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Mexico Violento

César Duarte, el otro gobernador del nuevo PRI

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César Duarte fue gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, siendo uno de los mandatarios que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, presumió como integrante del nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012, junto Javier Duarte y Roberto Borge, gobernadores de Veracruz y Quintana Roo, respectivamente.

César Duarte es acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lavado de dinero, además de que la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua denunció al ex gobernador de esa entidad por el desvío de seis mil millones de pesos durante su administración.

La fiscalía estatal señaló que el gobernador priísta compró diferentes ranchos a precios muy inferiores al normal, además de que cuando fue candidato a mandatario estatal fue adquirió tres ranchos y una vez que fue servidor público compró otros tres predios adicionales.

Asimismo, en su administración fue señalado en múltiples ocasiones de nepotismo por colocar a familiares en distintos cargos de la administración pública estatal, aunado a que en 2014 el abogado y activista Jaime García Chávez denunció penalmente a Duarte por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso de atribuciones y facultades.

De acuerdo con esa denuncia, la conformación del Banco Progreso de Chihuahua que constituyó el gobernador, en la cual se recibieron depósitos de 340 millones de pesos del gobierno estatal para hacer aparecer el crédito progreso como banco por el volumen de las transacciones realizadas.

Además, Duarte dejó una deuda de 55 mil millones de pesos para el estado de Chihuahua, aunado a que realizó 163 vuelos a Estados Unidos entre 2012 y 2014 con aviones oficiales del estado sin registrar las visitas oficiales, y fue acusado de retener los salarios de 700 empleados del gobierno estatal para apoyar el financiamiento de las campañas del PRI.

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Justicia pendiente

Amigos y familiares despiden a la periodista Lourdes Maldonado

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Familiares, amigos y periodistas despidieron a la periodista Lourdes Maldonado, quien fue asesinada el domingo pasado por la noche afuera de su vivienda, después de haber denunciado que temía por su vida ante las amenazas del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

Alrededor de 60 personas acudieron a la funeraria en donde le dieron el último adiós a la comunicadora, y posteriormente enviaron sus restos al panteón Monte de los Olivos, por lo que reconocieron su compromiso profesional como periodista que contribuyó a contar con una sociedad más informada.

En la funeraria se recibieron coronas de flores de Comunicante Mx, Jorge Hank Rhon, la Agencia Fronteriza de Noticias, así como sus familiares más cercanos que la recordaron con afecto.

Lourdes Maldonado fue asesinada el fin de semana pasado en Tijuana, Baja California, apenas una semana después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez, quien también fue ultimado afuera de su residencia en la misma ciudad.

Situación por la cual, cientos de periodistas en el país se pronunciaron en contra de las agresiones hacia los comunicadores y protestaron en más de 25 ciudades del país el martes pasado para exigir justicia y que los crímenes no queden en la impunidad, además de que se garanticen las condiciones para el ejercicio de su actividad.

Lourdes Maldonado pidió protección al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia de prensa mañanera el 26 de enero de 2019, debido a un juicio que inició en contra del ex gobernador de Baja California, a quien le ganó el procedimiento judicial la semana pasada.

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Justicia pendiente

Comunidad Indígena Otomí denuncia acoso y discriminación de titular del INPI en CDMX

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Por Ignacio García

Los integrantes de la Comunidad Indígena Otomí residente en la Ciudad de México denunciaron que el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, ha incurrido en constantes actos de discriminación, criminalización y desprecio contra los indígenas.

Por medio de un comunicado público, la comunidad indígena refirió que se apoderaron de la institución en repudio a los ataques paramilitares contra los zapatistas que el propio titular del INPI traicionó al apoyar la imposición de los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la Refinería de dos Bocas, entre otros.

De acuerdo con la comunidad, el responsable del INPI ha acusado a los indígenas de evitar el ingreso de personal especializado para conocer el acervo histórico indígena, pero aclararon que ninguna persona especializada ha pretendido ingresar y que es propiedad pública de los pueblos originarios.

Denunciaron que Regino Montes de atentar contra el acervo indígena, pues ordenó el corte del suministro de energía eléctrica, por lo que enfatizaron que ha tratado de justificarse en la falta de pago de luz para las instalaciones.

Afirmaron que ha eludido el diálogo con las comunidades indígenas, mientras que ha interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por criminalizar a los grupos originarios que se han movilizado en las instalaciones del INPI.

Asimismo, lo responsabilizaron de cualquier agresión que padezca Diego García, pues lo ha culpado públicamente de la toma de las instalaciones de la institución federal.

Por ello, solicitaron que desista en la denuncia ante la fiscalía capitalina, por lo que convocaron a mesas de diálogo el próximo 4 de febrero y emplazaron al titular del INPI, así como al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y que se aborden diferentes temas como educación, cultura, vivienda, alimentación, entre otros.

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Justicia pendiente

Periodistas en Tijuana exigen investigar a Jaime Bonilla por las denuncias de Lourdes Maldonado

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Por Guadalupe Lizárraga

En Tijuana, unas 300 personas, entre periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanía, fueron parte de la movilización nacional para manifestar su dolor e indignación por el asesinato de sus colegas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa, en los últimos 15 días, y exigieron que se investigue al exgobernador Jaime Bonilla por las denuncias que ya había hecho Lourdes Maldonado.

Reunidos en el monumento de Las Tijeras, sobre la Avenida de los Héroes, de la Zona Río, en torno a las 4 de la tarde empezaron a llegar los periodistas con pancartas. Una hora después, con el apoyo de la Policía municipal, cerraron la calle para emprender la marcha en silencio hacia la Delegación de la Fiscalía General de la República, donde se turnaron para expresar su indignación. Drones, policías en motocicletas y militares vestidos de civil fueron parte del acompañamiento de la marcha.

Tras el asesinato de Lourdes Maldonado ocurrido el domingo, durante la manifestación se cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se haya pronunciado en favor del exgobernador Jaime Bonilla, sin mediar la correspondiente indagatoria del Ministerio Público. No se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ninguno juicio, hay que esperar y ver quiénes estaban informados”, dijo el lunes, el mandatario.

Sin embargo, en reacción, los periodistas exigieron justicia, y que se debía investigar a Jaime Bonilla porque fue el que la puso en riesgo, con una disputa laboral de nueve años, y amenazas de muerte de por medio, denunciadas por la misma periodista Lourdes Maldonado en conferencia del presidente el 26 de marzo de 2019.

Maldonado le dijo en ese momento: “vengo para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su súper coordinador de delegaciones y su candidato, su próximo candidato a la gubernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla, por eso estoy aquí, pidiendo su apoyo”. Y tras ganar la demanda laboral, reveló en video que Bonilla no pagaba ningún impuesto ni nómina a sus trabajadores, que les pagaba en efectivo en “sobrecitos”.

Los periodistas, a lo largo y ancho del país, gritaron consignas de “¡Justicia! ¡No al silencio! ¡Somos prensa, no disparen! ¡Sin periodismo no hay democracia!” y que debían ser atendidos por las autoridades federales y estatales para que esta labor fundamental para la sociedad cuente con las garantías de la libertad de expresión y el acceso a la información, en vez de que sea el Estado mismo el que azuza a atacar a comunicadores o encubre a los atacantes.

Manifestación de periodistas en Tijuana, Baja California. Foto: GL/Los Ángeles Press

 

Entre las manifestaciones piden prisión preventiva a Jaime Bonilla: Foto: GL/Los Ángeles Press

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