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Justicia pendiente

Chiapas en tensión por conflictos agrarios inducidos por partidos

Enfrentamiento en Chiapas por conflicto agrario que gobierno y partidos políticos han fomentado entre las comunidades indígenas

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Denuncia hecha el 6 de octubre por las invasiones a los poblados zapatistas Foto: ezln.org.mx

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chiapas.-En dos comunidades chiapanecas se desata el conflicto por 185 hectáreas, desde 2009. Se trata de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC) y la comunidad de Candelaria El Alto adherentes a “La otra Campaña”, ambos grupos del municipio de Venustiano Carranza.

La OCEZ-RC denunció el ataque de  un grupo de 25 hombres de Candelaria El Alto, y de esta comunidad se advirtió que comenzarán a cosechar su maíz en terrenos que les han sido invadidos desde hace varios años sin que el gobierno resuelva el conflicto.

Los miembros de la OCEZ- RC denunciaron en comunicado público que fueron agredidos el 29 de octubre, en torno a las 5:30 de la mañana, cuando se encontraban trabajando en el predio llamado El Desengaño.  Según su denuncia, su compañero Oscar Díaz Ramírez  fue herido de bala y trasladado a una clínica del IMSS del municipio.

Los miembros de la comunidad Candelaria El Alto, por su parte, exigen que se retire la OCEZ-RC de Nuevo San José La Grandeza, porque «gobierno no ha hecho caso de sus denuncias por el último despojo de sus tierras realizado el 6 de Abril del año 2011», y aluden a que tienen que sembrar «porque de ahí dan de comer a sus familias».

La versión de la OCEZ

Integrantes de la OCEZ señalaron que en los últimos años han aparecido “grupos de choque de carácter paramilitar” en la región, y se refieren a miembros de la comunidad de Candelaria El Alto. El vocero de la OCEZ, Aguilar de la Cruz, mencionó que “el conflicto se ha venido generando desde hace tiempo por el mismo incumplimiento del gobierno de Juan Sabines y los gobiernos que han  pasado, porque no es de ahora la situación”.

Para Aguilar de la Cruz, las mesas de diálogo con el secretario de gobierno no los ha llevado a una solución, por ello piden la intervención de otras instancias del gobierno. Los denunciantes pertenecen a las comunidades de Nuevo San José La Grandeza y San José Tercera Ampliación (35 de cada comunidad), y afirman que “se han mantenido trabajando las tierras desde 1995”.

Conflicto agrario en el municipio de Venustria Carranza, Chiapas Foto: red

La versión de Candelaria El Alto

El 20 de abril de 2011, integrantes de Candelaria El Alto responsabilizaron al gobierno estatal por la falta de intervención en el conflicto agrario en cuestión, y denunció públicamente «al mal gobierno de Chiapas ante nuestra problemática agraria ubicado en el predio El Desengaño». El grupo se refiere al despojo de sus tierras perpetrado el 6 de Abril del año 2011 por la OCEZ -Región Carranza, la cual renta la tierra en 85 dólares la hectárea para la siembra.

“Denunciamos el cinismo de la OCEZ-RC el día de su inicio que realizaron su plantón en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, el grupo de Nuevo San José que se mantienen en su campamento ocupando nuestras únicas tierras ponen en oferta la renta de nuestra tierra a sembrar maíz por una cantidad de $1000 pesos por hectárea a beneficio de su organización”.

 Los miembros de Candelaria El Alto han recibido amenazas de muerte por parte de los líderes de la OCEZ, y dicen defender su tierra, porque el gobierno solapa esos conflictos. «Estamos en la defensa de nuestra madre tierra y aclaramos que no tenemos en venta nuestra única tierra”.

La disputa por 185 hectáreas de El Desengaño

Los miembros de Candelaria el Alto hacen recuento de que en 2004 firmaron un acta de acuerdo con la OCEZ-RC. En éste se estipulaba que por sus presiones y amenazas habían decidido dejarles 95 hectáreas. En el acta, la OCEZ se comprometió a no seguir invadiendo y a vivir en paz. Sin embargo, un año después volvieron a invadir, adjudicándose la propiedad de otras 185 hectáreas.

«Estamos cansados de sus mentiras, agresiones y amenazas, pero no tenemos miedo, porque ellos denuncian como si fueran las víctimas”, señala los adherentes de La Otra campaña.

El marcador rojo indica la ubicación del predio invadido El desengaño en Candelaria El Alto, Chiapas. Foto: Google

Conflictos «atizados» por los partidos políticos

El repunte de los paramilitares en Chiapas viene acompañado por un sustrato de presuntos conflictos agrarios, la mayoría infundados y atizados por los políticos de los partidos y funcionarios gubernamentales. Así lo denuncia un trabajo de análisis publicado en Desinfórmemonos y de La Jornada. Se hace hincapié, en que se propician estos enfretamientos con las bases zapatistas por las tierras recuperadas, la mayoría ocupadas y trabajadas por comunidades rebeldes desde hace 10 o 15 años.

En el análisis también se destaca que grupos del PRI, y recientemente PVEM, han usado a las comunidades indígenas como «botín electoral». El objetivo de invadir los predios o de amagar con hacerlo, incluyendo los poblados zapatistas, es para aprovechar, según el estudio, que los zapatistas, al mantenerse en resistencia, no tramitarán ninguna titulación agraria con el Estado, pues siguen sus leyes revolucionarias a través de las juntas de buen gobierno.

De acuerdo al análisis, estos “conflictos” son inducidos por los grupos invasores o agresores como simpatizantes o miembros del PRI, PVEM, PRD, y PAN, o bien como parte de las organizaciones como Paz y Justicia (y sus derivaciones: Uciaf, Opddic), Orcao, Cioac o Aric. En una reciente denuncia, Las Abejas confirmaron la reactivación en Chenalhó de “Máscara roja”, como se ha identificado a los perpetradores de la masacre de Acteal en 1997. También son agredidas comunidades de La Otra campaña (Jotolá, Mitzitón, San Sebastián Bachajón) mediante “conflictos” religiosos (Ejército de Dios) o diferencias ejidales.

Éste es el escenario que hereda la alianza PVEM-PRI encabezada por Manuel Velasco Coello, que gobernará la entidad. La mayor parte de grupos paramilitares, invasores agrarios y gobiernos municipales involucrados pertenecen a sus filas.

El origen de OCEZ

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) es una organización de masas, según su propia definición: «que surge en 1980, cuyo eje principal es el reparto de la tierra a los campesinos pobres». Entre sus principios declara «ser independiente de los partidos y del PRI-Gobiemo y por lo mismo que no participa en contiendas electorales».

Ha realizado seis caravanas a la Ciudad de México, desde 1983. Señala que en sus propósitos se encuentra la demanda de tierras, servicios y libertad de sus presos políticos. Entre la cifras que da la organización hasta el año 2000 han obtenido 40 mil hectáreas de tierra, de las cuales 13 mil 720 fueron tomadas en 1994, han regularizado 200 ejidos y 25 ampliaciones de ejido.

En veinte años de activismo, la OCEZ ha denunciado 1125 presos políticos y más de treinta campesinos asesinados.

La Otra Campaña

Este grupo es parte de las células zapatistas que surgen con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enfrentamiento al estado mexicano, el 1 de enero de 1994. Después de varios años de luchas y movilizaciones, para 1999, el movimiento contaba con 5 mil delegados  a nivel naci0nal integrado por campesinos, obreros, mujeres y jóvenes, que desde entonces han denunciado sistemáticamente el despojo de tierras y el exterminio de las comunidades indígenas como política de estado bajo el poder de los partidos políticos PRI, PAN y PRD.

El movimiento se declara anticapitalista y de izquierda, y en 2005, realizó la primera plenaria de La otra campaña, en El Caracol de La Garrucha, con las diferentes autoridades de las Juntas de Buen gobierno de las comunidades autónomas.

En los útimos veinte años de la historia de los conflictos agrarios entre comunidades chiapanecas han sido asesinados más de treinta dirigentes y activistas y varios se encuentran aún presos por luchar junto al pueblo por sus derechos o defender la tierra.

 Redacción LA Press

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Especialistas piden que arraigo y prisión preventiva desaparezcan por violar derechos humanos como en caso Tzompaxtle

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La Red Solidaria señaló que la prisión preventiva oficiosa condena a personas que no han tenido una sentencia

 

Especialistas de Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidieron que desaparezca la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, debido a que representan una violación de derechos humanos, pues se priva de la libertad a personas que aún no han sido sentenciadas por la presunta comisión de un delito, como sucedió con la detención ilegal de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López en enero de 2006.

Ernesto Rodríguez Cabrera, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, dijo en entrevista con Los Ángeles Press que tanto el arraigo y la prisión preventiva oficiosa deben desaparecer en México, debido a que contraviene la convención internacional y fomenta la violación de derechos humanos.

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Carlos Zazueta, especialista en derechos humanos, mencionó que la figura del arraigo está establecida en el artículo 16 constitucional y se trata de aprehensión de una persona por un periodo de entre 40 y 80 días sin la presentación de pruebas, en la cual se pueden presentar otros actos de tortura para que las fiscalías incriminen a los detenidos.

El defensor de derechos humanos expuso que la prisión preventiva oficiosa sólo se aplica a nivel internacional en algunos contextos como son el riesgo real de fuga o la obstaculización del acceso a la justicia, pero en México se aplica de forma general para ciertos delitos, en los que una persona es privada de su libertad en tanto se presentan pruebas en su contra sin recibir sentencia.

Por su parte, Armando Vanegas, representante de Red Solidaria Década contra la Impunidad, recordó que en el caso Tzompaxtle se trató de un caso en el que los jóvenes fueron detenidos por policías federales cuando transitaban en la carretera Ciudad de México-Veracruz sin que se comprobara que hubiesen cometido algún delito.

Lee más: ‘Fue el Ejército’ escriben en la CDMX en recuerdo a víctimas de violaciones de derechos humanos

Los tres especialistas que defenderán el caso Tzompaxtle contra el Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evidenciar que las figuras de arraigo y de prisión preventiva oficiosa fomentan las violaciones graves a los derechos humanos, pese a que el gobierno federal se ha opuesto a la desaparición de las mismas.

Refirieron que el caso Tzompaxtle evidenció la detención arbitraria de los jóvenes en 2006, por lo cual el Estado mexicano violó el derecho a la notificación previa y detallada de los cargos a la defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención y estuvieron arraigados.

Asimismo, enfatizaron que con estas acciones las cárceles se llenaron durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y en la actualidad con Andrés Manuel López Obrador.

 

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Colectivos piden seguridad para ex fiscal del caso Ayotzinapa

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Omar Gómez Trejo renunció como fiscal a cargo del caso Ayotzinapa esta semana

Integrantes de diferentes colectivos defensores de derechos humanos pidieron al gobierno federal para que brinde seguridad al ex fiscal especializado en la investigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, luego de presentar su renuncia a su cargo tras inconformarse por el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Los colectivos Seguridad sin guerra y Colectivo contra la Impunidad señalaron que existen riesgos de represalias en contra del ex funcionario federal, debido a que Omar Gómez Trejo se enfrentó a la impunidad que pretende impulsar la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Alejandro Gertz Manero.

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De acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, hay preocupación por las investigaciones relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, debido a que están sujetas a presiones externas.

Recordaron que Omar Gómez realizaba una labor independiente en las investigaciones en colaboración con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual ahora no hay certidumbre sobre el proceso de las indagatorias.

Añadieron que hay un retroceso por parte de la FGR para garantizar el acceso a la justicia sobre el tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que se trata de una problemática vigente en el territorio nacional.

Lee más: Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

 

Acusaron que la FGR busca encubrir a los elementos del Ejército mexicano para que no sean procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la detención de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Padres de normalistas de Ayotzinapa descartan justicia con nuevas investigaciones

A ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes descartaron que exista justicia sobre el caso con las nuevas investigaciones, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) desistió en órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables del crimen.

Los padres de los estudiantes desaparecidos dijeron que están lejos de la justicia por el caso en el que estuvieron involucrados agentes del Estado mexicano, por lo que reprocharon que la FGR sucumba ante las presiones de las instituciones militares para evitar el encarcelamiento de los efectivos que participaron en los hechos delictivos.

 

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Ayotzinapa: otra historia negra del ejército mexicano

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ayotzinapa manifestación campo militar 1

CIUDAD DE MÉXICO.- «No tenemos solución de nada. Sabemos que en este campo militar hay muchas cosas que pasan, hay mucha información, ¿por qué no la dan? ¿Qué esconden o a quién están defendiendo?», cuestionó doña Joaquina en las protestas del campo número uno por la historia negra que tiene el ejército mexicano.

Más de 2 mil elementos del ejército y policías antimotines mantuvieron formación desde que llegaron las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos al campo militar número uno. Ahí exigieron a los militares que brinden toda la información sobre el paradero de los 43 normalistas.

No te pierdas: Testigo presenció ejecución del activista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde José Luis Abarca

A ocho años de la desaparición forzada, las madres y padres siguen con el dolor a flor de piel. En estas fechas les llega el recuerdo de la agresión contra sus hijos. Son incontenibles las lágrimas de tanto tormento, pues la espera se convirtió en una tortura. Sin embargo, lejos de que los militares sean sensibles al sufrimiento de las familias, las intimidan con los tambores de guerra del ejército.

A los militares no les importa la angustia de las familias, al contrario, ocultan información importante para dar con el paradero de los estudiantes. Lo peor es que integrantes del ejército participaron directamente en la desaparición de los jóvenes normalistas.

Las protestas que las madres y padres realizaron en el campo militar número uno es inédito. Es un lugar lúgubre de dolor, de desesperanza, desapariciones y torturas.

En el corazón de las infames violaciones a los derechos humanos en México, la voz de doña Joaquina hizo eco en la puerta enrejada de las instalaciones militares. «Nos encontramos en este campo militar ante tanto policía. Nosotros no venimos armados ni a pelear. Por eso les pedimos que si ellos tienen muchas pruebas que las demuestren. Nosotros nada más venimos para saber dónde están nuestros hijos y qué pasó con ellos. Lo que les pedimos a los militares es que den toda la información que tienen y que se cumplan las órdenes de aprehensión contra militares».

Por su parte, el padre Mario González relató que el ejército es una institución que admiran y respetan muchos, pero “fueron los militares quienes desaparecieron a nuestros 43 hijos. Los del 27 batallón de infantería son los asesinos” que se cubren con el manto de la impunidad. Sabían que los estudiantes estaban siendo atacados, pero no hicieron nada. Además, “tenían un infiltrado en la escuela que les iba pasando el reporte a sus jefes y tenían el control del C-4 en Iguala. Son unos criminales, dejaron al elemento que podría haber salvado a nuestros hijos”.

Para saber más del tema: José Luis Abarca y esposa en el foco de atención de CIDH por caso Arturo Hernández Cardona

El ejército mexicano tiene un historial negro en Guerrero que tiene que ver con asesinatos y desapariciones. Algunos padres se sentían orgullosos de tener al ejército, pero a través de la lucha se dieron cuenta que son unos “asesinos”. “Mi hijo y sus 43 compañeros qué culpa tenían de que unos soldados asesinos con delirio de persecución piensen que los muchachitos son guerrilleros. Ahí están las líneas de investigación, donde 25 normalistas fueron llevados al 27 batallón”, dijo don Mario.

Las madres y padres se dirigieron a Andrés Manuel López Obrador para recordarle que dio su palabra para encontrar a sus hijos. “Señor presidente, se lo dicen los padres con su dolor que los queremos de regreso. Empeñó su palabra para dar con nuestros hijos”. Fueron las palabras de las familias que como un grito desesperado buscan más que voluntad, hechos de verdad y justicia.

Desaparición forzada: militares en la lupa

Las madres y padres de los 43 estudiantes han innovado formas de luchas para exigir el regreso de sus hijos. Con osadía han increpado al poder caciquil y a una clase política en el poder sin escrúpulos. Las protestas son legítimas y «ningún gobierno tiene derecho para decirnos cómo protestar». Esto viola los lineamientos del derecho a la libre expresión.

Este 23 de septiembre, las madres, padres y estudiantes realizaron pegas de carteles y pintas sobre la responsabilidad del ejército en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la opinión de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las madres y padres, el ejército no es emanado del pueblo, más bien es un ejército de élites que sostiene a las oligarquías en el país. Fueron educados en las Escuelas de la Américas, en los años 60, para enfrentar la ola de protesta e inconformidad social que surgieron en aquellos años. Las innumerables violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos extrajudiciales y tortura en contra de líderes sociales que reclamaban por un cambio en este país.

 

El ejército con una visión contrainsurgente infiltró soldados en la normal rural de Ayotzinapa para controlar y vigilar a los estudiantes porque saben que ahí se forjaron luchadores sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Othón Salazar Ramírez o Carmelo Cortés Castro y otros profesores que impulsaron grandes movimientos de inconformidad en 1960. A partir de ahí ven a un guerrillero en cada estudiante normalista.

Por las filtraciones se podría investigar a Cienfuegos y jerarquías militares. Hay responsabilidades penales del ejército mexicano, iniciando porque desarrollaron operaciones encubiertas ilegales. Estuvieron enterados de principio a fin de lo que ocurrió en Ayotzinapa.

Vidulfo Rosales dijo que el ejército acumuló “acervo probatorio, videos, fotografías, audios, testimonios de lo que pasó de principio a fin. Eso también es ilegal. Están obstruyendo una investigación que se despliega por una grave violación a los derechos humanos. Por ejemplo, la intervención telefónica que hicieron a las 10 de la noche del día 26 de septiembre, supuestamente a un miembro de la delincuencia organizada y a un miembro policiaco de Iguala.

El GIEI encontró una hoja transcrita de esa intervención telefónica, pero el ejército se ha negado a corroborar esta información”. También se sabe que hay prueba objetiva que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 batallón de infantería en Iguala. En el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia investigó que seis estudiantes habrían sido asesinados cuatro días después por el coronel José Rodríguez Pérez.

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No hay disposición del ejército para una investigación exhaustiva donde se deslinde responsabilidades. Las fuerzas armadas es un poder aparte que no tiene controles y no rinde cuentas a las autoridades civiles. No reconocen que participaron en la desaparición de los estudiantes, ni siquiera en el ocultamiento de la información. Nadie dice nada.

Es increíble que un juez federal librara órdenes de aprehensión contra militares, sin embargo, este 24 de septiembre en la revista Proceso fue filtrada información sobre la cancelación de 21 órdenes de aprehensión de las 83, 16 corresponden a integrantes del ejército mexicano. Es preocupante lo que está pasando con el caso Ayotzinapa.

El dolor, la angustia y la incertidumbre de las madres y padres va más allá de las posturas políticas-ideológicas, más bien, su protesta o sus movilizaciones es porque tienen la esperanza  de acariciar el rostro de sus hijos.

***

Fuente: tlachinollan.org

 

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