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Mexico Violento

Chihuahua: “Crimen de estado”, ejecución de líder campesino

Como un crimen de estado fue calificado el asesinato de Ismael Solorio, en Chihuahua por oponerse a la depredación ilegal de los recursos naturales

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CHIHUAHUA, México.- Los asesinatos del líder de El Barzón, Ismael Solorio Urrieta y de su esposa, perpetrados la tarde del lunes, ha causado una gran indignación entre la sociedad de Chihuahua. Víctor Quintana Silveyra, activista y docente universitario, lo calificó de “crimen de estado, semejante en sus circunstancias al feminicidio de Marisela Escobedo”.

El ataque a dirigente agrario y a su esposa Manuela Solís Contreras, fue cuando iban a bordo de una camioneta por el kilómetro 26.5 de la Carretera Ciudad Cuauhtémoc-Colonia Obregón. En torno a las 14:30 horas, en las inmediaciones del campo menonita número 8.

A las pocas horas del doble asesinato, luchadores sociales y activistas de diferentes sectores de Chihuahua se plantaron en el Palacio de Gobierno por un tiempo indefinido hasta que se entrevisten con el gobernador César Duarte y “se les haga justicia”, señaló Quintana Silveyra.

Así mismo, los campesinos barzonistas iniciaron una serie de movilizaciones, entre las que se encuentran la velación del cuerpo de Solorio frente al palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, para exigir a las autoridades el inmediato esclarecimiento de los hechos.

Activistas levantan un altar en Palacio de Gobierno para demandar justicia por asesinato de Ismael Solorio y esposo. Foto: elobservador.com.mx

Conflicto por la depredación de los recursos naturales

Los campesinos miembros de El Barzón señalaron que el ataque está ligado a la pugna que mantienen con menonitas por la sobreexplotación de los mantos acuíferos y con una empresa minera que pone en riesgo de contaminación los mantos freáticos.

Victor Quintana afirmó que el doble asesinato es el resultado de una campaña de linchamiento emprendida en contra de las organizaciones de El Barzón, denunciada exactamente hace una semana ante el Secretario de Gobierno de la entidad, Raymundo Romero.

Quintana  señaló que en la reunión sostenida con el Secretario de Gobierno, se denunció la serie de ataques contra Ismael Solorio y a su hijo, así como a diversos barzonistas que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura.

Desde hacía varios meses Solorio había denunciado la explotación ilegal de mantos acuíferos y pozos, sobre todo en la cuenca del río El Carmen, argumentan que la lucha por la defensa del agua ha sido el principal motivo de las agresiones que han sufrido los barzonistas. Por estas razones integrantes de El Barzón consideran el doble asesinato como un crimen de Estado.

Ismael Solorio Urrutia líder barzonista asesinado Foto: red

Victor Quintana señaló que luego de ser golpeados por un grupo de asalariados de la minera Ismael Solorio y su hijo Éric el sábado 13 de octubre, el contingente de El Barzón y las organizaciones que con él se solidarizan se hicieron presentes en el Palacio de Gobierno para exigir que el Ejecutivo Estatal garantizara la gobernabilidad en el pueblo y la integridad física de todos quienes participan en el movimiento barzonista.

“Posterior a la entrevista colectiva con el Secretario de Gobierno, un grupo de gente pagada por la mina acudió al Congreso del Estado, donde fueron apoyados por legisladores del PRI”, dijo, “en dicha reunión se volvió a atacar, a calumniar y a amenazar a quienes forman parte de la mayoría ejidal que se opone a la mina”, agregó Quintana.

Resaltó que “es muy claro que en el corredor comercial Cuauhtémoc-Colonia Obregón opera normalmente, una patrulla del crimen organizado”.

Mientras tanto, dentro de  palacio de gobierno permanecieron hasta las 2: 07 a.m. del martes activistas de los movimiento #YoSoy132 Chihuahua, Morenaje Chihuahua y el Barzón “secuestrados por el gobierno” luego de que policías cerraran las puertas sin importar que niños y mujeres estuvieran adentro.

“La decisión firme de El Barzón y las organizaciones sociales de Chihuahua es permanecer en el Palacio de Gobierno hasta plantear sus exigencias al Gobernador, César Duarte y hasta que se haga justicia ante este crimen de Estado, semejante en sus circunstancias al feminicidio de Marisela Escobedo, ultimada el 16 de diciembre de 2010 en la acera del Palacio de Gobierno, a pesar también de las advertencias del peligro que corría la vida de la activista hechas a los funcionarios estatales días antes”.

LA Press con información de  arrobajuarez.com

Justicia pendiente

Director de Cefereso de Michoacán tortura, amenaza y viola derechos humanos, denuncian internos

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Por Ignacio García

El director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17 de Michoacán, Julio César Pérez Álvarez, ha incurrido en constantes violaciones de derechos humanos hacia los presos del penal como la ausencia del servicio de agua potable, así como constantes torturas y amenazas sin haber sido sancionado por las autoridades federales.

Por medio de una misiva, George Khoury Layón, interno del penal federal acusado  falsamente del delito de homicidio calificado por Isabel Miranda de Wallace, denunció que el directivo ordenó que le arrojaran gas lacrimógeno, además de que ha incurrido en malos tratos y golpes constantes hacia su persona, así como enviarle un perro para quitarles sus tenis ortopédicos.

Por ello, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ordene a los comisionados federales que atiendan las irregularidades cometidas por Pérez Álvarez, ya que, enfatizó, existen 273 amparos en contra del director por la falta de agua potable, falta de atención médica, amenazas y torturas contra los internos.

De acuerdo con el reo, los amparos se encuentran radicados en los juzgados Quinto y Octavo de Uruapan, Michoacán, sin embargo, hasta el momento no han obtenido una respuesta satisfactoria y el director lo ha amenazado con negarle el suministro de sus medicamentos contra la lumbalgia que padece, así como retirarle los tenis ortopédicos que requiere para su postura en caso de no desistir de sus denuncias públicas.

Agregó que Julio César Pérez ha alegado que cuenta con el respaldo institucional, pues su familiares trabajan en la Federación y él es uno de los ex colaboradores de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) durante el gobierno de Felipe Calderón y preso en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Asimismo, expresó que pueden contar con hasta 200 firmas de los presos que están en contra de las funciones de Pérez Álvarez, por lo que demandaron la intervención del presidente de México para que se frenen los abusos cometidos contra los internos del Cefereso de Michoacán.

 

 

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Fabricación de culpables

Policía condecorado por AMLO en 2004, lleva 15 años en prisión con delitos fabricados por secuestro

Ignacio García

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Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Ariel Eros García Islas, ex integrante del grupo élite denominado “Los Cobras”, de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quien había sido condecorado por el entonces jefe de gobierno de la Ciudad México, Andrés Manuel López Obrador, en 2004, es una víctima más de fabricación de culpables de la pasada administración de Vicente Fox.

Acusado falsamente por el delito de secuestro, por el cual se encuentra procesado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) El Altiplano, Estado de México, desde hace más de 15 años, García Islas pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se realice justicia a su proceso irregular.

En entrevista con Los Ángeles Press, el ex policía capitalino denunció que no cometió el delito de secuestro como lo expusieron los medios de comunicación en abril de 2004, pero fue torturado por elementos de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para confesar supuestamente su responsabilidad en ese ilícito.

De acuerdo con el denunciante, los protocolos de Estambul demuestran la tortura de la que fueron víctimas los policías capitalinos detenidos por la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Rafael Macedo de la Concha en 2004.

Agregó que debido a la coyuntura política nacional por la búsqueda del desafuero del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal, encabezado por el panista Vicente Fox Quesada, junto con en entonces director de la AFI, Genaro García Luna, maquiló delitos al grupo élite de la policía capitalina para desacreditar la imagen del ahora presidente de la República.

Reiteró que desde hace más de 15 años está procesado en un penal de máxima seguridad en el Estado de México por las consignas del gobierno federal para vengarse del gobierno de izquierda de la Ciudad de México, pues en su momento, dijo, el propio ex secretario de Seguridad Pública capitalino, Marcelo Ebrard,–hoy canciller del país–, reconoció la valía de este grupo policiaco.

Dijo que durante más de tres lustros han violado el debido proceso para evitar su salida y las irregularidades presentadas en el mismo, por lo que al inicio de la actual administración federal, Daniel Miranda, quien se acreditó como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), se acercó con ellos para buscar su intervención, pero no han obtenido respuesta de su parte,

Por ello, pidió que se brinde justicia y no se vuelvan a cometer este tipo de delitos que han persistido contra los ex agentes del grupo policiaco de la Ciudad de México, pese, dijo, a que fue condecorado por el ahora jefe del Ejecutivo federal.

Contexto

Ariel Eros García Islas fue acusado por Fidencio Francisco Facio Trejo, víctima de tortura por agentes de la SIEDO y obligado a firmar la acusación, esposado de espaldas, y solo declaró “conocer a un tal Eros”.

De su expediente desaparecieron muchas pruebas, sin embargo un juez volvió a ordenar que se le hiciera el Protocolo de Estambul a Facio Trejo, resultando nuevamente positivo como en 2004.

 

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Mexico Violento

General Dauahare, acusado de narcotráfico y cercano a Cienfuegos, en la nómina de Segob y familia en la de Pemex

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Por Ignacio García y Guadalupe Lizárraga

El general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, cercano al ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, recién acusado de presuntos vínculos con el narcotráfico por las autoridades de Estados Unidos, es parte de la nómina en la Secretaría de Gobernación (Segob) con un sueldo de más de 60 mil pesos mensuales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el general Ángeles, retirado de 78 años, con una trayectoria militar vinculada al narcotráfico en el sexenio de de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto, funge en la actualidad como coordinador de Seguimiento federal en Gobernación, la secretaría con asuntos de mayor sensibilidad política en México.

Con un sueldo de 61 mil 603.41 pesos al mes, además de su pensión de más de 300 mil pesos mensuales por el servicio público, Tomás Ángeles Dauahare, tiene a su hija, Adriana Ángeles Zepeda, en un cargo de Pemex como coordinadora especialista D, con un sueldo de 67 mil 826.09 pesos mensuales, así como a su yerno, Juan Manuel Flores Cabrera, como coordinador especialista G, con un salario de 50 mil 935.65 pesos al mes.

 

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha enfatizado que terminará con la corrupción y el nepotismo en la administración pública federal, el militar retirado se mantiene activo en el gobierno federal y mantiene a sus familiares en la nómina gubernamental, lo que representa una falta a la Ley General de Servidores Públicos.

Tomás Ángeles Dauahare fue subsecretario de la SEDENA entre 2006 y 2008, durante la administración de Felipe Calderón, marcada por las violaciones de derechos humanos cometidas sistemáticamente en la que el ejército tuvo acción destacada, como la ejecución extrajudicial de los dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en 2010.

Ángeles Dauahare fue detenido en 2012, acusado de colaborar con el Cártel de los Beltrán Leyva, luego de haber reconocido que personal del Ejército trabajaba para otros cárteles de la droga en México y que proporcionaban información a las organizaciones delictivas; mientras el exsecretario de Seguridad pública, Genaro García Luna, ahora se sabe que colaboraba con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, Ángeles fue liberado en 2013 por supuestas faltas de pruebas en su contra y se convirtió en la mano derecha del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, detenido y acusado en Estados Unidos en 2020 por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de los Beltrán Leyva, y extraditado recientemente a México.

Testimonio de militar en 2017 sobre Dauahare y uno de los Beltrán Leyva

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