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Justicia pendiente

Chiapas en tensión por conflictos agrarios inducidos por partidos

Enfrentamiento en Chiapas por conflicto agrario que gobierno y partidos políticos han fomentado entre las comunidades indígenas

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Denuncia hecha el 6 de octubre por las invasiones a los poblados zapatistas Foto: ezln.org.mx

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.-En dos comunidades chiapanecas se desata el conflicto por 185 hectáreas, desde 2009. Se trata de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la comunidad de Candelaria El Alto adherentes a “La otra Campaña”, ambos grupos del municipio de Venustiano Carranza.

La OCEZ-RC denunció el ataque de  un grupo de 25 hombres de Candelaria El Alto, y de esta comunidad se advirtió que comenzarán a cosechar su maíz en terrenos que les han sido invadidos desde hace varios años sin que el gobierno resuelva el conflicto.

Los miembros de la OCEZ- RC denunciaron en comunicado público que fueron agredidos el 29 de octubre, en torno a las 5:30 de la mañana, cuando se encontraban trabajando en el predio llamado El Desengaño.  Según su denuncia, su compañero Oscar Díaz Ramírez  fue herido de bala y trasladado a una clínica del IMSS del municipio.

Los miembros de la comunidad Candelaria El Alto, por su parte, exigen que se retire la OCEZ-RC de Nuevo San José La Grandeza, porque “gobierno no ha hecho caso de sus denuncias por el último despojo de sus tierras realizado el 6 de Abril del año 2011”, y aluden a que tienen que sembrar “porque de ahí dan de comer a sus familias”.

La versión de la OCEZ

Integrantes de la OCEZ señalaron que en los últimos años han aparecido “grupos de choque de carácter paramilitar” en la región, y se refieren a miembros de la comunidad de Candelaria El Alto. El vocero de la OCEZ, Aguilar de la Cruz, mencionó que “el conflicto se ha venido generando desde hace tiempo por el mismo incumplimiento del gobierno de Juan Sabines y los gobiernos que han  pasado, porque no es de ahora la situación”.

Para Aguilar de la Cruz, las mesas de diálogo con el secretario de gobierno no los ha llevado a una solución, por ello piden la intervención de otras instancias del gobierno. Los denunciantes pertenecen a las comunidades de Nuevo San José La Grandeza y San José Tercera Ampliación (35 de cada comunidad), y afirman que “se han mantenido trabajando las tierras desde 1995”.

Conflicto agrario en el municipio de Venustria Carranza, Chiapas Foto: red

La versión de Candelaria El Alto

El 20 de abril de 2011, integrantes de Candelaria El Alto responsabilizaron al gobierno estatal por la falta de intervención en el conflicto agrario en cuestión, y denunció públicamente “al mal gobierno de Chiapas ante nuestra problemática agraria ubicado en el predio El Desengaño”. El grupo se refiere al despojo de sus tierras perpetrado el 6 de Abril del año 2011 por la OCEZ -Región Carranza, la cual renta la tierra en 85 dólares la hectárea para la siembra.

“Denunciamos el cinismo de la OCEZ-RC el día de su inicio que realizaron su plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el grupo de Nuevo San José que se mantienen en su campamento ocupando nuestras únicas tierras ponen en oferta la renta de nuestra tierra a sembrar maíz por una cantidad de $1000 pesos por hectárea a beneficio de su organización”.

 Los miembros de Candelaria El Alto han recibido amenazas de muerte por parte de los líderes de la OCEZ, y dicen defender su tierra, porque el gobierno solapa esos conflictos. “Estamos en la defensa de nuestra madre tierra y aclaramos que no tenemos en venta nuestra única tierra”.

La disputa por 185 hectáreas de El Desengaño

Los miembros de Candelaria el Alto hacen recuento de que en 2004 firmaron un acta de acuerdo con la OCEZ-RC. En éste se estipulaba que por sus presiones y amenazas habían decidido dejarles 95 hectáreas. En el acta, la OCEZ se comprometió a no seguir invadiendo y a vivir en paz. Sin embargo, un año después volvieron a invadir, adjudicándose la propiedad de otras 185 hectáreas.

“Estamos cansados de sus mentiras, agresiones y amenazas, pero no tenemos miedo, porque ellos denuncian como si fueran las víctimas”, señala los adherentes de La Otra campaña.

El marcador rojo indica la ubicación del predio invadido El desengaño en Candelaria El Alto, Chiapas. Foto: Google

Conflictos “atizados” por los partidos políticos

El repunte de los paramilitares en Chiapas viene acompañado por un sustrato de presuntos conflictos agrarios, la mayoría infundados y atizados por los políticos de los partidos y funcionarios gubernamentales. Así lo denuncia un trabajo de análisis publicado en Desinfórmemonos y de La Jornada. Se hace hincapié, en que se propician estos enfretamientos con las bases zapatistas por las tierras recuperadas, la mayoría ocupadas y trabajadas por comunidades rebeldes desde hace 10 o 15 años.

En el análisis también se destaca que grupos del PRI, y recientemente PVEM, han usado a las comunidades indígenas como “botín electoral”. El objetivo de invadir los predios o de amagar con hacerlo, incluyendo los poblados zapatistas, es para aprovechar, según el estudio, que los zapatistas, al mantenerse en resistencia, no tramitarán ninguna titulación agraria con el Estado, pues siguen sus leyes revolucionarias a través de las juntas de buen gobierno.

De acuerdo al análisis, estos “conflictos” son inducidos por los grupos invasores o agresores como simpatizantes o miembros del PRI, PVEM, PRD, y PAN, o bien como parte de las organizaciones como Paz y Justicia (y sus derivaciones: Uciaf, Opddic), Orcao, Cioac o Aric. En una reciente denuncia, Las Abejas confirmaron la reactivación en Chenalhó de “Máscara roja”, como se ha identificado a los perpetradores de la masacre de Acteal en 1997. También son agredidas comunidades de La Otra campaña (Jotolá, Mitzitón, San Sebastián Bachajón) mediante “conflictos” religiosos (Ejército de Dios) o diferencias ejidales.

Éste es el escenario que hereda la alianza PVEM-PRI encabezada por Manuel Velasco Coello, que gobernará la entidad. La mayor parte de grupos paramilitares, invasores agrarios y gobiernos municipales involucrados pertenecen a sus filas.

El origen de OCEZ

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) es una organización de masas, según su propia definición: “que surge en 1980, cuyo eje principal es el reparto de la tierra a los campesinos pobres”. Entre sus principios declara “ser independiente de los partidos y del PRI-Gobiemo y por lo mismo que no participa en contiendas electorales”.

Ha realizado seis caravanas a la Ciudad de México, desde 1983. Señala que en sus propósitos se encuentra la demanda de tierras, servicios y libertad de sus presos políticos. Entre la cifras que da la organización hasta el año 2000 han obtenido 40 mil hectáreas de tierra, de las cuales 13 mil 720 fueron tomadas en 1994, han regularizado 200 ejidos y 25 ampliaciones de ejido.

En veinte años de activismo, la OCEZ ha denunciado 1125 presos políticos y más de treinta campesinos asesinados.

La Otra Campaña

Este grupo es parte de las células zapatistas que surgen con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enfrentamiento al estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Después de varios años de luchas y movilizaciones, para 1999, el movimiento contaba con 5 mil delegados  a nivel naci0nal integrado por campesinos, obreros, mujeres y jóvenes, que desde entonces han denunciado sistemáticamente el despojo de tierras y el exterminio de las comunidades indígenas como política de estado bajo el poder de los partidos políticos PRI, PAN y PRD.

El movimiento se declara anticapitalista y de izquierda, y en 2005, realizó la primera plenaria de La otra campaña, en El Caracol de La Garrucha, con las diferentes autoridades de las Juntas de Buen gobierno de las comunidades autónomas.

En los útimos veinte años de la historia de los conflictos agrarios entre comunidades chiapanecas han sido asesinados más de treinta dirigentes y activistas y varios se encuentran aún presos por luchar junto al pueblo por sus derechos o defender la tierra.

 Redacción LA Press

Justicia pendiente

Madres de desaparecidos exigen justicia afuera de Palacio Nacional

Ignacio García

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Madres integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México protestaron a las afueras del Palacio Nacional para exigir justicia por la falta de respuesta en la localización de sus hijos, además de pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, vetar la nueva reforma de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las inconformes exigieron al mandatario federal que vete la nueva Ley Orgánica de la FGR, así como las disposiciones de la Ley General de Personas Desaparecidas, por lo que demandaron una audiencia con el presidente de México para atender esa situación.

De acuerdo con las madres, no han obtenido respuesta por parte de la FGR sobre sus hijos que desaparecieron, por lo que solicitaron la intervención del presidente para atender esta problemática permanente que se mantiene en la impunidad, pues los casos no han sido resueltos.

Las madres de desaparecidos pidieron que se brinden mecanismos de atención permanente para que la FGR sea más eficaz ante la falta de respuestas por parte de las instituciones federales, por lo que consideraron necesario que se tomen en cuenta las demandas de las familiares de las víctimas.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, aseguró que revisarán los casos correspondientes para que se identifiquen los casos reales sobre la falta de respuesta de las autoridades, pues hay casos que suman más de diez años sin la obtención de algún resultado en las indagatorias.

Mientras las madres de desaparecidos se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, para exigir alguna respuesta por parte de las autoridades, en el interior del recinto se realizó un festival que organizó la presidencia de la República para festejar a las madres en su día.

 

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Justicia pendiente

Romero Deschamps, el sindicalista que se mantuvo en la impunidad

Ignacio García

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El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el ex secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, se jubiló completamente del servicio público, aunque no existe ninguna indagatoria mayor en su contra, pese a los diversos escándalos de corrupción en los que estuvo relacionado.

Después de haber formado parte de la nómina de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps renunció oficialmente a la empresa al servicio del Estado, cuestionado por la concentración de la riqueza que acumuló durante su gestión al frente del sindicato petrolero más grandes de América Latina.

Aunque desde joven formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue ocupando diferentes posiciones en el interior del sindicato petrolero y en el interior del priismo, por lo que en 1979 se desempeñó por primera vez como diputado federal por la vía de representación proporcional.

Su lealtad con Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, líder del sindicato petrolero que estuvo a cargo entre 1973 y 1989, le permitió seguir escalando posiciones en la estructura sindical, y tras la detención del dirigente sindical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se hizo cargo del organismo sindical.

Carlos Romero Deschamps fue un cercano colaborador a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, por lo que incluso destinó recursos del sindicato petrolero para la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República por el PRI, Francisco Labastida, en 2000, conocido como el “Pemexgate” en el que se gastaron más de mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial.

Sin embargo, en el gobierno de Vicente Fox no fue procesado y la investigación que abrió la Procuraduría General de la República (PGR) fue cerrada en el 2005, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón apoyó abiertamente las reformas estructurales que pretendía desarrollar y en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue senador.

Aunque en 2017 fue reelecto para mantenerse en el cargo hasta 2024, con el inicio del gobierno de López Obrador fue obligado a renunciar de su cargo en 2019 y en los últimos dos años gozó de “vacaciones” para finalmente retirarse sin ninguna averiguación en su contra.

La familia de Carlos Romero Deschamps fue señalada de enriquecimiento ilícito, debido a sus hijos fueron retratados con vehículos de lujo, que serían incosteables para cualquier trabajador de Pemex.

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Justicia pendiente

Ebrard y Delgado no fueron sancionados por anomalías en Línea 12

Ignacio García

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El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, y el ex secretario de Finanzas capitalino, Mario Delgado, no fueron sancionados por las irregularidades en el proyecto de la Línea 12 del metro por parte de la Contraloría de la Ciudad de México.

Aunque en su momento, Miguel Ángel Mancera, entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se detectaron diferentes irregularidades en la construcción de la Línea 12 del metro, no aplicó alguna sanción al ahora canciller y al dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Contraloría capitalina sancionó en total a 48 ex funcionarios capitalinos de la administración de Ebrard como el ex director del metro, Enrique Horcasitas, así como otros servidores públicos con cargos menores para desempeñar algún cargo de la administración pública.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no fue sancionado por las deficiencias en el proyecto de la denominada línea dorada, mientras que esta condición se replicó al también diputado federal, por lo que fueron exonerados por las autoridades capitalinas en la administración de Mancera.

No obstante, diferentes organizaciones civiles han señalado que también deben fincarse responsabilidades tanto a Ebrard como a Mancera, pues también encabezó un proyecto de restauración del metro, mismo que fue insuficiente para evitar el colapso de un convoy el lunes pasado, donde murieron 25 personas que iban a bordo de esta unidad.

De la misma manera, en la actual administración de Claudia Sheinbaum no se destinaron recursos suficientes para el mantenimiento de la Línea 12, además de que no se atendieron las principales quejas por parte de la ciudadanía que desde hace varios meses había denunciado el riesgo de la debilidad de la estructura.

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