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Con voz propia

Chihuahua: El caso Miroslava

El gobierno de Chihuahua ha tenido trato privilegiado con los implicados de su partido Acción Nacional en el asesinato de la periodista Miroslava Breach

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Cruz Pérez Cuéllar

Hay un tema con el cual cerró el 2017 y que me parece descubre en lo individual el lado oscuro de ciertos funcionarios públicos ligados al Partido Acción Nacional y una gran deficiencia en la manera de impartir justicia por parte del gobierno estatal que ha querido venderse como implacable con los servidores corruptos del gobierno anterior, pero que en este caso, del cual abundaré a continuación, se muestra indulgente y hasta complaciente contra quien debiera mantenerse imparcial, aún tratándose de individuos que militan en el partido del gobernador Javier Corral.

La grabación de conversaciones entre el vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfredo Piñera, y la periodista asesinada el año pasado, Miroslava Breach, hallada en la computadora de Jaziel Vega (uno de los señalados en este homicidio), habla de la grave implicación de funcionarios panistas en este lamentable suceso que conmocionó a todo el estado por las publicaciones de la corresponsal de La Jornada, quien denunció en el 2016 posibles nexos entre candidatos a cargos públicos y el crimen organizado en la zona serrana, lo cual derivó posteriormente en amenazas que concluyeron con su homicidio el 23 de marzo del año pasado, cuando salía de su casa con uno de sus hijos.

Las grabaciones mencionadas se hicieron públicas hace una semana, durante la audiencia de vinculación a proceso en contra de Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry” (supuesto autor intelectual del homicidio de Miroslava Breach), y se comprobó que el vocero del PAN (durante la gestión de Mario Vázquez Robles, actual director de Servicios Públicos Municipales de Chihuahua) puso a disposición la mencionada grabación en manos del exalcalde de Chínipas, Hugo Amed Shultz, de extracción panista.

Además de los mencionados también salieron a la luz pública en ese proceso el nombre del exsecretario general del Comité Estatal del PAN, José Luévano Sáenz, actual secretario particular del gobernador Javier Corral Jurado. Mario Vázquez, habría instruido a Piñera y coparticipado en la intención de grabar a Miroslava Breach, obviamente sin su consentimiento, para luego entregar el audio al exalcalde de Chínipas, pero que finalmente terminó en manos de uno de los responsables del homicidio.

Lo anterior genera una serie de cuestionamientos. Uno de ellos es precisamente la manera de actuar, sin escrúpulos, del actual funcionario municipal del Ayuntamiento de Chihuahua, Mario Vázquez, quien junto con Alfredo Piñera pusieron en riesgo la vida de la periodista, sabiendo la gravedad de las publicaciones y los señalamientos que hizo en sus reportajes donde mencionó nombres, lugares y describió situaciones que indicaban la delicadeza con que debía tratarse el asunto.

Ellos podrán argumentar cualquier cosa, pero la evidencia es la propia grabación que apareció en los archivos de uno de los copartícipes del asesinato. El dato por sí solo amerita una investigación exhaustiva y aplicación de medidas que no se han dado.

Esto lleva a otra cuestión, relacionada a la actuación del Ministerio Público y la Fiscalía General, quien coloca a Piñera, identificado en la audiencia como “Casio”, en calidad de testigo protegido. El asunto necesariamente debe estar revisado y llevado por el propio gobernador Javier Corral, a final de cuentas jefe del fiscal general, quien conoce a ambos personajes implicados, que son de su partido, y que está teniendo consideraciones que seguramente no tendría si no los uniese el vínculo partidario o amistad con alguno de ellos.

A estas fechas ya varios medios de comunicación locales y nacionales han dado cuenta de la calidad del trato que está dando el mandatario a los personajes relacionados a su partido, y otra muy distinta a quienes se vean implicados en cualquier delito pero que sean sus adversarios políticos o pertenezcan a otra ideología, a la cual no sea afín. Hay privilegios, eso se nota, pero estamos hablando de un caso por demás delicado, es un homicidio de una profesional del periodismo que fue privada de la vida por una publicación, y que tiene que ver con uno de los principales males que aquejan a toda la población, y que es la inseguridad, la inseguridad generada por la actuación de grupos delincuenciales que operan a sus anchas por la incapacidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar su desarrollo y avance.

También es preocupante la forma en que estos funcionarios trataron de arrancarle a la periodista las fuentes que involucraban a algunos candidatos con grupos delincuenciales en la zona serrana. Ello es un ejemplo de políticos carentes de toda ética que impulsados por sus propias ambiciones, cegados por sus deseos políticos o personales, no les importa poner en riesgo la integridad de otras personas.

La constitución local y la Carta Magna protegen la secrecía de las fuentes así como el secreto profesional, y condena todo tipo de presión para acceder a información bajo estos supuestos. El Gobierno de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado sentarían un mal precedente al dejar pasar estos casos, donde está muy clara la presión que ejercieron los dos funcionarios mencionados, o en su caso el ahora secretario particular del gobernador José Luévano para que Miroslava revelara sus fuentes y luego dejarla en tan vulnerable condición. No sólo se debe tomar en cuenta sino aplicar un castigo ejemplar.

No hacer lo anterior sería una total contradicción a los principios y compromisos asumidos por el propio Javier Corral al inicio de su mandato, quien, anticipó su manera de actuar como gobernante: “A todo aquel que sea descubierto en mi gobierno en actos de corrupción, saqueo, robo hormiga, será conducido a la justicia sin protección especial, así sea mi colaborador más cercano, mi asesor principal o mi compañero de hace muchos años en el Partido”.

¿No es acaso más grave que el saqueo o robo hormiga, poner en riesgo la vida de una buena persona, como era la periodista Miroslava Breach?

La Fiscalía General a uno de los implicados le está dando resguardo en su calidad de “testigo protegido”. Pero el caso aún no está cerrado y se puede enderezar el entuerto.

Se deben comenzar a hacer bien las cosas, de lo contrario no quedará nada de credibilidad, para que los ciudadanos confíen en las instituciones, y que la figura del político no se siga degradando. Y que quien se encuentra a la cabeza del gobierno, como principal autoridad en el estado, demuestre al ciudadano común que es capaz de anteponer sus intereses personales a los del pueblo que lo eligió.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com

Fuente: La Opción de Chihuahua

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Normal Rural de Tiripetío, otra vez la persecución

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A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos, mientras políticos como Claudia Pavlovich son premiados

Por @KauSirenio

A unos meses de que la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío cumpla cien años el acoso del gobierno estatal y federal no ha terminado. Los normalistas resisten desde distintos espacios para denunciar la persecución política por los distintos gobiernos.

La Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, es la primera escuela Normal Rural de Latinoamérica. Además, es el corazón de la educación rural en México. Su larga historia de lucha y resistencia está marcada por la defensa del derecho a la educación y a una vida digna en el campo.

La lucha que libran las normales rurales para subsistir tiene consecuencias, muchas veces letales, en contra de los estudiantes. Para denunciar las agresiones del Estado, el pasado lunes 17 de este mes, los normalistas realizaron actividades de colectas económica y volanteo en la autopista Morelia-Pátzcuaro.

Mientras los estudiantes informaban de las problemáticas que enfrenta su escuela, como la retención de becas alimenticias y práctica docente. Cuando arribaron a este tramo policía del estado, en el altercado los uniformados les arrojaron bombas de gas lacrimógenas. El resultado fue cuatro normalistas lesionados.

En las papeletas que los estudiantes repartieron en la autopista Morelia-Pátzcuaro, le pedían al gobierno y a la fiscalía de Michoacán que cesen la persecución política en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío, Michoacán. Los normalistas denuncian la existencia de alrededor de 90 jóvenes bajo proceso judicial. Al menos 20 de ellos tienen carpetas de investigación por delitos de robo que diversas empresas interpusieron en contra de los muchachos debidos a las distintas actividades que realizan.

De acuerdo a la información que proporcionó uno de los normalistas, la fiscalía les pide una cantidad de dinero (sin especificar) para que su caso no llegue a los juzgados. Por estas razones el comité estudiantil de la Normal Rural de Tiripetío priorizó el diálogo, pero la agenda con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Las cancelaciones de estas reuniones son reiteradas, sin que haya solucionado la demanda de los estudiantes. Sin embargo, el uso de la fuerza policiaca en contra de los normalistas está a la orden del día. “Hicimos colecta y volanteo, para informar que no tenemos becas de alimentación y tampoco han recibido al comité para tratar esta problemática” compartió un alumno de Tiripetío.

Los motivos de la represión son diversos. Uno de ellos es albergar dentro de sus instalaciones los mejores murales que retratan el movimiento estudiantil. La retención de becas estatales y federales es una forma añeja del Estado para contener los movimientos de las Normales Rurales.

Así las cosas, a las normales rurales se les conoce como cuna de conciencia social. Son también el respiro de la resistencia en México. Un país donde se castiga a los movimientos sociales y estudiantiles y se premia a los políticos con pasado oscuro como el caso de la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano. La lucha cobra más fuerza y sentido la resistencia.

 

Fuente: Normal de Tiripetío, otra vez – Pie de Página (piedepagina.mx)

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Foro Público: La corrupción en México está lejos de desaparecer

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Foro Público

Una de las principales promesas de campaña del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el combate a la corrupción, un fenómeno social multidimensional y multifactorial que ha evidenciado las debilidades del sistema institucional mexicano y aunque la corrupción no sólo ocurre en la esfera pública, también ha impactado en el espacio privado, por lo que no se ha logrado visibilizar la problemática causal integral y transversal para buscar alternativas de solución.

En el discurso presidencial de López Obrador prevalece el deseo de que la corrupción sea eliminada “como las escaleras de arriba hacia abajo”, como si por osmosis se replicara en el resto de los sectores de la administración pública, sin embargo, la literatura especializada converge en que la corrupción se adecúa a diferentes entornos y se sofistica conforme a las necesidades de todos los actores que permiten estos procesos.

La simplificación de la administración pública federal eliminando fideicomisos, enlaces gubernamentales, delegaciones federales en las entidades, subsecretarías, direcciones y subdirecciones no elimina per se a la corrupción, debido a que la corrupción puede seguirse presentando en otras vías, ya que sin intermediarios pueden darse las operaciones entre los servidores públicos en varios espacios para obtener beneficios personales.

De la misma manera, la corrupción se replicó en los gobiernos estatales, en donde se impulsaron redes sistematizadas que se perfeccionaron para que tanto los gobernadores como sus familiares y amigos obtuvieran beneficios particulares como se he evidenciado en distintos casos de mandatarios de todos los estados como Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge del PRI, Guillermo Padrés y Francisco García Cabeza de Vaca del PAN o Silvano Aureoles del PRD, entre otros casos.

Asimismo, esta situación también ocurre en los gobiernos municipales, donde la falta de visibilización de los hechos de corrupción permite a los servidores públicos actuar de forma cínica en agravio al erario, por lo que se requieren impulsar políticas públicas integrales y transversales más sólidas que atiendan esta problemática con enfoques multidisciplinarios para reducir de forma sustancial la corrupción.

No obstante, una problemática asociada a este fenómeno social es que no existen indicadores reales para conocer cuál es la cantidad de hechos de corrupción que se cometen en el país cada año, lo único que existen son medidores de percepción que tratan de orientar a los estudiosos sobre las dimensiones de la misma, pero pueden ser datos demasiados parciales para ser claves en el combate estratégico de este problema.

Otro problema de que la corrupción no desaparecerá es que las declaraciones más allá de tener un alcance mediático no trascienden, pues se necesitan acciones que respalden a las mismas para que se persigan a los responsables de los hechos de corrupción, pues no es posible concebir que los altos mandos de los gobiernos anteriores estuvieran vinculados con el crimen organizado como en el caso de Genaro García Luna sin el conocimiento de Felipe Calderón o que Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de las operaciones de corrupción de Odebrecht, por lo que resulta tan absurdo no enjuiciar a los jefes responsables del Estado mexicano y permitir el pacto de impunidad.

Además, se deben entender los diferentes tipos de corrupción que existen y sus consecuencias reales y tangibles, por lo que es evidente que existirán mecanismos que serán útiles para su combate, pero se deben fortalecer y no debilitar como sistemas permanentes de evaluación de desempeño de servidores públicos, servicio profesional de carrera en toda la administración pública, impulsar la transparencia y rendición de cuentas de forma permanente, así como las acciones de sanción a quienes no cumplan con las mismas.

Nota aparte: Se debe reconocer que corrupción es también colocar a personas que no están preparadas ni profesional ni académicamente en un cargo en la administración pública y sean colocadas por el hecho de ser amigos o leales al gobernante en turno.

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Con voz propia

Reporteros sin fronteras: México, el país más peligroso para la prensa

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Por Alberto Farfán

Era evidente que con un cambio de régimen en México la serie de problemas de toda índole heredados desde décadas atrás por gobiernos neoliberales no se iban a resolver ni en un año como tampoco en tres o en todo el sexenio. Pero cualquiera podría sobreentender que se jerarquizarían para darles solución. Particularmente en materia de derechos humanos y con relación a los profesionales del periodismo objetos de violencia.

Y haciendo a un lado a los medios de comunicación corporativos que juegan un papel de voceros de la oposición de derecha, que se han convertido en enemigos intransigentes a toda costa del gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), teníamos que buscar en otras fuentes en aras de una verdadera e imparcial información que arroje luz a este respecto.

De ahí que acudiéramos al Balance Anual de periodistas encarcelados, asesinados, secuestrados y desaparecidos en 2021 de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). Y lamentablemente los resultados obtenidos ponen en tela de juicio la responsabilidad, interés y voluntad política del gobierno de AMLO para darle fin a la violencia mortal que padecen los periodistas en este país.

Revisando directamente el Balance Anual a que hacemos referencia, nos encontramos con que México por tercer año consecutivo se constituye como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, en tanto éste aborda asuntos “molestos” para ciertas esferas ─acaso de gobierno en sus tres niveles─ o evidencian las acciones y prácticas del crimen organizado.

Y obtiene el nada honroso primer lugar al considerar siete nuevos casos de periodistas asesinados en 2021, cuyos nombres son: Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López Domínguez, Saúl Tijerina Rentería, Gustavo Sánchez Cabrera y Benjamín Morales Hernández, y un total de 47 compañeros del gremio muertos en el lapso de los últimos cinco años.

Debido a lo cual encontramos esta lapidaria deducción: “Alimentada por una impunidad casi total y por la ausencia de reformas ambiciosas, que afronten el problema y refuercen la profesión por parte de los sucesivos gobiernos, la espiral de violencia no parece poder detenerse nunca”.

Así, según las estadísticas de RSF, los siguientes países son los que en conjunto congregan las tres cuartas partes de los homicidios de que han sido objeto los periodistas en pleno ejercicio de su profesión en los últimos cinco años: México 47, Afganistán 47, Siria 42, Yemen 18, India 18, Irak 17, Paquistán 16, Filipinas 15, Somalia 13, Colombia 9 y otros países 77. Y es de subrayar que mientras algunos de estos países se encuentran en estado de guerra, en conflictos militares o con gobiernos autoritarios, lo cual explicaría en cierto sentido los asesinatos, México, por el contrario, no se cataloga en ninguna de estas circunstancias. Por lo tanto estas cifras son más graves aún para el país que se presume en paz y con avances democráticos significativos.

Si con estos elementos aún no se prenden las luces rojas tanto para el gobierno de AMLO como para los mandatarios estatales y locales, me temo que la impunidad continuará reinando y lamentablemente los periodistas seguirán siendo víctimas de violencia en sus múltiples facetas al ejercer su trabajo. Y parafraseando al jefe del Ejecutivo mexicano: No puede haber país democrático con periodistas asesinados.

 

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