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Justicia pendiente

Caso Narvarte: Seis meses sin verdad ni justicia

MentesMaestras

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Article 19

Ciudad de México.- El multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México sigue sin esclarecerse. La Procuraduría General de Justicia local (PGJDF) se ha caracterizado por su desdén hacia las víctimas, reflejado en la falta de voluntad para continuar de manera diligente y exhaustiva con las investigaciones. De esta forma, la Procuraduría niega el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las familias de Alejandra Negrete, Mile Virginia, Nadia Vera, Rubén Espinosa y Yesenia Quiroz.

Hasta el día de hoy, seguimos sin conocer el móvil; tampoco la PGJDF ha querido profundizar en la línea de investigación relacionada con el activismo de Nadia Vera y el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa. Mucho menos se ha querido confirmar o descartar, a partir de pruebas consistentes, la coautoría y participación de más personas en los hechos.

Con una narrativa errática, repleta de contradicciones y vacíos de información, la PGJDF genera más dudas que respuestas. A pesar de que formalmente la averiguación previa sigue abierta, en los hechos, los avances son nulos. A partir de la detención del tercer presunto responsable, la institución ministerial ha perdido cualquier interés en profundizar sobre los hechos y las circunstancias fundamentales.

En efecto no es del interés de la Procuraduría conocer la mecánica de los hechos al interior del domicilio donde se cometió el crimen; obtener la sábana de llamadas de los teléfonos celulares de Mile, Nadia y Rubén para geolocalizarlos; identificar a las personas que llamaron a los supuestos implicados antes, durante y después del crimen; y descartar grupos genéticos masculinos encontrados en el lugar de los hechos.

Por otro lado, dos de los imputados alegan que fueron coaccionados para autoinculparse y se retractan de cualquier acción que los vincule con los hechos delictivos.

Todo lo anterior denota la falta de capacidad para construir una investigación seria, imparcial y objetiva. Desafortunadamente, el caso Narvarte es síntoma de una enfermedad más grande que afecta la calidad de las investigaciones y el consecuente abatimiento de la impunidad; es parte de una crisis en materia de procuración de justicia en la Ciudad que requiere ser atendida de manera urgente.

A seis meses del multihomicidio la única certeza es que la Ciudad de México ha dejado de ser un lugar seguro para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el país.

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Justicia pendiente

Mancera es inhabilitado para cargos en la CDMX

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Por Ignacio García

El ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo en la administración pública de la capital del país durante un año por parte de la Secretaría de Contraloría General de Justicia de la Ciudad de México.

El organismo capitalino determinó sancionar al ahora senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por haber intervenido en las elecciones de 2018 en las que se renovó la jefatura de Gobierno de la capital del país y fue elegida Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con la dependencia capitalina, la sanción se deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que es vigente desde el pasado 5 de septiembre, ya que puso en riesgo la equidad de la contienda electoral por operar a favor de la entonces candidata perredista Alejandra Barrios.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que se llevó a cabo una red de espionaje en la administración de Mancera contra los opositores de ese gobierno como Claudia Sheinbaum, por lo que también se involucran varios funcionarios públicos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el domicilio de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, ex secretario particular de Mancera en el gobierno de la Ciudad de México.

Miguel Ángel Mancera buscaba ser candidato a la presidencia de la República por el PRD, pero debido a la alianza que conformó con el Partido Acción Nacional (PAN), el abanderado de esa coalición fue el ex dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya, por lo que obtuvo una senaduría por la vía plurinominal.

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Justicia pendiente

Organizaciones exigen frenar violencia contra la activista Susana Prieto

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Por Ignacio García

Integrantes de diferentes organizaciones civiles y colectivos exigieron frenar la persecución política que ha sufrido la activista y abogada Susana Prieto Terrazas, así como al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria y los Servicios (SNITIS) por parte de los gobernadores de Tamaulipas y Chihuahua.

Los defensores de derechos humanos señalaron que estos días se llevan a cabo las audiencias de la abogada laborista en Ciudad Juárez, Chihuahua, por impulsar la organización sindical independiente de los trabajadores de la maquila en la zona fronteriza de Tamaulipas y Chihuahua.

Por ello, acusaron que los gobiernos estatales defienden las políticas neoliberales, por lo que cualquier muestra de defensa de los derechos de los trabajadores son castigados, aunado a que las autoridades judiciales han sido “obsequiosas” con los deseos de los empresarios nacionales e internacionales para los intereses que defienden y han fabricado delitos a la activista.
Recordaron que tanto la activista como el sindicato independiente han sido constantemente hostigados y violentados, así como la actitud omisa de las autoridades federales por no haberse reunido con la abogada, quien ha sido criminalizada por los gobiernos de Francisco Cabeza de Vaca y Javier Corral.

Sostuvieron que deben respetarse los derechos como la libre asociación y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la maquila ante los señalamientos de los gobiernos estatales, por lo que anunciaron una nueva jornada obrera por la libertad de la abogada.

Este sábado se llevarán a cabo distintas manifestaciones en varias zonas del país como a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se actúe conforme al Estado de Derecho.

 

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Justicia pendiente

Funcionarios capitalinos son detenidos por nexos con el crimen organizado

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Por Ignacio García

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvieron a un hombre y una mujer que trabajan en la alcaldía Cuajimalpa por posesión de armas y su presunta relación con el grupo delictivo Los Lenin Canchola que operan en la alcaldía de Álvaro Obregón.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, Los Lenin Canchola se dedican al narcomenudeo, robo, secuestro y homicidio, por lo que ambos funcionarios fueron aprehendidos y puestos a disposición del Ministerio Público federal para que se lleven a cabo las indagatorias.

Los detenidos son identificados como Flor Leticia “N” de 38 años de edad, quien se desempeña como coordinadora del área de Reordenamiento de la Vía Pública de la alcaldía Cuajimalpa y Marco Posadas “N” de 48 años de edad, director de Recursos Naturales.

En la aprehensión se les aseguraron dos radios que sirven de conexión con la alcaldía, así como siete celulares, diez mil pesos en efectivo y el arma de fuego que no tenían permiso para portarla, por lo que se les acusa de dar seguridad a la banda delictiva para la distribución de drogas.

Asimismo, en un aseguramiento en la colonia Lomas de Memetla se aseguraron armas cortas, cartuchos útiles, celulares y 30 dosis de cocaína, así como distinta documentación.

Al respecto, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, aseguró que no permitirán más actos ilícitos en el interior de la alcaldía, por lo que reforzarán los exámenes de control y confianza para que estén en el servicio público personas honestas y capacitadas.

 

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