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Justicia pendiente

Cese de maestros en México, inconstitucional y violatorio de contratos

Maestros de Jalisco continúan en plantón permanente para exponer sus casos sobre el cese inconstitucional y violatorio de sus derechos laborales

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Maestros de Jalisco en la lucha. Foto: Teódulo Pineda

Maestros de Jalisco en la lucha. Foto: Teódulo Pineda

Por Teódulo Pineda Bahena

LAGOS DE MORENO, Jalisco.- Exigiendo la reinstalación inmediata a sus puestos de trabajo, profesores de los diferentes Colegios de Bachilleres del Estado de Jalisco iniciaron el 16 de mayo un plantón permanente frente a los palacios municipales de las principales ciudades de esta entidad por considerar que el cese de maestros es inconstitucional y violatorios de sus contratos laborales.

En Lagos de Moreno, este acto lo realizaron nueve de los 105 catedráticos que fueron cesados de sus actividades desde la primera quincena de marzo del presente año en todo Jalisco en el nivel medio superior. Y de forma simultánea, desde las 8 de la mañana se establecieron en los jardines céntricos de las ciudades de Ojuelos, Puerto Vallarta, Pihuamo, Tomatlán, Ciudad Guzmán, entre otras.

En el transcurso de la mañana, los profesores suspendidos de las comunidades de Betulia, La Troje, San Cristóbal, La Trinidad, Cuarenta, en Lagos de Moreno, fueron objeto de muestras de apoyo de padres de familia, de profesores de otros niveles y hasta de ciudadanos que espontáneamente se acercaban a ellos y lanzaban consignas en contra del gobierno (considerado) espurio de Enrique Peña Nieto. En tanto que desde la puerta del palacio municipal, elementos de la policía estatal denominada Fuerza Única y de la policía preventiva municipal, se mantenían atentos y vigilantes posiblemente, alerta de lo que podrían realizar esos nueve maestros quienes instalaron pancartas, dos mesitas y una tienda de campaña.

Así mismo algunos elementos de la Fuerza Única se acercaron a ellos para solicitar los nombres de los responsables del plantón, siendo ellos los maestros Jesús Ortiz Rosas y César Octavio Cueva Bravo.

Consideran que la separación funciones docentes es un acto que violenta el contrato colectivo de trabajo, que va contra lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Afecta de manera directa a unos 850 alumnos únicamente en la región correspondiente a Lagos de Moreno, en tanto que a nivel estatal a más de 5 mil 300 estudiantes de bachillerato.

En días pasados el gobernador del estado Aristóteles Sandoval afirmó que los profesores que hubieran sido cesados debido a que se negaron a presentar el examen de evaluación aplicado por la SEP, serían reinstalados en sus puestos y que se les daría otra oportunidad para que cumplieran con ese requisito que señala la nueva Ley del Servicio Profesional Docente. Sin embargo, los manifestantes aseguran que el Ejecutivo Estatal miente, que a la fecha han sido unos once o doce profesores de educación básica los que se han reinstalado y que en todo el estado son 72. De los de educación Media Superior que son 105 no han autorizado su regreso a ninguno y es por ello que están en plantón.

En Guadalajara este movimiento se inició desde hace 30 días. Al preguntarles si hasta ellos no ha llegado la notificación de que se congelarán sus cuentas de ahorro en las cooperativas magisteriales o cajas de ahorro, dijeron que lo desconocen pero que no dudan que llegue a suceder. Sin embargo, “eso, en lugar de desalentar nuestro movimiento, será como echarle leña al fuego porque si no podemos echar mano a nuestros ahorros, de alguna forma se financiará nuestra lucha; contamos con el apoyo de nuestros alumnos, padres de familia y la sociedad en general”.

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Justicia pendiente

Reunión entre líderes del CJNG provocó narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas en Jalisco y Guanajuato

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El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, informó que una reunión entre dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), “El Apá” y el “RR” que fue descubierta por las fuerzas armadas provocó los narcobloqueos y quemas de vehículos y tiendas de conveniencia.

El funcionario federal señaló que en Jalisco capturaron a cinco delincuentes con 13 vehículos y 31 armas, de las cuales dos eran calibre 50, mientras que en Guanajuato se detuvo a nueve personas con armas y bidones de gasolina, pero ninguno fue el líder de esas cédulas delictivas.

De acuerdo con el responsable de la Sedena, las labores de seguridad continuarán este día en las dos entidades para identificar a los jefes del CJNG que causaron los hechos violentos de ayer por la noche en distintos puntos de esos estados.

De la misma manera, reconoció que se produjeron enfrentamientos entre elementos del Ejército mexicano con sujetos armados que arribaron al municipio de Ixtlahuacán, por lo que fueron apoyados por la Guardia Nacional, por lo que en el incidente un presunto delincuente murió.

Debido al operativo que se implementó, en Jalisco se suscitaron ocho narcobloqueos con quemas de vehículos, mientras que en Guanajuato hubo seis bloqueos y la quema de tiendas de conveniencia.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió que se mantiene un operativo de búsqueda de los responsables en Jalisco, donde arribaron 750 elementos castrenses para reforzar la seguridad en la entidad ante la presencia de los grupos delictivos.

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Justicia pendiente

Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

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Presunción de Inocencia denuncia boicot de diputados cercanos a Eruviel Ávila para evitar revisión del sistema penal penitenciario

La organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) denunció la intromisión de los diputados locales de diferentes fuerzas políticas para evitar la revisión de las irregularidades del Sistema Penitenciario del Estado de México desde 2009.

De acuerdo con el organismo defensor de los derechos humanos, el pasado 23 de febrero los diputados Silvia Maldonado del Partido del Trabajo (PT), Nazario Gutiérrez del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Fernando GonzálezIván de Jesús Cruz y Braulio Jasso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar del Partido Acción Nacional (PAN) violaron facultades legislativas.

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El PIDH refirió que la visita del presidente de la Comisión de Seguridad y Tránsito, Alfonso Juárez Jiménez, y Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo legislativo del PAN, al penal de Chiconautla pretendió invisibilizar las violaciones graves de derechos humanos que se cometen en los centros de reclusión, aunado a que obstaculizaron las denuncias de los familiares por las agresiones que han padecido los reos.

PIDH cuestionó el por qué no se ha brindado del derecho a la libertad del 45 por ciento de los reos de los penales del Estado de México, aunado a que criticó que el ahora coordinador del grupo legislativo blanquiazul colaboró con el ex gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, que avaló el desvío de recursos económicos para campañas electorales de las LVI hasta la LIX Legislatura local.

Acusó que el ex mandatario estatal contó con el apoyo de diputados locales del PRI, PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para desviar recursos millonarios, lo que causó el fracaso del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

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De la misma manera, se desviaron siete mil 779 millones 516 mil pesos que tuvieron que destinarse al Sistema Penitenciario del Estado de México, por lo que llamaron a los legisladores locales a dejar de sabotear las labores de la comisión especial del Sistema Penitenciario y conozcan el destino final de los recursos públicos que no se aplicaron para este sector.

El PIDH reclamó el destino de los recursos del Fideicomiso FC-3 que desde 2012 a 2022 se etiquetaron mil 751 millones 118 mil 137 pesos para la construcción de nuevos centros penitenciarios, por lo que los diputados locales debieron vigilar el futuro de los recursos económicos.

 

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El Caso Wallace

Quién es César Freyre Morales en el falso caso Wallace

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Por Guadalupe Lizárraga

César Freyre Morales es el principal acusado del supuesto secuestro y homicidio del empresario Hugo Alberto Wallace, difundido desde 2005 como “caso Wallace”. Fue detenido el 23 de enero de 2006 directamente por la madre de la supuesta víctima, María Isabel Miranda Torres, conocida como “la señora Wallace” o “Isabel Miranda de Wallace”. En la detención ilegal a Freyre, estuvo acompañada por los agentes del Ministerio Público de la Federación Braulio Robles Zúñiga y Osvaldo Jiménez Juárez.

Tres días después de su detención César Freyre fue presentado a la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ésa fue su primera tortura para que se incriminara por el caso Wallace, a la que siguieron otras con la detención de su madre María Rosa Morales y su hermana Julieta Freyre, el 8 de febrero de ese mismo año, mientras se encontraban en la visita a la casa de arraigo.

Para entender el caso Wallace: Positivo, protocolo de Estambul de César Freyre Morales, el más torturado del falso caso Wallace

 

Isabel Miranda Torres (Isabel Miranda de Wallace) tuvo acceso indiscriminado a los centros federales de readaptación social donde torturaban a Freyre; primero con el apoyo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y después con el de Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad Pública, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante los primeros cuatro años de encarcelamiento, de enero de 2006 a octubre de 2010, César Freyre Morales negó ser responsable del supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace, pese a las torturas y al encarcelamiento de sus familiares por año y medio. Sin embargo, el 2 de octubre de 2010, después de una de las más brutales torturas, previo a una audiencia judicial decide incriminarse e incriminar a sus coprocesados, primero por escrito y después ante el juez, cuando escucha a su madre por teléfono llorando que la tienen encañonada en su casa. En ese momento, Freyre firma la declaración que le presentó el MP Braulio Robles Zúñiga.

Después de esa tortura, el 22 de octubre de 2010, los mismos agentes de la SIEDO volvieron a sacarlo ilegalmente del CEFERESO No. 1, para torturarlo de nuevo, con la misma brutalidad, a fin de que ratificara su confesión incriminatoria. Horas más tarde, le dieron la noticia de la muerte de su hermana Julieta, a quien le dio un infarto cerebral en la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, pidiendo ayuda para su hermano. Julieta falleció en el hospital.

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César Freyre, después de sus confesiones incriminatorias, fue sentenciado a 131 años de cárcel por la presión a jueces por parte de Isabel Miranda. Sin embargo, las torturas continuaron para mantener su silencio, con traslados frecuentes de un penal a otro, donde era golpeado tanto en la salida como en la llegada al nuevo CEFERESO. Durante los trayectos, solo a él en jet, era golpeado, le daban toques eléctricos y al llegar al penal le echaban gas lacrimógeno, además de las amenazas de matar a su familia. El mayor tiempo en prisión lo ha pasado en aislamiento, otra forma de tortura, además de negarle el medicamento por el síndrome de Renaud que se le desarrolló a raíz de las golpizas.

El 1 de agosto de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en coordinación con la CNDH, bajo el peritaje del médico psiquiatra Emmanuel Santos Narváez y la visitadora adjunta Yuritzia López Gómez, certificó que César Freyre Morales había sido sometido a múltiples traumatismos con lesiones físicas y psicológicas que le han dejado graves secuelas en su salud. Se trata del Protocolo de Estambul positivo en tortura.

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