonzalo Moctezuma Barragán y José Luis Caballero Ochoa, la creación de la delegación de Hidalgo permitiría que la coordinación regional Querétaro, únicamente atendiera los asuntos relacionados a los 19 órganos jurisdiccionales y una agencia de la Fiscalía General de la República, por lo que «eficientizaría sus servicios». Y debido a la política de austeridad no se crearían nuevas plazas, sino que se utilizaría al personal de la desaparecida delegación de Mexicali.

Por otra parte, se alegaba que de esta manera, se cubriría la extensión territorial de Hidalgo que abarca un total de 20 mil 813 kilómetros cuadrados, mientras que la de la ciudad de Mexicali era sólo 113 kilómetros cuadrados.

El acuerdo consideraba que con el funcionamiento de una sola delegación en Baja California ubicada en Tijuana se mejoraría la capacidad de atención de casos, mientras que el personal que laboraba en Mexicali podría ser trasladado en su totalidad a Hidalgo para realizar las labores correspondientes.

De 2016 a 2019, según la información publicada por la institución, la delegación de Mexicali realizó 12 mil 592 orientaciones en asesoría jurídica, 711 en asesoría, mil 84 en representación, mientras que en defensoría pública fueron 371 averiguaciones previas, 440 juzgados de distrito, 886 tribunales, así como 2 mil 773 del sistema penal acusatorio.

En tanto, la delegación regional de Querétaro en ese mismo periodo realizó 496 casos de orientación en asesoría jurídica, 364 de asesoría, y 2 mil 37 de representación sólo para Querétaro, mientras que para Hidalgo fueron 243 en orientaciones, 71 en asesoría, y 923 en representación.

Para aspectos de defensoría pública, 34 fueron de averiguaciones previas, 92 de juzgados de Distrito, 245 de Tribunales, 3 mil 471 del sistema penal acusatorio sólo para Querétaro, mientras que para Hidalgo 47 fueron de averiguaciones previas, 204 de Juzgados de Distrito, 540 en Tribunales, y 3 mil 125 del sistema penal acusatorio.

De esta manera, según lo argumentado en el Diario Oficial de la Federación, la demanda de acciones de la delegación regional de Querétaro fue la tercera más grande, sólo por debajo de las de Jalisco y Puebla, por lo que desaparecería también la instancia regional y únicamente abordaría asuntos estatales, al igual que la nueva delegación de Hidalgo. Todo esto con el apoyo de las distintas áreas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El engaño a la Junta directiva

Cuando se publicó la noticia de que iba a desaparecer la delegación de Mexicali, el abogado Mario Alfonso Ureta Payán habló con su superior inmediato, José Candelario Seseña Martínez, y le informó que las razones esgrimidas en el Diario Oficial de la Federación no eran ciertas.

-¿Por qué me dices eso? -preguntó el delegado Seseña.

-Porque no son ciertas -reiteró el abogado-. No es una agencia del Ministerio Público en Mexicali, son seis, más las dos de San Luis Río Colorado. ¿Usted sabe lo que nos va a pasar a nosotros cada que estemos trasladándonos a Tijuana? Son 243 kilómetros, y tenemos que ir, porque si no nos bajan la puntuación, en las evaluaciones anuales -alegó Ureta, quien abundó que tenía que estar yendo a los cursos de capacitación anual, más aparte la carga diaria de trabajo de judicializar casos con un plazo de 48 horas a partir de la detención con traslados urgentes de madrugada, solventando él mismo los gastos de gasolina, y poniéndose en riesgo de accidentes de tráfico por la sinuosa carretera de La Rumorosa.

-¿Y usted lo va a decir o qué? -reconoció muy molesto el delegado. El abogado Ureta Payán acotó que el delegado además tenía su familia en Ciudad de México, por lo que el primer beneficiado del cierre del Centro de Justicia de Mexicali era Seseña Martínez, y pese a que en el Diario Oficial de la Federación se alude a que iban a trasladar al personal «en su totalidad», solo trasladaron a tres personas, entre éstas, el delegado.

El Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Mexicali, antes del cierre de agosto de 2019, era una subdelegación con seis mesas investigadoras del Ministerio Público, más las dos de San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con la información confirmada por la Unidad de Investigación y Litigación Zona Noroeste de la FGR en Mexicali, en ese año había 14 ministerios públicos de la Federación para atender un promedio de 40 y 50 justiciables al mes.

La denuncia de Ureta Payán revela que «hubo un engaño a la Junta directiva del IFDP, integrado por seis personas de solvencia moral», dijo el abogado a Los Ángeles Press, «quienes firmaron el acuerdo del cierre con información falsa, y que a la vez, se engañó también al Consejo de la Judicatura, ya que Defensoría pública es un órgano auxiliar».

El 13 de septiembre de 2019, el delegado Seseña Martínez envió un oficio a los defensores públicos bajo su adscripción para indicarles que por «instrucciones giradas de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública», con el argumento de equilibrar las cargas de trabajo, llevarían los asuntos asignados desde la etapa inicial de investigación hasta la ejecución, y se desglosa un rol. El documento completo en poder de Los Ángeles Press, indica que en el caso de San Luis Río Colorado, los asuntos que fueran judicializados tendría que darles trámite el abogado Ureta directamente en el Centro de Justicia Penal Federal.

 

El abogado Ureta Payán insistió al delegado en que «el Ministerio Público tenía 48 horas para presentar sus casos, y a veces judicializa a las 11 de la noche, una o tres de la mañana» porque dependía del término de las 48 horas y así lo prevé el artículo 16 constitucional. Ureta alegó que en Mexicali había hasta 23 defensores, mientras él tenía adscripción única en la sede de San Luis. A lo que el delegado le respondió que eran instrucciones del director general (Netzaí Sandoval), no obstante, en el oficio de la instrucción no incluye la copia del titular del Instituto, y se da copia al Lic. Juan José Chávez Montes, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Baja California, al Lic. Héctor Manuel Ruiz Arredondo, Subdelegado de Procedimientos Penales, en Mexicali, y al Lic. Leonel Campos González, Subdelegado Fiscal en jefe.

Los agravios laborales

El abogado Ureta Payán, con una antigüedad de más de 17 años en Defensoría pública, enumeró una serie de agravios laborales que venía padeciendo desde 2016 en la institución, pero que se intensificaron en 2019, a raíz de la llegada de Netzaí Sandoval Ballesteros como director general. Señaló que no le permitían descansar fines de semana ni días festivos, y tenía que trasladarse de San Luis Río Colorado a Mexicali, 70 kilómetros de distancia, generalmente de madrugada para dar asesoría jurídica a los detenidos, además del acoso y discriminación de sus superiores. Por lo que se violentaban sus derechos laborales, sus derechos humanos y le generaron un grave daño moral al obligarlo a renunciar, dejándolo con una serie de enfermedades crónico-degenerativas por alto estrés laboral al que se vio sometido en aras de mantener su trabajo.

Denunció que la discriminación de la que fue objeto, ya que él solo atendía la agencia de San Luis Río Colorado, Sonora, con un aproximado de 20 detenidos mensuales, mientras los defensores públicos en Mexicali atendían 50, pero entre 22 defensores para la delegación, y percibían el mismo ingreso salarial que él, con una carga laboral drásticamente reducida. También afirmó que él trabajaba cien días más al año que sus homólogos en Mexicali y no tenía descansos de fines de semana y días festivos como ellos, y como es su derecho.

Para evitar el traslado de madrugada con los climas extremosos de la región, solicitó varias veces su cambio adscripción a Mexicali. Sin embargo, también se lo negaron, pese a presentar evidencias médicas sobre la necesidad de ser atendido por especialistas en esa ciudad debido al alto estrés laboral.

Ureta Payán presentó su renuncia seis días después de la instrucción del delegado, el 19 de septiembre de 2019. E interpuso una querella contra Defensoría pública por acoso laboral y discriminación, con catorce pruebas documentales, y demandó por daño moral al titular del Instituto por las violaciones de derechos humanos.

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Investigaciones

México, inoperante ante creciente contaminación marítima

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México cae en la omisión ante la contaminación marítima de sus mares

México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima

Por Emilio Godoy

VERACRUZ, México – México tiene más de 11 000 kilómetros cuadrados de litoral continental y un intenso tráfico marítimo. Este país latinoamericano acogió 12 045 embarcaciones durante julio, comparadas con las 11 971 en el mismo mes de 2021.

En el puerto de la ciudad de Veracruz, el segundo mayor de México por carga recibida, atracan al menos cinco barcos diarios, según datos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en 2022.

En este estado del sureste mexicano, la circulación marítima se expandió 5% en julio, al recibir  254 naves frente a las 1192 en el mismo mes de 2021. Pero México carece de mediciones de la polución atmosférica y del agua proveniente de la industria marítima.

A nivel mundial, este sector representa cerca de 3 % de los gases de efecto invernadero (GEI), un porcentaje similar al del sector de la aviación. Si fuera una nación, sería la sexta en el mundo por su contribución a la crisis climática. La meta actual internacional consiste en la reducción de GEI en al menos 50 % en 2050.

En 2020, la Organización Marítima Internacional (OMI) dispuso que los barcos limiten el contenido de azufre en los combustibles a 50 % m/m (la masa del soluto dividida entre la masa de la solución, por 100), en una disminución significativa desde el límite previo de 3,5 %.

Sin embargo, México tampoco tiene hoja de ruta para su contracción o planes concretos para producir combustibles marítimos con menor contenido de azufre, elemento nocivo para la salud humana y el ambiente.

Por ello, el país enfrenta desafíos para alcanzar los objetivos de la estrategia de la OMI para disminuir las emisiones en el área marítima.

Lee más del autor: Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

 

En 2023, esta organización revisará el plan mundial, para avalar uno nuevo, que examinará cada cinco años, porque estimó que las emisiones procedentes del transporte marítimo crecieron de 977 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2012 a 1 076 millones en 2018 –una aumento de 9,6 %–,  y podrían aumentar 90-130 % a 2050.

El peso global de sus emisiones pasó de representar 2,76 % a 2,89 % del total en ese lapso.

Las emisiones de dióxido sulfúrico (SO2) por la quema de combustibles con alto contenido de azufre derivan en partículas sulfurosas en el aire, que pueden desatar asma y empeorar males cardíacos y pulmonares, además de amenazar ecosistemas marinos y terrestres, según la estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En el agua, los hidrocarburos bloquean la entrada de luz y limitan la fotosíntesis de algas y otras plantas, y en la fauna pueden ocasionar envenenamiento, alteraciones de ciclos reproductivos e intoxicación, de acuerdo con la EPA.

El SO2, que no es uno de los GEI pero sí altamente contaminante, permanece solo unos días en la atmósfera, pero al disolverse en el agua genera ácidos que le confieren su peligrosidad para la salud humana.

Mientras, las emanaciones de dióxido nitroso (NOx), derivadas de la quema de hidrocarburos, mezcladas con ozono a nivel de suelo, desembocan en smog. El NOx permanece 114 años en la atmósfera, según varios estudios científicos.

Problema menospreciado

El reportero constató la problemática que ocasiona este tipo de contaminación, al analizar los datos obtenidos a través de 30 solicitudes de información pública a varias dependencias gubernamentales y la consulta de imágenes satelitales de derrames de hidrocarburos provenientes de embarcaciones ocurridos en varias zonas del país entre 2019 y 2022.

Con colaboración exclusiva de la empresa española Orbital EOS (Earth Observation Solutions) –especializada en el hallazgo de este tipo de contaminación en alta mar–, IPS identificó mediante imágenes satelitales cuatro vertidos en zonas marinas mexicanas ocurridos entre 2019 y 2021.

El 14 de diciembre de 2021, una embarcación no identificada derramó 3,14 metros cúbicos de una sustancia que se sospecha es un hidrocarburo, en un área de casi 79 kilómetros cuadrados, a 147 kilómetros de la costa mexicana, frente a Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, según consta en una toma realizada por el satélite Sentinel-1, de la Agencia Espacial Europea.

Otro accidente petrolero monitoreado por el Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry lanzó entre 0,81 y 6,08 m3 de combustible ligero y entre 17,65 y 176,6 m3 de combustible pesado, a 35 kilómetros de tierra, en el mar de Cortés una zona de gran biodiversidad y amenazada por el desarrollo inmobiliario, frente a la costa del nororiental estado de Sinaloa.

El hidrocarburo ligero cubrió 20,26 km2 y el restante, 3,53 km2, según el análisis de Orbital EOS.

No te pierdas: México en el centro del debate internacional sobre minería marina por barcos de exploración

La embarcación, cuyo nombre se mantiene en reserva por razones legales, se libró de sanciones de las autoridades mexicanas, pues no aparece en los listados de incidentes de Semar ni de naves sancionadas por la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección Ambiental.

El barco fue construido en 2001, y cambió de nombre y de bandera en mayo de 2019, semanas después del vertido. Su última ubicación se reportó en un puerto del centro de Italia.

El Sentinel-1 detectó otro derrame el 8 de diciembre de 2021, cuando un barco no identificado botó 1,15 m3 de probable hidrocarburo sobre 28,6 km2, a 180 kilómetros de la costa, frente a Veracruz.

Además, este satélite registró el 27 de septiembre de 2021 otro vertido de 0,28 m3 de probable hidrocarburo en 7,1 km2, a 390 kilómetros de la costa, en el golfo de México, en las occidentales costas del Atlántico.

El accidente más reciente ocurrió el 21 de agosto, cuando un yate privado se hundió y soltó combustible en Balandra, en el estado noroccidental de Baja California Sur, un área de protección especial por su biodiversidad.

Asimismo, la no gubernamental estadounidense SkyTruth, dedicada principalmente a rastrear derrames, registró 11 descargas de aguas residuales aceitosas en aguas mexicanas entre julio de 2020 y diciembre de 2021.

Ian McDonald, académico del Departamento de Ciencias Terrestres, Oceánicas y Atmosféricas de la estadounidense Universidad Estatal de Florida, resaltó la presencia persistente de petróleo en el agua debido a la operación de plataformas y pozos; fugas naturales del suelo submarino y movimiento marítimo en zonas marinas mexicanas.

“Ha faltado mantenimiento preventivo (de las instalaciones). El problema es el impacto acumulativo sobre una zona. Las actividades de los barcos, como el dragado y la generación de residuos. El impacto potencial puede ser muy grande”, dijo desde la ciudad de Miami.

La investigación “Derrames petroleros crónicos en los océanos globales”, de la cual McDonald es coautor y divulgada en junio, halló que 97 % de los rastros petroleros provienen de embarcaciones y descargas terrestres y 3 % de escapes naturales del fondo marino en costas aztecas.

Un portavoz de la OMI dijo, desde su sede en Londres, que la organización no puede comentar sobre la situación de un país e informó que realizará una revisión sobre México en 2024. Mientras, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo declinó comentar para este reportaje y Semar no respondió a una consulta.

La polución por hidrocarburos en alta mar depende del volumen y lugar, y la contaminación crónica tiene efectos a largo plazo.

“Cualquier derrame va a tener un impacto. Donde es menos directo es en aguas abiertas, porque hay más dilución, pero tiende a acumularse en la profundidad del océano y afecta a algunos organismos. El impacto es mayor cuando el derrame llega a las playas, porque tiene menos movimiento allí», explicó a IPS el investigador Adolfo Gracia, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Desde Ciudad de México destacó un factor importante: la importancia de analizar la contaminación crónica, proveniente de la industria, la agricultura y el transporte marítimo, como una amenaza creciente para la flora y la fauna marinas.

Un accidente petrolero, detectado por el satélite Sentinel-2, sucedió el 14 de abril de 2019, cuando un ferry botó combustibles ligero y pesado –el color azul corresponde al primero–, a 35 kilómetros de tierra, en el Mar de Cortés, una zona sensible de gran biodiversidad y amenazada por varios factores, frente a la costa del nororiental estado mexicano de Sinaloa. El barco quedó impune y el suceso no aparece en los registros públicos de las autoridades mexicanas, como otros incidentes identificados por IPS. Imagen: Emilio Godoy-Orbital EOS / IPS

Incompletos

De 819 incidentes que Semar rastrea desde 2017, solo 16 los cataloga de contaminación marina, de estos dos consistieron en derrames de hidrocarburos y uno en “daños graves al ambiente”, sin pormenorizar su causa, según datos obtenidos vía transparencia. Semar solo sancionó en dos casos, pero no especificó las penas.

De esos 819 incidentes, un vertido de hidrocarburos y un suceso de polución ocurrieron en Veracruz.

Semar también contabilizó 42 incendios a bordo y 13 hundimientos que tenían potencial contaminante.

“Existe la legislación (Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas), pero nadie la vigila. No hay medición precisa. Petróleos Mexicanos (Pemex) no investiga el tema”, dijo a IPS Rodolfo Navarro, director de la no gubernamental Comunicar para Conservar.

Navarro trabaja en el municipio de Cozumel, la mayor isla del Caribe mexicano, en el sudoriental estado de Quintana Roo, y uno de los mayores receptores de cruceros del mundo, que ha atestiguado el impacto del transporte marítimo sobre los ecosistemas.

Semar, responsable de la administración de los puertos desde 2017–incluyendo el control de la contaminación–, dijo que carece de registros de violaciones a la Ley de Vertimientos.

Semar, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y las administraciones portuarias de las instalaciones situadas en el golfo de México, adolecen de registros de contaminación en zonas portuarias.

Tampoco cuentan con hojas de ruta para materializar los objetivos de la Estrategia Inicial que, en 2018, adoptó la OMI para reducir las emisiones de CO2 en al menos 40 % a 2030, para todo el transporte marítimo internacional, y aspirar a 70 % en 2050 comparado con los niveles de 2008.

buques contaminantes Veracruz

En Veracruz, la actividad diaria de arribo de barcos y movimiento de carga es incesante, lo que genera emisiones contaminantes. Pero el gobierno mexicano carece de mediciones de esa polución atmosférica y marina, así como de medidas para su acotamiento. Foto: Emilio Godoy / IPS

Un convenio determinante

El Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (Marpol, en inglés), vigente desde 1978, constituye una de las herramientas vitales para cumplir con los objetivos de la OMI, el cual está integrado por el Anexo I sobre la prevención de la polución por hidrocarburos, II sobre sustancias líquidas nocivas transportadas a granel y III sobre las transportadas en bultos.

Consta también de los anexos IV sobre residuos, V sobre basura y VI sobre la contaminación atmosférica de los buques. México pertenece a los anexos I, II y IV, pero no al III, V y VI.

A partir de 2020, la OMI aplica regulaciones que limitan el contenido de azufre utilizado en buques de carga a 0,5 %. El organismo busca su abatimiento en 77 %, equivalente a 8,5 millones de toneladas de SO2.

La omisión sobre el manejo de la polución por hidrocarburos supone una violación al Anexo I del Marpol. Al pertenecer a OMI, cada país debe alcanzar sus metas.

Además, el capítulo 24 del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-Mec) vigente desde 2020 y que sustituyó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), estipula el control de la producción, consumo y comercio de sustancias que dañen la capa de ozono, así como la disminución de la contaminación atmosférica.

Este apartado estipula prioridades de calidad del aire, incluyendo la reducción de emisiones del tráfico marítimo.

La editora recomienda: UNAM alerta sobre desaparición de arrecifes de Veracruz por contaminación industrial

Pero México carece de regulaciones para acotar las emisiones navieras y tampoco suscribió en noviembre de 2021 durante la cumbre climática de Glasgow la “Declaración de Clydebank para corredores marítimos verdes”, que aspira a la creación de al menos seis rutas de bajas emisiones en 2025 y que solo firmaron 24 países.

La omisión en el control de la contaminación implica la dificultad de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS13 y 14, adoptados por la comunidad internacional en 2015 y que deben alcanzarse en 2030.

El 13 de los 17 ODS trata del combate a la crisis climática y sus efectos, mientras que el 14 se centra en la conservación y uso sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

buques mercantes

Buques mercantes esperan su entrada al puerto de Veracruz. La Organización Marítima Internacional ha estipulado metas de reducción de contaminantes a mediano y largo plazos, para que el transporte marítimo mundial tenga operaciones más limpias, pero este país carece de planes para alcanzar esos objetivos. Foto: Emilio Godoy / IPS

Muelles ocupados

El sistema portuario mexicano manejó 169,77 millones de toneladas de carga en julio, un crecimiento de 3 % en comparación con el mismo periodo de 2021, según cifras de Semar.

La carga de exportación totalizó 66,4 millones de toneladas, 2,6 % menos que en julio de 2021 –68,19 millones–, mientras que la importación creció 8,8 %, de 66,51 millones a 72,36.

En el Puerto de Veracruz, con 17 muelles, esta viene en alza desde 2008. Frente a la costa se observa la hilera de embarcaciones en espera de entrar al puerto. Una línea de faros y boyas rojas y verdes señala la ruta a los muelles.

Dentro del recinto portuario, el ajetreo no para. Vehículos, camiones, trenes y grúas van y vienen para sacar y meter la carga, de la que depende la actividad económica de la zona y también en parte del país y segunda economía latinoamericana.

En sus entrañas, los barcos trasladan combustibles, mercancías, vehículos o materias primas, y también conllevan una amenaza ambiental, de la cual hay evidencias.

En 2020, la instalación gestionó 26,2 millones de toneladas, cantidad que aumentó 22 % al año siguiente –32 millones–. En julio último, movilizó 19,97 millones, 7,6 %  más que en mismo mes de 2021.

El rubro marítimo representa 5 % del producto interno bruto (PIB) mexicano.

Para México, la urgencia radica también en la proyectada expansión de las emisiones, como calcula el informe de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA) “Reduciendo emisiones del movimiento de bienes vía transporte marítimo en América del Norte”, centrado en 35 puertos mexicanos, entre 2011 y 2030 debido al aumento del tránsito marítimo.

Por la borda

El Anexo VI del Marpol, vigente desde 1997, encierra relevancia para México, pues, al dirigirse al control de emisiones de SO2, NOx y material particulado (PM), implica la creación de un área de control de emisiones (ECA, en inglés) en su zona marítima.

Las ECA determinan la adopción de métodos especiales obligatorios para la prevención de polución marina de barcos, por petróleo, residuos líquidos o basura, como combustible de bajo azufre, incineradores de lodos y un sistema de limpieza del gas quemado, según las condiciones oceanográficas y ecológicas de la zona y las particularidades del tráfico marítimo.

Semarnat y la EPA de Estados Unidos argumentan que el establecimiento de la ECA tendría efectos positivos sobre la salud pública y el ambiente, sin costos exorbitantes para México.

Entre 2009 y 2018, Estados Unidos y México, con el apoyo de la CCA –instituida por el Tlcan–, colaboraron para que este país latinoamericano se adhiriese al Anexo VI y creara la ECA.

Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no envió esa petición al Senado ni la actual administración de Andrés Manuel López Obrador parece interesada en hacerlo. Entre 2010 y 2019, el Senado mexicano votó seis exhortos para que el Ejecutivo remita la solicitud de incorporación al Anexo VI del Marpol.

En la Cumbre de Líderes de América del Norte de junio de 2016, los entonces gobernantes de Estados Unidos, Barack Obama; de México, Enrique Peña Nieto, y de Canadá, Justin Trudeau, acordaron el trabajo conjunto para concluir el diseño de la ECA mexicana y enviarla a la OMI, Pero ello nunca se concretó.

Navarro, el conservacionista de Cozumel, enfatizó desde allí que México no está en camino de alcanzar las metas. “Podría hacerlo, pero no hay la mínima voluntad. Y en aguas internacionales nadie vigila nada”, denunció.

El académico McDonald urgió a la atención del problema. “El gobierno debe abordarlo. México tiene enormes recursos marinos y es una lástima que no los proteja. Hay beneficios económicos en la conservación de los ecosistemas marinos. Los barcos son buenos para los gobiernos porque representan ingresos, pero los daños ambientales pueden ser cuantiosos”, estimó.

El investigador Gracia cuestionó la eficacia de la vigilancia en alta mar. «Depende de la buena conciencia de todos. Es un poco complicado. En México, el control exclusivo existe cuando un barco entra en puerto. No hay un plan general de vigilancia”, dijo.

Ante un México inoperante, las embarcaciones proseguirán con su arribo y su estela de contaminación.

***

Fuente: IPS elaboró este artículo con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

 

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El Caso Wallace

Ciro Gómez Leyva revictimiza a falsos culpables del caso Wallace, en complicidad con Isabel Miranda desde 2006

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Ciro Gómez leyva sabía desde el 2006 que había pruebas fabricadas en el caso Wallace

 

El periodista Ciro Gómez Leyva, titular del noticiero de Imagen Noticias por la noche, presentó el pasado 16 de noviembre un antiguo reportaje de las supuestas pruebas del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda Torres, quien ha sido denunciada penalmente por tortura y fabricación de pruebas. En el reportaje de Grupo Imagen, se muestra el departamento en el que la supuesta víctima «llegó secuestrado y salió en pedazos», según el mismo comunicador juzgó en su cuenta de Twitter.

Elaborado por el reportero Humberto Padgett, se exhiben declaraciones de Jacobo Tagle y César Freyre en el que relatan cómo manejaron supuestamente el cuerpo de Hugo Alberto Wallace. Sin embargo, la investigación de la periodista de Guadalupe Lizárraga, en Los Ángeles Press, revelaron que tanto Tagle como Freyre fueron torturados por agentes de la SIEDO, y por la misma Isabel Miranda, por lo que ambos tienen protocolos de Estambul positivos en torturas, además de que el propio Ciro Gómez Leyva sabía desde el 2006 de la fabricación de pruebas en el caso Wallace.

A continuación compartimos el reportaje íntegro, publicado el pasado 9 de septiembre de 2020, en el que se demuestra como Gómez Leyva sabía de la fabricación de pruebas del caso Wallace:

Por Guadalupe Lizárraga

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía desde 2006 que José Enrique Wallace no era padre biológico de Hugo Alberto Wallace Miranda, y por tanto la “prueba maestra” con la que Isabel Miranda sostenía el caso Wallace era falsa, de acuerdo con lo revelado por el investigador privado y asesor de Transparencia José Luis Moya, en entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.

El investigador señaló que Laura Domínguez, vecina e íntima amiga de Hugo Alberto Wallace Miranda, lo acompañó a la entrevista con Gómez Leyva para aportar su testimonio de que el hijo de Isabel Miranda Torres no era hijo biológico de Enrique Wallace, por lo que el ADN de la gota de sangre, supuestamente hallada siete meses después en el departamento de Juana Hilda González Lomelí, había sido plantada por los agentes de la PGR.

No te pierdas: Caso Wallace: Isabel Miranda presentó pruebas y testigos falsos en el caso del secuestro de su hijo

Sin embargo, en el programa radiofónico, Miranda de Wallace los acusó de extorsión desacreditando el testimonio de Domínguez y Moya, quienes ya antes habían declarado que Hugo Alberto se había cruzado la barda de la casa de Domínguez para esconderse de los agentes de la AFI, en 2004, cuando tenía una orden de aprehensión por contrabando.

José Luis Moya también señaló en entrevista que él puso en contacto a Miranda de Wallace con un diputado de Guerrero, a fin de que les ayudara en la búsqueda en Acapulco, donde otras dos personas ya habían dado su testimonio de haber visto a Hugo Alberto, tiempo después de la fecha de supuesta muerte. Pero al enterar a Miranda, señala Moya, que empezaron a percatarse de las inconsistencias y mentiras de la señora Wallace, por lo que decidieron mantenerse al margen de la situación.

Después de la detención de Brenda Quevedo Cruz en Estados Unidos, durante el proceso judicial en Chicago para para su extradición a México, José Luis Moya fue requerido como testigo protegido, pero a raí de esas diligencias empezó a ser calumniado en los medios y acosado por Miranda de Wallace.

Lee más: Isabel Miranda expone en un parque su ‘verdad histórica’ pese a fabricaciones y torturas demostradas en el caso Wallace

Domínguez, por su parte, decidió no volver a hablar del tema por miedo, después de reencontrarse con Hugo Alberto en un hotel frente al aeropuerto de la Ciudad de México, después de la supuesta fecha de muerte.

El periodista Ciro Gómez Leyva sabía de todos estos detalles desde 2006, sin embargo, decidió guardar silencio pese a que su testimonio podría haber influido en el desarrollo del proceso judicial de los inculpados.

 

 

 

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Investigaciones

Mineras canadienses y mexicanas acaparan el agua en Dolores Hidalgo, Guanajuato, con concesiones hasta 2029

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Las mineras canadienses y mexicanas están apropiándose del agua en Guanajuato hasta 2029

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta la concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

Por Emilio Godoy

DOLORES HIDALGO, México – Ante la escasez existente en la zona, la mexicana Fausta Márquez se considera a sí misma “una guardiana del agua” en su comunidad, pues almacena el líquido, reutiliza el agua de la lavadora y del enjuague de los utensilios de cocina, y tiene un baño seco en su casa.

“Recibimos agua cada tres días y cuando cae, la echan tres veces al día. Pero en época de sequía, la situación empeora”, porque el recurso escasea aún más, relató Márquez, quien compatibiliza la agricultura con el cuidado del hogar,  mientras enseñaba los visibles beneficios de contar con el recurso en el patio de su casa.

Esta madre de tres hijas y un hijo y ya con dos nietos vive en la comunidad de Santa Bárbara, en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, a unos 337 kilómetros al norte de Ciudad de México.

Su jardín muestra las bondades del agua en una zona semidesértica, pues abundan plantas variadas, y el suelo aún está verde, ante la inminencia del frío al que seguirá  la temporada seca.

Márquez, integrante del colectivo Hermandad de la Cuenca de Independencia, posee un sistema de captación de lluvia, que consta de un depósito de unos 12 000 litros y otro de menor capacidad, que alcanza para un año. Un pozo abastece a Santa Bárbara y otras tres comunidades vecinas desde 1994.

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A la sobreexplotación, especialmente por la agricultura de exportación, y la sequía, otra amenaza se cierne en el horizonte. La Minera Cerro del Gallo, propiedad de la canadiense Argonaut Gold Inc, posee siete concesiones hídricas por 1 240 millones de metros cúbicos (m3) anuales, cuyo uso supondría un golpe devastador al inventario hídrico de la zona y la generación de contaminación.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”: Fausta Márquez.

La mina de tajo a cielo abierto, la primera de su tipo en Guanajuato, dista cinco kilómetros de Santa Bárbara, habitada por unas 600 personas, con sus familias dedicadas a la agricultura.

Su extracción implica la voladura del cerro mediante cargas de dinamita y la separación de los minerales, grandes volúmenes de agua y cianuro, cuyos desechos lodosos contaminan el suelo, el aire y el agua. Ello acarrea riesgos para la salud de la población cercana.

El proyecto extractivo, situado en un área de 20 000 hectáreas y que confina 70 millones de reservas probadas de oro, plata y cobre, encierra riesgos para la llamada Cuenca de la Independencia, que abarca a seis municipios, 21 comunidades, una extensión de 7 000 kilómetros cuadrados y una población que totaliza 569 369 personas, dentro de un estado que tenía más de seis millones de habitantes en 2020 y 46 municipios.

“No teníamos mucha información. Y luego obtuvimos más. Se va a acabar el agua, se gasta mucho en el lavado de oro, y las enfermedades por todo lo que contamina”, señaló Márquez, quien ella sola cultiva maíz y frijol, a la vez que cría cerdos.

apicultor Hidalgo Gto

El apicultor Salvador García asegura que la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, situada en el municipio de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, representa una amenaza para sus colmenas por el daño a la vegetación y la contaminación del agua que supone esa explotación. Foto: Emilio Godoy / IPS

Para el apicultor Salvador García, el temor estriba en la devastación territorial, que también amenaza a sus colmenas.

“Si van a madrear (golpear) toda esta parte, afecta la vegetación y eso afecta todo”, explicó García, miembro de la asociación ganadera local y que agrupa a 13 productores, mientras revisaba distancia un lote de 25 colmenas en su terreno, en La Colmena, otra comunidad de Dolores Hidalgo.

Él y su familia poseen unos 350 panales, que aportan aproximadamente 10 toneladas de miel anuales, mientras que la asociación suma unas 2500 colmenas, que generan unas 20 toneladas.

Las abejas se mueven en un radio de tres kilómetros para beber el néctar de las flores y agua, y polinizar las plantas circundantes. La polución puede ser letal para estos insectos.

A la distancia, los tajos deforman la silueta del cerro. En su vecindad, los campesinos ya recogieron el maíz, base de la dieta local, y quedaron los esqueletos de los matojos, a la espera de su recolección o su integración al suelo, para continuar con el proceso de fertilidad necesario para la siguiente siembra. Ignorantes de los riesgos, unas mariposas revolotean, a la espera de alimento o de un depredador.

Desde 2017, García registra la cantidad de lluvia en la zona y que cayó de 500 mililitros anuales a 275 en septiembre. “Del agua que cae, solo aprovechamos 30 %, el resto se pierde o se evapora”, lamentó, mientras escrutaba el cielo sobrado de sol.

agua Dolores Hidalgo Gto

Vista de la mina de tajo a cielo abierto Cerro del Gallo, de la canadiense Argonaut Gold, en el municipio de Dolores Hidalgo, la primera de su tipo en el estado de Guanajuato. Contiene reservas de oro, plata y cobre, para cuya extracción tiene siete concesiones hídricas por 1240 millones de metros cúbicos anuales, en una región con escasez del recurso. Foto: Emilio Godoy / IPS

Botín minero

Históricamente, Guanajuato, fraccionado en siete distritos de minería metálica, ha sido un territorio minero. En 2019, contribuyó con 0,07 % de la producción minera mexicana, para ocupar el puesto 19, según el estatal Servicio Geológico Mexicano (SGM).

La extracción de oro se ha duplicado en años recientes, al pasar de 2374 kilogramos en 2016 a 4118 en 2020, pero la de plata se ha derrumbado de 142 toneladas a 40 en ese periodo. Mientras, el cobre se ha mantenido alrededor de 0,9 toneladas.

Hace dos años, las empresas mineras poseían 631 concesiones sobre un área de 309 209 hectáreas, prácticamente 10 % del territorio del estado, de 3,06 millones de hectáreas, según el SGM. Entre 1995 y 2020, el sector público apoyó a 10 proyectos de oro y plata.

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México se ha transformado en este siglo en un fuerte escenario minero debido a las riquezas del subsuelo, lo que ha generado conflictos sociales y ambientales con comunidades locales.

En 2021 había 316 proyectos en exploración, 84 en producción, 44 en construcción, 757 postergados y nueve en cierre, cinco en 2017 y en 2019. Además, nueve empresas estaban en proceso de cierre.

“Primero, (llega) la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”; Verónica Vázquez.

Este país, la segunda economía latinoamericana, con 1,96 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, ha entregado en concesión 10 % del territorio a compañías mineras.

México es actualmente el principal productor mundial de plata y también es un actor importante en el mercado de 12 minerales.

Pero esa misma actividad ha provocado al menos 374 conflictos ambientales por contaminación del agua, deforestación y generación de residuos.

Verónica Vázquezacadémica del público Colegio de Posgraduados, destacó que el modus operandi y los efectos de la minería son muy conocidos.

“Primero, la exploración de minerales y luego un diagnóstico del agua. Así se apropian de todo. Hay impactos, como que la gente se pelee. La fractura comunitaria es el más obvio. Los daños son permanentes y por eso la gente prefiere que no se instale la mina”, indicó desde Texcoco, en el estado de México, vecino a Ciudad de México, donde se ubica el centro universitario.

mapa de concesiones

Captura del mapa de concesiones mineras en Guanajuato, elaborado por Global Forest Watch. De tradición minera, ese territorio al norte de Ciudad de México hospeda concesiones mineras metálicas de oro, plata y cobre. Imagen: Emilio Godoy / IPS

Agua que no han de beber

Mientras la mitad del país enfrenta falta de agua por escasez o acaparamiento, 100 empresas mineras atesoran concesiones por 250 millones m3 anuales, de los cuales 174 millones corresponden a agua subterránea y 73 millones, a superficial, según la gubernamental Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Los estados de Sonora, Zacatecas y Durango, todos en el norte, concentran el mayor volumen: 200 millones.

En Guanajuato, la canadiense Guanajuato Silver Company Ltd posee una concesión de aguas subterráneas por 513 760 m3 anuales, sin vigencia definida, y cuatro permisos de descarga de residuos líquidos por 7 395 m3 y que vencen entre 2023 y 2040.

La Minera Las Torres tiene una licencia de aguas subterráneas por 480 609 m3 hasta 2026, mientras que San Antón de las Minas, la que desarrolla Cerro del Gallo, propiedad de Argonaut Gold, cuenta siete títulos por 1240 millones de m3, con su  expiración entre 2023 y 2029.

Nacional de Cobre, filial del privado Grupo Elementia -del Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim-, cuenta una concesión de aguas subterráneas por 98 928 m3 al año, hasta 2029.

A estas entregas se han aunado la agroexportación y la expansión inmobiliaria.

En la zona “hay un grave problema de agua, pues solo hay subterránea y de lluvia. La población recibe reparto de agua. De estilo de vida campesino pasó a la agricultura extensiva para exportación, que ha agravado la extracción”, explicó Gustavo Lozano, director de la no gubernamental Acción Colectiva.

“Con la mina, la población afectada no tendría agua”, dijo en León, otro municipio guanajuatense.

De los 18 acuíferos de Guanajuato, al menos 11 sufren un déficit conjunto de 531 millones de m3 anuales, debido a que la extracción excede a la recarga, según datos de Conagua.

mapa

Las minas necesitan depósitos de residuos, o jales, para colocar los residuos provenientes de la explotación, pero esos amontonamientos de desechos contaminantes representan riesgos para el ambiente y la salud humana. En la imagen captura del mapa del Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales en el estado de Guanajuato, en el centro de México. Foto: Emilio Godoy / IPS

Relaciones peligrosas

Los depósitos de desechos, llamados localmente jales, acompañan a las minas, requieren de agua y significan riesgos sanitarios y ambientales, por la contaminación que causan.

El primer Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales, elaborado por la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente (Semarnat) enlista 585 depósito, de las cuales 301 funcionan, 275 inactivos, dos inactivos con posibilidades de reactivación, uno inconclusa, cuatro pasivos ambientales y dos temporales.

Los jales consisten en apilamientos de material molido (lodos) derivado de la extracción de minerales de las rocas, que contienen sustancias nocivas y que quedan al aire libre como pequeñas montañas muertas.

El listado revela que el mineral más relacionado con esos depósitos tóxicos –tanto de compañías mexicanas como extranjeras– es el oro, con 131 de esos apilamientos o presas como se las conoce en México. Le siguen la plata, con 40, el cobre, con 17; el hierro y el plomo, con seis.

En Guanajuato existen 12 jales, de los cuales operan seis, uno correspondiente a Cerro del Gallo. Ante esta situación, Conagua podría acotar la entrega del recurso a las mineras y así dejarlo para las poblaciones locales. Esa dependencia y la minera Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont Corporation, acordaron en 2020 la devolución de cinco millones de m3 del líquido, para permitir la recuperación de un acuífero en Zacatecas. Además, en 2023 la empresa cederá otros cuatro millones.

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Un problema añadido es que la vigilancia de Conagua sobre operaciones hídricas del sector es baja. De los 176 procedimientos administrativos que Conagua ha iniciado desde 2017, 35 ocurrieron en Guanajuato. De ellos, el organismo clausuró un aprovechamiento de 130 000 m3 anuales a San Antón de las Minas y le multó con unos 13 500 dólares por otros dos expedientes. Márquez y García están dispuestos al bloqueo permanente de la mina.

“Esperamos que les quiten las concesiones de agua. Con eso estaríamos salvados”, expresó la activista. A su vez, García planteó “exigirle al Estado que atienda el problema de fondo, tenemos que lograr que nos escuche”.

Para Vázquez, el gobierno debe aumentar su capacidad de vigilancia. “Hay que preguntarse por qué Conagua no retira concesiones hídricas a mineras, dijo.

“La solución pasa por la organización local y demandas legales para rechazar proyectos. Es un modelo que ha dado algunos resultados, como las declaratorias de zonas libres y la aplicación del ordenamiento territorial municipal. Lo segundo es más duradero, es una herramienta legal viable”, sugirió.

 

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Fotogradía portada: La agricultora Fausta Márquez delante del tanque de agua de lluvia con el que logra tener agua potable en su casa, en medio de la escasez del recurso en su comunidad, Santa Bárbara, y otras vecinas del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Foto: Emilio Godoy / IPS

Este reportaje se publicó originalmente en IPS con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll y las organizaciones integrantes del Índice de Transparencia de los Recursos Naturales.
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