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Investigaciones

Cierre de Defensoría Pública en Mexicali se dio con información falsa a la Judicatura: abogado Ureta Payán

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2019, la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública acordó el cierre de la delegación de Mexicali, Baja California, así como la creación de otra delegación en Hidalgo, ubicada en Pachuca. Sin embargo, los argumentos esgrimidos en nueve páginas para justificar el cierre de una delegación con más de 70 empleados y seis agencias del Ministerio público se dieron con información falsa al Consejo de la Judicatura, y sin tomar en cuenta las dos agencias del Ministerio Público de San Luis Río Colorado.

Así lo denunció el abogado Mario Alfonso Ureta Payán, quien después de enterarse  de la denuncia del abogado Alejandro Garduño Real por amenazas y acoso laboral durante la defensa que llevaba de una de las víctimas del caso Wallace, también decidió denunciar los agravios laborales y de derechos humanos por parte de sus superiores en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Señaló además que la falta de transparencia en la información sobre el cierre del Centro de Justicia en Mexicali y el tráfico de influencias para crear el de Pachuca, ha generado un impacto negativo tanto a los usuarios de los servicios de Defensoría como a los mismos defensores de la región noroeste, como fue en su caso.

Los argumentos oficiales del cierre

Según el acuerdo ACT-JD/ORD/11/25/06/2019.5, se creó la delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en Pachuca, Hidalgo, con el argumento de que la entidad no contaba con la prestación del servicio, pese a que se tienen tres agencias de la Fiscalía General de la República, mientras que en Mexicali, Baja California, solo una. Otro de los argumentos fue que dicha facultad formaba parte de la Ley Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, además del incremento de la demanda de servicios de defensa penal y asesoría jurídica bajo la coordinación de la Delegación Regional Querétaro, situación que complicaba el control administrativo y el eficiente seguimiento de la prestación del servicio sustantivo.

De acuerdo con el documento firmado por el director general Netzaí Sandoval Ballesteros, así como por los integrantes de la junta directiva Mónica González Contró, Alfonso Tirso Muñoz de Cote Otero, Gonzalo Moctezuma Barragán y José Luis Caballero Ochoa, la creación de la delegación de Hidalgo permitiría que la coordinación regional Querétaro, únicamente atendiera los asuntos relacionados a los 19 órganos jurisdiccionales y una agencia de la Fiscalía General de la República, por lo que «eficientizaría sus servicios». Y debido a la política de austeridad no se crearían nuevas plazas, sino que se utilizaría al personal de la desaparecida delegación de Mexicali.

Por otra parte, se alegaba que de esta manera, se cubriría la extensión territorial de Hidalgo que abarca un total de 20 mil 813 kilómetros cuadrados, mientras que la de la ciudad de Mexicali era sólo 113 kilómetros cuadrados.

El acuerdo consideraba que con el funcionamiento de una sola delegación en Baja California ubicada en Tijuana se mejoraría la capacidad de atención de casos, mientras que el personal que laboraba en Mexicali podría ser trasladado en su totalidad a Hidalgo para realizar las labores correspondientes.

De 2016 a 2019, según la información publicada por la institución, la delegación de Mexicali realizó 12 mil 592 orientaciones en asesoría jurídica, 711 en asesoría, mil 84 en representación, mientras que en defensoría pública fueron 371 averiguaciones previas, 440 juzgados de distrito, 886 tribunales, así como 2 mil 773 del sistema penal acusatorio.

En tanto, la delegación regional de Querétaro en ese mismo periodo realizó 496 casos de orientación en asesoría jurídica, 364 de asesoría, y 2 mil 37 de representación sólo para Querétaro, mientras que para Hidalgo fueron 243 en orientaciones, 71 en asesoría, y 923 en representación.

Para aspectos de defensoría pública, 34 fueron de averiguaciones previas, 92 de juzgados de Distrito, 245 de Tribunales, 3 mil 471 del sistema penal acusatorio sólo para Querétaro, mientras que para Hidalgo 47 fueron de averiguaciones previas, 204 de Juzgados de Distrito, 540 en Tribunales, y 3 mil 125 del sistema penal acusatorio.

De esta manera, según lo argumentado en el Diario Oficial de la Federación, la demanda de acciones de la delegación regional de Querétaro fue la tercera más grande, sólo por debajo de las de Jalisco y Puebla, por lo que desaparecería también la instancia regional y únicamente abordaría asuntos estatales, al igual que la nueva delegación de Hidalgo. Todo esto con el apoyo de las distintas áreas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El engaño a la Junta directiva

Cuando se publicó la noticia de que iba a desaparecer la delegación de Mexicali, el abogado Mario Alfonso Ureta Payán habló con su superior inmediato, José Candelario Seseña Martínez, y le informó que las razones esgrimidas en el Diario Oficial de la Federación no eran ciertas.

-¿Por qué me dices eso? -preguntó el delegado Seseña.

-Porque no son ciertas -reiteró el abogado-. No es una agencia del Ministerio Público en Mexicali, son seis, más las dos de San Luis Río Colorado. ¿Usted sabe lo que nos va a pasar a nosotros cada que estemos trasladándonos a Tijuana? Son 243 kilómetros, y tenemos que ir, porque si no nos bajan la puntuación, en las evaluaciones anuales -alegó Ureta, quien abundó que tenía que estar yendo a los cursos de capacitación anual, más aparte la carga diaria de trabajo de judicializar casos con un plazo de 48 horas a partir de la detención con traslados urgentes de madrugada, solventando él mismo los gastos de gasolina, y poniéndose en riesgo de accidentes de tráfico por la sinuosa carretera de La Rumorosa.

-¿Y usted lo va a decir o qué? -reconoció muy molesto el delegado. El abogado Ureta Payán acotó que el delegado además tenía su familia en Ciudad de México, por lo que el primer beneficiado del cierre del Centro de Justicia de Mexicali era Seseña Martínez, y pese a que en el Diario Oficial de la Federación se alude a que iban a trasladar al personal «en su totalidad», solo trasladaron a tres personas, entre éstas, el delegado.

El Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Mexicali, antes del cierre de agosto de 2019, era una subdelegación con seis mesas investigadoras del Ministerio Público, más las dos de San Luis Río Colorado, Sonora. De acuerdo con la información confirmada por la Unidad de Investigación y Litigación Zona Noroeste de la FGR en Mexicali, en ese año había 14 ministerios públicos de la Federación para atender un promedio de 40 y 50 justiciables al mes.

La denuncia de Ureta Payán revela que «hubo un engaño a la Junta directiva del IFDP, integrado por seis personas de solvencia moral», dijo el abogado a Los Ángeles Press, «quienes firmaron el acuerdo del cierre con información falsa, y que a la vez, se engañó también al Consejo de la Judicatura, ya que Defensoría pública es un órgano auxiliar».

El 13 de septiembre de 2019, el delegado Seseña Martínez envió un oficio a los defensores públicos bajo su adscripción para indicarles que por «instrucciones giradas de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública», con el argumento de equilibrar las cargas de trabajo, llevarían los asuntos asignados desde la etapa inicial de investigación hasta la ejecución, y se desglosa un rol. El documento completo en poder de Los Ángeles Press, indica que en el caso de San Luis Río Colorado, los asuntos que fueran judicializados tendría que darles trámite el abogado Ureta directamente en el Centro de Justicia Penal Federal.

 

El abogado Ureta Payán insistió al delegado en que «el Ministerio Público tenía 48 horas para presentar sus casos, y a veces judicializa a las 11 de la noche, una o tres de la mañana» porque dependía del término de las 48 horas y así lo prevé el artículo 16 constitucional. Ureta alegó que en Mexicali había hasta 23 defensores, mientras él tenía adscripción única en la sede de San Luis. A lo que el delegado le respondió que eran instrucciones del director general (Netzaí Sandoval), no obstante, en el oficio de la instrucción no incluye la copia del titular del Instituto, y se da copia al Lic. Juan José Chávez Montes, Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal de Baja California, al Lic. Héctor Manuel Ruiz Arredondo, Subdelegado de Procedimientos Penales, en Mexicali, y al Lic. Leonel Campos González, Subdelegado Fiscal en jefe.

Los agravios laborales

El abogado Ureta Payán, con una antigüedad de más de 17 años en Defensoría pública, enumeró una serie de agravios laborales que venía padeciendo desde 2016 en la institución, pero que se intensificaron en 2019, a raíz de la llegada de Netzaí Sandoval Ballesteros como director general. Señaló que no le permitían descansar fines de semana ni días festivos, y tenía que trasladarse de San Luis Río Colorado a Mexicali, 70 kilómetros de distancia, generalmente de madrugada para dar asesoría jurídica a los detenidos, además del acoso y discriminación de sus superiores. Por lo que se violentaban sus derechos laborales, sus derechos humanos y le generaron un grave daño moral al obligarlo a renunciar, dejándolo con una serie de enfermedades crónico-degenerativas por alto estrés laboral al que se vio sometido en aras de mantener su trabajo.

Denunció que la discriminación de la que fue objeto, ya que él solo atendía la agencia de San Luis Río Colorado, Sonora, con un aproximado de 20 detenidos mensuales, mientras los defensores públicos en Mexicali atendían 50, pero entre 22 defensores para la delegación, y percibían el mismo ingreso salarial que él, con una carga laboral drásticamente reducida. También afirmó que él trabajaba cien días más al año que sus homólogos en Mexicali y no tenía descansos de fines de semana y días festivos como ellos, y como es su derecho.

Para evitar el traslado de madrugada con los climas extremosos de la región, solicitó varias veces su cambio adscripción a Mexicali. Sin embargo, también se lo negaron, pese a presentar evidencias médicas sobre la necesidad de ser atendido por especialistas en esa ciudad debido al alto estrés laboral.

Ureta Payán presentó su renuncia seis días después de la instrucción del delegado, el 19 de septiembre de 2019. E interpuso una querella contra Defensoría pública por acoso laboral y discriminación, con catorce pruebas documentales, y demandó por daño moral al titular del Instituto por las violaciones de derechos humanos.

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Fabricación de culpables

Testigo protegido Zenya, bajo tortura y pagos, fabricaba culpables en la PGR de Marisela Morales

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Por Guadalupe Lizárraga

“Conozco plenamente, y sin temor a equivocarme, a la persona como el Scarface o Caras, ya que tiene la cara cortada. Él es miembro de la organización criminal conocida como Gente Nueva, que forma parte del cártel de Sinaloa…”

Es la voz del testigo protegido Zenya, en julio de 2010. Así iniciaba invariablemente sus declaraciones ministeriales en ante los juzgados, solo cambiaba el nombre de sus inculpados. Quienes le proveían la información eran los agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), bajo la gestión de Marisela Morales, en la entonces Procuraduría General de la República.

El pasado 16 de diciembre, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se inhabiliten sus declaraciones incriminatorias ante el Ministerio Público, hechas de 2010 a 2014, bajo tortura y pagos de 50 mil pesos, para que señalara por narcotráfico y delincuencia organizada a unas quince personas. La solicitud al presidente de la república es porque lo siguen requiriendo para ratificar sus falsas declaraciones y que revele su identidad, por lo que teme por su vida.

Antes de ser incorporado como colaborador con la clave Zenya, el entrevistado fue detenido en abril de 2010 por un grupo de militares en la frontera norte, torturado, y trasladado a la Ciudad de México, para entregarlo a la PGR. Meses después empezó el entrenamiento para fabricar culpables. Aunque se dedicaba a cruzar gente a Estados Unidos, tras la tortura se incriminó como integrante de grupos de narcotráfico y –bajo coacción por pagos de 50 mil pesos– fue obligado a incriminar a otras personas.

Los agentes del Ministerio Público lo obligaban a aprenderse nombres, lugares y tramas de hechos de cómo supuestamente introducían la droga a Estados Unidos por la zona del desierto, información que declaraba en careos constitucionales sin haber visto nunca a las personas que incriminaba. Incluso los señalaba en fotografías, y los agentes le prometieron que de inmediato lo iban a liberar si hacía lo que ellos decían. Sin embargo, estuvo cinco años en prisión también con delitos fabricados.

La PGR usó a medios de comunicación para dar legitimidad a las declaraciones del testigo Zenya, como lo hacía con otros testigos protegidos. El semanario Contralínea y el digital internacional Voltairenet.org, aliados editoriales, fueron los primeros en presentar como “reportaje de investigación” los expedientes fabricados del testigo protegido Zenya por la PGR de Marisela Morales; posteriormente la información se replicaba en digitales con temas de narcotráfico y medios locales, como Insight Crime, Blog del Narco y diario.mx, replicado del diario Reforma. Todos en el mismo año y con la misma información, sin variar en la redacción.

En un período de 2010 a 2014, llegó a señalar unas diez personas, o quince -dice-, a quienes nunca había visto ni tenía referencias de ellas, sólo lo que le obligaban a decir los agentes del Ministerio Público. Sus inculpados han pasado en prisión sin sentencia, algunos por más de diez años.

En 2018, la defensa de sus incriminados solicitó que se le aplicara el protocolo de Estambul al testigo protegido Zenya, y la gestión provino del Consejo de la Judicatura de la Federación, resultando positivo en tortura. No obstante, actualmente se le sigue solicitando que ratifique sus denuncias y revele su identidad, por lo que pidió a ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador a que terminen estas falsas investigaciones criminales del Poder Judicial durante el gobierno de Felipe Calderón, y se garantice su seguridad, inhabilitando sus señalamientos hechos bajo tortura.

En conferencia matutina del 16 de diciembre de 2021, ante la exposición del tema de los falsos testigos protegidos, el presidente López Obrador reiteró que estas personas que fueron torturadas para incriminarse o incriminar a otros debían ser liberados, sólo que acreditaran la tortura con los protocolos internacionales. Un asunto que tiene que ser resuelto por la Secretaría de Gobernación.

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Mexico Violento

Autoridades penitenciarias secuestradas por pandilleros internos del Cefereso 17, de Michoacán

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El sábado 8 de enero a las 5 de la mañana, internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 17 CPS, de Michoacán, secuestraron al director general del penal Jorge Isaac Neri García, a la directora jurídica Angélica María Ramírez y a un oficial, del que nos reservamos su identidad por su seguridad, dentro de los dormitorios Eco-9 y Delta-9.

El oficial fue el primero en ser retenido contra su voluntad y herido con un arma punzocortante en una pierna, por los internos Demetrio de la Luz Rosales, José Luis Burgos Salazar, Jesús Rafael López Evangelista y Ramsés Alejandro Lugo, quienes se ostentan como líderes de las pandillas dentro del Cefereso.

El director general y la directora jurídica, cuando llegaron a ver la situación, también fueron retenidos de la misma forma. El entrevistado señaló que la Guardia Nacional estuvo en las puertas del Cefereso en espera de la instrucción para entrar a poner orden. Pero los internos que retenían a las autoridades dijeron que si entraban los militares iban a matar primero al oficial, y seguirían con los otros servidores públicos.

Los internos se han organizado en pandillas dentro de los dormitorios mencionados y afirman responder a las órdenes de César Iván Casarín Molina, alias El Tornado, del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Diferentes oficiales de seguridad denunciaron que las pandillas ya superan unos 300 internos siendo mayoría, porque son ocho módulos por dormitorio y los custodios han sido amenazados en varias ocasiones, incluso se enfatizó que es la segunda vez que secuestran a los directores del penal por las mismas órdenes del CJNG.

“Ya no podemos controlarlos, y nos han amenazado con la familia”, dice otro de los oficiales. Según el entrevistado, el motivo del secuestro fue para obligar al director del penal Jorge Isaac Neri a que mueva a todas las pandillas para estar juntas en el patio de población, lo que les permite mantener el control del penal y extorsionar o coaccionar a internos que no pertenezcan a sus grupos.

De acuerdo con la información, las pandillas son patrocinadas por César Iván Casarín Molina, pero también trascendió que el mismo narcotraficante ha dado dinero al director del penal y otras autoridades como el director técnico Librado Carmona García, entre otros. Por lo mismo se mantuvo con discreción la información del atentado del oficial y las retenciones ilegales de los directivos.

Durante todo el sábado estuvieron suspendidas las actividades para la población penitenciaria.

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Fabricación de culpables

Militares torturaron y usaron a falso testigo protegido Romeo para fabricar culpables en gobierno de Calderón

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Por Guadalupe Lizárraga

El 9 de septiembre de 2009, Ana Georgina Domínguez Macías fue detenida de manera arbitraria sin una orden judicial frente a sus dos hijos menores por miembros del Ejército mexicano. Para su incriminación usaron al falso testigo protegido Romeo, una mujer que cobraba por incriminar de narcotráfico y delincuencia organizada a personas inocentes ante el Ministerio público de Federación.

Eran las 4 de la mañana, de ese 9 de septiembre, cuando los militares irrumpieron con ostentosa violencia en el departamento de Ana Georgina ubicado sobre la calle Francisco Téllez, de la Colonia Vista Mar, a tres cuadras del Ministerio Público PGR en Coatzacoalcos Veracruz. Sin embargo, pese a la cercanía de la PGR, Ana Georgina fue presentada 13 horas después, en la Ciudad de México.

Durante ese tiempo los militares la llevaron a la base militar donde la torturaron con abuso sexual. Y posteriormente, la presentaron ante el Ministerio Público de la SIEDO, donde los agentes la acusaron de ser contadora del Cártel de Golfo, y de trabajar para el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén. No obstante, en su testimonio, Ana Georgina señaló que ella trabajaba en la Plataforma Marina de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su sueldo era de diez mil pesos mensuales. Incluso su pareja sentimental trabajaba en el mismo lugar bajo contrato que fue parte de su evidencia ignorada.

Sus cargos judiciales fueron de lavado de dinero y delincuencia organizada, cargos que tienen una sentencia de 8 años, y que de haber sido sentenciada culpable ya hubiera concluido su tiempo de prisión. Sin embargo, Ana Georgina lleva 12 años en prisión sin sentencia.

Los miembros de la SEDENA le pusieron un alias, y difundieron el boletín en todos los medios de comunicación con los que tiene alianza para exhibirla como delincuente, y simular un gran golpe al narcotráfico.

En SIEDO le fabricaron una declaración en la que se incriminaba, aceptando ser parte del Cártel del Golfo, que después de varios días de negarse a firmarla porque no le permitían leer su contenido, tuvo que firmarla cuando le mostraron fotos de sus dos hijos menores.

La testigo protegido Romeo, quien también había declarado contra otras personas en acuerdo con la SIEDO, se desistió por el incumplimiento de pagos de la PGR, pero otras dos personas fueron torturadas para incriminar a Ana Georgina, quienes se identificaron como Raúl Gutiérrez Jiménez y Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, ambos también acusados de pertenecer al mismo cártel, y que sostuvieron no conocer a Ana Georgina.

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