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Chile tipifica tortura como delito a 26 años de la dictadura

Después de 26 años de las dictaduras militares del Cono Sur, Chile tipificó la tortura como delito de lesa humanidad de acuerdo a estándares internacionales

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Parque por la Paz Villa Grimaldi levantado en la precordillera a cuyos pies se asienta Santiago de Chile, a partir de las ruinas del que fue el mayor centro de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet. Foto: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi

SANTIAGO, Chile (IPS).- Luego de 26 años de gobiernos democráticos, finalmente Chile cuenta con una ley de estándares internacionales, que tipifica la tortura como delito, pero que aún no es suficiente para alcanzar el anhelado “nunca más” a juicio de especialistas en derechos humanos.

La presidenta Michelle Bachelet, promulgó el 11 de noviembre una ley que tipifica los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, hecho que calificó como “un paso decisivo en la prevención y erradicación definitiva de la tortura” en Chile.

“Está bien que se promulgue (esta ley) y que a nivel nacional pueda prevenirse la tortura, que es lo exigido por Naciones Unidas. Pero para nosotros no significa nada”, comentó Luzmila Ortiz.

Ortiz es pareja del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Jorge Fuentes, detenido en Paraguay en mayo de 1975 y entregado en septiembre siguiente a la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), la policía política de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

La Dina lo repatrió a Chile, donde el sociólogo fue torturado y luego desaparecido en enero de 1976, dentro de la Operación Cóndor, un plan coordinado de las dictaduras militares del Cono Sur americano que incluía la vigilancia, detención, tortura, traslado a otros países, desaparición y muerte  de opositores a esos regímenes.

“A nosotros nos destruyeron la vida porque esta es una herida que no se cierra mientras no se sepa lo que sucedió con él. Esto es algo atroz y está pendiente no solo para mi sino para mi hijo”, relató Ortiz.

Recordó con pesadumbre que en Villa Grimaldi, un emblemático centro de detención ilegal y torturas, “hicieron atrocidades con él. Estuvo preso en una casucha de perro. Es un dolor que  uno lo lleva tan profundo y que no se puede superar”.

Para Cath Collins, directora del Observatorio de Justicia Transicionalde la Universidad Diego Portales, la  nueva norma es bienvenida, pero “ninguna ley puede, por sí sola, asegurar un ‘nunca más’”.

“Para ello se necesitan esfuerzos en muchos ámbitos, entre ellos, en cambiar las culturas institucionales y las prácticas diarias en las Fuerzas Armadas, la policía, Gendarmería (custodia carcelaria) y otras entidades estatales”, aseveró.

El “nunca más”  fue una demanda de las agrupaciones de víctimas de violaciones a derechos humanos asumida en el informe Verdad y Reconciliación, elaborado en 1991, un año después del retorno a la democracia.

Allí se conceptualizó que no puede haber reconciliación  si no se sabe la verdad y que es necesario conocer todos los casos como requisito para que nunca más se repitan violaciones a los derechos humanos en el país.

Collins precisó que, para avanzar en el fin de la tortura, hay que “eliminar todo vestigio de tolerancia o normalización de acciones de brutalidad, casuales o sistemáticas, y romper también con la cultura de la negación e impunidad”.

Sin embargo, advirtió, “tampoco basta con intervenciones institucionales”.

“Tanto las autoridades como la sociedad civil también debemos educar, y educarnos, a favor de la ética y el respeto, y en contra del autoritarismo, la prepotencia, la agresión y violencia verbal y física que muchas veces invaden  nuestras interacciones sociales y relaciones diarias”, explicó la experta.

Pese a sus limitaciones, la ley permite a Chile presentarse con esta tarea hecha, cuando el 10 de diciembre se conmemore el Día de los Derechos Humanos, que este año precisamente tiene como tema la necesidad de que todos tengan un papel activo en la defensa de los derechos de los demás, parte de la nueva ética que debe crearse en este país, según Collins.

El abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, defensor de numerosas víctimas de la dictadura, sostiene que la nueva ley que tipifica la tortura “protege de mejor manera los derechos fundamentales”.

“Cada medida que signifique una ampliación, reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos es una forma de construir ese gran edificio del ‘nunca más’. Reconocer a cabalidad el fenómeno de la tortura como un grave crimen que hay que desterrar y sancionar con penas proporcionales a esa gravedad, es parte de la obligación estatal de no repetición de estos actos en el futuro”, comentó.

Agregó que “el tema de la tortura y los torturados en Chile, ha sido uno de los parientes pobres de esta lucha por hacer respetar los derechos humanos en dictadura.  Pinochet cayó preso en Londres por (casos vinculados a) la tortura, mientras en Chile no había juicios (contra él) por esa materia”, recordó.

En 2004, la Comisión sobre Prisión Política y Torturas  logró que algo más de 40.000 chilenos fueran calificados como víctimas de ese delito.

La cifra es muy inferior al estimado por organizaciones de derechos humanos, que aseguran que medio millón de chilenos fueron víctimas de tortura durante la dictadura, afirmó el jurista.

Los muertos por violencia política durante la dictadura militar fueron 2.920, los desaparecidos 1.193, los torturados 40.280 y los exiliados un millón, según recuentos institucionales. De los desaparecidos, se han identificado los restos de 167, según el Instituto de Medicina Legal.

Unas 2 mil personas fueron torturadas en Londres 38,  entre octubre de 1973 y enero de 1975. En el edificio hay placas con los nombres de 98 asesinados. Foto: Cortesía.

Para Leopoldo Montenegro, miembro del espacio de memoria de Londres 38, otro emblemático centro de detención ilegal y torturas de la dictadura, la nueva legislación tiene una “relevancia absoluta”.

Pero, a su juicio, aún prevalece “la carencia por parte del Estado de tomar decisiones fuertes respecto a temas de justicia, restitución, reparación y medidas de no repetición”.

Montenegro explicó a IPS que la nueva ley tiene un impacto preventivo, pero para el ‘nunca más’ el elemento más importante tiene que ver con la justicia. Eso requiere “que los tribunales acojan las querellas de las víctimas de tortura y castiguen a los culpables. En ese sentido solo ha habido resoluciones simbólicas”, señaló.

Destacan dos sentencias dictadas por el juez Alejandro Solís en los casos de 23 sobrevivientes de Villa Grimaldi, ahora convertido en un Parque por la Paz y memoria, y otros 19 de Tejas Verde, otro centro ilegal de detención y tortura.

Caucoto resaltó como positivo el anuncio de Bachelet de crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, “el que le es exigido por el Protocolo facultativo de la Convención (internacional) contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.

“Es importante su creación pues no existe en Chile algún órgano con las facultades necesarias para prevenir la tortura.  Hay que anotarlo como un gran avance”, aseveró.

Montenegro, en tanto, abogó por que se adopten medidas para crear condiciones de una política de “nunca más” y advirtió sobre la falta de voluntad del Estado “para llevar adelante políticas públicas de justicia respecto de los crímenes cometidos  en la dictadura”.

Para Collins “el ‘nunca más’ requiere un giro cultural, y un cambio de nuestra mentalidad, en relación a eliminar la aceptabilidad de infligir violencia o tolerar pasivamente que se inflija en nuestro nombre. No importa que se trate del opositor político de antaño, o del supuesto ‘delincuente’ de hoy”.

Un informe anual del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior indicó que al 1 de diciembre del 2015 había 1.048 causas abiertas en los tribunales por violaciones a los derechos humanos.

Los exagentes de la dictadura procesados son 1.373, de los cuales 344 están condenados. Hay 177 en prisión efectiva, 58 con beneficios extracarcelarios y seis en libertad condicional.

Mientras tanto, Luzmila Ortiz carga con su drama y con la enfermedad sicológica de su hijo, hoy de 45 años, “quien tenía dos años y medio cuando fue testigo de mi detención (cuando allanaron su hogar en búsqueda de su pareja) después de ser separado de su padre. Él está dañado desde entonces”, dijo.

Su caso, rechazado por la justicia chilena, está pendiente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos “donde hay muchos otros procesos y prácticamente ya no hay esperanzas”.

“Siempre hay mecanismos legales para proteger a quienes fueron los autores”, lamentó. Para ella, “lo importante es levantar la protección que sigue vigente de los torturadores”.

Editado por Estrella Gutiérrez

 

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Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

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El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

Raúl Magallón Rosas

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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