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Latinoamérica

Chile promete reformas radicales para garantizar derechos humanos

Chile promete una serie de reformas, incluyendo la Ley Antiterrorista, que garantizarían los derechos humanos del Pueblo Mapuche, según comisionado de ONU

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El matrimonio mapuche de Catalina Marileo y Luis Aillapán, ante su casa en Puerto Saavedra, en la central región chilena de La Araucanía. En 2002 ellos y otros familiares fueron encarcelados, juzgados por la Ley Antiterrorista y finalmente absueltos, por reclamar a unos militares la construcción de un camino en sus predios. Foto: Marianela Jarroud/IPS

El matrimonio mapuche de Catalina Marileo y Luis Aillapán, ante su casa en Puerto Saavedra, en la central región chilena de La Araucanía. En 2002 ellos y otros familiares fueron encarcelados, juzgados por la Ley Antiterrorista y finalmente absueltos, por reclamar a unos militares la construcción de un camino en sus predios. Foto: Marianela Jarroud/IPS

Por Marianela Jarroud

SANTIAGO, Chile (IPS).– Chile se comprometió este mes ante la comunidad internacional a impulsar una serie de reformas, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país y borrar así las persistentes sombras de la dictadura en el fundamental sector de las garantías ciudadanas.

Avanzar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, reformar la polémica ley Antiterrorista, garantizar los derechos humanos de los pueblos originarios y el acceso universal a la educación y la salud, son algunos de los compromisos que acaba de adquirir Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Vemos siempre una tendencia de Chile de ir caminando hacia el cumplimiento de sus obligaciones”, afirmó el representante regional para América del Sur de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el italiano Amerigo Incalcaterra.

El jueves 19, el país rindió por segunda vez en su historia el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante el Consejo, en la ciudad suiza de Ginebra, el gobierno formalizó su aceptación de 180 de las 185 recomendaciones que le hicieron los 84 estados miembros y rechazó cinco.

Chile es uno de los países latinoamericanos más conservadores y uno de los seis en todo el mundo que prohíben el aborto en cualquier circunstancia. El divorcio se aprobó solo en 2004 y el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) aún pelea por el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

La educación y la salud están profundamente segregadas, lo que genera un espiral de desigualdad que la sociedad clama porque se revierta en este país de algo más de 17 millones de habitantes.

Otro grave problema afecta a los pueblos indígenas, que carecen de reconocimiento constitucional y que protagonizan desde hace décadas enfrentamientos con las autoridades y poderes fácticos para que se les restituyan las tierras ancestrales de las que se les despojó.

Las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos fueron respondidas en primera instancia por el gobierno del derechista Sebastián Piñera (2010-2014), apenas unas semanas antes de dejar el poder en marzo.

Piñera aceptó 142 recomendaciones, rechazó 13 y “tomó nota” de otras 30, argumentando que no podía comprometer el cumplimiento de estas, porque su aprobación dependía del bicameral Congreso legislativo.

“La figura de ‘tomar nota’ fue una novedad en materia de derecho internacional porque las recomendaciones se aceptan o se rechazan”, criticó a IPS la abogada del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Paula Salvo, cuya institución participó en la sesión de Ginebra.

El 30 de mayo, el gobierno de la socialista Michelle Bachelet envió por escrito una “corrección” a la primera respuesta, en la que aceptó 180 recomendaciones y el rechazó cinco.

Entre esas cinco se encuentra dos del Vaticano, sobre el derecho de la persona humana desde la concepción y la protección de la identidad familiar tradicional, y otra sobre el derecho de Bolivia a una salida al océano Pacífico.

Según Incalterra, la presidenta comprendió que muchas de las recomendaciones rechazadas por su antecesor, formaban parte ya de su programa de gobierno. Eso incluye la despenalización del aborto terapéutico, por los supuestos de inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación.

El proyecto de ley para permitir el aborto inducido en estos casos se comenzará a discutir en el parlamento durante el segundo semestre de este año.

Incalcaterra, cuya oficina regional tiene sede en Santiago, explicó que la ONU reconoce que el aborto “es un tema complejo y de salud”, pero el Consejo de Derechos Humanos pide que los estados que legislen y “estos tres casos sean el mínimo”.

Además de legislar sobre el aborto terapéutico, el gobierno se comprometió a reformar otras herencias de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), como la Ley Antiterrorista, que se aplica casi exclusivamente contra presuntos delitos del pueblo mapuche, en su lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

La ley aplica altas sanciones, realiza dobles procesos por la jurisdicción civil y militar y permite testigos sin rostro, entre otras anomalías. El gobierno se comprometió a no aplicar la norma contra los mapuches y a respetar sus derechos humanos.

Otro resabio dictatorial, que persiste tras 24 años de democracia, es la jurisdicción militar, que puede aplicarse en cualquier caso que involucre a uniformados, como víctimas o imputados. La reforma prometida fija que los tribunales civiles procesarán a los militares acusados de delitos comunes y que la justicia castrense no alcanzará a ningún civil.

Hernando Silva, investigador del Observatorio Ciudadano, explicó que valoran positivamente que el Estado haya aceptado estas recomendaciones, pero que lo que esperan es “que de una vez por todas se les dé cumplimiento, en lugar de solo asumirlas”.

“No es primera vez que Chile se compromete a legislar sobre justicia militar o la ley antiterrorista” sin hacerlo realidad, recordó.

“La propia Bachelet se comprometió durante su primer mandato (2006-2010) a no aplicar más la ley antiterrorista al pueblo mapuche, algo que no cumplió”, añadió.

Silva subrayó que “es necesario que esta vez por fin le dé cumplimiento cabal a sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Incalcaterra puntualizó que no hay obligatoriedad legal de cumplir las recomendaciones, pero advirtió que “todo el trabajo que se hace en nivel internacional se basa en la buena fe”.

“Si uno pasa por ese ejercicio, dialoga con los otros estados, acuerda y reconoce que esas recomendaciones son pertinentes y las asume, evidentemente tiene que, en cuatro años más, regresar a esa instancia y decir esto es lo que he hecho”, afirmó.

La finalidad del EPU, dijo, es impulsar la implementación de los derechos de todas las personas que viven en un país.

Por esa razón, argumentó, “debemos verlo siempre como un apoyo adicional, que ayuda a los estados a establecer políticas públicas, mejorar su legislación si es necesario, establecer institucionalidad si no la tiene, proporcionar recursos, establecer datos estadísticos para su análisis, campañas, etcétera”.

La revisión del cumplimiento de los compromisos por Chile será en cuatro años.

Para el INDH, con un papel de supervisor estatal, hay urgencias que cumplir, como la ratificación de los tratados internacionales pendientes en la materia.

Se requiere, además, contar con una instancia gubernamental de derechos humanos, un plan nacional y una mayor educación de sus alcances.

Respecto de las víctimas de la dictadura sin reparación, el INDH considera que debe establecerse un órgano de calificación permanente para casos pendientes y otorgarse asesoría jurídica y social a las víctimas de tortura.

La abogada Salvo subrayó que a partir de ahora “el gobierno tiene que generar un mecanismo permanente de revisión de las recomendaciones de la ONU”, porque desde ahora “el desafío es interno”.

Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Latinoamérica

Ser periodista en Twitter: Las mujeres enfrentan la violencia digital con más ataques sexistas que los hombres

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El 67% de las periodistas optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones.

AmecoPress

MADRID.- A los periodistas hombres se les ataca en redes sociales por el trabajo que hacen. A las mujeres periodistas, además de eso, la mayor cantidad de agresiones que reciben son sexistas. Ellas reciben un 30% más insultos sobre su físico, 20% más expresiones sexistas y 10% más comentarios que las tachan de no tener capacidad intelectual.

 

Esto reveló el estudio Ser Periodista en Twitter de las organizaciones Sentido y Comunicación para la Igualdad, que analizó las interacciones de 66 comunicadoras y comunicadores en 7 países de América Latina y los entrevistó.

“A las mujeres, sistemáticamente, cuando nos insultan, además de que nos dicen ‘facha’ o ‘hija de puta’, ya de paso nos dicen ‘sos una gorda malcogida’. Siempre el insulto vinculado con lo sexual o lo físico está intrínsecamente asociado a la mujer, no al hombre. En el caso de los hombres periodistas que sigo y que he visto a lo largo de estos años que reciben insultos (no digo que no reciban insultos, reciben en iguales cantidades), jamás les dicen ‘sos un malcogido’. A ellos les dicen ‘¿cuánto te pagaron?’”, señaló una periodista uruguaya que participó en el estudio.

De entre los entrevistados, 14% de los hombres sintió que en el último año recibió un volumen alto de ataques, mientras que entre mujeres el porcentaje se duplica a 28.5%. Y de distintos tipos de violencia, como desprestigio, discriminación, acoso y monitoreo, ellas siempre fueron las más afectadas.

Donde resultó más notorio fue en ataques que incluyeron la difusión de información personal o íntima, ya que 47% de mujeres lo experimentaron, pero solo 14% de varones. Además, ninguno de ellos sufrió que hackearan su cuenta, como sí le ocurrió a 9.5% de mujeres, y ninguno fue víctima de abuso sexual tecnológico, ante el 5% de ellas que sí lo fueron.

Solo cuando se trata de amenazas directas, los hombres reciben más. Pero las mujeres manifiestan más temor de que puedan concretarse porque muchos ataques vienen de personas reales e identificables.

La situación se vuelve peor si son periodistas que cubren temas de feminismo o derechos de las mujeres, o incluso simplemente al ser identificadas como feministas, y ya aunque estén tuiteando de otra cosa, reciben insultos como “feminazi”.

Países con mayor violencia de género en la red

El estudio detectó que esto es especialmente grave en cuatro países, entre ellos México, además de Paraguay, Argentina y Uruguay.

Por eso, la mayoría de comunicadoras contestaron que su libertad de expresión se vio disminuida. El 67% optó por dejar de hacer publicaciones en redes sobre temas que sabían que podían generarles una agresión, o de plano se retiraron de Twitter o redujeron la frecuencia de sus opiniones. Mientras que entre hombres, el 57% dijo que sigue usando la red social como si nada.

“Dejé de usar palabras como ‘patriarcado’, ‘machirulo’, ‘machista’; ahora trato de usar ‘agresión’ en vez de ‘violencia’ o busco sinónimos para no decir ‘violencia machista’”, dijo una comunicadora paraguaya.

“No miro qué me responden a lo que tuiteo, es como un tuit a ciegas para evitar justamente hurgar mucho ahí y volverme nada. Recibo agresiones por todo: porque comento sobre la pelea de dos periodistas, porque retuiteo una noticia, porque digo algo en contra del presidente, porque les cuento qué me soñé ayer…”, contó otra, colombiana.

Las reacciones para tratar de defenderse también cambian entre géneros: 71.5% de mujeres que recibió comentarios agresivos denunció dentro de la propia red social, pero solo 43% de varones. Aunque una comentó que Twitter solo llega a bajar cuentas con pocos seguidores, pero no las que tienen mucho y, por lo tanto, tienen más repercusión.

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La red en lucha

Cuba iniciará ensayos de la vacuna contra Covid-19

Raúl Magallón Rosas

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El próximo 24 de agosto Cuba comenzará con los ensayos de la vacuna contra el Covid-19 y los resultados podrían estar listos en febrero que llevará el nombre Soberana 01 y que será efectivo contra el nuevo tipo de coronavirus.

La investigación de Cuba tiene el propósito de evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad en un esquema de dos dosis, según la ficha del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos, por lo que esta etapa abarca su aplicación a 676 personas de entre 18 y 80 años de edad bajo el control del estatal Instituto Finlay de Vacunas.

De acuerdo con la investigación cubana, el ensayo deberá culminar el 11 de enero y sus resultados se publicarán el 15 de febrero, pues Cuba controló la propagación del nuevo tipo de coronavirus, aunque sufrió un nuevo rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital.

Cuba desarrolló un programa activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, aunado a que se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales.

Asimismo, Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas, por lo que se encuentra en la tercera fase y esperan la aprobación total para su distribución masiva de las dosis por distintos países.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que todas las vacunas deben completar las fases de ensayos clínicos antes de ser distribuidas en distintos países para que garanticen su efectividad contra el nuevo virus.

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