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Justicia pendiente

Chiapas en tensión por conflictos agrarios inducidos por partidos

Enfrentamiento en Chiapas por conflicto agrario que gobierno y partidos políticos han fomentado entre las comunidades indígenas

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Denuncia hecha el 6 de octubre por las invasiones a los poblados zapatistas Foto: ezln.org.mx

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.-En dos comunidades chiapanecas se desata el conflicto por 185 hectáreas, desde 2009. Se trata de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la comunidad de Candelaria El Alto adherentes a “La otra Campaña”, ambos grupos del municipio de Venustiano Carranza.

La OCEZ-RC denunció el ataque de  un grupo de 25 hombres de Candelaria El Alto, y de esta comunidad se advirtió que comenzarán a cosechar su maíz en terrenos que les han sido invadidos desde hace varios años sin que el gobierno resuelva el conflicto.

Los miembros de la OCEZ- RC denunciaron en comunicado público que fueron agredidos el 29 de octubre, en torno a las 5:30 de la mañana, cuando se encontraban trabajando en el predio llamado El Desengaño.  Según su denuncia, su compañero Oscar Díaz Ramírez  fue herido de bala y trasladado a una clínica del IMSS del municipio.

Los miembros de la comunidad Candelaria El Alto, por su parte, exigen que se retire la OCEZ-RC de Nuevo San José La Grandeza, porque “gobierno no ha hecho caso de sus denuncias por el último despojo de sus tierras realizado el 6 de Abril del año 2011”, y aluden a que tienen que sembrar “porque de ahí dan de comer a sus familias”.

La versión de la OCEZ

Integrantes de la OCEZ señalaron que en los últimos años han aparecido “grupos de choque de carácter paramilitar” en la región, y se refieren a miembros de la comunidad de Candelaria El Alto. El vocero de la OCEZ, Aguilar de la Cruz, mencionó que “el conflicto se ha venido generando desde hace tiempo por el mismo incumplimiento del gobierno de Juan Sabines y los gobiernos que han  pasado, porque no es de ahora la situación”.

Para Aguilar de la Cruz, las mesas de diálogo con el secretario de gobierno no los ha llevado a una solución, por ello piden la intervención de otras instancias del gobierno. Los denunciantes pertenecen a las comunidades de Nuevo San José La Grandeza y San José Tercera Ampliación (35 de cada comunidad), y afirman que “se han mantenido trabajando las tierras desde 1995”.

Conflicto agrario en el municipio de Venustria Carranza, Chiapas Foto: red

La versión de Candelaria El Alto

El 20 de abril de 2011, integrantes de Candelaria El Alto responsabilizaron al gobierno estatal por la falta de intervención en el conflicto agrario en cuestión, y denunció públicamente “al mal gobierno de Chiapas ante nuestra problemática agraria ubicado en el predio El Desengaño”. El grupo se refiere al despojo de sus tierras perpetrado el 6 de Abril del año 2011 por la OCEZ -Región Carranza, la cual renta la tierra en 85 dólares la hectárea para la siembra.

“Denunciamos el cinismo de la OCEZ-RC el día de su inicio que realizaron su plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el grupo de Nuevo San José que se mantienen en su campamento ocupando nuestras únicas tierras ponen en oferta la renta de nuestra tierra a sembrar maíz por una cantidad de $1000 pesos por hectárea a beneficio de su organización”.

 Los miembros de Candelaria El Alto han recibido amenazas de muerte por parte de los líderes de la OCEZ, y dicen defender su tierra, porque el gobierno solapa esos conflictos. “Estamos en la defensa de nuestra madre tierra y aclaramos que no tenemos en venta nuestra única tierra”.

La disputa por 185 hectáreas de El Desengaño

Los miembros de Candelaria el Alto hacen recuento de que en 2004 firmaron un acta de acuerdo con la OCEZ-RC. En éste se estipulaba que por sus presiones y amenazas habían decidido dejarles 95 hectáreas. En el acta, la OCEZ se comprometió a no seguir invadiendo y a vivir en paz. Sin embargo, un año después volvieron a invadir, adjudicándose la propiedad de otras 185 hectáreas.

“Estamos cansados de sus mentiras, agresiones y amenazas, pero no tenemos miedo, porque ellos denuncian como si fueran las víctimas”, señala los adherentes de La Otra campaña.

El marcador rojo indica la ubicación del predio invadido El desengaño en Candelaria El Alto, Chiapas. Foto: Google

Conflictos “atizados” por los partidos políticos

El repunte de los paramilitares en Chiapas viene acompañado por un sustrato de presuntos conflictos agrarios, la mayoría infundados y atizados por los políticos de los partidos y funcionarios gubernamentales. Así lo denuncia un trabajo de análisis publicado en Desinfórmemonos y de La Jornada. Se hace hincapié, en que se propician estos enfretamientos con las bases zapatistas por las tierras recuperadas, la mayoría ocupadas y trabajadas por comunidades rebeldes desde hace 10 o 15 años.

En el análisis también se destaca que grupos del PRI, y recientemente PVEM, han usado a las comunidades indígenas como “botín electoral”. El objetivo de invadir los predios o de amagar con hacerlo, incluyendo los poblados zapatistas, es para aprovechar, según el estudio, que los zapatistas, al mantenerse en resistencia, no tramitarán ninguna titulación agraria con el Estado, pues siguen sus leyes revolucionarias a través de las juntas de buen gobierno.

De acuerdo al análisis, estos “conflictos” son inducidos por los grupos invasores o agresores como simpatizantes o miembros del PRI, PVEM, PRD, y PAN, o bien como parte de las organizaciones como Paz y Justicia (y sus derivaciones: Uciaf, Opddic), Orcao, Cioac o Aric. En una reciente denuncia, Las Abejas confirmaron la reactivación en Chenalhó de “Máscara roja”, como se ha identificado a los perpetradores de la masacre de Acteal en 1997. También son agredidas comunidades de La Otra campaña (Jotolá, Mitzitón, San Sebastián Bachajón) mediante “conflictos” religiosos (Ejército de Dios) o diferencias ejidales.

Éste es el escenario que hereda la alianza PVEM-PRI encabezada por Manuel Velasco Coello, que gobernará la entidad. La mayor parte de grupos paramilitares, invasores agrarios y gobiernos municipales involucrados pertenecen a sus filas.

El origen de OCEZ

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) es una organización de masas, según su propia definición: “que surge en 1980, cuyo eje principal es el reparto de la tierra a los campesinos pobres”. Entre sus principios declara “ser independiente de los partidos y del PRI-Gobiemo y por lo mismo que no participa en contiendas electorales”.

Ha realizado seis caravanas a la Ciudad de México, desde 1983. Señala que en sus propósitos se encuentra la demanda de tierras, servicios y libertad de sus presos políticos. Entre la cifras que da la organización hasta el año 2000 han obtenido 40 mil hectáreas de tierra, de las cuales 13 mil 720 fueron tomadas en 1994, han regularizado 200 ejidos y 25 ampliaciones de ejido.

En veinte años de activismo, la OCEZ ha denunciado 1125 presos políticos y más de treinta campesinos asesinados.

La Otra Campaña

Este grupo es parte de las células zapatistas que surgen con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enfrentamiento al estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Después de varios años de luchas y movilizaciones, para 1999, el movimiento contaba con 5 mil delegados  a nivel naci0nal integrado por campesinos, obreros, mujeres y jóvenes, que desde entonces han denunciado sistemáticamente el despojo de tierras y el exterminio de las comunidades indígenas como política de estado bajo el poder de los partidos políticos PRI, PAN y PRD.

El movimiento se declara anticapitalista y de izquierda, y en 2005, realizó la primera plenaria de La otra campaña, en El Caracol de La Garrucha, con las diferentes autoridades de las Juntas de Buen gobierno de las comunidades autónomas.

En los útimos veinte años de la historia de los conflictos agrarios entre comunidades chiapanecas han sido asesinados más de treinta dirigentes y activistas y varios se encuentran aún presos por luchar junto al pueblo por sus derechos o defender la tierra.

 Redacción LA Press

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  1. Pingback: VERDADES EVIDENTES » PRI/Verde involucrados en conflictos agrararios de comunidades chiapanecas

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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El Caso Wallace

ONU resuelve libertad inmediata a Brenda Quevedo, el segundo caso de los inculpados por Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de Naciones Unidas, resolvió pedir la libertad inmediata y el resarcimiento del daño al Estado mexicano en el caso de Brenda Quevedo Cruz, bajo la Opinión 45/2020, como resultado de la gestión de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), dirigido por el abogado Netzaí Sandoval.

Se trata del segundo caso de los inculpados por Isabel Miranda Torres, que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas ha resuelto por la petición de libertad inmediata al Estado mexicano, después del análisis de graves violaciones de derechos humanos. El primero fue el caso de George Khoury Layón, vinculado al caso Wallace en diciembre de 2010, por Jacobo Tagle Dobín, bajo tortura, señalado como autor intelectual del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, y exhibido como secuestrador y narcotraficante por medios y periodistas, mientras sufría su cuarta detención arbitraria y tortura el 2 de septiembre de 2009.

En el caso de Brenda Quevedo, este Grupo de Trabajo adoptó la Opinión 45/2020, el 22 de septiembre de 2020, relativa la detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras violaciones a los derechos humanos, de las cuales fue víctima Brenda para que se incriminara por el mismo falso secuestro y homicidio de Wallace Miranda.

Quevedo Cruz fue detenida y encarcelada en septiembre de 2009, después de que se autorizó su extradición a México, ya que se encontraba  en Chicago, internada en un Centro Correccional. La primera tortura con violencia física y sexual fue el 27 de noviembre de ese año, en el penal de Santiaguito, Estado de México. La segunda tortura fue el 27 de noviembre de 2010, días antes de que Isabel Miranda recibiera el Premio Nacional de Derechos Humanos a manos de Felipe Calderón.

De acuerdo con la información aportada por Defensoría Pública, el análisis del Grupo de Trabajo concluyó que:

  • La detención de Brenda Quevedo Cruz es arbitraria, pues existen graves violaciones a su derecho a un juicio justo.
  • Independientemente de las actuaciones de la defensa en el proceso penal, el Estado mexicano “no ha explicado por qué después de 11 años no se ha concretado el juicio”.
  • Si bien la privación de libertad pudo ser razonable, necesaria y proporcional en 2009, “no puede describirse como tal después de un retraso injustificado en el enjuiciamiento del asunto”, y la demora en el enjuiciamiento es “inaceptablemente larga”, lo que ha hecho que las actuaciones contra Brenda Quevedo sean “fundamentalmente injustas”.
  • Se presentó un caso, a primera vista, creíble sobre los actos de tortura y malos tratos que sufrió Brenda Quevedo, que afectaron su capacidad de participar en su propia defensa.

Además, el Grupo de Trabajo se refirió al caso de Brenda Quevedo “preocupante” al ser uno de los muchos que se le han presentado relacionados a la privación arbitraria de la libertad en México, “lo que podría indicar un problema sistémico que, de continuar, podría constituir una grave violación al derecho internacional, incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad”.

El Grupo de Trabajo pidió –a través de un reconocimiento de inocencia– el 18 de septiembre de 2017, la libertad inmediata de Khoury, y lo ratificó en 2019. De manera similar, en el caso de Brenda Quevedo pide su liberación inmediata y la garantía de su derecho a una indemnización y otras reparaciones, de conformidad con el derecho internacional.

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